viernes, 28 de junio de 2013

Centrales protestarían cambios Código Laboral

Centrales protestarían cambios Código Laboral:

El miércoles irán al Comité de Salarios para discutir aumento sueldos; advierten no aceptarían menos del 17%
28 Junio 2013, 11:15 AM
Centrales protestarían cambios Código Laboral
Escrito por: TEóFILO BONILLA (t.bonilla@elnacional.com)

Las centrales sindicales advirtieron este viernes que rechazarán en las calles cualquier modificación que se haga al Código Laboral para eliminar las conquistas obtenidas por los trabajadores, como plantea el sector empresarial, y por un aumento general de salarios.

Además, los representantes de los trabajadores dijeron que irán el miércoles al Comité Nacional de Salarios (CNS) en busca de un acuerdo con los empleadores para un reajuste salarial en el sector privado, “pero jamás menor al 17 por ciento logrado hace dos años”.

Jacobo Ramos, Gabriel del Río y Rafael Abreu (Pepe), de la Confederación Nacional Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), y el Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), dijeron que no aceptarán que se reforme el Código Laboral para quitarles derechos a los trabajadores.

Los sindicalistas coinciden en que “rechazaremos  esas reformas en las calles, en los tribunales, en organismos internacionales o en cualquier terreno”.

Subrayaron que sí pactarán pero sobre la base del empleo formal. “Las conquistas en el Código Laboral no se negociarán, al contrario, vamos a luchar porque se excluyan las trabas que existen en el Código en material de la libertad sindical, contratación colectiva, y aspectos como  los desahucios antojadizos de los empresarios contra los trabajadores cuando tratan de sindicalizarse”, precisó Ramos.

Critican a Peralta

Por otro lado, criticaron  las declaraciones de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, de que el Gobierno no puede aumentar los salarios porque se maneja con presupuestos cerrados.

“Ese aumento que le regatea el ministro Peralta a los servidores públicos, puede incluirse en el Presupuesto Complementario que someterá el Gobierno en los próximos días al Congreso Nacional”, afirmó Ramos.

Dijo que el lunes hay una reunión del movimiento social, popular y los gremios profesionales para evaluar la posición del Gobierno sobre el alza salarial. “Esa alza de sueldo la necesitan los trabajadores para recobrar el nivel adquisitivo perdido por la inflación generada por la reforma fiscal”.

Del Río anotó que el alza de salarios es necesaria en “especial  a los policías, militares, pensionados y jubilados, porque dinamizará la economía y dignificará  los trabajadores”.

Pepe Abreu dijo que seguirán pidiendo  un aumento de salarios de un 30% en el sector público.

Peralta exhortó ayer a los empresarios y sindicalistas a deponer actitudes y  llegar a un acuerdo definitivo para que los trabajadores no tengan que esperar más tiempo para recibir el alza salarial que dijo  por ley les toca.

Los sindicalistas abogan por un alza salarial de un 17%  por dos años o por un 14 o un 15 revisable en un año.

UN APUNTE

Los patronos

Los representantes del sector empresarial comenzaron el diálogo ofertando un aumento salarial a los sindicalistas  un 8%  al salario mínimo, luego subieron a a un 9.9%, la  que mejoraron a 11%, y terminaron en reunión en la que se rompió el diálogo proponiendo  14%.

(Via Portada)

Defensora del Pueblo dice no puede convertir su casa en oficina; reitera no ha encontrado local

Defensora del Pueblo dice no puede convertir su casa en oficina; reitera no ha encontrado local:

27 Junio 2013, 3:02 PM
Defensora del Pueblo dice no puede convertir su casa en oficina; reitera no ha encontrado local
Escrito por: CRISTAL ACEVEDO (c.acevedo@hoy.com.do)

La recién designada defensora del pueblo, Zoila Martínez, reiteró hoy que todavía no ha encontrado local y precisó que no puede convertir su casa en una oficina.

Martínez dijo que ha buscado local para instalar su oficina en las avenidas Independencia, San Martín y otras pero que no ha encontrado.

La funcionaria había dicho que ha peinado la capital en búsqueda de un local para su oficina, al tiempo que llamó a la población a ayudarla a encontrar un espacio amplio para poder instalarse.

El presupuesto asignado a sus funciones son 50 millones de pesos.

Características del local. Con respecto a las características del local, indicó que debe ser un inmueble con por lo menos 15 parqueos y de entre 500 y 600 metros de construcción.

Según la Ley que crea el defensor del pueblo. Esta figura es una autoridad independiente que no se encuentra sujeta a ninguna limitante más que la del apego a la ley.

Su objetivo esencial es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos, plasmadas en la Constitución.

(Via Hoy.com.do)

CP incluye la semi libertad: el día en prisión y la noche fuera

CP incluye la semi libertad: el día en prisión y la noche fuera:

NOTICIAS|28 JUN|POR SOCORRO ARIAS

CP incluye la semi libertad: el día en prisión y la noche fuera

El condenado está obligado a reintegrarse al recinto penitenciario

SD. El nuevo Código Penal aprobado por la Cámara de Diputados establece la personalización de las penas, y dispone que el tribunal imponga la pena y fije su régimen legal de aplicación, dentro de los límites dispuestos por el Código y según los criterios de determinación de la pena establecidos en el Código Procesal Penal.

Se incluyó la semi libertad, que es el régimen que obliga al condenado a pasar un mínimo de horas o de días en prisión, y le permite destinar el resto del tiempo fuera de ésta, cumpliendo una de las actividades previstas en este Código.

En las infracciones menos graves, cuando la pena aplicable no exceda de un año de prisión, el tribunal puede disponer que la prisión se cumpla bajo el régimen de la semi libertad, siempre que el condenado pruebe que ejerce una actividad profesional, o que se dedica a la enseñanza, o que está en período de prueba o pasantía profesional.

También cuando pruebe que tiene un empleo temporal para lograr su reinserción social, o que su actividad fuera de la prisión es esencial para su sustento económico y el de su familia o si tiene necesidad de recibir algún tratamiento médico imprescindible para la preservación de su salud.

El condenado beneficiado con el régimen de la semi libertad está obligado a reintegrarse al establecimiento penitenciario, según las modalidades fijadas por el tribunal, conforme a los criterios definidos en el artículo 50. Está obligado, además, a permanecer en dicho recinto durante los días en que, por cualquier causa, sus obligaciones exteriores estén interrumpidas.

Si el condenado incurriera en tres ausencias no justificadas, el juez de la ejecución de la pena ordenará que la prisión se cumpla ininterrumpidamente, revocándose la concesión dispuesta a su favor.

Fraccionamiento penas

En las infracciones menos grave, cuando la pena aplicable no exceda de un año de prisión, el tribunal puede, por motivo grave de orden médico, familiar, profesional o laboral, disponer que esta pena se cumpla por fracciones y se extienda por un período que no exceda de tres años, sin que ninguna de estas fracciones sea inferior a dos días.

Las modalidades para la aplicación de esta pena son, por un equivalente al número de días a que ascienda la condena, en el mismo recinto penitenciario dispuesto por el tribunal. También diariamente, desde las seis de la tarde a la seis de la mañana del día siguiente, por el equivalente al número de horas de la condena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Via Portada Diario Libre)

Procuraduría inaugura nuevo centro

Procuraduría inaugura nuevo centro:

Funcionamiento. Contará con un personal integrado por procuradores fiscales, médicos, psicólogos y trabajadores sociales
27 Junio 2013, 9:12 PM
Procuraduría inaugura  nuevo centro      
La Unidad de Atención a la Violencia de Género y Delitos Sexuales busca prevenir la violencia en La Romana
Escrito por: EL DÍA
 

La Romana.-El  procurador Francisco Domínguez Brito y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández,  inauguraron en La Romana la Unidad de Atención Integral a la Violencia de género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.  

   Esta es la unidad número 17 que se pone en funcionamiento a nivel nacional, en el marco del plan institucional de prevención y erradicación de los casos de violencia contra las mujeres.

Según las estadísticas de la Procuraduría General de la República, en La Romana la violencia hacia las mujeres es el tercer delito más denunciado después de drogas y robo.

La nueva dependencia, ubicada en la calle Respaldo Abreu No. 15 del ensanche Almeyda, cuenta con una planta física y una estructura adecuada que procura tanto la no revictimización, así como la articulación de una respuesta rápida, efectiva e integral, garantizando la protección de la vida y seguridad de la víctima y sus dependientes.

 A través de un personal especializado, integrado por procuradores fiscales, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, se ofrece atención personalizada a las víctimas de los referidos delitos.  

El Ministerio Público recibe apoyo de la Policía. 

Unidades operan en provincias

Estos centros también funcionan en las provincias de Azua, Puerto Plata, Santiago, Monseñor Nouel, San Juan, La Vega, Peravia, Duarte, Dajabón, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Espaillat, Hermanas Mirabal y el Distrito Nacional. 

Estas unidades de atención son adscritas a la Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer, que dirige la magistrada Roxanna Reyes.

(Via ElDia.com.do)

Presidente SCJ aboga decisiones órganos región sean vinculantes

Presidente SCJ aboga decisiones órganos región sean vinculantes:

27 Junio 2013, 11:49 PM
Presidente SCJ aboga  decisiones órganos región sean vinculantes

Mariano Germán dice eso garantizaría que los propósitos del SICA no sean letras muertas

Escrito por: LOYDA PEÑA (l.pena@hoy.com.do)

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, abogó ayer porque las decisiones de los órganos comunes de  la región centroamericana-caribeña  tengan carácter vinculante, a fin de que los grandes propósitos del sistema de integración  Centroamericana (Sica) no sean  letra muerta.

En su discurso de apertura de la III Reunión del Consejo Judicial Centroamericano que se celebra en el país, Germán  recordó que  los  propósitos del Sica  son, entre otros, la consolidación de la democracia, el  alcance de la paz duradera, el desarrollo de los países, y el respeto de los derechos humanos.

Política criminal única. El magistrado Germán además enfatizó  en la necesidad  de  impulsar los instrumentos jurídicos centroamericanos en materia de orden de detención y convenio de cooperación reforzada contra el crimen organizado,  y la integración de nuevos miembros, para que en un futuro no muy lejano se pueda contar con una política criminal única.

(Via Hoy.com.do)

La Ley 340-06, incremento o disminución, en los presupuestos de Obras Públicas

La Ley 340-06, incremento o disminución, en los presupuestos de Obras Públicas:

27 Junio 2013, 11:06 PM

La Ley 340-06, incremento o disminución, en los presupuestos de Obras Públicas

La ley ofrece solución al problema aumento costo obras contratadas

Escrito por: Teodoro Tejada

La ley 340-06 sobre Compras, Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras  y Concesiones, con modificaciones de ley 449-06, tiene por objetivo transparentar las compras y las contrataciones del Estado, y para esto se establecen métodos de planificación y programación del uso de los recursos públicos que obedezcan a las necesidades y requerimiento de la sociedad y a las disponibilidades presupuestarias y de financiamiento.

El pasado año el Ministerio de Educación sorteó mil doscientas escuelas, las cuales tenían un presupuesto elaborado, con los precios del año 2012, con un Itbis al 16%, diseñadas con Zapatas convencionales o de fundación directa.

El anticipo para los inicios de estos trabajos se realizó en enero de este año 2013, y la ley 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y El Desarrollo Sostenible, en su Art. 23 modifica el art. 345 del Código Tributario  y aumenta el Itbis al 18%, lo que trae un aumento automático de los materiales de construcción y agregando que la gran mayoría de esas escuelas no tenían los solares y que hubo que hacer grandes movimientos de tierra, y construir muchas con plateas, es obvio que estos presupuestos suban más del 25% del presupuesto original, lo que ha provocado, confusión en el gobierno, debido a que el art.31 numeral 2, de la ley 340-06 y el art. 127 del Reglamento 543-12 de aplicación de esta ley limita al 25% el aumento o disminución de los presupuestos.

No obstante estas limitaciones, los legisladores fueron sabios, ya que es  difícil limitar una obra pública a un aumento o disminución de los  presupuestos de obras estatales.  Esto así porque no es lo mismo construir en Santo Domingo que en Pedernales, el % del costo del transporte encarece sustancialmente los precios de materiales e insumos a utilizar en su realización, para esto la ley 340-06 en su art. 32, numeral 1, nos da la solución, y citamos textualmente.

 Art. 32.- Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de condiciones o en la documentación contractual, el contratista tendrá:

1) El derecho a los ajustes correspondientes de las condiciones contractuales, cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, con relación a las condiciones existentes al momento de la presentación de propuestas, que devuelvan el equilibrio económico del contrato.

(Via Hoy.com.do- Opiniones)

Derecho a la tutela cautelar en el sistema monetario y financiero

Derecho a la tutela cautelar en el sistema monetario y financiero:

27 Junio 2013, 11:09 PM
Derecho a la tutela cautelar en el sistema monetario y financiero

La tutela judicial no es tal sin las medidas cautelares adecuadas

Escrito por: Eduardo Jorge Prats (e.jorge@jorgeprats.com)

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 69 de la Constitución implica que, tal como señala el eminente iuspublicista santiaguero Domingo Gil en su magnífica monografía sobre el debido proceso, “el debido proceso no es tal si no se garantiza el cumplimiento de la decisión que de él resulte, asegurando la eficacia de esta decisión mediante medidas cautelares”.

Aunque la Constitución no se refiere expresamente al derecho a las medidas cautelares, en realidad nuestra Constitución en nada difiere de la mayoría de las Constituciones americanas y europeas y ello no obsta a que se reconozca de modo pretoriano el estatus constitucional de la tutela cautelar, como lo han hecho los jueces constitucionales en Francia, España, Alemania, Italia y Colombia, por solo citar algunos casos. Y es que, como bien ha expresado el Tribunal Constitucional español, “la tutela judicial no es tal sin las medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso” (STC 14/1992). En este sentido, juristas de la talla de nuestro gran iusadministrativista Olivo Rodríguez Huertas siempre han considerado que “el derecho a la protección cautelar es un derecho fundamental que forma parte del derecho de acceso a la justicia”.

Es por lo anterior que, tal como ha establecido la jurisprudencia española, “no puede inferirse que quede libre el legislador de todo límite para disponer o no medidas de aquel género o para ordenarlas sin condicionamiento constitucional alguno. La tutela judicial ha de ser, por imperativo constitucional, ‘efectiva’, y la medida en que lo sea o no ha de hallarse en la suficiencia de las potestades atribuidas por Ley a los órganos del Poder Judicial para, efectivamente, salvaguardar los intereses o derechos cuya protección se demanda”. Por eso, “no puede el mismo legislador eliminar” el derecho a solicitar y a adoptar  “medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de la sentencia estimatoria que pudiera dictarse en el proceso contencioso-administrativo, pues con ello se vendría privar a los justiciables de una garantía que, por equilibrar y ponderar la incidencia de aquellas prerrogativas, se configura como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva” (STC 238/1992).

 Contrario a estos criterios consolidados de doctrina y jurisprudencia constitucionales, la Ley Monetaria y Financiera dispuso que “solo podrá solicitarse la suspensión del acto recurrido cuando dicho acto ponga fin a un procedimiento sancionador” (artículo 4.c), disposición a la cual remitió el artículo 7, párrafo III, de la Ley 13-07, legislación que estableció un generoso régimen de medidas cautelares, con lo que se privó así a las entidades sujetas a regulación por parte de la Administración Monetaria y Financiera de la posibilidad, reconocida a todos los administrados frente a todas las demás Administraciones, de solicitar la suspensión de actos no sancionadores, lo que hace irrelevante el derecho al recurso de dicha entidad pues, al momento de dictarse sentencia, ya el acto recurrido habría estado plenamente ejecutado con el efecto irremediable que ello lleva aparejado.

Reconociendo la clara vulneración a la Constitución que esta situación discriminatoria y violatoria al debido proceso significaba, en sentencia histórica No. 16-2013 de fecha 12 de junio de 2013, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), con la presencia de sus jueces Rafael Ciprián, Juez Presidente en Funciones, Mildred Hernández Grullón y Sergio Antonio Ortega, desaplicó por inconstitucionales las antes citadas disposiciones legales al considerar que ello implicaba para el sector financiero “un estado de indefensión insostenible en un Estado Social y Democrático de Derecho y que haría inefectivo el traspaso del control de la legalidad de la administración a sede jurisdiccional”. Consideraron, además, nuestros jueces de lo contencioso administrativo que “las medidas cautelares en lo monetario y financiero se deben de regir por las disposiciones de la Ley 13-07 (…) pues es más garantista de los derechos de los administrados y preserva la tutela cautelar”, al contemplar, por ejemplo, “la posibilidad de solicitar medidas cautelares anticipadas”. Finalmente, a juicio de la Segunda Sala del TSA, las disposiciones legales desaplicadas constituyen “una limitante al libre acceso a la justicia”, por lo que quebrantan “la igualdad de todos ante la ley, puesto que dicho requisito coloca a los recurrentes ante la jurisdicción contencioso-administrativa en una situación de franca desigualdad y en un estado de indefensión al invertir las reglas ordinarias del proceso de las medidas cautelares y condicionar la admisión de la misma a un asunto tan importante como que haya sido recurrido previamente el acto administrativo impugnado y que éste además tenga el carácter sancionador, constituyendo obviamente una restricción al ejercicio de las medidas cautelares creadas por la ley 13-07, siendo discriminatoria y contraria a los preceptos constitucionales de la tutela judicial efectiva y de igualdad de todos ante la ley”.

(Via Hoy.com.do- Opiniones)

jueves, 27 de junio de 2013

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán aboga por una región centroamericana-caribeña con derecho comunitario

Mariano Germán aboga por una región centroamericana-caribeña con derecho comunitario:

27 Junio 2013, 2:36 PM

Mariano Germán aboga por una región centroamericana-caribeña con derecho comunitario

Escrito por: El Día
 

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía,  proclamó la importancia de trabajar por una región centroamericana-caribeña, donde haya un derecho comunitario “asimilable a una Constitución”, y en el cual las decisiones de los órganos comunes tengan carácter vinculante.

Al encabezar la Tercera Reunión del Consejo Judicial Centroamericano (CJC), Germán Mejía resaltó la importancia del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuyo objetivo principal es promover y construir políticas judiciales que resulten de beneficio mutuo y sirvan para enriquecer el acervo común de la justicia Centroamericana y del Caribe.

Asimismo, anunció que están muy avanzadas las gestiones de la República Dominicana, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, a los fines de lograr una membrecía  de Pleno Derecho en el SICA.

“Hoy, con orgullo, República Dominicana apertura esta tercera reunión del Consejo Judicial Centroamericano, teniendo en consideración, que, según los estatutos de esta instancia judicial internacional, sus objetivos son establecer vínculos permanentes entre las Cortes, con la finalidad de buscar soluciones a problemas comunes, promover el desarrollo de cada una de sus legislaciones y propiciar reformas tendentes a la unificación de códigos y leyes”, manifestó el presidente del Poder Judicial dominicano.

Explicó que se requiere que los países centroamericanos y de El Caribe trabajen por una cultura de respeto a los propósitos y principios del sistema de integración; por el fortalecimiento de un derecho comunitario en el que se consoliden la misma realidad histórica, racial, idiomática, religiosa, cultural y política.

“Todo lo anterior, sin perder de vista que para garantizar la integración económica y sus expresiones, como son: la unión aduanera, la unidad de la moneda y de la banca central se requiere de la funcionalidad de la justicia. Todas ellas deben acompañarse, aunque, a veces, unas vayan detrás de las otras”, puntualizó el magistrado.

En el acto de apertura, el presidente de la corte Suprema de Guatemala, Gabriel Medrano Valenzuela, país que ostentó hasta esta Tercera Reunión, la presidencia Pro Tempore del CJC, afirmó que  el CJC y de El Caribe, se consolida, logrando que a través de los distintos poderes judiciales, los países que integran el organismo, busquen soluciones a los problemas que afectan sus sociedades.

“Nuestras naciones han sufrido en los últimos tiempos de un cruel incremento de las acciones del crimen transnacional y organizado, por lo que foros como el Consejo Judicial Centroamericano cobran especial relevancia, por cuanto permiten diseñar nuevas políticas y prácticas institucionales de la óptica macroscópica,  que dan el enfoque de la cooperación regional e internacional”, explicó Medrano Valenzuela.

En el evento, se traspasó la presidencia Pro Tempore del CJC, al magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial dominicano, quien ocupará ese rol durante todo un año, hasta que se realice la próxima reunión.

Luego del acto, se procedió a iniciar las mesas de trabajo, a puertas cerradas, los que concluyen este viernes 28 de junio.

(Via ElDia.com.do)

Ley regula uso e instalación de cámaras de seguridad

Ley regula uso e instalación de cámaras de seguridad:

NOTICIAS|27 JUN|1|POR SOCORRO ARIAS

Ley regula uso e instalación de cámaras de seguridad

    SANTO DOMINGO. El Senado de la República convirtió en ley el proyecto que regula la instalación y uso de cámaras de seguridad en espacios públicos.

    La ley establece el marco jurídico aplicable a la utilización de los sistemas de grabación de imágenes y sonidos, como medio del que pueden servirse la Policía Nacional y el Ministerio Publico para combatir actos reñidos con la ley.

    Contempla que quienes instalen cámaras de vigilancia que graben en espacios públicos deberán notificar a las autoridades sobre su existencia.

    La nueva legislación establece que la Policía Nacional en aras de la protección de las personas y los bienes, y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución, podrá dictar con sujeción a lo prevenido en esta ley, las disposiciones necesarias para regular y autorizar la utilización de videocámaras.

    La propuesta del diputado Juan Carlos Quiñones está motivada en apoyar la prevención de actos delictivos y especialmente cuando las actuaciones perseguidas suceden en espacios abiertos al público, en las cuales las autoridades policiales y del Ministerio Público tienen que auxiliarse de medios técnicos cada vez más sofisticados.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Via Portada Diario Libre)

    Procurador admite aumento penas no baja delincuencia

    Procurador admite aumento penas no baja delincuencia:

    Justicia. El funcionario entiende que la disminución del flagelo va ligada a muchos factores
    26 Junio 2013, 8:26 PM
    Procurador admite aumento penas no baja delincuencia                              
    Domínguez Brito califica la medida como un “granito de arena” en un proceso
    Escrito por: Johanna García

    Santo Domingo.-El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, consideró ayer que el aumento de las penas no  basta para disminuir la delincuencia, sin embargo dijo que la medida es un elemento de disuasión.

    Explicó que la disminución de la delincuencia va ligada a muchos factores, por lo que calificó la medida como  un “granito de arena” en un proceso.

    Precisó que hay otros elementos que son más importantes en el área de la persecución, entre los que citó la impunidad y el sicariato.

    “Nosotros tenemos que en caso de homicidios planificados o asesinatos probablemente ocho o nueve de cada diez casos no se resuelven, entonces el sicariato y la impunidad en el sicariato son problemas mucho más serios que hay que enfrentar y mucho más importante que el mismo aumento de la pena”, dijo.

    No es la más importante

    Empero, aclaró que eso no significa que  no se experimente el aumento de las penas, tras precisar que es positivo como disuasorio,    pero no la más importante.

    Al ser entrevistado en el programa Cuentas Claras que se transmite por  La Nota Diferente (95.7 FM),  Domínguez Brito dijo que otro aspecto es la posibilidad de prevención efectiva y en ese sentido enfatizó que lo que  se está planteando en el país al respecto   será único.

    “Por primera vez en nuestra historia, aquí se está diseñando para el mes de diciembre un sistema de emergencia y de información que completará dos aspectos: el tema de las cámaras y el de las llamadas y las informaciones y nosotros confiamos que habrá resultados muy positivos”, manifestó.

    Un trabajo positivo

    El funcionario expresó que el nuevo Código Penal,  aprobado en dos lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados,  es un trabajo muy positivo realizado por un grupo de juristas del país y reconoció la labor ejecutada por los legisladores. Señaló que el nuevo Código Penal tiene nuevas tipificaciones  en materia de la corrupción, y que en el mismo se amplían algunos de los conceptos sobre este particular, y se establecen nuevos parámetros en las tipologías a  fin de  que en la misma definición del tipo penal se puedan implicar cualquiera de los actores, sobre todo el tráfico de influencia.

      “Algunos aspectos que actualmente en el viejo Código no eran tan claros ni tan precisos, y que ahora nosotros podemos disponer de ellos”,  puntualizó el procurador general Domínguez Brito.

    Juristas critican aumento penas

    Abogados  condenaron el aumento de las penas del nuevo Código Penal, por considerar  esto no   ayudará reducir y acabar con la delincuencia  en el país.  Afirman que el Gobierno debe enfocarse más en fortalecer  y reforzar los programas de políticas públicas para evitar la proliferación de estos delitos.

    El abogado Omar Sierra  condenó el aumento de las penas, porque a su juicio esto no contribuirá  acabar con la delincuencia y la criminalidad, “esto no es más que un populismo de los legisladores, ellos no tomaron en cuenta las recomendaciones que designo el Poder ejecutivo para la elaboración del Código Pena”.

    Asimismo, calificó las cárceles del país como almacenes de personas

    De su lado, el jurista Ramón Antonio  Veras, aseguró que un Código Penal no resuelve de por sí solo la delincuencia, criminalidad y violencia que vive el país en estos momentos.

    (Via ElDia.com.do)

    Sociedad civil y gobernabilidad

    Sociedad civil y gobernabilidad:

    26 Junio 2013, 8:37 PM
    Sociedad civil y gobernabilidad
    Escrito por: Henry Molina (henry@henrymolina.com)
     

    Hace unos días, en una conversación con un amigo sobre la gobernabilidad, surgió un desacuerdo.

    Mientras yo sostenía que hemos avanzado en las capacidades sociales que constituyen la gobernabilidad de una sociedad, él afirmaba que no es cierto que hayamos avanzado, sino que frente a la irrupción de nuevas formas de protesta social e incidencia de parte de sectores de la sociedad civil, los actores políticos e institucionales del Estado hemos mejorado nuestra habilidad para desmovilizarlos.

    Según él, lo que hacemos es tomar en cuenta parte de la agenda de grupos descontentos (que tienen el poder de influir en la opinión pública) y mantener una actitud y unos canales de diálogo que nos sirven específicamente para anticipar o reaccionar a tiempo frente a la posibilidad de esa protesta social.

    Si la gobernabilidad, se refiere a un conjunto de capacidades sociales y políticas tanto del Estado como en la sociedad civil para llegar a acuerdos, producir entendimiento y actuar para hacer efectivos esos acuerdos, entonces, según mi criterio, estamos avanzando.

    En cuanto a procedimientos, reglas  y espacios formales e informales de diálogo y decisión para armonizar intereses y puntos de vista, estamos avanzando. Tanto en el Gobierno y los partidos políticos como en la sociedad civil. 

    Independientemente de las posibles actitudes de instrumentalizar esos procesos de incidencia o de diálogo tanto por parte de actores políticos como sociales, nuestra cultura de gestión de los intereses públicos está cambiando en un sentido positivo.

    Por eso, cada vez es más frecuente que desde la sociedad civil se busquen formas nuevas de incidir en lo público, mientras que desde la sociedad política se comienza a entender como natural y normal que se produzcan alianzas y formas colectivas de actuación que buscan influir en el modo como se gobierna.

    Aprender a gestionarnos de un modo distinto, a producir gobernabilidad de manera democrática en una sociedad que contiene gran cantidad de conflictos es un paso de avance innegable.

    Y tanto los actores sociales como los políticos estamos siendo permeados por nuevos estilos y prácticas, que están aumentando nuestra capacidad global de entendernos y llegar a acuerdos. Y eso hay que utilizarlo conscientemente y mejorarlo.

    (Via ElDia.com.do)

    El Tribunal Superior Administrativo debe garantizar los derechos de los ciudadanos

    El Tribunal Superior Administrativo debe garantizar los derechos de los ciudadanos:

    26 Junio 2013, 10:35 PM
    El Tribunal Superior Administrativo debe garantizar los derechos de los ciudadanos

    Pro-Consumidor sí tiene el carácter de primera instancia

    Escrito por: Altagracia Paulino

    Es  importante esta información porque el Tribunal Superior Administrativo, al fallar el fondo de una medida Cautelar interpuesta por la empresa PROPAGAS contra una multa de cien salarios mínimos impuesta por   PRO-CONSUMIDOR, descalifica a la institución para sancionar y multar, pese a todos los títulos habilitantes que le otorga la norma para quienes violen una ley que es de Orden Público y de interés social inclusive, tal como está definido en el  Art. 2. de la Ley 358-05

    Es de notar que la referida empresa no se acogió al debido proceso establecido por PRO-CONSUMIDOR, no fue a conciliación, no utilizó el recurso jerárquico ante el consejo, simplemente acudió directamente al TSA, vía que puede utilizar, pero que el Tribunal debió ponderar antes de hacer las calificaciones contra PRO-CONSUMIDOR.

    El TSA dice que PRO-CONSUMIDOR actúa como tribunal sin serlo, pero resulta que el Art.165 de la Constitución, al definir las atribuciones de ese Tribunal expresa en su párrafo I:-“Conocer de  los recursos contra las decisiones  en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier Tribunal Contencioso Administrativo de Primera Instancia, o que en esencia tenga ese carácter”.

    Subrayamos esto: O QUE EN ESENCIA TENGA ESE CARÁCTER. De eso es que se trata. Por las acciones de hechos en la aplicación del Derecho Público a través de PRO-CONSUMIDOR, con los procedimientos previstos en la ley y su reglamento, por la acogida como primera instancia entendida así por la práctica cotidiana en la relación sistemática con los ciudadanos, PRO-CONSUMIDOR sí tiene el carácter de   una primera Instancia administrativa, y así se actúa todos los días. De lo contrario los tribunales ordinarios, sobre todo los civiles, no dieran abasto para atender todas las infracciones contra los ciudadanos que se cometen todos los días.

    En mayo de este año se concilió en PRO-CONSUMIDOR un promedio del 92 por ciento de los casos y de enero a mayo hubo acuerdos que envolvieron la suma de 28 millones de pesos, sin que las partes debieran pagar los costos de un tribunal, porque en derecho público la gratuidad es un principio. Sin embargo, cuando el interés público se ve alterado por malas prácticas de proveedores, sean estos públicos o privados, la ley 358-05 es clara en el sentido de que los ilícitos deben ser sancionados. En ese sentido señala las infracciones, las define como leve, grave y muy grave y expresa las multas y los montos a pagar por las infracciones.

    La ley 358-05 sustituye a la ley 13 de protección a la economía popular, la que creó la Dirección de Control de precios, que no solo establecía multas por violación a esa ley sino que establecía prisión incluso.

    Mal podría entenderse que en los delitos contra los ciudadanos no se penalice a los infractores, por esa razón existe el Derecho Administrativo Sancionador del que hablaremos luego.

    (Via Hoy.com.do- Opiniones)

    Diputados discutirán enmiendas a Código

    Diputados discutirán enmiendas a Código:

    El Senado redujo de 15 a 8 años la pena máxima a los menores de edad en conflicto con la ley, siete menos que la aprobada por los diputados
    27 Junio 2013, 1:26 PM
    Diputados discutirán enmiendas a Código
    Escrito por: PILAR MORENO (pilarmoreno26@hotmail.com)

    La Cámara de Diputados se prepara para discutir nuevamente el proyecto que modifica el Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, luego que el Senado introdujera varias enmiendas a la controversial pieza legislativa. La principal controversia en torno al denominado Código del Menor, aprobado anoche por el Senado, gira en torno a los años de prisión máxima para los menores que delinquen.

    El Senado redujo de 15 a 8 años la pena máxima a los menores de edad en conflicto con la ley, siete menos que la pena aprobada por la Cámara de Diputados.

     La semana pasada, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, consideró que la pena de ocho años de prisión no se corresponde con los niveles de criminalidad que afectan al país.

    En otro orden, el Senado aprobó anoche en segunda lectura el proyecto  de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que, entre otros aspectos, cambia el nombre de ese organismo por el de Ministerio de Defensa República Dominicana.

    La iniciativa, de la autoría de Adriano Sánchez Roa, reduce el número de generales de 300 a 40, de los cuales habrá 20 en el Ejército, diez en la Fuerza Aérea y diez en la Marina.

     El proyecto establece, igualmente, que los ascensos se realizarán solo en febrero, durante la semana conmemorativa a la Independencia Nacional.

    La pieza deja abiertas las posibilidades de que el ministro de defensa pueda ser un civil o militar, designado por el Presidente de la República.

    Ese proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados y establece, además, que el cargo de ministro será de retiro obligatorio a los dos años.

     También, que el rango de general solo es por diez años y desde entonces su retiro es obligatorio, a menos que al cumplirlo se encuentre ocupando una posición de mando.

    Los legisladores también sancionaron en segunda lectura los proyectos que crea los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom).

    Esta iniciativa, sometida por el Poder Ejecutivo, administrará los mercados mayoristas, dejando en mano de los ayuntamientos los mercados minoritas.

    (Via Portada)

    miércoles, 26 de junio de 2013

    Código mantiene penalización al aborto; quita penas a la difamación

    Código mantiene penalización al aborto; quita penas a la difamación:

    CONGRESO NACIONAL|26 JUN|7|POR SOCORRO ARIAS

    Código mantiene penalización al aborto; quita penas a la difamación

    Código Penal, con 11 años en debate, tuvo 122 votos a favor y sólo tres en contra

    SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica el Código Penal, después de once años en que la iniciativa fue sometida a debates, consultas y vistas públicas.

    La legislación de 354 artículos, fue aprobada con 122 votos a favor y tres en contra: Pelegrín Castillo, Juan Hubieres y Guadalupe Valdez. Los debates se extendieron durante seis horas y participaron 24 diputados. Fuera del Congreso hubo protestas de grupos defensores de los derechos de la mujer.

    De acuerdo con lo aprobado, se aumenta la pena máxima de prisión de 30 a 40 años, penaliza la invasión y ocupación de tierras, establece prisión para el feminicidio en 40 años, castiga el secuestro con penas de 20 a 30 años, fija de 4 a 10 años a los adultos que lleven a menores a cometer delitos, y castiga el cuatrerismo y el uso del ácido del diablo.

    Difamación e injuria

    Los diputados eliminaron las penas de prisión en el Código Penal para las infracciones de difamación e injuria pública contra una persona física o moral de algo que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, y se sanciona con multa de siete a diez salarios, y la injuria con multa de cuatro a seis salarios. Además serán infracciones de acción penal privada.

    El aborto

    Mantiene la penalización del aborto, y establece que el hecho de causar o cooperar con la interrupción del embarazo de una mujer por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo, aun cuando ésta lo consienta, será sancionado con pena de dos a tres años de prisión menor, pena que le será impuesta a la mujer que se provoque el aborto.

    Los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, así como las parteras, que, abusando de su profesión u oficio, causen o ayuden a causar el aborto, serán sancionados con penas de cuatro a diez años de reclusión mayor.

    Corrupción

    Las modificaciones al Código Penal incluyen un Capítulo sobre infracciones contra la administración pública cometidas por personas que ejercen una función pública.

    Para el peculado y malversación de fondos públicos, se establecen penas de entre 10 y 20 años de prisión mayor y multa entre 10 y 20 veces la suma malversada. Además, castiga el cohecho y el tráfico de influencia.

    Violencia doméstica

    La violencia doméstica o intrafamiliar se sancionará con penas de cuatro a diez años de prisión mayor y multa de cuatro a diez salarios mínimos.

    Estas sanciones se aumentarán cuando la infracción cause daños corporales o sicológicos de consideración. De 30 a 40 años de prisión y multa de 30 a 40 salarios cuando cause muerte; de 20 a 30 cuando cause lesión o daño permanente y de diez a 20 cuando cause incapacidad por más de 90 días.

    Se penaliza la extorsión o chantaje, con penas de uno a dos años de prisión menor y multa de siete a nueve salarios, las que se agravan dependiendo del grado de violencia o si produce lesiones a la víctima.

    El robo

    El robo se sancionará con penas de cuatro a 10 años de prisión mayor y multa de 7 a nueve salarios; y penas de diez a 20 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos, y cuando el robo sea precedido, acompañado o seguido de la muerte de la víctima, se sancionará con penas de 20 a 30 años de prisión mayor, y multa de 20 a 30 salarios mínimos.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Via Portada Diario Libre)

    Tribunal ordena suspensión de regidor

    Tribunal ordena suspensión de regidor:

    25 Junio 2013, 9:00 PM
    Tribunal ordena suspensión de regidor

     El Tribunal Superior Electoral ordenó la suspensión  del regidor peledeísta  por el municipio Esperanza,  Julio  César Valdez Toribio, hasta  que culmine el proceso judicial  que hay en su contra  por violencia de género e intrafamiliar.

      “El Tribunal Superior Electoral ordena la suspensión en funciones del regidor  Julio  César    Valdez Toribio  hasta tanto se dicte sentencia definitiva al fondo con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en el proceso que se le sigue por presunta violación al artículo 309, numerales 2) y 3) del Código Penal”, establece la sentencia.

    El tribunal acogió el recurso de amparo interpuesto por Rudy Tavárez Taveras en contra del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio de Esperanza, provincia Valverde.

    (Via ElDia.com.do)

    Cuando los abogados intimidan la Justicia

    Cuando los abogados intimidan la Justicia:

    25 Junio 2013, 9:47 PM
    Cuando los abogados intimidan la Justicia

    Abogados gobiernistas formaron turba para oponerse a Moreno

    Escrito por: César Pérez

    Luego de posponerse el conocimiento de la objeción al archivo de la querella contra el ex presidente Leonel Fernández y FUNGLODE, dispuesto por la Fiscalía del Distrito Nacional e incoada por Guillermo Moreno, un grupo de abogados gobiernistas de baja estofa se constituyó en turba en pleno Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, vociferando improperios contra este. Ese repugnante hecho y la tímida cobertura de prensa que ha tenido nos convoca a una profunda reflexión.

    Que abogados gobiernistas recurran a esa forma de violencia verbal, con intenciones de llegar a ser física, contra un ciudadano que simplemente está haciendo uso de su legítimo derecho, que además es un dirigente político ampliamente conocido y respetado en este país, sin que ese vandálico hecho haya tenido una firme y amplia repulsa nacional en todos los medios de comunicación del país, constituye otra demostración de que esta sociedad sigue el camino hacia la perdición, ya casi sin retorno posible.

    La acción de esos abogados constituidos en turba no es una simple muestra de adhesión y respaldo a un querellado. Tampoco una mera abyección y genuflexión ante una persona de poder, sino una expresión de  un tipo de poder absoluto que degrada y fanatiza a grupos e individuos para que lo defiendan. Tampoco debe entenderse como una simple acción de intimidación a Guillermo Moreno para que desista de lo que entiende justo y para reducirlo políticamente.

    Con esa acción se quiere enviar un mensaje a todos cuantos cuestionamos la estructura del poder que se ha instaurado en este país, por lo que ante semejante hecho no cabe el silencio cómplice de quienes tienen el derecho a informar, ni la pasividad de quienes de una u otra manera también nos batimos contra el intento de poder absoluto del Estado para amasar fortuna y de disfrute de irritantes.

    Como demostración de este aserto, en la misma semana de la ocurrencia del atropello no solo a Guillermo Moreno, sino a la Justicia, se denuncia que varios congresistas y altos funcionarios del gobierno, aparte de sus seguros en aseguradoras dominicanas, tienen seguros en el exterior que sobrepasan la cifra de 650 millones de pesos.

    También, según la Fundación Justicia y Transparencia, los ayuntamientos del país han malversado más de 30 mil millones de pesos en los últimos años, solo el de la ciudad de San Francisco de Macorís dilapidó 1,109,203.00 pesos en bebidas, 23 millones en combustibles y más de 8 millones en "gastos diversos", durante el 2012 (año de elecciones).

    Cualquier querella contra esos abusos de poder y de prevaricación podría motivar la constitución de turbas de abogados para violentar la conciencia de quienes integran determinados tribunales para favorecer al querellado, como ha querido hacerse con Guillermo Moreno por su legítima y valiente acción. La constituirían, ante cualquier querella semejante en la esfera de la política y ante cualquiera en la esfera de lo civil o penal.

    Llegado al punto de que los abogados gobiernistas intimidan la Justicia, a determinados sectores políticos productivos y a la  sociedad civil no le queda otra alternativa que articular sus acciones contra el régimen que permite tal despropósito.

    (Via Hoy.com.do- Opiniones)

    Estudio señala desigualdad empleo e ingresos mujeres

    Estudio señala desigualdad empleo e ingresos mujeres:

    25 Junio 2013, 7:17 PM
    Estudio señala desigualdad empleo e ingresos mujeres

    El estudio fue hecho por PNUD, OIT y ONU Mujeres; propone superar desigualdades

    Escrito por: UBALDO GUZMAN MOLINA (u.guzman@hoy.com.do)

    La desigualdad en el empleo y los ingresos para las mujeres es producto de un sistema de discriminaciones en la distribución de responsabilidades, según el estudio “Combatiendo la desigualdad desde lo básico”, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y  ONU Mujeres.

    La investigación, que contiene datos de  Centroamérica y República Dominicana, plantea que la seguridad social es un derecho fundamental desde el que se debe trabajar para lograr la inclusión y la superación de las desigualdades de género.

    Según el estudio, el 36% de las mujeres en el país no tiene ingresos propios, porcentaje que duplica a los hombres.

    En las palabra de bienvenida, Valerie Julliand, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, consideró  que debe haber mayor inversión pública en salud, educación y seguridad social.

    Expresó que el desempleo de las mujeres es el doble de los hombres, siempre tienen un salario inferior y la  mayor parte están en el sector informal

    Recordó que las responsabilidades familiares descansan en la mujer, lo cual le quita tiempo para un trabajo remunerado.

    La  vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, al hablar sobre “Avances de las políticas sociales en República Dominicana”, consideró que la seguridad social ha mostrado su eficacia tanto en la disminución de la pobreza y las desigualdades, así como para contrarrestar los efectos de la crisis económica.

      Señaló que la protección es un elemento indispensable para poder contribuir a la integración social, la superación de las desigualdades y la eliminación de la pobreza.

    Dijo que en el 2007 un 34% de la población estaba afiliada a la seguridad social y en marzo pasado había subido a 52.2%.

    Mientra la ministra de la Mujer, Alejandrina Germán, quien pronunció el discurso de clausura, dijo que el hecho de que la mujer trabajadora se concentre en la economía informal implica limitaciones para el ejercicio de sus derechos laborales y para el acceso a la seguridad social.

    Expresó que los programas asistenciales no resuelven el problema de la exclusión social, ni la pobreza.

    El informe fue presentado por María José Chamorro, asesora en  género para Centroamérica de la OIT; Carmen de la Cruz, responsable regional de género del PNUD, e Isolda Espinosa, experta regional de ONU Mujeres.

    De la Cruz dijo que  la República Dominicana  debe ampliar las estancias infantiles para eliminar uno de los obstáculos para el acceso de las mujeres al empleo y al trabajo digno.

    Favoreció la ejecución de políticas sociales para que  las mujeres puedan acceder a un trabajo formal en las mismas condiciones que los hombres.

    (Via Hoy.com.do)

    Cámara de Diputados aprueba de urgencia el Código Penal

    Cámara de Diputados aprueba de urgencia el Código Penal:

    25 Junio 2013, 11:58 PM
    Cámara de Diputados aprueba de urgencia el Código Penal

    La pena máxima para feminicidios, secuestro y sicariato es de 40 años, habrá cúmulo de 60

    Escrito por: TANIA HIDALGO (t.hidalgo@hoy.com.do)

    Luego de más de seis horas de debates, la Cámara de Diputados aprobó ayer en dos sesiones consecutivas con su informe y modificaciones, el proyecto de ley que crea el nuevo Código Penal de la República Dominicana, que contempla, entre otros aspectos, el cúmulo de  penas de hasta un máximo de 60 años de prisión.

    Además, eleva de 30 a 40 años la pena máxima  para los infractores de la ley en casos como  feminicidio, secuestro y  sicariato. La iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, el vocero reformista Ramón Rogelio Genao y Luis Jiménez Caminero, fue sancionada con el voto  favorable  de 122 diputados y tres en contra de los congresistas Juan Hubieres, Guadalupe Valdez y Pelegrín Castillo, a quienes el hemiciclo les rechazó  modificaciones planteadas durante la jornada.

    El proyecto reformado, indica en uno de sus considerando que el Código, promulgado mediante decreto-Ley 2274, del 20 de agosto de 1884, después de más de un siglo de vigencia, es un instrumento legal que no responde a las necesidades de prevención, control y represión de las infracciones que se presentan en la sociedad y en el mundo actual.

    (Via Hoy.com.do)

    Consejo de Ministros: ¿obligación o necesidad?

    Consejo de Ministros: ¿obligación o necesidad?:

    26 Junio 2013, 8:20 AM

    Consejo de Ministros: ¿obligación o necesidad?

    Escrito por: Crystal Fiallo Scanlon

    Definición, base legal y objetivo principal.El Consejo de Ministros es el órgano colegiado de coordinación de los asuntos generales de gobierno integrado por todos los ministros nombrados por el Presidente de la República Dominicana.

    Este órgano colegiado tiene su base legal en el artículo 137 de la Constitución dominicana y el artículo 20 y siguientes de la ley Orgánica de Administración Pública (LOAP) número 247-12. Tiene la responsabilidad de asesorar y apoyar al Presidente mediante el análisis de las políticas públicas, planes, iniciativas, programas, normas,etc, que estén dentro de la competencia del Poder Ejecutivo, así como también agilizar el despacho de los temas que estén estancados o que no han tomado el curso más efectivo para alcanzar el fin principal: administrar en beneficio del interés general de la nación y al servicio de la ciudadanía.

    Antecedentes. Las atribuciones del Consejo de Ministros se encontraban recogidas en el artículo 7 de la ley que crea el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) número 498-06, y la coordinación y seguimiento de las decisiones emanadas de este órgano colegiado correspondían a ese Ministerio.

    Al Consejo de Ministros se le llamaba en la citada legislación “Consejo de Gobierno”, y precedentemente “Consejo Nacional de Desarrollo”. A partir de la Constitución del 2010 y aunque ausente, este espacio se conoce como Consejo de Ministros.

    El Ministerio de la Presidencia ha retomado sus atribuciones transversales de coordinación y seguimiento de todo el Gobierno Central. La ley Orgánica de Administración Pública, en su artículo 22, devuelve la Secretaría técnica del Consejo de Ministros al Ministerio de la Presidencia. El reglamento de esta legislación fijará la organización y funcionamiento del Consejo. En la actualidad hay 21ministros que serían los convocados.

    En la República Dominicana es tradición las escasas reuniones de este órgano colegiado, que se supone ocurra con cierta periodicidad y la gestión actual no ha marcado la diferencia. Algunos Ministros y/o técnicos se reúnen para iniciativas puntuales del Poder Ejecutivo o para cumplir con metas de la gestión; no así el Consejo de Ministros en pleno. El conocimiento y aprobación del presupuesto nacional sigue siendo el único tema atractivo para el Consejo de Ministros, así como también los temas que se refieran a pactos sectoriales o reformas fiscales.

    El Consejo de Ministros es un medio, que efectivo o no, persigue alcanzar esa obligación de coordinación interinstitucional que tienen los órganos del Estado y sus incumbentes.

    En nuestro país el Consejo de Ministros es un órgano asesor de la Presidencia, sin embargo, dentro de sus atribuciones propone, delibera y aprueba políticas públicas; no es tan estático como parece.

    Este Consejo es uno de los organismos (sino el más)  con mayor impacto en la vida de las personas que conforman nuestra sociedad. Piénsenlo de esta manera: es la reunión de todos los órganos del poder que ejecuta las normas e implementa las políticas y reformas de la administración pública.

    La disciplina de coordinación es una de las debilidades de nuestra administración pública a pesar de que la misma responde a varios principios que rigen el sector público, tales como: principio de unidad de la administración pública, principio de coordinación y colaboración, el de eficacia y eficiencia administrativa, entre otros.

    Sentar a servidores públicos de alto rango en una mesa y enterarlos de los avances, fallas y retos de la gestión de turno, así como exigirles que deben trabajar en coordinación con los demás ministerios y entes autónomos y descentralizados, ‘no es un maíz’, como decimos en nuestro argot popular, pero definitivamente es una obligación del gobierno y una necesidad del país.

    (Via Hoy.com.do- Opiniones)

    martes, 25 de junio de 2013

    Amet multa 16,307 violan la Ley de Tránsito

    Amet multa 16,307 violan la Ley de Tránsito:

    Vocero dice que esta cifra corresponde a la primera quincena de este mes en el Gran Santo Domingo
    25 Junio 2013, 11:48 AM
    Amet multa 16,307 violan la Ley de Tránsito
    Escrito por: TEÓFILO BONILLA (t.bonilla@elnacional.com.do)

    Agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) multaron en la primera quincena de este mes a 16 mil 307 conductores que violaron varios artículos de la ley 241 sobre Tránsito Terrestre, en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

    El coronel Jacobo Mateo Moquete, relacionista de Amet, dijo que por no usar el casco protector se fiscalizaron dos mil 610 motociclistas, mientras que por obstruir el tránsito fueron multados 1,871 conductores.

    En tanto, por conducir sin el cinturón de seguridad la Amet multó a 1,575 choferes, y por violar la luz roja del semáforo se enviaron a los tribunales de tránsito 1,408, y por guiar sin portar licencia se multaron 1,203 choferes.

    El coronel Mateo Moquete dijo que el director de Amet, general Juan Gerónimo Brown Pérez, instruye diariamente a los agentes de esa institución para que no desmayen ni tengan contemplaciones en hacer cumplir la ley 241, sin importar quien sea o que rango tenga el infractor.

    “Sabemos que la gente se irrita con nuestros agentes, pero nuestras actuaciones están enmarcadas en proteger vidas, como es cuando detenemos a un motorista que no porta casco protector, o el chofer que no tienen puesto el cinturón”, indicó el director de Amet.

    Adujo que un uso adecuado del casco protector y del cinturón de seguridad evitaría muchas muertes, subrayando que el 95% de los motoristas fallecidos en accidentes no llevan casco protector.

    Argumentó que el Estado dominicano gasta 1,200 millones de pesos anuales en los hospitales públicos, donde son atendidos, intervenidos quirúrgicamente e internados las personas que sufren accidentes de tránsito.

    Mateo Moquete agregó que “de ahí el interés del general Brown Pérez de tratar de evitar muerte y sufrimientos para los conductores, motoristas y familiares de estos”.

    (Via Portada)

    Sistema judicial en la provincia de Santo Domingo funciona con muchas deficiencias

    Sistema judicial en la provincia de Santo Domingo funciona con muchas deficiencias:

    24 Junio 2013, 7:58 PM
    Sistema judicial en la provincia de Santo Domingo funciona con muchas deficiencias

    El sistema judicial en la provincia de Santo Domingo se desenvuelve en medio de muchas limitaciones que dificultan un trabajo eficaz de la justicia en esa demarcación.

    Dentro de las precariedades existentes se encuentran la falta de jueces, de locales adecuados, de personal y equipos de trabajos.

    Este reportaje, primer capítulo de una serie de dos, preparado por la periodista Susana Flete, puntualiza que los escasos recursos que recibe ese sector, afecta la administración de justicia.

    (Via Hoy.com.do)

    l presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial Desvincula a la Justicia de situación de inseguridad

    Desvincula a la Justicia de situación de inseguridad:

    NOTICIAS|25 JUN|2|POR DIARIO LIBRE

    Desvincula a la Justicia de situación de inseguridad

    SD. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, desvinculó ayer al Poder Judicial de la situación de inseguridad que vive la ciudadanía, al afirmar que ése no es un tema que le corresponda.

    Entiende el magistrado que los jueces sólo contribuyen con el tema de la seguridad, pero que en esencia no les corresponde.

    "El tema de la seguridad lo manejamos sólo como elemento de capacitación para los operadores, tomando en consideración que la Justicia contribuye con la seguridad, pero que, en esencia, lo que se llama seguridad, no le corresponde a la Justicia", dijo.

    Sobre la creación de organismos especializados para combatir temas como el crimen organizado y el narcotráfico, entiende Germán Mejía que el país debe manejarse con relatividad y no colocarse en posiciones extremas.

    El magistrado habló al dejar iniciado ayer el taller sobre Formación Judicial por Competencia, organizado por el Consejo Judicial Centroamericano a través del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). tm

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Via Portada Diario Libre)

    Jurista dice Procuraduría erró

    Jurista dice Procuraduría erró:

    24 Junio 2013, 7:57 PM
     Jurista dice Procuraduría erró
    Escrito por: Virginia Castillo

    Santo Domingo.-El abogado constitucionalista Nasser Perdomo dijo   que la Procuraduría erró al solicitar que se rechace el recurso de inconstitucionalidad  presentado contra la resolución  del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que  permite que las autoridades investigativas accedan  sin orden judicial a las comunicaciones de los ciudadanos.

    Precisó que debe ser un juez quien  autorice  las intervenciones  telefónicas para que al ciudadano se le garanticen sus derechos.

    “El Indotel no puede ser  la institución que faculta o que pide  esa información, porque no tiene ninguna facultad de investigación;  tampoco puede  ser el Ministerio Público, porque sería entonces juez de su propia causa”, explicó.

    El Tribunal Constitucional se reservó el fallo del recurso.   

    (Via ElDia.com.do)

    + Consultas en Materia Laboral (Sindicatos)

    CONSULTORIO LABORAL:

    24 Junio 2013, 11:58 PM

    CONSULTORIO LABORAL

    Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS (Especialista en derecho laboral)

    1. Soy dirigente de un sindicato y mi pregunta es: Por convenio colectivo entre la empresa y nuestro sindicato se acordó que: ”el/la trabajador/a que solicite el desahucio, renuncie voluntariamente, dimita o sea desahuciado, la empresa le otorgará el valor de sus prestaciones laborales (cesantía y preaviso), así como también todos los derechos adquiridos en el presente Convenio”. La empresa quiere ahora aplicar el descuento del Impuesto Sobre la Renta a aquellos montos otorgados cuando las personas que trabajamos allá decidimos renunciar de manera voluntaria, obviando así este enunciado del Pacto Colectivo. ¿Es legal esto o estaría ella violando lo pactado con esta medida. Esperando sus acertados comentarios queda de usted un seguidor y lector asiduo de su columna.

    La empresa tiene la razón pues de acuerdo al principio de legalidad de la norma tributaria los particulares no pueden pactar eludirla, y eso ha sido ratificado por la jurisprudencia, según la cual los acuerdos entre particulares no se imponen a la Administración Tributaria (3ª SCJ, 18 Ene. 2012, Caso Cartonajes Hernández (W.I.), S. A. vs. DGII)

    2. En una empresa hay 4 sindicatos y 2 de ellos se unieron para firmar un convenio colectivo con la empresa. En el convenio se acordó protección de 20 personas (10 por cada sindicato suscribiente). ¿Tienen fuero sindical las directivas de los sindicatos no suscribientes? ¿Cómo hacer para determinar que solo directivos de  sindicatos suscribientes tienen protección del fuero sindical? ¿Pudiéramos desahuciar a los miembros de la directiva de los sindicatos no suscribientes?

    Los convenios colectivos tienen dos tipos de cláusulas: las “normativas”, destinadas a establecer condiciones y beneficios sobre los contratos de trabajo de los empleados de la empresa, y las “obligacionales” destinadas a establecer derechos y obligaciones de las partes que suscriben el pacto, la empresa y el sindicato (y sus dirigentes). En ese sentido, la protección prevista en ese pacto debe comprender sólo a los dos sindicatos que lo suscribieron. Eso es así en cuanto al fuero convencional, es decir a la protección prevista y pactada en el convenio colectivo.

    Envíe sus preguntas carlos.hernandez@claro.net.do

    (Via Hoy.com.do)

    Presentan más sugerencias de cambios a la Ley 6132

    Presentan más sugerencias de cambios a la Ley 6132:

    NOTICIAS|25 JUN|POR SOCORRO ARIAS

    Presentan más sugerencias de cambios a la Ley 6132

    Garantizan no se aprobará nada que lesione libre expresión y difusión pensamiento

    SANTO DOMINGO. La despenalización de los delitos de prensa, la regulación de la exposición de escenas de violencia y cadáveres a través de los medios y de otras imágenes que puedan afectar la dignidad humana y la regulación de las redes sociales fueron parte de las propuestas de representantes de los medios de comunicación audiovisual, que participaron en las vistas públicas realizada por la comisión de Medios de Comunicación, sobre la modificación a la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento.

    Domingo Bermúdez, representante de Color Visión; Domingo del Pilar, de Telemicro, Rafael Molina Morillo, de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio; Nuria Piera del Canal 37, Johnny Dauhajre, del canal 19 y Sandra Pou, de la Asociación Dominicana de Radio Difusores (ADORA), coincidieron en que se debe despenalizar el delito de prensa en el país.

    El presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Nelson Guillén, garantizó el compromiso que tiene con la sociedad dominicana, en torno a que el Congreso apruebe una modificación de la Ley 6132 que no lesione la expresión y difusión del pensamiento en el país.

    "Bajo ningún concepto, de esta comisión saldrá una propuesta al Hemiciclo que lesione la libertad de expresión a la que tienen derecho todos los dominicanos y dominicanas ", manifestó Guillén. El próximo lunes primero de julio, la comisión se reunirá con los representantes de los medios digitales, para continuar la discusión del tema.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Via Portada Diario Libre)

    lunes, 24 de junio de 2013

    Circula la segunda edición de "Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional"

    Circula la segunda edición de "Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional":

    Circula la segunda edición de "Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional"

      SANTO DOMINGO

        . Circula ya la segunda edición de la obra "Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (LOTCPC)" de la autoría de Eduardo Jorge Prats, publicada por la marca editorial Ius Novu 


        Este libro es el primer estudio sistemático de la LOTCPC y esta segunda edición contiene comentarios de las sentencias del Tribunal Constitucional que tratan sobre aspectos de la LOTCPC. Ha sido reseñada positivamente por los juristas Gerardo Eto Cruz (Perú), Victor Bazán (Argentina), Antonio López Castillo (España) y José Luis García (España). 

        El autor es profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y dirige la Maestría de Derecho Constitucional de esa casa de estudios y de la Universidad Castilla La Mancha.

         

         

         

         

         

         

         

         

        (Via Portada Diario Libre)

        Presidente de la SCJ aboga por una justicia funcional

        Presidente de la SCJ aboga por una justicia funcional:

        24 Junio 2013, 4:24 PM
        Presidente de la SCJ aboga por una justicia funcional
        Escrito por: El Día

         

        SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, destacó la necesidad de una justicia funcional, a los fines de lograr la integración democrática, económica y cultural.

        Manifestó la importancia de la cooperación internacional, y la necesidad de trabajar por “una cultura integracionista” y el desarrollo de una conciencia firme de defensa de los intereses de la Región y de los países con interese comunes.

        Germán Mejía habló en estos términos al  encabezar este lunes la apertura del Curso de Acción  Formativa Judicial Regional: “Formación Judicial por Competencias”,  que se realiza en la Escuela Nacional de la Judicatura, del 24 al 28 de este mes de junio.

        “Con la realización de esta actividad, una vez más, la Escuela Nacional de la Judicatura  dominicana reafirma su compromiso, no  solo con el sistema de justicia nacional, sino también regional”,  afirmó el doctor Germán Mejía.

        Asimismo, anunció que el país ya es miembro del Consejo Judicial Centroamericano, estructura perteneciente al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a través del cual se procura la promoción y la construcción de políticas judiciales, que resulten de beneficio mutuo, y sirvan para enriquecer el acervo común y la promoción del Consejo como foro deliberativo para el intercambio de ideas, experiencias y criterios tendentes a mejorar la administración de justicia.

        En el programa de “Formación Judicial por Competencias”, participan  jueces y personal técnico de las escuelas judiciales de los países miembros del SICA, entre los que figuran Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice.

        Este proyecto forma parte de la estrategia de seguridad de Centroamérica, financiado por el Fondo España-SICA y coordinada por la Secretaría General del SICA, a través de su Dirección de Seguridad Democrática.

        (Via ElDia.com.do)

        Ve con buenos ojos trabajo desarrolla Pro Consumidor

        Ve con buenos ojos trabajo desarrolla Pro Consumidor:

        24 Junio 2013, 7:30 AM
        Ve con buenos ojos trabajo desarrolla Pro Consumidor

         SANTO DOMINGO, D.N.-La Defensora del Pueblo felicitó a la licenciada Altagracia Paulino por el trabajo que en cumplimiento de la Ley y la Constitución desarrolla desde Pro Consumidor para garantizar el derecho a la salud de los consumidores y el buen uso de servicios de por parte  de los dominicanos.

         La doctora Zoila Martínez de Medina valoró el trabajo de Pro Consumidor durante una visita de cortesía que realizó a la licenciada Paulino en su Despacho de la Avenida Charles Summer 33 del capitalino sector de Los Prados.

         La titular de la Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad a la licenciada Paulino por la titánica labor de defender la salud y la economía del pueblo al amparo del poder que le otorgan la Constitución de la República y la Ley 358-05 al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor.

         La doctora Martínez de Medina, otrora Fiscal del Distrito Nacional, dijo que ve con buenos ojos el trabajo de Pro Consumidor, entendiendo que siempre habrá grandes desafíos en el marco del cumplimiento del deber.

         Ambas funcionarias intercambiaron ideas sobre las experiencias de una y otra en el servicio y el cumplimiento de sus deberes en la Administración Pública.

        (Via Portada)

        El Código Penal sancionará por infracción vida privada y el secreto profesional

        El Código Penal sancionará por infracción vida privada y el secreto profesional:

        NOTICIAS|24 JUN|POR SOCORRO ARIAS

        El Código Penal sancionará por infracción vida privada y el secreto profesional

        SD. El nuevo Código Penal, que conocerá la Cámara de Diputados este martes, establecerá sanciones contra las infracciones a la vida privada y contra el secreto profesional.

        De acuerdo con la propuesta, en el artículo 162, el hecho de atentar contra la intimidad de la vida privada de otra persona, captando, conservando, registrando, difundiendo o transmitiendo, sin el consentimiento de ésta, palabras pronunciadas a título privado o confidencial, o fijando, conservando, registrando, difundiendo o transmitiendo su imagen que esté en algún lugar privado, sin su consentimiento, o por medio de cualquier otra actuación de similar objeto, se sanciona con las penas de dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve salarios.

        Cuando uno de los hechos definidos en el párrafo anterior se cometa a la vista y a sabiendas del interesado, sin que éste se haya opuesto, estando en capacidad de hacerlo, se presumirá su consentimiento. Esta infracción es de acción penal pública a instancia privada.

        De acuerdo con el informe, el hecho de fabricar, importar, detentar, exponer, ofertar, alquilar, o vender, sin autorización oficial previa, aparatos con la intención de realizar cualquiera de las actuaciones definidas en el artículo 162, se sanciona con la pena de un día a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios.

        Dispone que el hecho de introducirse o mantenerse en el interior de un domicilio de otra persona sin autorización legal para ello y sin el consentimiento de la víctima, se sanciona con las penas de un día a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios, salvo que con la ocurrencia de este hecho se incurra en la comisión de otra infracción sujeta a penas mayores.

        Cuando esta infracción se cometa por medio de maniobras, amenazas, vías de hechos, o cualquier otro tipo de constreñimiento, se sanciona con penas de cuatro a diez años de prisión y multa de cuatro a diez salarios.

        Las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en los artículos 162 y 164, según lo previsto en el artículo 5 del Código, y serán sancionadas con la pena de multa, penas complementarias y disolución legal de la persona jurídica.

        Secreto profesional

        El hecho de divulgar una información de carácter secreto sin el consentimiento de la persona afectada, realizado por alguien depositaria de ella, sea por el estado, profesión, o la función ostentada por éste, se sanciona con las penas de un día a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios.

        Esta infracción no se constituye como tal cuando la ley impone o autoriza la divulgación del secreto; y cuando una persona, en razón de su profesión u oficio en capacidad de guardar secretos, con consentimiento de la víctima, informa al Ministerio Público u otra autoridad judicial o administrativa competente, las sevicias que él ha constatado en el ejercicio de su profesión u oficio, y que le permiten presumir la comisión de violencias sexuales o de cualquier naturaleza física contra la víctima, así como cualquier otra infracción grave.

        También cuando una persona en razón de su profesión u oficio en capacidad de guardar secretos informa al Ministerio Público u otra autoridad judicial o administrativa competente, acerca de la ocurrencia de atentados sexuales u otras sevicias infligidas a niños, niñas y adolescentes o contra una persona que no está en condiciones de protegerse en razón de su edad o estado físico o síquico, así como cualquier otra infracción grave.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (Via Portada Diario Libre)