“Un tribunal especial”

Publicado por el periódico El Día
Desarrollo e institucionalidad
11 Octubre 2012, 9:05 PM
“Un tribunal especial”
Escrito por: Carlos Salcedo (carlos30salcedo@hotmail.com)


El Presidente de la DNCD, el Asesor en materia de narcotráfico del Poder

Ejecutivo y algunas otras voces piden la modificación de la Ley de drogas para que se endurezcan las penas y la creación de tribunales especializados para conocer los casos de narcotráfico y vinculados al crimen organizado.

Afirman ambos que el Código Procesal Penal es un obstáculo para la lucha contra el narcotráfico, porque es garantista y el sistema de justicia no tiene el conocimiento ni las herramientas para resolver estos casos complejos.
De hecho, ya la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados ha discutido dicha propuesta y la creación de leyes para un efectivo combate a dicho tipo de delincuencia, que, a su decir, se ha convertido en el patrocinador de la delincuencia y el crimen organizado.
El tema es polémico y se cuestiona su viabilidad. No es cierto que el Código sea el culpable de la ineficiencia de las instituciones de persecución del crimen organizado, sobre todo cuando los niveles de coautoría y participación de miembros de esas entidades son de público conocimiento, entre otros factores que inciden en ese tipo de delincuencia.
Por el contrario, el Código reconoce la existencia de la criminalidad organizada y contiene disposiciones especiales que permiten que el Ministerio Público y sus agencias auxiliares cuenten con los medios para investigar ampliamente, como emplear personas encubiertas, abogados expertos, ampliación de plazo para investigar, etc., para producir un requerimiento conclusivo acorde con los niveles de complejidad de las nuevas formas en que opera el crimen organizado y el narcotráfico.
Quienes reclaman el final de las garantías de derechos deberían pronunciarse con la misma frecuencia que lo hacen en pro de la existencia de jurisdicciones especializadas para quienes desde el gobierno patrocinan, permiten o hacen mutis frente a la corrupción, sobre todo la que se aposenta en los centros de poder político y en las instituciones públicas. Así sería más creíble.