El peligro de atentar contra la intimidad y por esa vía, contra el estado de derecho
En una sociedad como la nuestra, donde no siempre se le presta el cuidado y atención a los asuntos verdaderamente fundamentales, es encomiable y digno de apoyo ciudadano, el esfuerzo que realiza el periodista y abogado Namphi Rodríguez a través de la Fundación Prensa y Derecho.
Esta labor es especialmente meritoria en lo que toca a preservar incólume una serie de prerrogativas esenciales, con las debidas garantías de la Constitución y las leyes, sin posibilidad alguna de desconocimiento o violación por parte de algún poder del Estado.
En esto se destaca, por su especial importancia, el derecho a la intimidad, o sea el ejercicio de una serie de acciones y actividades que los ciudadanos deben realizar para el disfrute particular y a entera libertad, sin estorbo, injerencia o limitación alguna.
Cualquier pretexto o argumento para tratar de justificar algún tipo de acción en contra de ese derecho tiene que ser enérgicamente rechazado por los sectores de la sociedad, conscientes del peligro de atentar contra postulados básicos de nuestra Carta Magna.
Desde hace tiempo, por indiferencia y conveniencias y lucha de intereses entre los poderes fácticos, de todos los colores y denominaciones políticas y sociales, se ha venido violando, sistemáticamente, el derecho a hablar por teléfono o utilizar otros medios privados de comunicación como los correos electrónicos por la Internet, sin que alguien pueda estar escuchando y grabando lo que debe estar en un ámbito estrictamente íntimo y reservado.
Ningún organismo oficial puede disponer o autorizar intervenciones telefónicas, no importa las razones de Estado que puedan aducirse, a menos que se haya cumplido con el requisito legal de contar con la autorización de una autoridad judicial competente.
Ignorar ese procedimiento y permitir que se graben las conversaciones privadas de las personas constituye un grave atentado a la esencia de la Constitución, en su enunciado de que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho.
¿Dónde quedará el mandato de respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales, proclamado en esa Ley Sustantiva, si se permite que el Propio Estado a través de algunas de sus instituciones facilite esas interceptaciones y que no haya un sistema de consecuencias que lo impida o sancione?
¿Qué diferencia habría entonces, entre un estado policial, conculcador de la libertad y avasallador por su carácter abusivo e intolerante y el que pretendemos darnos en consonancia con el espíritu y los postulados de una Constitución moderna y liberal?
Sería aconsejable que esta aberrante práctica pudiera ser totalmente erradicada, al amparo de precisas disposiciones constitucionales, sin necesidad de ningún condicionamiento accesorio. Pero como advertía Ortega y Gasset, que en no pocas ocasiones lo ideal es lo más apartado de lo real, en la práctica sólo un cambio de actitud desde la esfera oficial podrá hacer posible el cumplimiento efectivo del derecho a la intimidad.
De ahí la importancia de apoyar en esta crucial lucha a la Fundación Prensa y Derecho, recordando aquella máxima -sabía y tantas veces repetida como alerta para que no perezca la democracia- de que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, una cruzada trascendente en la que ningún sector debe actuar con indiferencia, so pena de contribuir a socavar el auténtico estado de derecho.
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