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DESARROLLO INSTITUCIONAL?
Las 15 leyes más parecidas a “pedazos de papeles” casi hecho trizas
Kaelis Bautista/Clave Digital
domingo, 07 de diciembre de 2008
SANTO DOMINGO/República Dominicana.- Un paquete de leyes llamadas a regular la vida nacional en diferentes órdenes se quedan sólo en papel y tinta y sin que exista ningún tipo de consecuencias para los violadores.
Otras tantas son acatadas de manera parcial por las diferentes instancias y poderes del Estado encargados de su ejecución.
El Informe sobre Desarrollo Humano República Dominicana 2008, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) detalla unas 15 leyes que se incumplen, entres ellas algunas muy reclamadas en los últimos meses, como la 166-03 que establece un 10% de los ingresos del Gobierno central para los cabildos, los cuales hasta ahora sólo reciben 6%.
Además, con más de una década, la Ley General de Educación 66-97, que ningún gobierno ha cumplido su mandato de destinar por lo menos el 4% del Producto Interno Bruto. La inversión para el sector educativo apenas ronda el 2% del PIB.
“El país ha sido reconocido por organismos internacionales en términos de formulación de leyes, pero cuando buscamos los indicadores que dan esas evaluaciones (de su aplicación) quedamos en último lugar”, expresó el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, Francisco Checo.
Como un caso reciente, Checo se refirió a la Ley 423-06 de Presupuesto para el sector Público.
su artículo 34 la legislación indica que “el anteproyecto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos será elevado por el director general de Presupuesto al Secretario de Finanzas (ahora de Hacienda) y este último lo presentará al Consejo Nacional de Desarrollo para su aprobación definitiva, a más tardar el primero de octubre de cada año”.
El párrafo dos del mismo artículo señala que “en el año de inicio del período de gobierno el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo a más tardar el 10 de noviembre”.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Desarrollo aprobó el presupuesto el 20 de noviembre, 10 días después de lo establecido, y lo envió al Congreso el viernes.
Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, en el país “hay una hiperinflación legislativa” y desde el Congreso Nacional se ha producido “un populismo legislativo”.
Castaños Guzmán entiende que ya es hora de que el Congreso comience a evaluar la implementación de algunas normas que se están violando desde el Estado y la sociedad.
Advierte que el incumplimiento de las leyes debilita al Estado.
De su lado, Checo considera que cada violación a una norma es una violación a la Constitución, que consagra que se deben respetar las leyes. Según el senador por la provincia Santiago, Francisco Domínguez Brito, en el país hay un serio problema de irrespeto a las normas en todos los niveles. “La palabra irrespeto es muy profunda, es simplemente que relativizamos las normas, que no las aceptamos como regla general en el juego de la democracia”, dijo el legislador.
El senador recordó como un puro ejemplo de violación a las normas lo sucedido en el país con la quiebra bancaria. Sostiene que hay que cambiar “la estructura de pensar y de nuestra conciencia ciudadana”
Al opinar del tema, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma y Modernización del Estado (CONARE), Marcos Villamán, afirmó que en los últimos cuatro años el país realizó un cambio “dramático en su normativa”, pero el problema radica en la aplicación. “Si no se cumple la ley no existe estado de derecho”, sostuvo Villamán, al referir que una parte del problema está que en el trajinar cotidiano la gente “sobrevive en la ilegalidad y por consiguiente no le ve ninguna ventaja a la ley”.
El funcionario agregó que el CONARE es consciente de ese gran problema y en estos cuatro años de gestión dedicará esfuerzos a promover la aplicación de leyes relacionadas con sanción a la corrupción, como la de Declaración Jurada de Bienes, de Acceso a la Información Pública y la de Compras y Contrataciones Públicas. También mencionó las leyes de Función Pública y la del Distrito Nacional y los Municipios. Además, se plantea un esfuerzo con el cabildo de la capital para la aplicación de la Ley 241 de Tránsito de Vehículos.
“El desorden del tránsito es quizás la expresión mayor del caos social en el país”, manifestó el funcionario.
Más violaciones
La Constitución. Violada cada vez que el Ejecutivo envía al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto y Gastos Públicos fuera de la segunda legislatura ordinaria, así como cuando dispone la reasignación de fondos del presupuesto de una dependencia estatal a otra, según el informe de Desarrollo Humano de RD del PNUD.
Ley 176-07. La Ley del Distrito Nacional y los Municipios les da la oportunidad a los ciudadanos de incidir en la gestión municipal con el presupuesto participativo. De acuerdo con Participación Ciudadana, se aplica de manera tímida en pocos ayuntamientos.
Ley 241. La Ley de Tránsito también es otra de las legislaciones irrespetada.
Ley 385-05. La Ley de Protección al Consumidor o Usuario que tiene por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios. Sin embargo, esto no se cumple.
Ley 6232. La ley de Planeamiento Urbano que establece el proceso de planificación urbana en ciudades con más de 50 mil habitantes es otra que según el informe del PNUD se cumple parcialmente, también la de Capitalización de las empresas estatales y la de electricidad.
Grandes debilidades
“En República Dominicana se puede afirmar que la elaboración de leyes es un paso necesario, pero no suficiente para asegurar que los derechos y deberes ciudadanos sean iguales para la población”, sostiene el Informe de Desarrollo Humano 2008.
El documento agrega que una de las características del sistema político dominicano es que se rige por la “ley del tigueraje”. Indica que los partidos políticos justifican las ilegalidades sobre la base de que “los otros hicieron lo mismo” y no repetir el acto ilegal es “estar en desventaja”.
“Esto ha generado una cultura de ilegalidades, impunidades y complicidades que va minando el estado de derecho y las posibilidades de desarrollo humano de la ciudadanía y donde lo mal hecho no tiene consecuencias legales”, especifica. En general, sostiene que la vida diaria de los dominicanos está llena de violaciones de los espacios públicos y del irrespeto a las normas de tránsito y no sucede nada.
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