jueves, 27 de noviembre de 2008

+ Consultas en Materia Laboral (Principio de la Territorialidad de las Leyes Laborales)

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Publicado en el Periodico HOY

24 Noviembre 2008, 11:00 PM
CONSULTORIO LABORAL


Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

¿Qué regulación laboral se aplica a un trabajador que inicie un contrato de trabajo en el extranjero y es enviado en misión a la República Dominicana, para luego ser transferido a otro país, o a un nacional que es contratado en el territorio nacional y luego es enviado a prestar su servicio en el extranjero?


La persona contratada en cualquiera de las dos situaciones señaladas en pregunta tendrá derecho a demandar ante la jurisdicción laboral de cualquiera de los países en los que haya prestado servicios, en virtud del Principio de la Territorialidad de las Leyes Laborales, que es reconocido y admitido por la gran mayoría de países del mundo.
No obstante, en la práctica, es decir en la realidad , lo más común es que se demanda en la jurisdicción laboral del país en donde se le puso término al contrato, o sea el último país en donde el empleado prestó sus servicios; pero nada impide que se haga en cualquiera de los otros países en donde también se ejecutó el contrato.
Hay dos aspectos en que la Doctrina (o sea los expertos en Derecho Laboral) está de acuerdo, y son los siguientes:
• Primero, que la jurisdicción (o tribunal) que esté apoderada del caso, necesariamente tendrá que aplicar y juzgar el caso conforme a las leyes de “policía del trabajo” y conforme a las normas de “orden público” vigentes en el país a que pertenezca la jurisdicción apoderada. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el caso es conocido aquí las normas procesales que se aplicarán serán la previstas en el Código de Trabajo de la República Dominicana, y no las leyes procesales de los demás países en que el trabajador prestó servicios;
• Segundo, la Doctrina concuerda en que las partes, al momento de la contratación, o incluso durante la ejecución del contrato, pueden elegir cualesquiera de los derechos extranjeros con los que el contrato tenga alguna relación razonable, sin que esto implique renuncia del trabajador a la protección más favorable que le otorguen las leyes laborales del país en donde interpuso su demanda y en donde se juzga su caso.
Si usted desea abundar más sobre el tema, le sugiero consultar las siguientes obras: “Manual de Derecho del Trabajo”, Tomo 1, página 126, de Lupo Hernández Rueda, 9° edición. Editora Dalis. Moca, 2004; y “Derecho del Trabajo”, Tomo 1, página 147, de Rafael Alburquerque, 2° edición. Ediciones Trajano Potentini. Santo Domingo, 2003.

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Prisión preventiva)

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 26/ Nov. /2008

CPP. - Código Procesal Penal


Prisión preventiva.

Con frecuencia en la prensa se informa de que un juez dispuso que un imputado debía durar en prisión preventiva 18 meses, es decir un año y medio, lo que encuentro excesivo sobre todo si uno de los argumentos que más se esgrime para justificar el nuevo código procesal penal es que nadie debe sufrir una pena anticipada y debe presumírsele inocente hasta no ser condenado. Lucas Ramírez.

Lo primero es que el CPP establece plazos de cumplimiento riguroso para que el MP y los jueces realicen la instrucción preparatoria, el juzgamiento y le pongan término al proceso penal, corriendo el riesgo, de no observarlos, de que el proceso sea anulado.El CPP establece plazos ordinarios para los asuntos penales ordinarios. Pero en algunos casos el asunto a ser investigado o juzgado es complejo, atendiendo a determinados factores especificados en la ley. Para esos casos el CPP crea un sistema de plazos extraordinarios, luego de que el Juez de la Instrucción admite declararlo como un asunto complejo. Es importante entender que el proceso penal no es mera formalidad, sino la organización de unos procedimientos conforme a unas reglas que tienen como finalidad arrojar unos resultados respecto del vínculo de una determinada persona y unos hechos punibles que se le imputan o de los que se les acusa su comisión. Por tanto el legislador no puede establecer plazos como para llenar una formalidad, sino que éstos deben ser los adecuados para que razonablemente se pueda hacer la investigación o llevar a cabo el proceso. Si el legislador estableciera plazos únicos estaría ignorando que los hechos punibles son de una variada complejidad y diversidad y que no todos pueden ser reducidos a un solo esquema de investigación o de procesamiento. El CPP, en su artículo 366 enumera varias hipótesis que pueden dar lugar a que un hecho punible pueda ser declarado complejo y por tanto beneficiarse de los plazos propios del mismo: 1) pluralidad de hechos, 2) elevado número de imputados, 3) elevado número de víctimas, 4) casos de delincuencia organizada. Corresponde al MP solicitar la aplicación de este procedimiento. Solo puede disponerse antes de cualquier requerimiento conclusivo. Si el juez lo acoge, debe emitir una resolución motivada.La consecuencias que conlleva autorizar el procedimiento complejo, transforman el procedimiento ordinario, en lo que se refiere a los plazos: El plazo máximo del proceso se aumenta de tres a cuatro años; el plazo ordinario de la prisión preventiva de 12 meses, se aumenta a 18 meses; el plazo del procedimiento preparatorio ordinario de 3 meses se aumenta a 8 meses; los plazos para la presentación de los recursos se duplican; se autoriza al MP a aplicar criterios de oportunidad, en los casos en que el imputado colabora eficazmente con la investigación, entre otras facultades.

De Guillermo Moreno

SCJ destituye dos jueces

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SCJ destituye dos jueces
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia destituyó por haber cometido faltas
graves en el ejercicio de sus funciones a los magistrados Anulfo Guerrero
Vásquez y Daniel Rafael Cauto Alberto, quienes se desempeñaban como
Juez de Paz del Municipio de Villa Isabela, Provincia de Puerto Plata y Juez
del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de
Macorís, respectivamente.
El juez Anulfo Guerrero Vásquez fue declarado culpable en virtud del
incumplimiento de sus deberes de conformidad con las disposiciones de los
artículos 60, 62 y 66 de la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial; los
artículos 147 y 149 del Reglamento de Carrera Judicial y los artículos 73 y
siguientes del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
Mientras Daniel Rafael Cauto Alberto violó los artículo 67 de la Constitución
de la República; los artículos 59, 60 ,62 y 66 de la Ley No. 327-98 sobre
Carrera Judicial; los artículos 147 y 149 del Reglamento de Carrera Judicial
y varios artículos del Código de Ética Iberoamericano.
El Pleno estableció que el objeto de la disciplina judicial es garantizar el
respeto a las leyes, la observancia de una buena conducta y el cumplimiento
de los deberes oficiales por parte de los magistrados del orden judicial.

+ preguntas sobre migración (Visa para presentaciones musicales).

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 25/ Nov. /2008

USA. - La columna de migración

Visa para presentaciones musicales. Tengo una visa B1B2 desde hace varios años. Siempre he estado en un grupo musical, pero es la primera vez que se nos presenta la oportunidad de hacer algunas presentaciones en Nueva York y New Jersey. ¿Usted cree que puedo viajar con esa visa que tengo o debo obtener otra visa? La mayoría de los muchachos y muchachas del grupo tienen visa, y estamos considerando la posibilidad de hacer el viaje prontamente.

Anónimo Es imprescindible que tanto usted como sus compañeros obtengan una visa P para poder hacer esas presentaciones en los Estados Unidos. De lo contrario, estarían todos violando las disposiciones sobre la Ley de Inmigración. Recuerden que para ese proceso se debe obtener la aprobación de USBCIS en los Estados Unidos, el cual enviará una aprobación que usted llevará al Consulado.

Por favor envíe sus preguntas a: karinaperezrojas@hotmail.com, para citas llame al 809-566-9615

miércoles, 19 de noviembre de 2008

Sentencia de la SCJ sobre la Querella Contra el Senador Wilton Guerrero (Inadmisible

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REPUBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Rec. Hilario González González
Inadmisible
Audiencia pública del 19 de noviembre de 2008.
Preside: Jorge A. Subero Isa.
Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, hoy 19 de noviembre de 2008, años 165° de la Independencia y 146° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
Siendo las 9:00 horas de la mañana de la fecha precedentemente mencionada, el Magistrado Presidente declara abierta la audiencia pública para conocer sobre la querella directa con constitución en actor civil, interpuesta por el Hilario González González, contra Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador de la República, por presunta violación a los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento;
1
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído al alguacil llamar al imputado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, quien se encuentra presente;
Oído al imputado en sus generales de ley;
Oído al alguacil llamar al querellante Hilario González González, quien está presente;
Oído al querellante en sus generales de ley;
Oído a la secretaria verificar la presencia de las partes;
Oído a los Dres. Cándido Simón Polanco y Freddy R. Mateo Calderón, en representación de la parte querellante y actor civil, Hilario González González;
Oído a los Dres. Rafael Paz y Roger Vittini, y los Licdos. Juan Manuel Alcántara y Juan Antonio Delgado, en representación de Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, imputado;
Visto el artículo 67, inciso 1 de la Constitución de la República;
Visto la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156-97 de 1997;
Considerando, que el 9 de septiembre de 2008, Hilario González González interpuso una querella directa con constitución en actor civil ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia en contra de Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador del Congreso Nacional por la provincia Peravia, por alegada difamación e injuria, hechos previstos y sancionados por los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento;
Considerando, que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió el 6 de octubre de 2008 el Auto núm. 18-2008, apoderando al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer de la referida querella de acción privada con constitución en actor civil y fijó la audiencia de conciliación para el 15 de octubre de 2008;
Considerando, que en la referida audiencia de conciliación los abogados del querellante y actor civil expresaron a esta Corte lo siguiente: ^"Que tengáis a bien levantar acta de no conciliación entre las partes, ordenando en consecuencia, la apertura a juicio, convocando a las partes...”; y los abogados del imputado concluyeron de la siguiente manera: ^"Que conforme a las disposiciones del artículo 361, parte in fine, la digna presidencia convoque a juicio siguiendo lo preceptuado por las disposiciones trazadas por el Código Procesal Penal...”;
Considerando, que la Suprema Corte de Justicia, después de retirarse a deliberar, falló de la siguiente manera: ^"Primero: Levanta acta de no conciliación entre las partes y ordena la apertura a juicio fijándose el conocimiento del mismo para el miércoles 19 de noviembre del año 2008 a las 9:00 horas de la mañana, valiendo citación para las partes presentes y representadas; Segundo: Concede a las partes un plazo de cinco (5) días para depositar ante la secretaría de este tribunal las pruebas que van a hacer valer y el orden en que las mismas serán aportadas, así como los incidentes y recusaciones, en virtud de las disposiciones de los artículos 305 y 361 del Código Procesal Penal; Tercero: Reservan las costas”;
Considerando, que en atención a la anterior convocatoria los Dres. Cándido Simón Polanco y Freddy R. Mateo Calderón, en representación del querellante y actor civil, depositaron en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 22 de octubre de 2008, los documentos que harían valer con relación a su acusación;
Considerando, que de igual modo y en ocasión de la convocatoria anterior, los Dres. Miguel Ángel Prestol y Norberto Rondón, así como los Licdos. Marino Feliz Rodríguez y Rafael Cordero, en representación del imputado, depositaron el 22 de octubre de 2008 en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, una instancia contentiva del escrito de incidentes, excepciones y presentación de pruebas y orden de la presentación de las mismas, por violación a derechos fundamentales contenidos en el escrito de querellamiento y actor civil;
Considerando, que el 7 de noviembre de 2008, Hilario González González, depositó en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, un escrito de contestación de incidentes y presentación de contrapruebas;
Considerando, que el inciso 1ro. del artículo 67 de la Constitución de la República le atribuye a la Suprema Corte de Justicia competencia para conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogados del Estado ante el Tribunal de Tierra, Jueces del Tribunal Superior de Tierra, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario;
Considerando, que la parte in fine del artículo 361 del Código Procesal Penal, establece que si no se alcanza la conciliación, el juez convoca a juicio conforme las reglas del procedimiento común; que de igual manera el artículo 305 del mismo cuerpo legal, dispone que las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos y las recusaciones son interpuestas en el plazo de cinco días de la convocatoria al juicio y son resueltas en un solo acto por quien preside el tribunal dentro de los cinco días, a menos que resuelva diferir alguna para el momento de la sentencia, según convenga al orden del juicio;
Considerando, que es de principio la facultad de los jueces de acumular o no el conocimiento de los incidentes que puedan presentarse en el proceso con el fondo de la contestación, puesto que dicha acumulación tiende a evitar tácticas dilatorias y aplazamientos innecesarios de los procesos, basados en aquellos que son inútiles; sin embargo, existen incidentes, que de ser acogidos, podrían determinar la solución del caso, lo cual haría innecesario continuar conociendo el fondo del proceso, evitándole así, a la parte que lo propone con éxito, el rigor de un juicio penal;
Considerando, que en ese orden de ideas, el imputado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, por intermedio de sus abogados, propone los siguientes incidentes: “a) Excepción de falta de acción porque no fue legalmente promovida. 1. Errónea subsunción de los hechos a los tipos penales: La sedicente y presunta víctima General Hilario González invoca la violación de los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley No. 6132, de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, alegando que elsenador Guerrero lo ha difamado e injuriado a través de diversos medios decomunicación, en efecto en su escrito acusatorio deposita ejemplares certificados delos periódicos.... además de copias de videos de declaraciones a través de los canalesde televisión 4 y 37, pero ignora que al hacerlo así y a la vez sustentar dichos textos,está orientando su imputación a los denominados delitos de prensa, entre los quefiguran la difamación y la injuria, sin embargo, pasa por alto el orden de lasresponsabilidades penales, imperado por los artículos 46 y 47 de la referida ley, queal referirse el acusador a publicaciones en particular aparecidas en medios de prensaescrita, estaba en la obligación de poner en causa a los directores de laspublicaciones, señalando en cada caso a cada uno de éstos como autor principal, esdecir, a redactores firmantes de las notas que recogían las declaraciones del senadorGuerrero, tenían que ser citados como cómplices, calidad que tambiéncorrespondería al senador en virtud del artículo 60 del Código Penal; b) Nulidad porimprecisión del hecho incriminado. El acusador y actor civil incurre en un discrimende porciones o trozos de textos recogidos mayormente de la prensa escrita, segúnexpone. No hay una clara especificación de los casos en que se halla configurado eldelito de difamación o el delito de injuria y en tales situaciones cuál ha sido el textode ley violado; la precisión y calificación del hecho incriminado es una de lasexigencias fundamentales en la persecución de los delitos de prensa, según el artículo54 de la Ley 6132...se halla prescrita a pena de nulidad de la persecución...; c)Inadmisibilidad por falta de formulación precisa de cargos, el mayor error de laacusación en el caso de la especie es, sin duda la imprecisión en la formulación de los cargos, pretendiendo despacharse con “una ligera cronología de las reseñasrecogidas por algunos de los medios de comunicación”, no aclara cuándo se está enpresencia de una difamación o de una injuria y porqué; lejos del desarrollo de unateoría del caso que apoyada en las debidas proposiciones fácticas condujera aelaborar una teoría jurídica sostenible, la acusación se explaya en vaguedades, elescrito acusatorio no discierne entre los tipos penales a que alude; la imprecisión enla formulación de cargos de que adolece la acción penal intentada por el Generalpolicial González y González deviene imperseguible por ser violatoria del artículo 8,inciso 2, literal j, de la Constitución de la República, y los artículos 19 y 294.2 delCódigo Procesal Penal, 14.3, letra a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, 8.2, letra d, de la Convención Americana de Derechos Humanos y 54 de laLey No. 6132, de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento ... que el acusadorprivado olvidó que las primeras declaraciones públicas emitidas por el senadorGuerrero, fueron en el seno del Congreso Nacional, donde todo lo que loslegisladores puedan expresar o decir, del tema que sea, está provisto de lainmunidad que otorga el fuero legislativo y que luego de ahí es que la prensa recogelas informaciones que publica y que alega son difamatorias e injuriosas el generalGonzález, amén de que también olvidan que a la prensa le asiste un deber deinformar y que, independientemente, de que el senador Guerrero no dieraposteriores declaraciones sobre su intervención por ante la Cámara del Senado, yaesas declaraciones tenían el carácter público y por ende tanto el senador comocualquier otra persona las podía difundir utilizando cualquier medio decomunicación...en tal sentido esta acusación carece objeto sustancial, como lo es, la indicación del lugar en donde, presuntamente, se produjeron las mencionadas informaciones difamatorias e injuriosas, ya que sin esta parte fáctica se estaría estableciendo una presunción de culpabilidad en contra del legislador Guerrero, en razón de que sólo el lugar de ocurrencia de un hecho puede establecer, fehacientemente, el conjunto de circunstancias y situaciones en la que el mismo ocurrió lo que hace posible la narración histórica por ante los juzgadores; esto también hace posible la producción y búsqueda de las pruebas, razones que lejos de producir un agravio al acusador Hilario González, le producen un agravio al encartado Guerrero, toda vez que le vulnera el derecho de defensa, en el sentido de la aportación de las pruebas de descargo; estas razones son más que suficientes para declarar nula y sin ningún efecto jurídico la acusación formulada en contra del senador de la provincia Peravia Wilton Guerrero Dumé, finalizando así, la persecución penal en su contra mediante la presente excepción...”;
Considerando, que entre los principios rectores o fundamentales del debido proceso penal, está la formulación precisa de cargos, garantía que establece que toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra desde que se le señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible;
Considerando, que por su lado, el artículo 54 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, del 15 de diciembre de 1962, expresa: “La citación precisará y calificará el hecho incriminado e indicará el texto de ley aplicable a la persecución. Si la citación es a petición del querellante, contendrá elección de domicilio en la ciudad donde tenga su sede la jurisdicción apoderada y será notificada tanto al prevenido como al ministerio público. Todas estas formalidades serán observadas bajo pena de nulidad de la persecución”; previsión que ha sido concebida con el fin de garantizar a la persona citada para responder por violación a la ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, estar enterada previamente de los hechos de la prevención puestos a su cargo, a fin de que pudiera preparar convenientemente sus medios de defensa;
Considerando, que nuestro actual sistema procesal, la acción penal privada, impulsada por la víctima constituida en actor civil, a la cual la ley le ha conferido la persecución, por esta vía, de hechos punibles que afectan intereses individuales de la misma, trazando para ello un procedimiento especial, donde se le autoriza a presentar acusación conforme lo establece la norma procesal penal, lo que significa que la víctima pasa a ocupar la función de acusador privado, y en tal virtud sus pretensiones, constituyen el marco del apoderamiento del tribunal;
Considerando, que el querellante le atribuye al querellado haber violado los artículos siguientes de la Ley núm. 6132, del 15 de diciembre del 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, 29, el cual textualmente dispone lo siguiente: “Constituye difamación toda alegación o imputación de un hecho que encierre ataque al honor o la consideración de la persona o del organismo al cual se impute el hecho. La publicación o radiodifusión, directa o por vía de reproducción, de tal alegación o de tal imputación es castigable, aún cuando se haga en forma dubitativa o si alude a una persona o a un organismo no mencionados de manera expresa, pero cuya identificación se haga posible por los términos de los discursos, gritos, radioemisiones, películas, amenazas, escritos o impresos, carteles o edictos incriminados. Constituye injuria toda expresión ultraje, término de desprecio o invectiva que no conlleve imputación de hecho alguno”, 30, el cual expresa: »`La difamación cometida por uno de los medios enunciados en los artículos 23 y 29 en perjuicio de las Cortes y Tribunales, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las Cámaras Legislativas, de los Ayuntamientos y otras instituciones del Estado, será castigada con pena de prisión de un mes a un año y con multa de RD$ 50.00 a RD$ 500.00, o con una sola de estas dos penas”, 31, el cual dice lo siguiente: “Se castiga con la misma pena establecida en el artículo 30 la difamación cometida por los medios anunciados en los artículos 23 y 29 en perjuicio: a) De uno o más miembros del Gabinete; b) De uno o más miembros de las Cámaras legislativas; c) De uno o más funcionarios públicos; d) De uno o más depositarios o agentes de la autoridad pública; e) De uno o más ciudadanos encargados de algún servicio o de un mandato oficial, temporero o permanente; f) De un testigo en razón de su deposición. Este artículo sólo se aplica a la difamación cometida en razón de las funciones o calidad de las personas a quienes se considere agraviadas”, 32, el cual expresa lo siguiente: »`La difamación contra las mismas personas, por los mismos medios señalados en el artículo 31, en relación con su vida privada, está regida por el artículo 33”, 33, el cual dispone lo transcrito a continuación: »`La difamación cometida en perjuicio de los particulares por uno de los medios enunciados en los artículos 23 y 29 se castigará con pena de quince días a seis meses de prisión y con multa de RD$ 25.00 a RD$ 200.00, o con una de estas dos penas solamente. La difamación cometida por los mismos medios contra un grupo de personas, no designadas por el artículo 31 de la presente ley, pero que, pertenecen por su origen a una raza o a una religión determinada, se castigará con pena de un mes a un año de prisión y con multa de RD$ 25.00 a RD$ 200.00, cuando tuviere por objeto provocar sentimientos de odio en la población”, y 34, que establece lo siguiente: “La injuria cometida por los mismos medios en perjuicio de los organismos o personas designados por los artículos 30 y 31 de la presente ley se castigará con pena de seis días a tres meses de prisión y con multa de RD$ 6.00 a RD$ 60.00 o con una sola de estas dos penas”; que, como se advierte, el querellante le imputa a Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador de la República, una gama de violaciones penales sin precisar en cuál tipo se enmarca su comportamiento, lo que constituye una ambigüedad que invalida el querellamiento;
Considerando, que ciertamente tal y como plantea el imputado, la querella con constitución en actor civil elaborada por Hilario González González, acusador privado al amparo de las disposiciones del artículo 32 del Código Procesal Penal, le encarta una serie de infracciones cuyos tipos penales, además de disímiles, son excluyentes al concurrir el uno con el otro, lo que se traduce en una imprecisión y falta de sustanciación de su imputación, lo que hace el ejercicio eficaz de su derecho de defensa irrealizable; que procede, por consiguiente, declarar inadmisible la acusación de que se trata;
Por tales motivos,
F A L L A
PRIMERO: Acoge el incidente planteado por la defensa técnica del imputado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador de la República, y en consecuencia, declara inadmisible la acusación interpuesta por Hilario González González, en contra del encartado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, por presunta violación a los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, por imprecisión de la formulación de los cargos; Segundo: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes; Tercero: Compensa las costas.
Así ha sido hecho y juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en su audiencia del 19 de noviembre de 2008, años 165º de la Independencia y 146º de la Restauración.
Jorge A. Subero Isa
Rafael Luciano Pichardo Eglys Margarita Esmurdoc
Hugo Álvarez Valencia Juan Luperón Vásquez
Margarita A. Tavares Julio Ibarra Ríos
Enilda Reyes Pérez Dulce Ma. Rodríguez de Goris
Víctor José Castellanos Estrella Ana Rosa Bergés Dreyfous
Edgar Hernández Mejía Darío O. Fernández Espinal
Pedro Romero Confesor José E. Hernández Machado
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
Grimilda Acosta

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Recurso de revisión)

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Publicado en DIARIO LIBRE

En fecha 19/11/2008

CPP. - Código Procesal Penal

Recurso de revisión
En la prensa se ha estado planteando que la Suprema Corte de Justicia conozca de un recurso de revisión respecto de un caso que tuvo mucha difusión ante la opinión pública y respecto del cual ya se interpuso y se decidió un recurso de casación que fue desfavorable a los acusados. Esta situación me ha planteado cierta confusión sobre la naturaleza de ambos recursos. ¿Es posible conocer de un recurso de revisión luego de haberse decidido sobre el mismo caso un recurso de casación? Dionisio Jiminián.
Sí es posible. Digamos primero que la Suprema Corte de Justicia, apoderada de un recurso de casación carece de competencia para conocer de nuevo los hechos relativos a la infracción, en el caso de la materia penal, lo que sería por ejemplo examinar si el acusado cometió o no los hechos y en esa virtud si es o no culpable. La SCJ ha de limitarse a examinar, si en el caso, el derecho tanto en su expresión formal (derecho procesal) o en su expresión sustantiva (derecho penal) ha sido correctamente aplicado. Si la SCJ confirma la sentencia objeto del recurso de casación ésta adquiere la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, y en principio no puede ser objeto de ningún recurso, salvo del recurso de revisión en las situaciones a que nos referiremos. Si la SCJ acoge el recurso puede por si misma anular la sentencia impugnada o enviar su conocimiento a un tribunal competente.
El recurso de revisión tiene un carácter excepcional, siendo la primera condición para su interposición que se trate de una sentencia irrevocable o lo que el CPP denomina "sentencia definitiva firme" y respecto de la cual ocurra una circunstancias que modifique las premisas sobre las que se dio el fallo, la que de haberse producido o conocido en el momento de la decisión hubiera provocado de seguro una sentencia diferente. El ejemplo clásico que siempre se cita es el caso de una persona condenada por el homicidio de una persona que luego se comprueba estaba con vida al momento de la condena.
El CPP en su artículo 428 incluyó las situaciones que pueden dar lugar al recurso de revisión, algunas muy novedosas como por ejemplo que se produzca un cambio jurisprudencial de la SCJ que favorezca al condenado, con lo que se otorgó al recurso una considerable amplitud.
El recurso de revisión es de la competencia de la Cámara Penal de la SCJ y de modo expreso el CPP autoriza el recurso contra las decisiones de cualquier jurisdicción. La SCJ, si rechaza el recurso, confirma la sentencia atacada. Si anula la sentencia, nuestro más alto tribunal puede dictar directamente la sentencia del caso u ordenar la celebración de un nuevo juicio ante la jurisdicción correspondiente. Este recurso puede ser presentado nuevamente, aún después de rechazado, si se funda en motivos distintos a los planteados la vez anterior.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

martes, 18 de noviembre de 2008

+ preguntas sobre migración

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Publicado por LISTIN DIARIO
Yadira Responde
Yadira Morel - 11/18/2008



Pregunta: Mi esposo, ciudadano americano, le gustaría que mi hija y yo viajemos con él. Qué debemos hacer? Cuál es la solicitud? Qué tiempo dura? O debemos solicitar una visa de paseo? Ayúdenos.
Respuesta: Si tu esposo reside con ustedes en el país, pueden solicitar una visa de paseo, para lo cual deben demostrar que tienen lazos económicos que los atan al país. Deben de estar seguros que la niña no es ciudadana americana, ya que en algunos casos los hijos de ciudadanos americanos derivan ciudadanía, si el padre cumple con los requisitos de presencia física. Si tu esposo quiere irse a vivir a Estados Unidos, tiene que hacer una petición de residencia, el formulario es el I-130.
Pregunta: El 31 de mayo del 2005 viajé a New Jersey y regresé a Santo Domingo el 20 de junio del mismo año, es decir mi estadía fue de 21 días como suelo hacer ya que solo viajo de vacaciones. En días pasados encontré el I-94 que se debe de entregar al salir de los Estados Unidos. Nunca me he quedado ni por un mes, prueba de que no me quedé, es que renové visa el 22 de agosto del mismo año, (la misma fue renovada nuevamente por 10 años), para la cual tuve entrevista con el cónsul. Mi pregunta es, que debo hacer?
Respuesta: El I-94 es un documento muy importante. Es donde el servicio de migración los admite legalmente y les indica el tiempo que se les autoriza a permanecer en territorio americano. Es muy importante entregarlo al salir de Estados Unidos, ya que registra su cumplimiento con la ley. Si no lo entregó puede enviarlo por correo con una serie de requisitos que indican que usted regresó a su país. Sin embargo, como su visa le fue renovada después de esto, no creo que deba preocuparse.
Pregunta: Estoy casada con un cubano que no tiene residencia dominicana. Nosotros queremos viajar a los Estados Unidos y nos gustaría saber cuales son los procedimientos para nuestro caso y bajo que concepto debemos solicitar la visa en caso de calificar para la misma.
Respuesta: Tu esposo cubano para poder solicitar visa en el consulado americano en la República Dominicana, necesita ser residente o ciudadano dominicano.

+ Consulta Laboral

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Tomado del PERIODICO HOY

17 Noviembre 2008, 11:39 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. A una Trabajadora que ha adoptado un niño recién nacido, ¿le corresponde licencia pre y post natal?
Estas licencias, por lo menos las seis semanas siguientes al parto, parece que son para atender a la criatura, pero no se aplica cuando el niño es adoptado, aunque se trate de una criatura recién nacida.
El Código de Trabajo dominicano no establece nada al respecto.
Sin embargo, en casos así el juez está obligado a dar solución al caso y no puede alegar “silencio, oscuridad o insuficiencia de ley” (Art. 4 del Código Civil).
A esto se añade que de acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia “La jurisprudencia, aplicación de la ley, teniendo en cuenta su espíritu, y los principios que rigen la materia, puede y debe subsanar las deficiencias literales de que ella adolezca, porque de lo contrario quedaría desvirtuado su objeto, que es el social y contrariados del todo los fines de utilidad y equidad que tuvo en mira el legislador, por defectos puramente textuales” (Suprema Corte de Justicia, 10 de marzo de 1909, B. J. 1, páginas 11-12).
En ese sentido pienso que lo más apropiado sería acudir a lo que los abogados llamamos el Derecho Comparado.
En Francia, país de origen de nuestra legislación, el Código de Trabajo (Artículo L. 122-28-10) ofrece una solución similar a la que usted infiere en su consulta, y es la siguiente:
“Todo asalariado, a los fines de la adopción de un niño […tendrá] el derecho a un descanso remunerado por una duración máxima de seis semanas […]
El asalariado debe informar a su empleador […] al menos dos semanas antes de su salida”
Tal vez esta información puede serle útil para negociar con su empleador un posible descanso a causa de la adopción del niño.
2. Somos una junta de vecinos que está iniciando; queremos contratar un guardián y deseamos saber si debemos pagarle prestaciones, luego de los tres meses de servicio.
El Código de Trabajo no indica un régimen laboral especial para empleados de juntas de vecinos, pero sí un régimen para el servicio doméstico en casas de familia, sin pago de prestaciones laborales, y un régimen con pago de prestaciones para quienes prestan servicios a “consorcios de propietarios de un condominio” (Artículo 258 Código de Trabajo).
A nuestro juicio, por analogía (mutatis mutandi), a los empleados de juntas de vecinos debe dársele el mismo tratamiento que la ley le reconoce a los de condominio.

jueves, 13 de noviembre de 2008

Constitución y creatividad judicial

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Constitución y creatividad judicial

Felix Tena

Investigador Asociado de FINJUS

17 oct. 08
La justicia constitucional toca la epidermis de las sociedades democráticas. Que una corporación judicial, órgano no legitimado por el voto mayoritario, pueda controlar decisiones que tomen órganos electos en las urnas, encuentra un sólido valladar ante el concepto, tradicionalmente aceptado por la doctrina, que reduce la democracia a una forma de gobierno. Se trata de la objeción también llamada “contramayoritaria”, que fue la punta de lanza de la crítica de Schmitt contra la propuesta de Kelsen de un control judicial de la constitucionalidad, y es un tema recurrente en la doctrina norteamericana, que han dedicado arduos debates en torno al “activismo judicial”.
Las teorías elaboradas para solventar la “objeción democrática” al control constitucional son variopintas: desde la insuflación de contenido a la democracia a través del reconocimiento de una dimensión sustancial que corresponde a la garantía de los derechos fundamentales como límites infranqueables contra las mayorías (Dworkin, Ferrajoli); el cambio del horizonte de referencia de la legitimación, de democracia a republica (Zagrelbesky); hasta una postura procedimentalista que erige el control constitucional en una garantía de las condiciones de representación vía el respeto a las reglas del juego democrático y la protección de las minorías desempoderadas. (Ely).
Sea cual sea el fundamento teórico que sustente la labor de una jurisdicción constitucional, lo cierto es que ésta tiene ante sí el reto de mantener vivificado el espíritu de la constitución (en especial de los derechos fundamentales que ésta contiene) en la dinámica social. Es que los derechos no están fijados en un momento pretérito de la historia, sino que emergen de las injusticias y evolucionan en la medida que la dinámica social, ligada al progreso, genera nuevas necesidades o peligros para el ser humano (Bobbio). De ahí que la justicia constitucional no puede, aunque quiera, encapsular su actuación al texto de la constitución, está llamada a ser creativa en defensa de los derechos fundamentales, porque de lo contrario la constitución moriría ahogada en su propio originalismo.
Pero la creatividad pone en peligro la independencia judicial y constituye una causa para el torpedeo de la clase política. Es por ello que la jurisdicción constitucional tiene que desarrollar un liderazgo carismático capaz de servir de contrapeso al liderazgo de los actores políticos y, al mismo tiempo, una actitud de cautela que evite, en la medida de lo posible, los enfrentamientos directos con los poderes públicos (Miller). Aunque jamás debe abstenerse «en los asuntos políticos particularmente espinosos o candentes, así como en aquellos que afectan al hipersensitive nerve of public opinion» (Revenga Sánchez), porque normalmente los titulares de los derechos envueltos en aquellos son los individuos y grupos menos favorecidos (y más impopulares) socialmente, y, por tanto, negarse a fallar significa renunciar al rol de defensa de la libertad. Lo importante es toda decisión creativa o evolutiva esté sustentada en una interpretación y argumentación jurídica adecuada que le permita enmarcar sus fundamentos en razonamientos que sean admitidos como posibles por la comunidad de interpretes. Ello supone hacer acopio de la doctrina y la jurisprudencia comparada, para que sea la razón y no la autoridad lo que de fundamento a la decisión.

Tomado de finjus.org

Reforma y la sociedad civil

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Reforma y la sociedad civil

Por Carlos Villaverde Gómez

Director de Proyectos FINJUS

7 nov. 08

El actual debate sobre la reforma constitucional toca algunos nudos sensibles de la sociedad civil dominicana. Su vocación participativa ha sido puesta de manifiesto en las constantes luchas emprendidas en los últimos 25 años, a través de campañas por la ampliación de los derechos sociales, el apoyo a la organización popular y la articulación del tejido social imprescindible para soportar las tareas de la democracia.
Como la misma sociedad civil, la discusión constitucional actual apunta a la diversidad de posiciones, enfoques, matices y controversias. No podría ser de otra forma, dadas las distintas experiencias y antecedentes que arrastran las principales o más activas organizaciones sociales dominicanas.
Independientemente de si finalmente la reforma se realizará mediante el mecanismo de la Asamblea Revisora o la Constituyente, la sociedad civil debe procurar mantener una discusión activa y sistemática sobre los fundamentos de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Hemos expresado que la propuesta contiene elementos novedosos que mejoran áreas vitales de nuestra arquitectura constitucional, como las garantías y derechos fundamentales, el establecimiento de la función pública o la creación del Consejo del Poder Judicial.
Sin embargo, la ciudadanía aún no se ha involucrado en el conocimiento profundo de los temas más polémicos, como por ejemplo los relativos a la creación de la jurisdicción contenciosa administrativa al margen del Poder Judicial, la disminución de las funciones de control por parte del Poder legislativo o la ampliación de las facultades del Presidente de la República, hasta el punto de ser convertido en el símbolo, garante y paradigma de la unidad nacional.
En coyunturas como la presente, la sociedad civil debe jugar un rol más activo y convertirse en una fuente alternativa las posiciones presentadas, insistiendo al Congreso que el estudio, ponderación y crítica de las diferentes propuestas de reforma constitucional deben incluir y tomar en consideración a todos los sectores nacionales, sin excepción, para hacer más legítima, profunda y completa la decisión que eventualmente tomarán los legisladores al aprobar o desestimar las el proyecto presentado.
La República Dominicana tiene que abocarse a dar pasos de madurez en su régimen político, lo que conlleva estimular y propiciar la participación activa y diversa de las ciudadanía, a través de sus organizaciones representativas, en la discusión de las políticas públicas, de los programas sectoriales o regionales y en fin, de todas las iniciativas que tengan relación directa con la calida de vida de los habitantes.
Hace 15 años, la sociedad civil insistió en cuatro ejes principales de cambios: la alta concentración de funciones en manos del Poder Ejecutivo; incrementar la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos; la subordinación del Poder Judicial a los intereses particulares (políticos o económicos) y modernizar la burocracia estatal.
Nadie duda que avanzamos desde entones en los dos últimos objetivos. ¿Por qué no podemos aprovechar esta nueva coyuntura para adelantar los cambios que aun están pendientes?. Esta es la urgencia de hoy.

DECRETO NUMERO 235-97 Que crea "Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados"

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DECRETO NUMERO 235-97 Que crea "Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados"


CONSIDERANDO: Que la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, modificada por la Ley No. 17-95 del 17 de diciembre de 1995, le confiere la custodia y cuidado de los bienes incautados o decomisados por la Dirección Nacional de Control de Drogas al Consejo Nacional de Drogas.

CONSIDERANDO: Que se hace necesario la creación de una Oficina que custodie y cuide los bienes que bajo inventario pasen al Consejo Nacional de Drogas;

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Drogas debe ser dotado, mediante el presente Decreto-Reglamento, de la facultad de designar, mediante decisión de su Junta Directiva, los funcionarios y el personal que han de servir en la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados, en ocasión de las persecuciones penales originadas en la Ley No. 50-88.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Drogas, en virtud del Artículo 20 de la Ley No. 50-88 tendrá derecho a requerir, para el cumplimiento de su misión, la cooperación de todas las dependencias gubernamentales, cuando se considere que tal cooperación es necesaria para la consecución de sus objetivos, solicitará, y así le será asignado, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Bienes Nacionales un representante, a fin de que estas distintas oficinas y dependencias del Estado mantengan un acceso continuo a todo el proceso relacionado con la custodia y cuidado de dichos bienes.

VISTOS los Artículos 33, 34, 35 y 105 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y sus modificaciones (Ley No. 17-95) y su Reglamento de Aplicación No. 288-96, del 3 de agosto de 1996;
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto del siguiente

DECRETO:
Artículo 1. - Se crea bajo la dependencia del Consejo Nacional de Drogas la "Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados", la cual deberá velar por el mantenimiento, protección y cuidado de los bienes incautados por violación a la Ley No. 50-88 y sus modificaciones.

Artículo 2. - Esta Oficina levantará un estricto inventario de los bienes bajo su custodia y cuidado, a los fines de establecer controles en relación a su preservación, hasta tanto intervengan decisiones judiciales ordenando el decomiso o devolución de los mismos.

Artículo 3. - La Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y la Administración General de Bienes Nacionales tendrán el acceso permanente que favorezca la vigilancia conjunta de todo el proceso de la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados.

Artículo 4. - Las observaciones y recomendaciones que realicen las instituciones mencionadas en el Artículo 4, deberán ser remitidas a la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas, quien las analizara y decidirá al respecto.

Artículo 5. - La Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas tendrá la facultad de designar, trasladar o sustituir a los miembros de la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados.

Artículo 6. - Los bienes que por su naturaleza puedan depreciarse o queden sujetos a deterioro, podrían ser puestos en subasta o licitación pública, siempre que la persona que figura como titular de los mismos y que se encuentre bajo acusación así lo solicitare mediante comunicación dirigida al Consejo Nacional de Drogas con la firma legalizada notarialmente, procediendo a estimar un precio básico que, de ser aprobado por el Informe Pericial que ordenare la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas, sería el precio de primera puja en el proceso de venta en pública subasta.

Artículo 7. - La Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas dispondrá que las obras de arte incautadas sean custodiadas y cuidadas, previo inventario y valoración, por el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana, hasta tanto intervenga sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que determine su destino.

Artículo 8. - En los casos de piedras y metales preciosos incautados, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas dispondrá su custodia y cuidado por el Banco Central de la República Dominicana hasta tanto intervenga sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que determinare su destino.

Artículo 9. - Las sumas que se generaren de los procesos de subasta pública llevadas a cabo conforme el artículo precedente, se colocaran como Certificados de Depósitos en el Banco de Reservas de la República Dominicana, en cuenta debidamente especializada, hasta tanto intervenga sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que determinare su destinación.

Artículo 10. - En todo caso, el particular que figurare como titular del derecho de propiedad de los bienes de cualquier naturaleza bajo incautación, custodia y cuidado, podrá, mediante Poder Notarial, autorizar a una persona, familiar o tercero, para apersonarse por ante la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados y examinar, conjuntamente con el funcionario que esta encargare, el estado en que se encuentren los bienes bajo custodia y cuidado, para lo cual se llevara un formulario que, bien exprese su conformidad o sus observaciones, caso este para el cual serán remitidos al Consejo Nacional de Drogas quien decidiré al respecto.

Artículo 11. - Cuando la sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada ordenare la devolución de los bienes incautados al inculpado o procesado, el Consejo Nacional de Drogas, previo a la ejecución de la misma, podrá realizar las deducciones que por concepto de la custodia y cuidado de los bienes haya incurrido.

Artículo 12. - Los semovientes (reses, aves, etc.) incautados, podrán ser subastados, previa autorización mediante Poder Notarial del titular del derecho de propiedad dirigido al Consejo Nacional de Drogas, procediéndose a estimar un precio básico que, de ser aprobado por el Informe Pericial que rindiese a la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas una Comisión integrada por un representante del Banco Agrícola, la Dirección de Ganadería y del Consejo Nacional de Producción Pecuaria, el cual, luego de su aprobación, serviría como precio de primera puja en el proceso de venta en pública subasta.

Artículo 13. - El Consejo Nacional de Drogas, conforme al Artículo 20 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, demandará la cooperación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para la seguridad y vigilancia de los lugares que guarnecen los bienes incautados que se encuentran bajo la custodia y cuidado del organismo, quienes estarán obligadas a darle el auxilio que al respecto necesitare.

Artículo 14. - El presente Decreto establece los procedimientos que en relación a la materia deben ejecutarse, así como deroga cualquier disposición de igual género que le sea contradictorio.

Artículo 15. - Comuníquese al Consejo Nacional de Drogas, a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, a la Jefatura de la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la República, a la Administración General de Bienes Nacionales, al Banco Central de la República Dominicana, al Banco de Reservas de la República Dominicana, al Museo de Arte Moderno, al Banco Agrícola de la República Dominicana, la Dirección de Ganadería y al Consejo Nacional de Producción Pecuaria, para su más estricto cumplimiento.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (19 días del mes de mayo del año mil novecientos noventa y siete, año 154 de la Independencia y 134 de la Restauración.

Leonel Fernández
Presidente de La República Dominicana

martes, 11 de noviembre de 2008

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado en el Periodico Hoy

En fecha 10 Noviembre 2008, 11:39 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: Dr. Carlos Hernández Contreras
Especialista en derecho laboral

Me gustaría saber cuál sería el procedimiento laboral para una persona que tiene 10 meses de licencia médica y su empleador tiene los 4 últimos meses sin pagarle su salario; donde el empleado no ha presentado su carta de renuncia, tiene 11 años laborando en la empresa y su empleador no lo ha liquidado, pero ha puesto a otra persona en el cargo, sin haberle dado sus prestaciones laborales; y en donde además, la enfermedad que afecta al empleado fue desarrollada en el lugar de trabajo.


En el caso que usted plantea el contrato de trabajo se encuentra suspendido (Ord. 6° del Art. 50 del CT) pero todavía vigente hasta que se cumpla un año ininterrumpido de licencia médica que le impida al empleado prestar sus servicios.
Durante el período de la incapacidad del trabajador la empresa no está obligada a pagar salario (Art. 50 del CT). Hay abundante jurisprudencia de la Suprema Corte en ese sentido: SCJ 5 May. 1969, B. J. 702, Pág. 975; SCJ 16 Jun. 1978, B. J. 811, Pág. 1211; SCJ 19 Dic. 1984, B. J. 889, Pág. 3358; SCJ 17 Sep. 1993, B. J. 994, Pág. 886.
Cuando se cumpla el año sin que el empleado pueda prestar servicios, el contrato termina; pero no termina por despido ni por desahucio ni por renuncia, sino que termina por aplicación del ordinal 3° del Art. 82 del CT.
En ese caso el empleador deberá pagar una denominada asistencia económica que prevé el citado Art. 82 cuyo monto es ligeramente más bajo que las prestaciones laborales.
Si el empleador se niega a pagar esa asistencia económica entonces el procedimiento a seguir sería interponer una demanda por ante el Juzgado de Trabajo competente, dentro de los tres meses que sigan la terminación del contrato.
En cuanto a la contratación de un empleado sustituto durante la licencia médica, el empleador se encuentra en plena libertad de hacerlo.
Y en cuanto a que la enfermedad se generó en el lugar de trabajo, podría interponerse una demanda en contra de la empresa y demostrar que se trató de una enfermedad profesional o enfermedad laboral. No obstante, la empresa quedaría liberada de responsabilidad si demuestra que el empleado ha estado debidamente asegurado en el seguro de riesgos laborales, vigente desde marzo del 2004 dentro del nuevo sistema de seguridad social.

+ preguntas sobre migración

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Publicado por LISTIN DIARIO
En Fecha 11/11/2008

Yadira responde
Yadira Morel - 11/11/2008

Soy ciudadano americano y mi hijo de 15 años vive ilegal con su madre en Miami. Él quiere venir a vivir conmigo, pero me preocupa que no pueda regresar con su visa de paseo.


Muy válida su preocupación, la visa de paseo de su hijo se canceló por el tiempo que se quedó ilegal en los Estados Unidos. Solicítele la residencia como hijo menor de un Ciudadano Americano; puede hacerle un Ajuste de Status en Miami. Al recibir la residencia antes de los 18 años, y gracias a una Ley del año 2000 (Child Citizenship Act) por usted ser americano, le corresponde la Ciudadanía Americana.
Mi padre es ciudadano americano y aunque soy menor de edad él me dice que no me toca la Ciudadanía, pues él vive aquí desde pequeño. Tu padre tiene la razón, solo te corresponde la ciudadanía si al momento de tu nacer, tu padre era ciudadano americano y había residido en Estados Unidos cinco (5) años, de los cuales dos tienen que haber sido después de haber cumplido los 14 años. Esto se aplica si naciste después del 14 de noviembre de 1986.
Tengo visa de paseo hace 30 años, en mi último viaje por razones de salud me quedé ocho (8) meses. Al regresar la semana pasada me devolvieron del aeropuerto y me cancelaron mi visa que era válida hasta el 2014. El oficial de migración en New York me dijo que tenía que buscar visa de nuevo. ¿Qué usted cree?
Por quedarse ese tiempo usted canceló su visa. Cuando solicite la visa de nuevo presente pruebas que demuestren que se quedó por razones médicas, que pagó sus tratamientos y que tiene suficiente solvencia para pagar futuros tratamientos.

+ preguntas sobre migración

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 11 Noviembre 2008
USA. - La columna de migración
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Derivados de familiares inmediatos

Mi hijo es ciudadano americano. Él trabaja para el Ejército. Me pidió junto con su padrastro, y nos están llegando documentos para completar el caso. Recientemente, pagamos la cuota de US$400 dólares y US$70.00 dólares. Al llenar los documentos, nos dimos cuenta de que nos estaban preguntando si queríamos agregar a un hijo. Aunque no estamos muy seguros, consultamos con mi hijo quien nos dijo que debíamos tirar la aventura para ver si nuestro hijo, que es su medio hermano, puede ser incluido. Ya hemos enviado el acta de nacimiento de él traducida. ¿Qué recomendaciones puede hacernos?

Los familiares inmediatos de ciudadanos americanos no tienen derivados. Esto es algo de difícil comprensión para muchas personas, que ven sus esperanzas frustradas cuando pagan muchísimo dinero para incluir familiares que no pueden ser incluídos. Esto es así porque el Centro Nacional de Visas muchas veces envía los recibos de pago, y luego analiza si la persona califica o no (cuando los pagos ya se han efectuado). No hay devoluciones en estos casos. Para que su hijo pueda irse a los Estados Unidos, tiene que ser pedido por usted cuando se haga residente, o en estos momentos por su hermano, pero todos sabemos que la espera por el número de visa es de 5 años en el primer caso y de aproximadamente 11 en el segundo. Las "aventuras" son adecuadas cuando existen posibilidades, pero no en el caso suyo, porque es un no seguro, no existe posibilidad alguna de que pueda irse ahora, con usted. Le aconsejaría que intentara una visa de estudiante si no tiene con quien dejar a su hijo aquí. ¡Suerte!

Visa vencida y sin residencia

Si una persona va a los EEUU. con visa de paseo y decide quedarse, pero a los dos años decide venir sin tener residencia, sólo con su pasaporte y su visa ya vencida, ¿puede tener algún problema en el Aeropuerto con Migración?Si esa persona no ha tenido problemas legales, no debe haber ningún impedimento para regresar a su país.

Hijos fuera del matrimonio sin visado

Tanto quien suscribe como mi esposa e hijos tenemos diez años de visa norteamericana, pero tengo dos hijos fuera de matrimonio de 8 y 2 años, sin visado. Mi pregunta es: ¿Qué debo hacer para conseguirles visa a estos niños menores de edad pero que su madre no tiene visa? José R. Rodríguez

Si usted vive con ellos, sus posibilidades aumentan muchísimo. También podría tener buenas posibilidades si ellos se quedan con usted cada fin de semana y en verano. De lo contrario, no creo que pueda ayudarlos, a menos que la madre pueda obtener un visado. Otro asunto a considerar es que muchas veces una persona tiene ingresos para poder sostenerse de manera personal, pero no para agregar más personas. El Consulado se resiste a otorgar visas de paseo por 3 y 6 meses, y hasta por un año. La política actual es de otorgar 5 años a menores de edad.

Envíe sus preguntas a: karinaperezrojas@hotmail.com Para citas llame al 809-566-9615
De Karina Pérez Rojas

miércoles, 5 de noviembre de 2008

Nuevos formularios de solicitud de Registro Mercantil

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La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo ha realizado cambios en el formulario de solicitud de Registro Mercantil, por lo que invitamos a todos los usuarios de esta página a visitar la página oficial de la Cámara de Comercio para obtener la nueva versión digital de dichos formularios.

http://www.camarasantodomingo.org.do/

Observaciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia a la Reforma Constitucional

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Es importante visitar este link de la Suprema Corte de Justicia sobre observaciones a la Reforma Constitucional.

http://www.suprema.gov.do/pdf/noticias/Reforma_constitucional/OBSERVACIONES_FINALES.pdf

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Suspensión Condicional del Procedimiento)

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Publicado en DIARIO LIBRE

en fecha 05 Noviembre 2008

CPP. - Código Procesal Penal

Suspensión Condicional del Procedimiento
En el CPP se consagran muchas medidas alternativas, y en lo que respecta específicamente a la Suspensión Condicional del Procedimiento es tan difícil convencer a los fiscales y a los jueces y a la opinión pública de la conveniencia de su aplicación que me parece que en la práctica es letra muerta. Yumaila Jorge.
A propósito de su interesante inquietud, creo que en el país hace falta una investigación de la frecuencia de aplicación de las medidas alternativas, desde la entrada en vigencia del CPP, que nos permita valorar su real impacto en la solución del conflicto penal.
Es necesario que usted entienda que hay dos factores, entre muchos otros que inciden en que haya resistencia a la aplicación de medidas alternativas.
Una es el nivel de impunidad que de modo tradicional hay en la administración de la justicia penal en nuestro país, lo que hace que mucha gente tienda a ver en éstas una nueva forma de ella.
La otra es aún más difícil, pues está conectado con nuestra cultura autoritaria, que hace que el objetivo de toda víctima sea meter preso a su victimario, real o supuesto, sin importar la gravedad del hecho punible.
Muchos de nuestros jueces penales y ministerios públicos y formadores de opinión son parte de esta mentalidad.
Precisamente por eso el CPP, al establecer las condiciones para la aplicación de las medidas alternativas, establece siempre varias condiciones concurrentes, buscando evitar que éstas se asuman como una forma de impunidad o en una forma "legal" de denegación de justicia.
A este respecto, observe que en el caso a que usted se refiere, la Suspensión Condicional del Procedimiento el CPP establece condiciones muy precisas para su aplicación. Tiene que tratarse de infracciones sancionadas con una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años, y sólo pueden beneficiarse de ella los imputados que no hayan sido condenados con anterioridad.
Además, el imputado debe estar de acuerdo con la aplicación de este procedimiento, debe haber admitido los hechos puestos a su cargo, haber reparado los daños causados con el hecho punible y firmar un acuerdo con la víctima o prestado garantía suficiente.
Al margen de las dificultades y obstáculos que supone desarrollar una nueva cultura penal, es necesario apoyar la aplicación de medidas alternativas, siempre respetando de modo riguroso las condiciones establecidas en el CPP.
No me canso de repetir que las medidas alternativas permiten, entre otras, una más adecuada solución al conflicto penal, siendo evidente, por ejemplo que en ellas la víctima obtiene una satisfacción mas inmediata por el daño recibido. También, la aplicación de medidas alternativas contribuye al descongestionamiento de la administración de justicia penal, permitiendo que sus actores puedan ocuparse con mayor dedicación a las infracciones de mayor gravedad.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

martes, 4 de noviembre de 2008

Trabajo presentado por el Magistrado Julio Aníbal Suarez y Pedro Gil Turbides, sobre La Libertad Religiosa en la República Dominicana.

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Tomado de la Pagina Oficial de la Suprema Corte de Justicia

Protección internacional de la libertad religiosa: Puesta en práctica nacional.

Enfoque dominicano.
LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.
Autores: Pedro Gil Turbides ° Julio Anibal Suarez °°
1. introducción al tema.
1.1 Derecho Indicado por la Naturaleza.
Aunque inclinaciones del ser humano hacia la secularidad, impulsadas por la tendencia al bienestar como fin propio de la existencia, el placer sensual como medio para encontrar satisfacciones y la consecución de comodidades como meta material de la vida, tienden a restar cada vez más inclinación del ser humano hacia su Creador, es también cada día más acentuado el fervor de cuantos están convencidos de que una Verdad Suprema, la Eterna Sabiduría, llama a nuestra conciencia en cada minuto de la existencia terrenal.
Numerosas observaciones realizadas por médicos en ejercicio de su profesión o dedicados a investigaciones han contribuido a dar seguridad de que Dios se hace presente en la vida de los seres humanos, y actúa en respuesta a los actos de fe, ostensibles estas observaciones, en procesos de curación. Tales estudios son secuela de esos actos de fe sostenidos por personas en particular, o por comunidades de creyentes que mediante la oración permitieron a pacientes en condición terminal obtener mejor calidad de vida en las horas finales de su existencia, o, en otros casos, alcanzar recuperaciones inexplicables para las ciencias médicas.
Las vivencias de la fe pueden resultar de la inspiración y práctica individual, pero el ser humano encuentra, y lo ha practicado a lo largo de milenios, que la religión es más un sentimiento expresable en la comunidad, y que como en casi toda obra humana de característica social, es una comunidad de intereses, o, en el caso, una comunidad de altruistas intereses iluminados por ese Espíritu de la Verdad Suprema, al que llamamos de manera distinta en unos pueblos y en otros, aunque generalmente identificamos como Dios.
El que prevalezca en una enorme mayoría la inclinación a procurar nexos con Dios, por encima de adversas situaciones de vida social y política, lleva a esos creyentes a tener la seguridad de que Dios trasciende el poder humano, y ha inscrito en sus conciencias su imagen misma, por lo que su búsqueda, la inclinación a tratar con Él, constituye más un Derecho Natural que un Derecho Positivo, aunque del surgimiento de las creencias formales a través de las cuales se le reconoce o se le invoca, deriva el establecimiento de la legislación que ampara ese Derecho.
Tratadistas del Derecho que han incursionado en el campo de la Filosofía sostienen que muy tempranamente en la vida de la humanidad, cuando aún muchas naciones sacrificaban a sus congéneres, al triunfar unos pueblos sobre otros en luchas territoriales o de otras causas, o en la creencia pura y simple de que ello era reclamado por una fuerza sobrenatural que los impelía a ello, el sentido jurídico se adelantaba en la intuición de tales seres primitivos, al compulsar especies de juicios, expeditivos o ponderados por el clan, o por quién en éste ejercía la jefatura, lo que no era más que un proceso de evaluación de los modelos de vida social desde el Derecho Natural al Derecho Positivo.
“El individuo resulta excluido del grupo si viola la usanza (regularidad de las acciones y especialmente de las omisiones) y ofende, de esta manera, la divinidad que preside a la observación de la usanza.
“La muerte del culpable, sacrificado al dios para aplacarlo (cuando no se considere que sea la propia divinidad que lo castigo por venganza, o que castiga a todo el grupo al que pertenece el culpable) revela una primera forma rudimentaria de relación jurídica, si bien todavía bajo la forma de institución religiosa: lo que luego se llamará sanción penal o castigo del culpable es, inicialmente, un rito. Pero con eso se da lugar a la formación de una norma mediante una sentencia, o sea, para la enunciación de una regla de usanza (aquella que ha sido violada) la cual expresa una voluntad sobrenatural” (Sforza, Cesarini, “Filosofía del Derecho”, colección Breviarios del Derecho 
47, Ediciones Jurídicas Europa América (Ejea), Buenos Aires, 1961).
El reconocimiento del Derecho a tener una creencia en Dios bajo cualquier denominación, o la protección a ese Derecho, si nos atenemos al razonamiento expuesto, se encuentra en una indisoluble relación entre los usos sociales de ayer y de hoy, y el surgimiento de la norma jurídica y de la ley, pues si bien la inclinación hacia la creencia surge en una gran mayoría de seres humanos que desde el principio de los tiempos se aferra a su búsqueda más allá de sus conciencias y prácticas, privadas o públicas, las faltas a esas prácticas públicas

o los daños sufridos por el grupo, e imputables a esas faltas, se traducen en una temprana expresión de la norma jurídica que, por supuesto, se transforma conforme evoluciona el propio grupo social.
La ley, formal enunciación de cuanto se convierte en una decisión ordenadora o reguladora del grupo social, no hace sino convertirse en basamenta de todo cuanto la persona humana ha presentido como conveniente
o indispensable para la convivencia y el trato continuado de los individuos entre sí, o de los individuos con los órganos intermedios creados dentro de las comunidades civil y política, y de estos órganos y los individuos con la sociedad; y todo ello, cuanto ha entendido como conveniente o indispensable, es lo que ha sobrevenido con el paso del tiempo como resultado de la acumulación de experiencias o la transferencia intercultural de experiencias, convirtiéndose en el sustrato jurídico que anima la calidad del acto de civilización.

Pero la ley no oculta, ni abroga o suplanta el otro Derecho, aquél que actuando desde la misteriosa e ignota conciencia humana, impulsa a la generalidad de los seres humanos que han sido formados en el núcleo familiar hacia una clara concepción entre el bien y el mal, adoptando lo que se define como una conciencia moral, el que los conduce a actuar sin sujeción a compromisos de grupos y parcialidades, sin ataduras propulsadas por conveniencias, a inclinarse a favor del desvalido y del necesitado, de quien tiene necesidad de amparo y de justicia en un instante determinado; Derecho este otro vinculado con los que se perciben como inmanente principios de vida y convivencia social.
Esta otra forma de Derecho ha cobijado a grandes mayorías de la humanidad que han querido inclinarse siempre, o cuando asume la persona humana esa necesidad de hacerlo, hacia Dios Creador, fuente de fortaleza emocional o inspiración; y de esta irrebatible verdad deriva lo que se ha observado secularmente, cuando personas que han debido ocultar sus creencias las hacen renacer en épocas propicias, tal como lo acontecido en tiempos recientes, a raíz de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cuando ciudadanos de todas las sociedades en las que la prédica del ateísmo constituyó oportunidad de privilegios, resurgieron pregonando o viviendo esas creencias, con la vuelta a los templos para reconducirse sin el sufrimiento de vejámenes, hacia una forma de Verdad guardada en sus conciencias por encima de la verdad oficial o verdad del partido único.
Rafael Bielsa (“Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellví, Santa Fe (Arg.), 1961), sostiene que esta otra forma de Derecho mantiene un lugar bien conquistado, “pues se ha encontrado con otras tendencias o escuelas que durante períodos –algunos largos- desplazaron a ese Derecho de su lugar bien conquistado y merecido, aunque sin poder extinguirlo, porque la enorme pujanza del substratum de justicia y de moral y su sentido de universalidad han asegurado la vitalidad del mismo”, es decir, el Derecho Natural (pág. 347).
Y es, a partir del mismo, en donde prácticamente toda forma de Derecho encuentra la raíz, y de donde debe partirse para entender la necesidad de los Estados de considerar la protección del derecho de las gentes a profesar su fe en un Creador Supremo, guía y sustento emocional de sus vidas.
2. Su discurrir en la República Dominicana.
El vigente texto de la Ley Fundamental de la República Dominicana consagra en el numeral 8 del artículo 8 de la sección I del Título II, el Derecho de la Persona a practicar las expresiones de fe a que se avengan sus deseos o inclinaciones. En efecto, se lee en el citado numeral que se reconoce “la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres”.
En forma más específica varias disposiciones legislativas establecen que en el ejercicio de actividades determinadas no se producirán o aplicarán privilegios
o actos de discriminación basados en las creencias de las personas.
No siempre se concibió de este modo la protección del derecho al ejercicio de una creencia, sino que con la fundación de la República, tal vez por el influjo que muchos sacerdotes católicos tuvieron sobre gran parte de los conjurados que trabajaron para la proclamación de la Independencia, y el papel de otros en la redacción de la Ley Fundamental votada y proclamada el 6 de noviembre de 1844, se consagró que “la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la religión del Estado; sus Ministros, en cuanto al ejercicio del ministerio eclesiástico, dependen solamente de los prelados canónicamente instituidos” (Art. 38, Capítulo II, Título III).
Ello no obstante, el artículo 14, el primero de los mismos Capítulo y Título citados, establecía que “los dominicanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho, y todos son admisibles a los empleos públicos, estando para siempre abolida la esclavitud”.
Celo e influjo eclesial pueden ponerse por entonces de manifiesto en muchos aspectos de la vida dominicana, pero de manera particular aparecen los mismos en el texto del artículo 29 del Bando de Policía del Ayuntamiento de Santo Domingo, que expresaba que “se prohibe el hacer bailes, cenas ni otras diversiones profanas bajo pretesto (sic) de fiesta de Cruz u otras imágenes, velaciones y demás ejercicios de piedad que se profanan indecorosamente con esa mezcla de religión e inmoralidad, bajo pena de cuarenta y ocho horas de cárcel y diez pesos de multa contra el amo de la casa” (Votado el 27 de junio de 1845).
El texto constitucional de 1844, citado, en el artículo 208 del Título XI, comprometía al Estado Dominicano a la procuración de un convenio con la Santa Sede, que no se suscribió sino ciento diez años más tarde. Debe consignarse, sin embargo, que ese texto no hacía sino reivindicar a favor de la autoridad pública del país, el derecho a decidir, o al menos influir en la designación de los Obispos, y señalaba que, mientras ese convenio no se concluyese, estas y otras decisiones se asumirían “conforme a los sagrados Cánones”.
El texto completo de este artículo reza como sigue: “El Presidente de la República está autorizado para de acuerdo con el Diocesano, impetrar de la Santa Sede a favor de la República Dominicana, la gracia de presentación para todas las mitras y prebendas eclesiásticas en la extensión (sic) de su territorio; y además para entablar negociaciones con la misma Santa Sede a fin de efectuar un Concordato. Hasta entonces los asuntos puramente eclesiásticos serán decididos conforme a los sagrados Cánones”.
Este acuerdo, suscrito con la Santa Sede Apostólica fue suscrito finalmente en 1954, y por el mismo se reconoce la personalidad jurídica internacional de ésta y del Estado/Ciudad del Vaticano. Este convenio suscrito por los representantes plenipotenciarios de ambos Estados, Monseñor Domenico Tardini por el Vaticano, y Generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina por República Dominicana, fue firmado el 16 de junio de 1954, y ratificado por el Congreso Nacional de la República Dominicana, el 10 de julio siguiente.
III. LA RELIGIÓN EN LA COLONIA.
3.1 Los Cemíes Aborígenes.
El viaje de descubrimiento impidió que se conociesen lo suficiente los pueblos que entonces se encontraban, como para saber que diferían en la noción que los iluminaba sobre Dios y los modos de glorificarlo; pues todavía al encontrar Güanahaní, en el archipiélago de las Lucayas, al norte de las Antillas, hoy conocidas como islas Bahamas, el descubridor, don Cristóbal Colón, andaba tras Cipango, para desde aquí encaminarse hacia las Molucas, Ceilán y la India, pues únicamente este encuentro lo justificaría ante la corona española, a cuyos reyes, Fernando e Isabel, prometió llegar por la vía marítima, a través del mar Océana, a las tierras de donde llegaban a los europeos, mediante costosas caravanas que cruzaban desérticos suelos del Asia, las especies que se procuraban por este diferente camino.
Debido a las dificultades en la comunicación entre los aborígenes de estas islas y los europeos ocupantes de una de las naves españolas, los descubridores son reenviados hacia el sureste del lugar en que se hallaban, lo que permite tocar las costas del noroeste de Cuba y tras Cipango, las de la isla Bohío, Babeque, Quisqueya o Haití, a la que Colón bautizará como Hispaniola, y que luego se denominará, hasta el presente, Santo Domingo. Aquí, en esta última, tendrá Colón el primer contacto personal y directo con aborígenes de estas islas, y se iniciará el proceso de conocimiento de ambas culturas, sobre todo a partir del segundo viaje del Almirante.
Será entonces que los españoles conocerán de las creencias de los habitantes de estas islas, y comenzarán a darse cuenta de las diferentes formas de culto ofrecidas al Creador, aunque, debido a sus muy particulares ideas, los españoles entenderán que los aborígenes más bien rendían culto a deidades satánicas.
Esta última idea la transmiten Rodrigo de Escobedo y Rodrigo de Triana al descubridor cuando, de retorno a la nave ocupada por el avezado marinero tras varios días internados en la isla, le rinden un informe sobre la forma en que fueron recibidos ambos en Cacuma, poblado que correspondía a la región de Marién, que se hallaba bajo la jefatura de Guacanagarix, aborigen con el cual los españoles mantendrán intenso y frecuente contacto y que será víctima, años más tarde, de la vesania de un bandolero como lo fue Francisco Roldrán que, alzado contra los Colón, decidió quemar el batey o poblado en que residía la corte de este rey aborigen, con el pretexto de que era amigo, confidente y colaborador de don Cristóbal y de sus hermanos, don Bartolomé y don Diego.
Fueron recibidos ambos en la corte, en un amplio bohío que se encontraba en el centro de una plaza, conforme lo describió Escobedo en su informe, y en donde los dos españoles intercambiaron regalos con el cacique y con integrantes de la corte de esta Provincia del noroeste de la isla, pero los regalos fueron llevados a otro bohío, tan amplio como éste en que fueran recibidos, y que se hallaba al otro lado de la plaza, de frente al que servía de asiento al rey, y encontraron unas figuras que Escobedo señala de horrendas, y que calificó como satánicas, cuando entendieron, por los gestos y señas que se hacían -que era como intercambiaban-, que debían rendir culto a esas figuras, hechas unas de madera y algodón de colores, con incrustaciones en pepitas de oro, y otras de barro
Escobedo y Triana se sobrecogieron, y aunque permanecieron en el local, se abstuvieron de participar en los festejos que incluyó una ceremonia con música tocada con atabales, flautas y maracas, y que después, con el paso de los años, los españoles entendieron que formaban parte de las celebraciones rituales propias de estas gentes, desnudos casi todos, con la excepción de los buitíos o sacerdotes que presidían la ceremonia y presentaban los regalos hechos un poco antes por los dos españoles, en manos del cacique y los integrantes de su corte.
Pese a la íntima reacción de reproche que hicieron ambos, y que transmitieron al descubridor en el informe que rindieron varios días más tarde, al reencontrarse, estos españoles se permitieron mantener una actitud comedida y de respeto a cuanto contemplaron en ese primer encuentro entre dos pensamientos y dos culturas diametralmente distintas, separadas no sólo por la inmensidad del mar Océano, como entonces se denominaba al que más tarde habría de llamársele Atlántico, sino divididas también por siglos de transformaciones, pues estos habitantes de las islas hasta entonces tocadas por las tres naves españolas se encontraban en el más tarde denominado período paleolítico de la humanidad, en tiempos en que Europa asistía a cambios profundos que la condujeron al Renacimiento y a la edad Moderna.
Los cronistas no consignan la reacción del descubridor frente a la parte del relato de aquellos a quienes envió una semana antes a indagar sobre las características de esta tierra y estas gentes; pero cabe señalar que algunos días después, cuando la carabela Santa María chocó con un banco de arena y se abrió la quilla, Guacanagarix dispuso auxiliar a los españoles y sacar la carga de las bodegas, de donde devino el dejar a un grupo de 35 navegantes que se albergaron en una especie de torre de maderos, levantada por carpinteros españoles, con la ayuda de mano de obra nativa, puesta al servicio de los europeos por el cacique.
Los españoles viajaban acompañados de tres lucayos, a los cuales el descubridor invitó en Guanahaní para que los acompañase, y como resultado del trato mantenido con los de la parte noroeste de la isla, el cacique dispuso que dos de sus hijos y otros cinco aborígenes viajasen también en la vuelta de las dos naves que quedaban, a España.
Casi todos los llamados “cronistas de Indias” (los padres Francisco López de Gómara, Pedro Mártir de Anglería, Bartolomé de las Casas, y Antonio de Herrera) cuentan que estos aborígenes causaron sensación en la corte española, que en marzo de 1493 se hallaba instalada en Barcelona, y como resultado del contacto de estos nativos de las nuevas tierras y los monarcas españoles, y los miembros de la corte, los aborígenes, por boca de uno de los hijos de Guacanagarix, pidieron ser instruidos y bautizados en la fe cristiana. Mártir de Anglería, que llegó a tener en su casa a uno de éstos, y que lo presentó a miembros de la corte que lo visitaban (él era miembro del Consejo de Indias, creado entonces), piensa que tal vez el descubridor, o quizá uno de los integrantes de la tripulación, lo prepararon para ello.
Como haya sido, lo cierto es que aquello sorprendió a la reina Isabel la Católica, que dispuso que en el segundo viaje del descubridor, hecho ya Almirante, se trajesen sacerdotes católicos y se iniciase un proceso de evangelización, que fue iniciado con los mejores auspicios, pero que, con la explotación de mano de obra aborigen casi en condiciones de esclavitud, fue modificándose el trato entre ambos grupos de nacionales, y en buena medida, aunque el proyecto de evangelización cumplió sus objetivos, recibió críticas de sacerdotes como el padre Las Casas, quien, en uno de sus escritos censura acremente el trato ofrecido a los nativos de las tierras descubiertas a este lado del mundo, y llega a presagiar que España habría de sufrir grandemente como resultado de las persecuciones y atropellos infligidos a estos nativos del Nuevo Mundo.
De todas maneras, los cambios de creencias fueron cumplidos con respeto a la persona de los adoctrinados, sobre todo en la isla Española o de Santo Domingo, como ya comenzaba a denominarse, y las Cédulas Reales emitidas cuando ya los Colón no tenían influencia alguna sobre los procesos de descubrimiento y conquista, previeron este trato considerado en asuntos del trabajo agrícola o la procuración del oro.
En cambio en la parte central del continente, y aún en otros lugares como en la tierra de los incas y quitos ( actuales Perú, Ecuador y partes de Bolivia y Chile), la predicación conllevó escenas de violencia, tal vez porque en no pocos casos a los españoles causaba espanto el observar que muchos de los pueblos eran antropófagos; y aunque estas afirmaciones puedan admitirse como excusa, es preciso leer relatos como los de López de Gómara y Mártir de Anglería para entender, en una época distinta, separada de los tiempos de hoy por casi cinco siglos, el comportamiento de hombres como Hernán Cortez.
Imbuido del papel que se abrogó, este descubridor y conquistador impuso con violencia las creencias cristianas, y ambos cronistas cuentan, tomando al propio Cortez como fuente de sus relatos, que él mismo, y algunos de sus capitanes, echaron a tierra las imágenes de los ídolos en los templos de Technotistlán y en otras ciudades de los diversos pueblos dominados por las fuerzas españolas, contra consejos y previsiones de algunos de los capitanes que lo secundaron en aquellas luchas.
3.2 Surgimiento de la colonia francesa en Haití.
La vida de la colonia de Santo Domingo pasó de ser el centro de gobierno de las tierras descubiertas, a un olvido absoluto de la misma, al extremo de que todavía en los años primeros del siglo XVI, la ciudad de Santo Domingo era un puerto de paso para los aventureros, descubridores y conquistadores que se dirigían a tierra firme, en busca de riquezas y facilidades que no eran ofrecidas por la abandonada colonia. En los días de la Regencia del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros fueron designados sacerdotes benedictinos para gobernar la colonia, que aún era centro gubernativo del Nuevo Mundo, pues en su ciudad capital residía la Real Audiencia que regía las políticas de descubrimiento y colonización y dictaba cuantas medidas eran menester para el cumplimiento de la obra que se encomendaba a los responsables por tales actividades en las islas y la tierra firme.
Contemplaron estos al llegar, la desesperanza que reinaba por entonces en la isla, y escribieron al Cardenal Cisneros solicitando se les autorizase a disponer que ningún español que llegase a la isla pudiera salir de ella sino tras varios años de vida y trabajo en la misma, y haber creado una actividad productiva, fuere en la explotación de minerales o la producción de la tierra y creía de animales, pues señalaron lo antes dicho en el sentido de que la colonia de Santo Domingo se estaba convirtiendo en lugar de paso, y a su capital, y a otras de sus villas y ciudades únicamente se llegaba en tanto se obtenían informaciones relacionadas con el potencial enriquecedor de los nuevos territorios que se iban ocupando en la parte de tierra firme.
Esta situación no dejó de llamar la atención de los monarcas europeos, concitados de por sí con las noticias que llegaban a sus cortes, de los viajes de descubrimiento y las riquezas encontradas. Al promediar este siglo los ingleses y franceses comienzan a merodear la isla, a veces tomándola como punto de avituallamiento o asiento para las correrías contra las naves españolas que desde el continente volvían cargadas de piedras preciosas y metales como el oro y la plata, de regreso a la metrópoli.
Por lo general activos protestantes, estos navegantes comienzan a tener contacto con los aislados colonos españoles que residen al oeste de la isla, a los cuales ofrecen mercancías diversas y textos bíblicos popularizados en ediciones de fácil reproducción, lo que llevará, andando el tiempo, a la extraña disposición de abandonar el oeste de la isla para evitar estos contactos, lo que abrirá el camino a los bucaneros franceses que ocuparán primero la isla Tortuga, al norte de la isla de Santo Domingo, y más tarde, en el curso del siglo XVII, el abandonado oeste de esta última. Pronto estos aventureros establecerán para Francia los primeros asentamientos poblacionales que darán lugar a la creación de la colonia francesa de Santo Domingo, más tarde república de Haití.
Una de las primeras informaciones oficiales sobre la presencia de unos y otros la provee a la corte española el Presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo, el Licenciado Gregorio González de Cuenca, quien escribió al Rey el 2 marzo de 1581, dándole cuenta de que navíos de irlandeses por un lado, y de franceses por otro, se acercaban a la isla, y realizaban actividades de comercio con criollos y españoles residente en la villa de la Yaguana, comunidad asentada al oeste del territorio, en lo que hoy día es la República de Haití.
Aún antes de que el Presidente de la Audiencia remitiera esta información, oidores (concejales) y vecinos habían escrito a la corona, ofreciendo estas noticias, como en el caso del Licenciado Marcelino Aliaga que al ofrecer noticias al rey sobre diversos acontecimientos acaecidos en la colonia, por relación que enviase el 6 de noviembre de 1577, advertía que seis navíos franceses rondaban la isla con el propósito de negociar con los criollos y españoles, y robar a las naves que, cargadas de mercancías, y oro y plata, retornaban a España.
Estos merodeos fueron perseguidos por las autoridades españolas de la colonia desde la parte final del siglo XVI, y en el inicio del siglo XVII se inició una campaña destinada a producir la despoblación de toda la parte oeste de la isla para reconcentrar estos criollos y españoles en nuevas poblaciones en el interior de la isla; y como resultado de la mudanza de los vecinos de Montecristi y Puerto Plata se fundó al nordeste de la capital de la colonia, la ciudad de San Antonio de Monte Plata, y de la reconcentración de los vecinos de Yaguana y Bayajá se fundó la de San Francisco de Bayaguana.
La principal acusación que pesó contra estos moradores, fue la de que proveían de agua potable a los corsarios y piratas ingleses y franceses, intercambiaban otras mercancías, principalmente alimentos, por géneros textiles y textos de la Biblia escritos en lenguas romance, y mantenían trato con estos hombres ateos. Fue, bajo la gobernación de don Antonio de Osorio, que hacia 1606 se produjo la mudanza, y la fundación de las nuevas villas, basados los funcionarios de la colonia en la intolerancia religiosa, que ni siquiera era compartida por el Arzobispo de Santo Domingo.
Esta forma de intolerancia religiosa, por tanto, permitió a los franceses una lenta pero persistente ocupación de la parte oeste de la isla, y hacia mediados del siglo XVII fundaron en las costas, y luego expandieron, la colonia francesa de Santo Domingo. Esta colonia se levantó en armas contra Francia a principios del siglo XIX, y se emancipó con el nombre de República de Haití.
.3.3 Un Estado vigilante de la vida eclesial.
Hay en la vida de las colonias de Santo Domingo, sucesos que permiten advertir diversas formas de intolerancia religiosa vivida, en el pasado, en el territorio de la isla. Tal vez la más notoria de esas formas de intolerancia, y de persecuciones por causa de la fe, fue la vivida en la isla desde los días del movimiento de los criollos franceses de Santo Domingo y el subsecuentemente levantamiento de los esclavos, que condujo a la independencia política del pueblo haitiano. Tanto en este período como en el inmediatamente posterior hasta la proclamación de la independencia dominicana en 1844, las persecuciones por causa de las creencias religiosas fue una constante en la isla.
El levantamiento de los esclavos determinó el asesinato de muchos de los colonos franceses, y los religiosos que servían en la obra apostólica, no fueron menos castigados que aquellos que representaban la opresión y el abuso; pero esos esclavos, sobrepujando a los criollos, enfrentaron al ejército francés enviado a la colonia del oeste para refrenar el movimiento, y estas fuerzas, diezmadas además por la fiebre amarilla, optaron por la retirada para guarecerse en el territorio de la parte este, cedido, en 1795 a Francia, por el Tratado de Basilea.
. Las fuerzas francesas, animadas del espíritu de la revolución, entraron a los templos católicos y a los conventos, de donde sacaron a los religiosos que no juraron fidelidad al gobierno francés, y los expulsaron de la isla. A aquellos que por razones de salud o edad cedieron ante la imposición de los comandantes de la fuerza invasora, se vieron despojados de los ornamentos sagrados, únicamente se les permitió conservar un Breviario, y pudieron mantener la posesión de un hábito corriente (Coiscou Henríquez, Máximo, “Documentos para la Historia de la Colonia De Santo Domingo”, Impresora Rivadeneyra, 2 ts. Madrid, 1973).
Cuando poco tiempo después el Haití independiente quiso seguir los pasos a las fuerzas napoleónicas, prevalidos los emancipadores de la idea de que con su declaración de separación de Francia entraban en posesión de toda la isla, incendiaron pueblos dominicanos del sur y del norte, como Las Matas de Farfán, Neyba y San Juan de la Maguana, y Moca, La Vega y Santiago de los Caballeros, y asesinando a los sacerdotes que encontraban en aquellos lugares.
Con el sojuzgamiento del pueblo dominicano a partir de enero de 1822, tras la expulsión de España y la proclamación de la posteriormente llamada “independencia efímera”, se llevó a cabo otra campaña igualmente identificable como de persecución o de intolerancia religiosa, pero, la necesidad de alcanzar reconocimiento de su proceso independentista por las grandes potencias, alcanzar un acuerdo con la antigua metrópoli y el pacto con Estados Unidos de Norteamérica para acoger como inmigrantes a esclavos en el período de gobierno de Jean Pierre Boyer, hizo que estas prácticas se relajasen y que la Iglesia Católica lograra alguna forma de convivencia con el régimen, a uno y otro lado de la isla.
Pero aún antes de que se vivieran tales situaciones , en épocas en que el imperio español se proclamaba promotor de la fe católica, alguna forma de control o reglamentación del ejercicio de la fe, era practicado por el Estado colonial, si son analizados con atención acontecimientos diversos ocurridos desde los días mismos del descubrimiento.
La más recordada muestra de intolerancia se presenta en los días en que la colonia de Santo Domingo se consolidaba y, bajo el Virreinato de don Diego Colón, se reforzaba el repartimiento de los aborígenes para constituir lo que históricamente se ha denominado “las encomiendas”, especie de apropiación de la vida –y las tierras- de los primeros pobladores de la isla, y de su agrupamiento bajo la férula de un español, encomendero a quien se le asignaba un cacique o un nitaíno, con familias aborígenes de su dependencia, que se veían obligados a laborar para que el amo español disfrutase su vida en las nuevas posesiones.
Un sacerdote dominico español, el padre Antón de Montesinos, hastiado de contemplar el tratamiento en oportunidades que se daba a aquellos nativos, escogió el tiempo litúrgico del Adviento, y en el primer día de estas celebraciones que recuerdan el nacimiento terreno de Jesús, enfrentó a los españoles en una homilía históricamente conocida como “el sermón de Adviento”, pronunciado por ante el Virrey y los señores de la corte insular, los propietarios y grandes capitanes, que determinó una especie de juicio contra la Orden de Predicadores ante el Consejo de Indias, y una ulterior serie de consultas a hombres como don Francisco de Vittoria que, con el andar del tiempo, dio lugar a la serie de Cédulas Reales que obligaron a ofrecer un tratamiento diferente a los aborígenes. Lamentablemente, los de la Hispaniola prácticamente se habían extinguido, y fue, con el correr del segundo decenio del siglo XVI, que, tras la necesidad de pactar con el cacique Enriquillo, se creó un poblado especial para los nativos que quedaban en la isla.
Al margen de esas consultas, y antes de que se realizasen las mismas, y de que se evacuasen las opiniones expuestas al Consejo, y posteriormente a la Regencia de Cisneros, y más adelante al rey Carlos I (Emperador Carlos V). los dominicos quedaron sujetos a una serie de interrogatorios en el Consejo de Indias, como lo señala Mártir de Anglería, actor de aquellos sucesos y, como se lleva dicho, miembro de dicho Consejo. No era aquello hostigamiento ni mucho menos, pero las quejas de los españoles propietarios de Santo Domingo, molestos por el contenido del “sermón de Adviento”, determinaron aquella especie de juicio cumplido por más de siete años. Pero no es lo único que aparece en la historia.
El 8 de mayo de 1577 el Rey Felipe V emitió una Real Cédula para requerir al Arzobispo de Santo Domingo que revocase un edicto de excomunión pronunciado contra el Presidente y los Oidores de la Real Audiencia de Santo Domingo, quienes, violaron la inmunidad consagrada a los transgresores de disposiciones jurídicas y normas de vida, y se acogían al amparo de los templos, y penetraron la entonces llamada Iglesia mayor, actual Catedral Primada de América, y sacaron al criminal.
En esa Real Cédula se dice que “Nos somos informados que el Licenciado Cabezas de Meneses, Oidor de la Real Audiencia que reside en esa ciudad, sacó de la Iglesia mayor un delincuente por haber cometido un delito aleve y sin pedirse ninguna explicación de la dicha Audiencia vuestro Provisor excomulgó al Presidente y Oidores y se puso en entredicho a la misma, siendo el caso que el delincuente no gozaba de la inmunidad de la Iglesia” (Incháustegui, J. Marino, investigador y compilador, “Reales Cédulas y Correspondencia de Gobernadores de Santo Domingo, tomo II de la Colección Histórico Documental Trujilloniana, Impresora Gráficas Reunidas, Madrid, 1958, página 567) (La redacción de esta cita fue modificada, pues en la copia del documento original del Archivo de Indias, de Sevilla, figura con un castellano arcaico).
IV. LA RELIGIÓN EN LOS INICIOS DE LA REPÚBLICA.
4.1 La penetración protestante.
Son los norteamericanos los primeros que penetran la isla con prédicas religiosas distintas al catolicismo, años antes de la proclamación de la República Dominicana, con misiones destinadas a la atención espiritual de los grupos de emigrados llegados procedentes de los estados del norte de la Unión Americana, y asentados en la parte de la antigua colonia española, durante la dominación haitiana, en la península de Samaná, y en otros lugares de la isla. El primer misionero lo fue el Reverendo Isaac Miller, de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, de Filadelfia, llegado a la parte antigua española de la isla, como acompañante de 200 norteamericanos negros procedentes de esa parte de ese país.
George Lockward Stamers, quien era evangélico metodista, en investigaciones realizadas para determinar cómo llegaron esas expresiones de fe cristiana al país, determinó que Miller vivió en la península por varios años, en donde tuvo familia, y sus descendientes todavía son miembros de la comunidad dominicana de aquella región, y guardan el recuerdo de su antecesor.
Ese viaje se produjo en 1824, año de la llegada de los primeros emigrantes norteamericanos a la isla, como resultado de un convenio suscrito entre el Presidente de Haití, Jean Pierre Boyer y el gobierno norteamericano, resultado de lo cual pudieron venir como inmigrantes para ser asentados sobre todo en la parte este de la isla, 6,000 negros libertos de los estados del norte de Estados Unidos, y el misionero Miller acompañó a cuantos provenían de Filadelfia, por decisión de la Iglesia a la que pertenecía.
Con posterioridad, en 1833, y en interés de ofrecer asistencia espiritual a otros grupos, incluyendo los francoparlantes, la Sociedad Metodista de Londres, agrupación separada de la Iglesia Episcopal, se inclinó porque uno de sus misioneros viniese a la isla de Santo Domingo, designándose inicialmente al Reverendo John Tindall, quien viajó con su familia para establecerse en Puerto Plata, pues la parroquia creada por la Sociedad inglesa cubriría servicios religiosos para Cabo Haitiano, Puerto Plata y Samaná.
Tindall enfermó del hígado y se envió en su lugar a William T. Cardy, respecto de quien Lockward Stamers realizara unas investigaciones que publicó bajo el título de “Cartas de Cardy, Primer Misionero Metodista en Samaná”, (Editora Educativa Dominicana, 1988). Como resultado de sus testimonios documentales, pues Lockward Stamers localizó cartas enviadas por Cardy a sus superiores en Londres, puede afirmarse que las actividades de esos años fueron realizadas con dificultades, pero sin persecuciones, obstáculos ni ensañamientos contra la obra religiosa que cumplieron unos y otros.
En efecto, obstáculos tuvieron, puesto que en esos años no existían sistemas de comunicación apropiados, y Cardy narra en sus cartas dirigidas a la Sociedad en Londres, los tortuosos viajes por tierra que debía realizar para trasladarse de uno a otro lugar, sobre todo entre Puerto Plata y Samaná, pero explica que en los lugares en que pernoctaba, aún cuando denotaba que era un predicador cristiano no católico, no hallaba dificultades, ni fue jamás perseguido por ello.
En Samaná llegó a encontrar algunas formas de irrespeto de parte del comandante militar de la plaza, quien los domingos al atardecer, cuando Cardy reunía a los feligreses que ya había conquistado, o que provenientes de Estados Unidos se mostraban inclinados hacia expresiones del protestantismo, y acudían a sus llamados, reunía a los comisarios bajo su dependencia, y les transmitía las órdenes en alta voz, lo que Cardy llegó a interpretar como intentos de interrumpir sus prédicas; pero fuera de estos intentos de estorbo, ese mismo comandante, a quien no menciona por su nombre, nunca intentó detener sus actividades.
De igual modo refiere que en alguna ocasión, al viajar por comunidades de la península, alquiló casas para dedicarlas un día a su labor pastoral y que, preparándose él para cumplir su misión, llegaba al local alquilado alguna persona vinculada a quien le alquiló para decirle que debía concluir temprano, pues en el mismo lugar se montaría un “fandango” (utliza este vocablo que es un localismo que denota fiesta popular) un poco más tarde. Pero ni siquiera encontró oposición del sacerdote católico, a quien se refiere sin escribir su nombre, y a quien alude señalando que “una persona que no conozca el papismo no puede hacerse una idea de cómo son ellos. El farisaico orgullo y destén resulta tan natural que surja entre ellos. El engaño de la regeneración por medio del bautismo, sus pomposas ceremonias, su aceptación de ofender el día del Señor al traficar con alimentos. La confesión auricular. Milagros pretendidos. Purgatorio y etc., etc., éstos son los monstruosos errores que últimamente he visto bien conocidos en países tales como Inglaterra, pero que siguen campantemente vigentes en las mentes de almas por quienes murió el Salvador” (página 96, ob. Cit.).
4.2 La clerecía católica y la declaración de Independencia.
El que afirme que esas primeras misiones pudieron laborar sin persecuciones ni acciones contrarias a su ministerio no invalida una realidad ya trasuntada de cuanto se lleva dicho, o de cuanto se dirá más adelante, y que se relacionada con el enorme influjo que tiene la fe cristiana predicada por la Iglesia Católica, particularmente influyente en el proceso mismo de la Independencia, ya que el principal promotor de ésta, Juan Pablo Duarte Díez, era miembro de familia que profesaba esta fe, y que hasta el fin de la vida de todos los suyos en esa generación, hicieron ver su inclinación por esta expresión de su religiosidad.
Una hermana del Fundador de la República, Rosa Duarte Díez, quien recogió casi toda la documentación conservada por el patricio, y años después de la muerte del mismo hizo entrega de ella, con una especie de introducción escrita por ella, al Maestro don Federico Henríquez y Carvajal consigna, en la parte que ella escribió, que Juan Pablo era hombre de fe, y que desde muy niño aprendió el catecismo, y lo recitaba de memoria. Cuando expulsados él y toda su familia, incluyendo su madre, e idos a Venezuela, en donde residían parientes, Juan Pablo se fue a las selvas del Orinoco, en donde cumplió tarea de misionero junto a un sacerdote, el padre San Gení, que lo aprovechaba, sus conocimientos, su mística inclinación, para hablarles a los aborígenes de la región sobre el cristianismo católico.
Esa proclividad de Duarte lo condujo a integrar al padre Gaspar Hernández como consejero, tal vez asesor, de los jóvenes que captaba para el movimiento separatista que fundó el 16 de julio de 1838, fecha que escogió, conforme habría de decir años más tarde uno de los conjurados, José Joaquín Pérez, porque era fiesta de la Virgen María (bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen) y porque con las celebraciones en el templo que desde los días de la colonia se consagró a ella (justo frente a la casa de los Pérez, en cuya vivienda se reunieron para constituir el movimiento conspirador) los haitianos no podrían darse cuenta que un grupo de jóvenes se reunía, y por consiguiente, prestarían poca atención a los mismos.
El padre Hernández era peruano, pero el desdén de los altos oficiales haitianos hacia la fe católica, las persecuciones cumplidas contra la clerecía católica en los primeros años después de la invasión, lo inclinaron por la conjura de los jóvenes guiados por Duarte, y, en adición, se dedicaba a escribir a la Capitanía General y Gobernación de Puerto Rico, sobre el estado en que vivía la parte del este. Algunos Boletines del Archivo General de la Nación, publicados en el decenio de 1950, reproducen algunas de esas cartas, en las que hace críticas diversas a los soldados haitianos.
No fue él, el único sacerdote católico que formó parte del movimiento independentista, y como dato curioso cabe consignar que Carlos Nouel, que abrazó el sacerdocio ya en edad avanzada, luego de haber enviudado de una hija de don Tomás Bobadilla, uno de los renuentes integrantes del movimiento separatista, que luego de proclamada la independencia jugó prominentes papeles directivos en la vida dominicana, fue padre del sucesor de Monseñor Fernando Arturo de Meriño Ramírez en el gobierno de la Iglesia, consagrado en 1906 como Arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Nouel.
Esa influencia es notoria en el hecho mismo de que Monseñor de Merino y Monseñor Nouel fueron ambos Presidentes de la República, el primero por elección en 1880 y el segundo en medio de una trágica y dolorosa guerra civil en 1914, cargo del que renunció debido, justamente, a que no logró concertar las voluntades de las fuerzas políticas que se alzaban contra la paz de la Nación y que, a poco, y como resultado de sus acciones, dieron lugar a la primera intervención militar norteamericana en Santo Domingo, en 1916.
Tal vez debido a ello, en varias ocasiones se ha consagrado a la Iglesia Católica como religión del Estado, y aunque en la actualidad el texto vigente de la Constitución consagra la libertad de cultos y de conciencia, no es menos cierto que la vinculación de la misma con el Gobierno Dominicano es destacada. Pero esa relación, estrecha si se quiere, no obstaculiza la relación que se tiene con otras denominaciones cristianas.
V. RAFAEL L. TRUJILLO Y LA RELIGIÓN.
5,1 Dos vivencias diferentes.
Como se vio por la firma del concordato, a la administración de Rafael
L. Trujillo correspondió ofrecer las bases para la organización de la Iglesia Católica en la República Dominicana, pero también a él, en las postrimerías de su régimen de treinta y un años, correspondió urdir planes para combatir ese trabajo suyo anterior, como reacción al apoyo del catolicismo a sus contrarios políticos, sobre todo a los involucrados en el movimiento subversivo descubierto en enero de 1960.
Trujillo provenía de humildes familias de la región sur de la República, cercana a la ciudad de Santo Domingo, y una de las ramas, la de la madre, era de vida piadosa, vinculada a don Pedro Alejandrino Pina, uno de los conjurados de la Trinitaria, el movimiento que desde 1838 secundó a Juan Pablo Duarte en los trabajos de fundación de la República. El sentía orgullo de esa parentela, y a su tío Teódulo Pina Chevalier siempre lo distinguió con posiciones honoríficas que lo distinguían y exaltaban. La otra rama, la del padre, se hallaba vinculada a uno de los oficiales españoles llegados al país en el período de la anexión a España, en 1861, de donde provenía el apellido Trujillo.
Los descendientes de don Virgilio Álvarez Pina, sobrino de su tío Teódulo, acaban de publicar una obra, especie de memoria, bajo el título “La Era de Trujillo, narraciones de Don Cucho”, donde don Virgilio cuenta las circunstancias que dieron lugar a la nueva y distinta relación entre Trujillo y la jerarquía católica, y que condujo a persecuciones y asesinatos de seminaristas y sacerdotes, y a una campaña de descrédito contra los Obispos.
En el curso de los años de 1930 a 1960, Trujillo se constituyó en el gran protector del catolicismo, al extremo de que hizo llegar órdenes religiosas, de monjas y sacerdotes, para que organizasen instituciones educativas que han servido, desde los años de 1932 en adelante, cuando inició aquellas tareas, hasta la fecha, como puntales de la educación básica y media, y la Iglesia como institución, no sólo para que se dedicase a las tareas de prédica del Evangelio, sino en la obra de organización de la vida de las familias, decaídas por los siglos de abandono durante la época colonial, y de luchas civiles y contra invasores extranjeros que se inclinaban –en una época u otra- por suplantar a España en el dominio del Santo Domingo del este de la isla.
Tras la invasión del 14 de junio de 1959, patrocinada por Fidel Castro, Rómulo Betancourt, José Figueres y Luis Muñoz Marín, comenzó a surgir un movimiento conspirativo que resultó tanto de los nuevos tiempos a que se abría la política de Estados Unidos de Norteamérica, como de la inmisericorde matanza a que dio lugar dicha invasión que penetró por tres puntos diferentes de la República, como fueron las zonas costeras del Atlántico, Estero Hondo y Maimón, y el valle intramontano de la cordillera Central, en las cercanías de Constanza; pues a los que no resultaron muertos en las acciones de guerra al penetrar el país, los mataron posteriormente en la base aérea de San Isidro, y señala don Virgilio Álvarez Pina que por instrucciones del hijo mayor de Trujillo, Ranfis, quien era jefe de esa rama armada, y de quien ahora se sabe, por la publicación del libro, que pasó cuenta a su padre por la suma de US$10.0 millones, por gastos en los que debió incurrir por la consumación de estamatanza (Álvarez Pina, Virgilio, “La Era de Trujillo, Narraciones de don Cucho”, Editora Corripio, Santo Domingo, 2008).
Ese movimiento conspirativo cobró fuerza, e involucró a jóvenes de familias del entorno político, social y económico del propio Trujillo, conformerefiere Álvarez Pina, al extremo de que el dictador se sorprendió cuando le fue suministrada la lista de los apresados; pero contra los consejos que les fueron ofrecidos por el sector moderado de su régimen, se inclinó por los métodos más bárbaros e inhumanos a que recurría el jefe de su Servicio de Inteligencia Militar (SIM), Johnny Abbes García. Este autor al que venimos citando dice que “Trujillo obcecado por la influencia de Abbes, no cedía a los constantes reclamos que se le hacían. Por el contrario dio luz verde a las atrocidades del jefe del SIM, a tal extremo que ni militares ni civiles cercanos al régimen se encontraban a salvo” (página 126, ob. Cit.).
“La propia Iglesia Católica, aliada tradicional de Trujillo –dice el autor citado-, hizo sentir a través de dos cartas pastorales su inconformidad por el trato que recibían los presos políticos y por la intranquilidad y angustia que reinaban en la mayoría de los hogares dominicanos” (idem, página 126).
Trujillo se dedicó a hostigar a la curia católica con múltiples procedimientos, incluyendo desaforadas afirmaciones hechas desde programas de comentarios políticos en una radioemisora que instaló con una enorme capacidad en sus equipos transmisores, Radio Caribe; con su asistencia a la inauguración de templos de otras denominaciones religiosas lo cual, si bien no es censurable, lo era en aquel instante, justamente porque esa no había sido su costumbre a lo largo de los treinta años anteriores; con la colocación de letreros insultantes en puertas de templos y casas parroquiales, con el objetivo de amedrentar a sacerdotes que, desde entonces, comenzaron a denunciar en el púlpito, males sociales y políticos vividos por la sociedad.
Algunos Obispos, como Monseñor Francisco Panal, O.F.M., quien encabezaba la Diócesis de La Vega, llegó a recibir a quien, no siendo Presidente de la República era, sin embargo, el jefe supremo de las fuerzas políticas y militares del país, y que mantenía aherrojado al pueblo, en unos célebres oficios religiosos en los que, llamándolo “querido y amado Jefe”, le enrostró parte de lo que decían las cartas pastorales, pero, además, le habló de la pobreza en que vivían familias campesinas, y del temor por los apresamientos a que se sometía, indiscriminadamente, a las gentes. La respuesta fue el inicio de una campaña de embadurnamiento de la casa Obispal y de otras viviendas de sacerdotes, con excrementos humanos. A ello respondió el pueblo, sobre todo de las zonas rurales, rodeando el Templo de la Catedral de La Vega, la residencia del Obispo y otras de las viviendas embadurnadas, con miles de campesinos armados de machetes, a lo cual Trujillo no se atrevió a enfrentar.
A éstas y otras acciones y respuestas, a lo mejor, se debió un intento de mediación del que se encargó a quien escribió la obra citada; pero era evidente que ya era muy tarde, y el propio Trujillo llegó a comprenderlo. Joaquín Balaguer, quien entonces encabezaba el país como Presidente de la República, habría de consignar más tarde, en la apología que pronunció en la primera inhumación de los restos de Trujillo en la Iglesia principal de su pueblo natal, San Cristóbal, que unos días antes le pidió le escribiese un discurso para ser pronunciado en la consagración de un templo de la Iglesia Evangélica Templo de Dios, y le pidió que en ese discurso hablara de la muerte. Ahora, con la publicación de las memorias de Álvarez Pina se sabe que días antes de su asesinato, Trujillo se despidió de él y de otro de sus colaboradores, Rafael Paíno Pichardo, señalándoles que tal vez no lo volverían a ver.
VI. Normativa jurídica.
6.1 Efectos y alcance de los tratados internacionales y su aplicación en el país.
Por mandato del artículo 3 de la Constitución de la República Dominicana, las convenciones internacionales, una vez ratificada por el Congreso Nacional forman parte del Derecho objetivo dominicano, incluida, claro está, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás instrumentos de protección a los derechos políticos y civiles del hombre. DE manera específica dicho artículo expresa: “La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado”.
Se debate si el Tratado Internacional tiene la misma jerarquía que la ley nacional o si tiene supremacía sobre ella. En ningún momento se ha puesto en duda la jerarquía suprema de la norma constitucional sobre otras normas jurídicas, de la naturaleza que fuere, lo que ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia, al desconocer disposiciones de un Concordato suscrito por el Estado dominicano y la Santa Sede.
La Corte de Casación ha decidido que “los Tratados internacionales debidamente aprobados por el Congreso tienen la autoridad de una ley internas, en cuanto afecten derechos o intereses privados objeto del acuerdo, por consiguiente, los tribunales no tan sólo tienen el derecho, sino que están en el deber de interpretar los tratados, en la medida en que la aplicación de una de sus clausulas pueda tener influencia en la solución de un litigio de interés privado, esta interpretación, como las de las leyes, está sometida al control de la Suprema Corte de Justicia; que como materia propia de juicio también corresponde a los tribunales resolver, bajo el control de la casación, si un tratado internacional, lo mismo que las demás leyes, son o no compatibles con la Constitución. (sentencia del mes de enero del 1961).
Una propuesta de reforma constitucional presentada a la Asamblea Nacional por el Presidente de la República recientemente, despeja toda duda al respecto, pues la misma instituye el control preventivo de los tratados internacionales, a cargo de la Sala Constitucional, antes de su ratificación, para evitar la aprobación de un Convenio Internacional que fuere contrario a la Constitución de la República.
En principio los Tratados internacionales tienen igual jerarquía que la ley nacional, prevaleciendo el principio de que una ley posterior deroga una ley anterior, aunque en el caso de las convenciones internacionales, tal proceder constituye una violación del Estado dominicano a obligaciones contraídas ante organismos internacionales, con la consecuente responsabilidad para el país.
Sin embargo el Código Procesal Penal, en su primer artículo reconoce primacía, no tan solo a los tratados internacionales, sino además, a las interpretaciones que den los órganos jurisdiccionales “creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen sobre la ley”.
De ser aprobada la propuesta de reforma constitucional antes indicada, la situación variaría considerablemente, pues en ella se plantea que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por la República Dominicana, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio mas favorables a las establecidas por ésta Constitución, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Estado” (artículo 62, numeral 3, del proyecto de reforma constitucional).
No existe en el país una ley regulatoria de la libertad de cultos o de religión. Como ya se ha expresado, la Constitución de la República expresa en el numeral 8, del artículo 8, expresa, que para garantizar la finalidad principal del estado de protección efectivo de los derechos de la persona humana, se garantiza “La libertad de conciencia y de Cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres”. También a través del numeral 15 de dicho artículo el Estado se compromete a dar la mas amplia protección posible a las personas para robustecer su vida moral, religiosa y cultural. Se trata del enunciado de un derecho y de una obligación , que han debido ser regulados por una ley adjetiva, que señale sus alcances, efectos y garantice su pleno disfrute, con la imposición de sanciones para quien lo viole.
Sin embargo esa ley no existe, lo que no implica que no se encuentren los mecanismos para su viabilidad, pues el mismo se encuentra insertado de manera dispersa en normas legales referentes a instituciones del Estado, o la regulación de otros derechos, como son la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado de Educación, la Ley que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y adolescentes, Ley de Protección a la mujer, la que crea el Régimen Penitenciario y el propio Código Penal.
A esto debemos agregar que como consecuencia de la fuerza reconocida a los convenios internacionales, de lo que ya hemos hablado anteriormente, han de aplicarse las normas de éstos que se refieren al asunto.
En ese sentido constituye un mandato legal, el contenido del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 1948, el cual dispone: “ Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”,
En ese mismo orden de ideas, “nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión
o las creencias de su elección”, como no es posible desconocer la libertad de los padres, “para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, como lo dispone el también artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre del 1966, por haber sido ambos instrumentos de protección a los derechos humanos aprobados por nuestro órgano legislativo.
Esas normas productos de convenciones internacionales, así como las consagradas en las Reglas Mininas para el tratamiento del delincuente, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, encuentran plasmadas, en algunos casos, casi textualmente en la legislación interna, como veremos mas adelante.
6.2. Derecho a la Libertad religiosa o a la religión cristiana?
Hay que resaltar que si bien la Carta Sustantiva de la Nación reconoce la libertad religiosa, sin plantear excepciones, ni el tipo de religión a que se refiere, existen leyes que enfatizan que ésta debe estar basada en los principios cristianos, todo apunta a que el constituyente al concebir la libertad de cultos pensó en los principios cristianos, de donde que se deriva que el articulo 96 de la Constitución de la República, precisa que el escudo nacional deberá llevar en el centro el libro de los evangelios, abierto con una cruz encima, debiendo contener la leyenda “Dios, Patria y Libertad”.
Algo similar encontramos en la Ley General de Educación 66-97, del 9 de abril del 1997, la cual en uno de sus principios proclama que “todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos evidenciados por el libro del Evangelio que aparece en el Escudo Nacional y en el lema “Dios Patria y Libertad”.
De ahí que podría interpretarse que nuestra libertad religiosa se enmarca dentro de los principios cristianos, aunque, hemos de admitir, en nuestra normativa jurídica no hay ninguna alusión a esa restricción, la cual por demás no lo permiten los instrumentos de protección a los derechos humanos de los cuales es signatario el país, pero en el ánimo de quien hace uso de la misma se encuentra esa limitación, desconociéndose la práctica, por lo menos a nivel público de creencias religiosas contrarias a los principios cristianos.
La Libertad religiosa, vista por el legislador constitucionalista, era la libertad de la practica de la religión católica, pues la Carta Magna de la Nacion preconizaba que ésta era la religión del Estado, limitando el ejercicio de otros cultos al ámbito de sus templos, lo que permaneció hasta el año 1924, cuando el artículo 9, acápite 10 de la Constitución estableció la libertad de cultos, sin esa limitante.
Esa incentivación de la practica de la religión cristiana, que nos induce a pensar que la libertad de cultos en el pais se ha instituido teniendo en cuenta esa religión, se resalta en el contenido de la Ley 44-00, del 6 de Julio del 2000, que establece la obligación de la lectura de una porción o texto bíblico a los estudiantes a nivel inicial, después del izamiento de la Bandera y entonación del himno nacional.
De igual manera se dispone la impartición de instrucción biblica por lo menos una vez a la semana, en base a programas propuestos por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en representación de la Iglesia Católica y la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica, que agrupa a los profesantes de otras ramas del cristianismo no católico.
La libertad de cultos se garantiza porque se ofrecen dos programas de instrucción bíblica individuales, uno por cada órgano o autoridad religiosa competente y porque los padres de los alumnos pueden ser liberados de esa obligación, si lo solicita por declaración escrita.
Como fundamento para adoptar esa medida legislador considera que el Libro del Evangelio o Biblia es la fuente primigenia y esencial de los principios y valores cristianos y que “es la colección de libro mas importante de la historia de la humanidad y considerada, en el aspecto literario como el aporte mas importante a la cultura universal.
6.3 Leyes adjetivas que reconoce libertad religiosa.
6.3.1. Sistema educativo
La Ley que organiza y regula la educación superior hace un reconocimiento a la libertad religiosa y es mas explicita que otras disposiciones que tratan el tema al precisar que “los padres o los tutores tienen el derecho de que sus hijos o pupilos reciban la educación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, advirtiendo quela “enseñanza moral y religiosa se guiará con sujeción a los preceptos constitucionales y a los tratados internacionales de los cuales el Estado Dominicano es signatarios.
La ley autoriza a las escuelas privadas a ofrecer formación religiosa, de acuerdo a su ideario pedagógico, pero debiendo respetar la libertad de conciencia. Para las escuelas públicas crea la obligación de impartir enseñanza religiosa de acuerdo con los convenios internacionales, permitiendo que los padres soliciten que sus hijos sean exentos de la misma, pero plantea la elaboración de programas alternativos en estos casos, de acuerdo con las autoridades religiosas, pero sin precisar cuales son esas autoridades.
La ley crea una Junta Regional de Educación y cultura, tendiente a definir, fomentar y supervisar el desarrollo de la educación, entre cuyos miembros directivos se encuentran un representante de la Iglesia Católica y un representante de las iglesias cristianas, no católicas.
6.3.2. Niños, Niñas y Adolescentes:
Aunque no contiene muchas alusiones a la libertad religiosa, limitándose a mencionar el derecho a la religión, el Código que instituye un sistema de protección para éstos, declara que ellos “gozan de todos los derechos fundamentales consagrados a favor de las personas, especialmente aquellos que les corresponden en su condición de persona en desarrollo, y los consagrados en este Código, la Constitución de la República, la convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales” (art. 1), de donde se deriva la fuerza de ley que tiene el artículo 14 de esa convención, que garantiza la libertad de conciencia y religiosa, obliga a los Estados a respetar la voluntad de los padres en la formación religiosa de ellos limita la libertad de profesar la propia religión, son en los casos que haya que proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás, siempre teniendo en cuenta el alto interés del menor.
6.3.3. La libertad de cultos y el Código Penal.
El Código Penal en su artículo 260, sanciona a los que con amenazas
o vías de hecho obligaren o impidieren a una o mas personas, el ejercicio de la religión católica, de uno de los cultos tolerados en la República, o la asistencia al ejercicio de esos cultos y a los que del mismo modo impidieren la celebración de ciertas festividades o la observancia de los días de precepto, con una multa de diez a cien pesos y prisión correccional de seis días a dos meses; También el artículo 261, dispone que “los que por medio de violencias, desorden o escándalo, impidieren o turbaren el ejercicio del culto católico, y de los autorizados por la ley, dentro o fuera del templo o lugar destinado para ese ejercicio, serán castigados con la pena de prisión de seis días a dos meses y multa de diez a cien pesos.”
Mientras que el 336, sanciona a las personas que incurran en discriminación contra una persona física o moral por pertenecer a una religión determinada, con la pena de dos años de prisión y cincuenta mil pesos.
Se observa que los delitos contra el libre ejercicio de los cultos, deben ser dirigidos contra el ejercicio de la religión católica o de uno de los tolerados en la República, lo que implica que no todos los cultos son susceptibles de ser ejercidos en el país.
Pero de igual manera el Código Penal castiga a los sacerdotes y ministros de cultos que, en el ejercicio de su ministerio, o en asambleas públicas, pronunciaren discursos vituperando o censurando las medidas del gobierno, las leyes, decretos o mandamiento e poderes constituidos o cualquier otro acto de autoridad publica, con prisión correccional de tres meses a dos años.
Esa sanción es una clara violación al derecho de expresarse que tiene la persona y atenta contra la libertad de cultos, pues tiene un carácter de intolerancia al sancionar críticas que se formulen a quienes detenten el poder público y restringen el derecho de los profesantes de expresar libremente sus ideas religiosas.
6.3.4. Régimen Penitenciario.
Basado en Las Reglas Mininas para el Tratamiento de los reclusos, aprobadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento del delincuente, el 30 de agosto del 1955, la Ley 224, del 26 de junio del 1984, que crea el Régimen Penitenciario, garantiza a los reclusos el derecho a comunicarse y mantener contacto con representantes autorizados de su religión y, en la medida de lo posible, autorizar “a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndole participar en los servicios religiosos organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa”, disponiendo que toda actividad religiosa de los reclusos deberá ser absolutamente voluntaria.
VII. Libertad de Cultos y los tribunales de justicia.
La peculiaridad de la libertad de cultos se advierte en algunas de las actuaciones de los tribunales de justicia. Frente al magistrado que preside las audiencias de un tribunal está presente un crucifijo, con la imagen de Jesús, frente al cual han de jurar aquellas personas que depongan como testigos en un proceso cualquiera.
Aunque el juramento es de decir la verdad sobre los hechos conocidos, sin exigirse ninguna invocación especifica, la naturaleza y origen del juramento es religioso y podría constituir un atentado al derecho de las personas que no comulgan con ninguna religión.
Son escasas las decisiones de los tribunales sobre cuestiones que atañen a la libertad de cultos. Aunque se han producido sanciones contra grupos religiosos, el enmarcado de la imputación no ha sido la practica de un rito o culto determinado, sino por atentar a las buenas costumbres o la instigación a la realización de actos ilícitos o profanación a los símbolos patrios.
La sentencia mas notoria en cuanto al reconocimiento de la libertad de cultos, fue dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 30 de abril del 1926 declarando que el mandato de la Ley 175, que obligaba a los empleadores a conceder un descanso dominical a sus trabajadores, precisando que “la abstención del trabajo en los domingos y otros días de fiesta, es un precepto de carácter religioso que no puede ser convertido en una ordenación de la ley civil, desde el momento en que la Constitución consagra la libertad de conciencia y la libertad de cultos; y eso es lo que hace la Ley 175 al imponer el cierre a los establecimientos comerciales, industriales y fabriles durante el día domingo, y durante los días de fiestas religiosas, declarados días de fiesta legal”;
VIII. Libertad religiosa y la preeminencia católica.
El hecho de que la conquista y posterior colonización de parte de España de la Isla de Santo Domingo, fuera con la participación de sacerdotes y otros representantes de la Iglesia Católica y la presencia de esa iglesia en los posteriores episodios de nuestra historia, trajo como resultado un predominio del catolicismo en relación a otros creyentes, no sólo en labores confesionales sino en la dirección del país, el cual ha sido gobernado por altos dignatarios eclesiásticos:
Algunas de nuestras Constituciones han calificado a la católica como la religión oficial del Estado dominicano, prohibiendo la práctica de otras religiones o condicionando su ejercicio al ámbito de sus templos, lo que obviamente arroja un beneficio a su favor.
Para ese predominio, se ha tenido en cuenta la gran presencia de católico en la población dominicana y la escasa presencia de otros núcleos. En su “informe anual de libertad de cultos 2008”, referente a la República Dominicana, del Gobierno Norteamericano se expresa que “La denominación religiosa mas grande es la Iglesia Católica Romana. Los protestantes tradicionales, los cristianos evangélicos (particularmente las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, los Bautistas, los Pentecostales), los Adventistas del Séptimo Dia, los Testigos de Jehová, y la Iglesia de Jesús de los Santos de los últimos días (Mormones) tienen una presencia mas pequeña, pero generalmente creciente”.
El informe cita una encuesta realizada en el 2006, que concede a los católicos el 68.9% de la población, a los protestantes evangélicos el 18.2%, mientras que los que afirman no profesar ninguna religión asciende al 10.6%.
Teniendo en cuenta esa realidad, el Estado dominicano firmó en el año 1954 un Concordato con la Santa Sede, en el cual se expresa que “la Religión Católica, Apostólica, Romana, sigue siendo la de la Nación dominicana y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico”, algo muy parecido a lo que expresaban las anteriores Constituciones, en el sentido de que la Religión del Estado era la católica.
Ese convenio ha sido impugnado por otros grupos religiosos, al considerarlo discriminatorio y atentatorio contra los principios de igualdad y equidad que consagra la Constitución dominicana, atribuyéndole conceder privilegios y prerrogativas a la iglesia católica que no le son concedidos a ellos, entre los que mencionan a) Convertir a la Iglesia Católica en religión oficial del Estado Dominicano; b) otorgar privilegio al Nuncio Apostolico de la Santa Sede de ser Decano del Cuerpo Diplomático; c) Reconocer a la Iglesia Católica el carácter de Sociedad Perfecta, privilegio, lo que no reconoce a otra iglesia; d) Concesión ipso facto de personería jurídica a instituciones o asociaciones religiosas católicas, mientras las demás debe seguir un procedimiento de incorporación legal; e) Obligación del Estado de construir la Iglesia Catedral o prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del Obispo o Prelados Nullios, en desmedro patrimonio del Estado Dominicano; f) subvención mensual para los gastos administrativos y arquidiocesanos; g) privilegio al exonerar de cualquier tasa o impuestos de inmigración a los religiosos y religiosas católico‐romano que ingresen al territorio dominicano; h) otorgamiento del privilegio de celebrar matrimonio con pleno efectos civiles, lo que no le reconoce a oficiales y pastores de otras comunidades religiosas; i) brindar protección especial a los ministros de la Iglesia Católica y a los demás no; j) eximir a los clérigos y religiosos católicos a asumir cargos públicos y funciones que según las normas del derecho canónico
La Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal de justicia, con capacidad para conocer el recurso de inconstitucionalidad, aun no ha emitido una decisión al respecto, lo que se espera haga en los próximos días.
°ES Licenciado en Teología. Actual Vice‐rector Académico de la
Universidad Tecnológica de Santiago. (UTESA.
°°Es Doctor en Derecho. Actual Juez de la Suprema Corte de la República Dominicana.
Trabajo presentado en el decimoquinto simposio internacional anual del Derecho y de la religión, celebrado en UTAH, USA., los días 5 al 8 de octubre del 2008, organizado por el Centro Internacional de Estudios de Leyes y Religión de Brigham Young.