Apenas el 3 por ciento de los infractores del tránsito pagan las multas que les imponen los agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), debido a que la Ley 241, no les obliga a cumplir con ese requerimiento. El hecho adquiere una mayor gravedad si se toma en cuenta que los tribunales de tránsito registran a personas que han acumulado hasta 400 infracciones sin pagar y siguen conduciendo sus vehículos sin ningún inconveniente. Pero además, las multas de tránsito que los tribunales de tránsito no cobran perimen un año, de acuerdo a la Ley.
Las autoridades de la Amet abogan por una modificación de la Ley sobre Tránsito Terrestre para que, en un período no mayor de un mes, los infractores tengan que pagar el costo de las infracciones o, de lo contrario, pagar un recargo que crecería con el tiempo.
El propósito es que el Estado impida a los morosos renovar sus licencias de conducir, la Cédula de Identidad y les imponga impedimento de salida del país, entre otras restricciones, como sucede en otras naciones.
Debido a la flexibilidad de dicha ley, en múltiples ocasiones, la Amet retiene vehículos para obligar a los conductores a pagar las multas, en violación a la misma, tomando en cuenta que esa medida sólo cuando un conductor circula sin la matrícula del vehículo, ebrio o cuando maneja temerariamente.
La Amet, además, aspira a obtener un por ciento del dinero que recaude el Estado por concepto de infracciones de tránsito, para usarlo en “su propia funcionalidad” y para implementar un programa de educación vial entre los conductores.
La Ley 12-07 faculta a la Procuraduría General de la República a usar los recursos producto del pago de las infracciones en la mejoría de las condiciones de vida de los presos.
“Esos recursos deben usarse en acciones que contribuyan a mejorar el tránsito”, ha dicho la Amet.
UN APUNTE
Sigue poniendo multas
A pesar de que las multas las pagan los que quieren, la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) continúa imponiendo infracciones.
En los últimos dos años, los agentes de la Amet han impuesto más de un millón de multas.
La Amet aspira a obtener un por ciento del dinero que recaude el Estado por concepto de infracciones de tránsito, para usarlo en “su propia funcionalidad”.
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