Los ingleses, metódicos artífices de la institucionalidad, en el ejercicio práctico cotidiano inventaron de manera colectiva la trípode del poder. Fraccionaron así la omnipotencia del Estado con la sacra visión de la Trinidad. El poder a partir de esas vivencias es uno en tres. John Locke lo concibió así y el francés Montesquieu desarrolla esa plataforma de permanencia en equilibrio en su obra maestra “El Espíritu de las Leyes”.
Una mesa de tres patas no se sostiene si no coexisten la una con la otra. Nosotros alguna vez vimos u oímos hablar de un carro francés que si se le averiaba un neumático lo escondía se acomodaba y rodaba en tres durante la emergencia, naturalmente sería imposible con su estructura hacerlo en dos ruedas.
Este es el principio de la separación de funciones del poder, las tres piedras del fogón en que se cuece la democracia, mantener la sostenibilidad gravitacional en base al equilibrio es fundamental para que el dueño del poder; el pueblo no empuje ninguna de las patas en el ejercicio de su lógica soberana. La sustentación del poder derivaría del buen ejercicio, producto de lo que en ingles sería “Checks and balances” o controles y contrapesos.
La República Dominicana ha sido declarada como un Estado Social Democrático de Derecho donde la función judicial es administrar justicia, lo hacen sus jueces en nombre de la República, lo que implica la más alta solemnidad místicas, su apreciación y valoración de los hechos punibles puede sacar de la escena social hasta por treinta años a un dominicano, hay países donde pueden hacerlo de por vida o sentenciarle la muerte. Trabajo serio este.
Fuera bueno que el país pensante y la clase política reflexionen hasta donde la función judicial se puede estar volviendo chabacana y si puede haber terreno fértil para la industria del relajo, porque ahí está en juego la esencia de la democracia y del Estado.
El desastre judicial que reventó la semana pasada con el caso de Bahía de las Águilas muestra una gangrena extremidal que puede atrapar el cuello al sistema democrático. Validar el robo al patrimonio público con documentaciones que no se sometieron a debate, sustentar decisiones con argumentos que la propia defensa de los imputados no requirió, es una ocurrencia grave. Se trata de inmuebles cogidos, en una práctica mañosa, transferidos a particulares, valorados por miles de millones de pesos en perjuicio del interés nacional. El fallo fue declarado por el Procurador General de la República como “desastroso y vergonzante”. Volverá el expediente a la Suprema Corte en agonía, ojala que se le insufle nuevo aire para que pueda dársele a ese desmán judicial cristiana sepultura.
La función judicial está en capilla ardiente. En el mismo ínterin del anuncio sobre el despojo de Bahía de las Águilas, jueces del Tribunal Superior Administrativo dieron segueta a la capacidad que la Ley 385-05 otorga a Pro-consumidor, para resolver en primera instancia las infracciones y violaciones, hacer incautación de productos, multas y reparar daños ocasionados al consumidor según los artículos 42 y 43 de la citada ley de defensa al consumidor.
Esto está sólidamente refrendado en el artículo 53 de la Constitución de la República que afirma “las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.
Toda esta chapucería judicial de consecuencias impredecibles fomenta la cultura del engaño, el fraude y la estafa y anima a avivatos profesionales y personalidades con tendencia a delinquir a ir tras fortuna espurias.
Como “vergüenza y palo asechao” definió la Directora de Pro-consumidor Doña Altagracia Paulino, una funcionaria que sabe lo que tiene entre mano y que representa lo mejor de la mujer dominicana. “Ese tribunal que reconoció en 16 ocasiones la potestad de sancionar y multar de la ley 385-05 ahora se arrodilla a favor de los gaseros culpables de fraude a los consumidores. Una chapulinada más.
A esos jueces tendremos que vigilarlos más de cerca, hay mucha batata sembrada que está repollando en su mentalidad conuquera, los hay que ostentan mas allá de su modesta producción, ahora se manifiesta la peligrosidad del convite sindical, la libertad de asociación con fines sociales o cooperativos se admite, pero las acciones sindicales son inconcebibles, entre gente que tiene poder real de administrar justicia en nombre de la República y facultad de juzgar a los otros poderes, a la vez que pueden servirse con cuchara grande justicia para sí mismo.
Ante las barbaridades evacuadas por tribunales la semana pasada y la crítica en llovizna de los sectores más diversos del país, reaccionó el Procurador General de la República, que ejerce la acción pública en representación de la sociedad, tildando de “desastroso y vergonzante” el fallo judicial, pero el sindicato de jueces ripostó airado y amenazante, algo insólito, verdaderamente las palomas le están disparando a las escopetas. Señores jueces ¿Donde está el punto de equilibrio? Si el hombre tras su integridad para sí y los suyos pone la libertad en mano de ustedes como uno de los tres poderes básicos del Estado. Coño!!!!! No abusen. Si el rancho arde la casa de ustedes se consumirá.
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