SANTO DOMINGO.- La directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, afirmó que la decisión de la jueza del Tribunal Superior Administrativo, de que ese organismo no tiene facultad para imponer multas, se contradice.
Paulino argumentó que la jueza Delfina Amparo de León había fallado 16 medidas cautelares solicitadas por los gaseros que se opusieron al pago de las multas tras ser encontrados culpables de fraude contra los consumidores.
“Ese mismo Tribunal en 16 ocasiones reconoció la potestad que la ley 358-05 le atribuye a Pro Consumidor para sancionar y multar a los violadores a la ley. En su momento la magistrada se apoyó en varios de los artículos de la ley que le atribuyen esas potestades como es el 23 que establece que: “la dirección Ejecutiva de Pro Consumidor es el organismo competente para conocer, por la vía administrativa, los casos de conflictos relativos a esta ley”, dijo.
Agregó que la magistrada se apoyó también en el artículo 51, referente a pesos y medidas, y en varios otros articulados, que ahora niega en la decisión de marras, como el 27, el 105, el 107, el 112, el 115 y su párrafo II que expresa: Estas multas son independientes de las que se puedan imponer en concepto de sanción y son compatibles con las mismas.
Estas declaraciones fueron dadas tras conocer que la jueza Delfina Amparo de León, mediante sentencia decidió no reconocer la facultad a Pro Consumidor para imponer multas tras la resolución No. 284-2012 donde la entidad impone una multa de cien salarios mínimos a la Envasadora Propagas.
“Fue sorprendente para nosotros la decisión de la jueza Delfina Amparo de León, ya que de 16 medidas cautelares solicitadas por los gaseros, incluyendo Propagas, ella las había desestimado, entendiendo, con esa decisión, la potestad sancionadora que tiene Pro Consumidor de imponer multas”, expresó Paulino.
Manifestó, además, que deplora la decisión ya que gran parte de las multas rechazadas por el Tribunal fueron pagadas.
Dijo que la ley 358-05 establece la definición de las infracciones y también las multas a pagar que van desde 100 a 500 salarios mínimos, lo que despeja cualquier duda sobre la potestad de Pro Consumidor para multar que le quiere negar la jueza.
Expresó que Pro Consumidor llevará el caso hasta las últimas consecuencias, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para apelación y se emitirá un comunicado señalando todos los puntos de la ley por si la jueza los ha olvidado.
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