Con voz apenas audible, suave y pausada, desde la cátedra universitaria del Derecho Administrativo nuestro recordado profesor Manuel “Cundo” Amiama nos enseñaba su esencia: lo que puede y no puede hacer un funcionario de la administración pública, depositario del poder coercitivo: ajustar sus acciones estrictamente a las disposiciones prescritas por la ley, no pudiendo excederse ni ignorarlas al momento de tomar una decisión. Años después, mientras cursaba estudios de Maestría en Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico, adentrado en sus características distintivas y su íntima interacción y dependencia con el Derecho aprendimos que: “Toda situación administrativa tiene sus elementos jurídicos (indispensables); y toda situación jurídica tiene sus elementos administrativos.” Las leyes son casi siempre normas generales y flexibles, que permiten un margen limitado y razonable de interpretación. De ahí, que cada acto administrativo, basado en una norma jurídica, goza de cierto grado de discrecionalidad pues, a diferencia de la ley, el acto administrativo encara y resuelve a diario situaciones particulares y circunstancias imprevistas, pero no ajenas al espíritu de la ley que debe ser justa, equitativa, igual para todos, en búsqueda del bienestar común.
Esta larga disquisición viene al caso a propósito del fallo dado por un tribunal que revoca y deja sin efecto el pago de multas impuestas por Pro-Consumidor a varias empresas sorprendidas en alteraciones de su producto en perjuicios del consumidor. No obstante la medida estar amparada en un conjunto de disposiciones de la ley que crea esa dependencia, al igual que sucede con otros organismos recaudadores del Estado y de servicio público, tal como demostrara en una entrevista televisiva la Lic. Altagracia Paulino, Directora de Pro Consumidor. Comentando esa situación uno de los productores consideró una paradoja que mientras en el país abundan funcionarios que incumplen y violan impunemente la Constitución y las leyes, los pocos que actúan con vergüenza, probidad y decoro, empeñados en el cumplimiento de la ley, se ven cuestionados y hasta amenazados de perder su cargo.
Los jueces son falibles. Al dictar sus fallos, a menudo fallan por intereses creados o difusos. Sus defensores por igual. Usan su prestigio profesional, con el marcado sesgo de un positivismo dogmático, infalible, enciclopédico y evocan la diosa Temis no para resaltar sus virtudes en defensa de los desamparados, sino para hacer olvido de ella poniendo su venda bajo la sombra protectora de sectores poderosos que han hecho del don dinero su religión, el Señor que todo lo puede, y del incumplimiento de la ley y su consecuencia, la corrupción, norma de conducta.
Más que una paradoja, que una contradicción, la licencia para delinquir de unos pocos es una verdad dura y amarga que duele, y se nos quiere imponer como una desgracia fatal, genética, que anida en el corazón de un pueblo que busca ansioso su destino histórico y de “un Coronel que le escriba”, porque quieren hacerle creer que la historia verdadera es esa, la que está escrita al revés. Y eso no puede ser.
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