En el primer encuentro de debate y crecimiento sobre el funcionamiento y perspectiva de la justicia dominicana convocado por el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC), a través del programa Casa Comunitaria de Justicia (CCJ), la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que la sociedad dominicana necesita seguridad jurídica y está urgida de soluciones judiciales correctas, transparentes y oportunas.
En su disertación, titulada “Acceso a justicia a través del uso de los métodos alternos de resolución de conflictos”, la magistrada sostuvo que el uso de esos métodos contribuye a la necesaria descongestión de los tribunales, a una mayor celeridad en el conocimiento y resolución de los conflictos y a la mejora del acceso a justicia de las poblaciones, en especial, las más carenciadas.
Reynoso señaló que el sistema judicial y la ciudadanía resultarían gananciosos si se implementara un plan nacional de mediación y conciliación en el país, ya que la puesta en ejercicio de estos métodos ayudaría a reducir los tradicionales obstáculos del acceso a justicia, como son los costos y los tecnicismos legales aplicados a los procedimientos judiciales.
Además, valoró que en la aplicación de la mediación las partes son dueñas de su participación y decisiones, indicando que con la intervención de un tercero neutral se les ayuda en la búsqueda de soluciones a la situación que las enfrenta manteniéndose el vínculo familiar o comunitario que las une.
En ese sentido, Participación Ciudadana indicó que desde el año 2006 promueve el uso de los métodos alternos de la resolución de conflictos como procesos aptos para la resolución de controversias, así como para aportar a la prevención de la violencia y el delito, contribuyendo a la construcción de un clima de seguridad y convivencia pacífica, necesario para la sociedad dominicana.
“El programa Casa Comunitaria de Justicia inició el 13 de octubre del 2006 con la instalación de la primera en Cienfuegos, provincia Santiago, y a la fecha cuenta con varias casas operando en Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste; Villa Rosa, provincia La Vega; y en el sector La Joya, también en la provincia Santiago”, detalló.
Dijo que hasta ahora las Casas Comunitarias de Justicia han prestado servicios, sobre problemáticas diversas, a más de 146 mil 215 ciudadanos y ciudadanas residentes en condiciones de vulnerabilidad.
“Es por ello que apuntalar a garantizar el acceso a justicia de la población, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad, es esencial para el cumplimiento del mandato de fortalecer la gobernabilidad democrática y reducir la pobreza”, apuntó.
Sobre los encuentros de debate. La entidad explicó en un comunicado que se trata de un espacio de acercamiento de la ciudadanía al sistema judicial para reflexionar sobre su realidad actual y el necesario impulso de los métodos alternos de resolución de conflictos como vía de acceso a justicia.
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