Decisiones judiciales definen Estado de fuerza:

Decisiones judiciales definen Estado de fuerza

Tribunal declara extinguida acción Bahía de las Águilas

Redacción | ACTUALIZADO 05.06.2013 - 7:34 am

 

Las decisiones de los tribunales de la República sobre la extinción de la Acción pública en el caso Bahía de la Águilas y contra Pro Consumidor, entre otras, marcan una tendencia que define al Estado dominicano como un régimen de fuerza donde predomina la guerra de intereses de grupos sobre el marco jurídico y la Constitución dominicana.

 

Ayer, la jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción seguida contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa y su hermano, en el caso Bahía de las Águilas.

 

La magistrada Gissel Méndez Álvarez tomó la desición tras acoger un pedimento presentado por la defensa de  los imputados, doctor Francisco Taveras, quien había solicitado al tribunal declarar extinguida la acción penal del caso, por haber transcurrido más de tres años del proceso.

 

 La jueza, igualmente ordenó el archivo de las acusaciones levantadas, en ocasión del proceso seguido a Rodríguez Guzmán, su hermano Rafael y su esposa Reina Martínez. 

 

Asimismo el tribunal ordenó el cese de cualquier medida de coerción que haya sideo impuesta a los imputados durante el proceso.

 

De inmediato, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, anunció que recurrirá la desición en casación por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por no estar conforme con la misma.

 

Procurador deplora extinción penal

 

Mientras que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó de “desastrosa y vergonzante” la decisión emitida por los jueces.

 

El máximo representante del Ministerio Público aseguró que seguirán luchando y que agotarán todos los procesos hasta lograr que los imputados en el expediente sean sancionados.

 

Señaló que se trata de uno de los casos de corrupción más grande que ha vivido el país y en el cual se ha pretendido despojar de uno de los mayores patrimonios que tiene la República Dominicana.

 

“Estamos hablando de miles de millones de pesos que se le pretende robar al pueblo y que un sistema de justicia no puede apoyar con la impunidad este tipo de acciones”, manifestó Domínguez Brito.

(Via La Información)