SANTO DOMINGO. El proyecto Voces para el Avance de los Derechos de la Mujer del Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) aclaró que la finalidad del proyecto de ley de Atención y Sanción para la Erradicación de la Violencia, es afrontar la grave situación de violación a los derechos humanos de las mujeres.
Aseguran que en ninguna de sus partes, esta propuesta legislativa aborda el tema del matrimonio y lamenta la confusión que se ha generado entre algunos legisladores de la Cámara Baja, quienes han planteado que a través de la pieza se está promoviendo el matrimonio gay.
"Debemos aclarara que se ha producido una lamentable confusión acerca del propósito y contenido de un proyecto de ley que lo que busca es reducir los alarmantes casos de violencia contra la mujer", refiere Lourdes Contreras, coordinadora general del CEG-INTEC.
Contreras cita entre los aspectos más relevantes de la iniciativa, la creación de un sistema integral para la prevención, detección, persecución, sanción y seguimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres, basadas en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.
"Es importante establecer que este proyecto no contraviene en ningún aspecto la Constitución de la República y una prueba de ello es que la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL), de la Cámara de Diputados que emitió un dictamen sobre la concordancia de este proyecto con la constitución señalando que no existen elementos que colidan con la misma", agregó.
La propuesta de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres fue aprobada por el Senado el 14 de noviembre de 2012 y luego envida a la Cámara de Diputados.
Es una iniciativa originada en fecha 5 de septiembre 2012 por el Senador Félix Bautista Rosario, representante de la Provincia de San Juan dela Maguana.
Las comisiones de Ministerio Público y Género fueron apoderadas del proyecto en abril 2013 para su ponderación y posterior presentación al pleno de la Cámara Baja.
En el proceso de estudio las comisiones apoderadas han realizado análisis conjunto y escuchado a las organizaciones sociales en vista pública, según indican en su comunicado.
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