El doctor Wilson Gómez Ramirez, juez del Tribunal Constitucional, deploró ayer el uso incorrecto de los símbolos patrios en las instituciones públicas, incluyendo los departamentos de protocolo de instituciones públicas.
Al ofrecer una conferencia titulada “La Constitución, valores y símbolos de la Patria”, en el marco de las actividades programadas por el Tribunal Constitucional con motivo de la XVII Feria Internacional del Libro, el magistrado Gómez Ramírez lamentó que el proyecto de ley sobre los símbolos patrios fue presentado por el Instituto Duartiano, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, hace más de tres años y no ha recibido la debida atención de la Cámara de Diputados.
Manifestó que por esa razón se mantiene vigente la Ley No. 360, sobre símbolos patrios, de 1943, porque es el proyecto referido y no otro, el que debe ofrecer las sanciones más categóricas contra las personas que incurran en actos irreverentes o ultrajen cualquier símbolo de la Patria.
“La ley actual, de 1943, establece un régimen de sanciones para aplicar a todo aquel que le falte el respeto a los símbolos de la Patria y las mismas van desde multa y prisión de seis días a un mes si hay irreverencia, hasta de tres meses a un año si se produjese un hecho más grave como resulta el ultraje. Si este último lo comete un extranjero podrá ser expulsado del territorio nacional, dijo.
El magistrado Gómez expresó que es oportuno resaltar que la Constitución de la República de 2010 en el artículo 63, numeral 13, establece que en todas las escuelas y colegios es obligatoria la instrucción social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica.
El primer símbolo fue la Bandera Nacional, diseñada por el Padre Fundador, Juan Pablo Duarte, y fueron mujeres de la Patria, como Concepción Bona Hernández, María Trinidad Sánchez, Ana Valverde, las hermanas Villa, Isabel Sosa y María de Jesús Pina, quienes bordaron las banderas que fueron enarboladas en el baluarte del Conde y en todos los puntos geográficos del país donde se efectuaron actos de reconocimiento y adhesión a la Independencia Nacional.
El magistrado Gómez explicó, a modo de ejemplo, que la quema de la Bandera Nacional constituye ultraje y los responsables de cometer este tipo de acciones tienen que ser sometidos ante el Juzgado de Paz, que es órgano judicial competente, para que éste los juzgue, pudiendo aplicar penas de tres meses a un año de prisión y multa, y si el infractor resulta extranjero será expulsado del territorio nacional, luego de cumplir la sanción.
La conferencia del magistrado Gómez se realizó en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en la Plaza de la Cultura, donde se desarrolla la Feria Internacional del Libro. Al acto asistieron jueces, fiscales, abogados, Registradores de Títulos, estudiantes de Derecho, entre otros.
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