La legalidad molesta. Tanto a la izquierda como a la derecha. A la derecha porque la legalidad limita a los poderes fácticos y del mercado y a la izquierda porque impide que la justicia social o las causas progresistas se impongan arbitrariamente. Y, lo que parece paradójico, donde más molesta la legalidad es en la democracia.
Ello así por una sencilla razón: la ley muchas veces es un obstáculo a la voluntad omnímoda y arbitraria de la mayoría. Por eso, hay quienes piensan que la bota de un tirano pesa menos en la espalda del pueblo que las de un millón de ciudadanos.
Trujillo, siempre ejemplo de una tiranía sin ejemplos, era, aunque parezca mentira, extremadamente cuidadoso con la legalidad. La razón de ello no era un apego a la ley de quien no reconocía límites a su omnipotencia.
Era que, al no estar legitimado en elecciones verdaderas y transparentes –quién puede llamar elecciones al tragicómico espectáculo de unos comicios con un solo candidato o candidatos pantalla y más del 99% votando a favor de Trujillo o de su títere-, el tirano tenía que legitimarse a través de la legalidad.
En esto, el régimen trujillista se distinguió de otras dictaduras, incluyendo la de Hitler, como bien tuvo a señalar un gran jurista como Damián Báez escribiendo en la misma Era de Trujillo. Por eso, cuando el dictador iba a apoderarse de la propiedad de alguien, cumplía escrupulosamente con las normas de expropiación o se hacía pasar en el Congreso a tales fines una ley.
Naturalmente, todo aquello escondía la arbitrariedad de un régimen que, como el trujillista, estaba al margen de la verdadera legalidad. Con razón Jesús de Galíndez, en la tesis doctoral que le costaría la vida, hablaba de la “parodia constitucional”. Si fuésemos a utilizar una figura del Derecho Administrativo, podríamos decir que el régimen de Trujillo fue una gran obra de desvío de poder, donde las facultades constitucionales y legales de las autoridades fueron utilizadas para malversar los fondos públicos, sustraer la propiedad de las personas y aniquilar a los enemigos.
La caída de Trujillo, la democradura o dictablanda de Balaguer, y la más larga transición a la democracia de América –como bien señala José Israel Cuello- debieron haber hecho que los dominicanos recuperásemos o estableciésemos el principio de legalidad. Pero la democracia es, ya lo dijo Lincoln, ante todo y sobre todo, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por el contrario, la legalidad es fundamentalmente principio estructural del Estado de Derecho y sirve como límite al poder del pueblo. Desde Rousseau, para el demócrata puro, el poder del pueblo lo puede todo porque nunca el pueblo puede querer mal.
El liberal del Estado de Derecho sabe que millones de personas, embrujados por un payaso como Hitler, sí pueden equivocarse y, por tanto, pueden querer mal y mucho y para muchos. Por eso, la gran utilidad de la legalidad en democracia: como obstáculo a la voluntad de dominio de la mayoría sobre las minorías o sobre colectivos históricamente discriminados, llámense negros, delincuentes, homosexuales, discapacitados, mujeres o inmigrantes sin papeles.
En un país atrapado en las garras del populismo penal, que la Fiscal del Distrito Nacional se negara a perseguir porque los hechos imputados a una persona no estaban tipificados penalmente debiera ser aplaudido y debiera ser la conducta de esperar en todos los procesos, sin importar la investidura del acusado.
Malo es, como se hace ahora para perseguir a la delincuencia informática y algunos crímenes económicos, estirajar los vetustos tipos del Código Penal para atrapar todo supuesto ilícito no previsto por el legislador. Hasta Trujillo tuvo la delicadeza de perseguir el fraude eléctrico con una ley especial y sus fiscales no pretendieron encajarlo en el tipo del robo contemplado por el Código Penal.
Naturalmente, lo que decimos es políticamente incorrecto. Pero ya he vivido lo suficiente como para sentir en carne propia lo que es el uso de la justicia con fines políticos, el afán infinito de venganza de las insaciables víctimas reales y supuestas y la borrachera de la moralidad pública. Mi pasión por el Derecho me la enseñaron los editoriales de Rafael Herrera Cabral y Germán Emilio Ornes cuando, en una época en que la prensa no se afanaba por ser popular, al recordar a la ciudadanía que existía una cosa llamada “debido proceso”, fueron valladar que trató de impedir el linchamiento de un ex presidente de la República.
Los derechos fundamentales hay que pensarlos en primera persona. Como ahora lo hace el juez Garzón, antiguo populista penal y moderno Saint Just de las causas progresistas, quien, en su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establece con justa y ponderada razón que los delitos no pueden ser construidos a la medida.
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