Jueces y juristas se mostraron ayer de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, en el sentido de que los actores del sistema establezcan las medidas oportunas y prudentes para presentar los casos con la menor cantidad de errores posible.
La preocupación fue externada por los jueces Pilar Rufino Díaz, presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado; Roxana Vásquez, juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, y los abogados Carlos Olivares y Richard Rosario.
Para la magistrada Rufino Díaz, tanto la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como el ministerio público, deben corregir esos errores que se producen en la instrumentación de los expedientes.
Manifestó que como investigadores esos tres estamentos deben hacer una mejor investigación, porque en la medida en que esas pruebas son recogidas con las garantías que establece la ley, eso a la vez garantizará que no habrá impunidad, sino que la decisión sea lo más ajustada posible a esa investigación que se ha hecho.
“El ministerio público como órgano persecutor en la medida en que éste pueda realizar una buena pesquisa y refrendar esa investigación, con pruebas legales, en esa misma medida la impunidad se va a acabar”, acotó la jueza.
Mientras que la magistrada Vásquez entiende que son atinadas y oportunas las declaraciones del presidente de la Suprema Corte, de que cada quien tiene que jugar su rol, ya que el sistema de justicia está compuesto por varios eslabones, entre ellos el ministerio público y los jueces.
“Esto no es un llamado de atención ni es ningún reclamo; el magistrado presidente lo que hizo fue alertar a la población y poner en evidencia que nosotros vamos a jugar nuestro rol en un estado social democrático de derecho”, enfatizó.
De su lado, el abogado Olivares dijo estar totalmente de acuerdo con las declaraciones del magistrado Germán, ya que los profesionales del derecho lo viven a diario, cuando expedientes llegan violando todo lo que es el debido proceso de ley, a veces sin las actas de registro y otras veces sin la cadena de custodia.
Dijo que tanto es así que hay muchos expedientes a los cuales la misma Fiscalía tiene que acceder a negociar con el imputado, porque sabe que en un juicio de fondo pudiera perder el proceso, precisamente por las faltas graves que hay en el procedimiento que se ha instaurado.
De su lado, Rosario dijo que es un problema que viene desde hace muchos años, debido principalmente a la falta de recursos que tienen el ministerio público y la Policía para perseguir la delincuencia.
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