SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La República Dominicana ha hecho poco uso del tratado de extradición con Estados Unidos y cuando solicitó la entrega de Sahlomo Ben-Tov (Sam Goodson), implicado en el fraude de RD$1,800 millones del Plan Renove, la petición, “fue bombardeada incluso por el expresidente Hipólito Mejía, quien depositó un documento ante una corte de Estados Unidos para afirmar que la solicitud de extradición tenía un carácter político”, se queja la procuradora adjunta Gisela Cueto.
“Para hablar de la reciprocidad del tratado hay que ver cuántas personas con ciudadanía estadounidense hemos tenido la necesidad de pedir y cuántos nos han sido entregados”, dice Cueto, encargada de asuntos internacionales y extradiciones de la Procuraduría General.
“El caso de Sam Goodson fue mal introducidoporque lo asumió alguien que no tenía la competencias que se necesitaban para hacerlo correctamente. Y, naturalmente, se nos negó porque la solicitud tenía una gran cantidad de fallas”, insiste, tras valorar las intenciones de los Estados Unidos de negociar un nuevo acuerdo de extradición con la República Dominicana.
Goodson, quien vendió vehículos a la gestión de Mejía para el Plan Renove en representación de la Hundai Corporation, se fugó de unas audiencias realizadas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A principio de 2006, también el entonces director del Departamento de Prevención de la Corrupción, Octavio Líster Henríquez, se quejó de que el exgobernante había intercedido a favor de imputado en un tribunal de La Florida.
La procuradora Cueto explica que, aparte del caso de este estadounidense de origen israelí, el país pidió en extradición, y tuvo éxito, al ciudadano estadounidense de origen dominicano Jeffry Alejandro Peña Bencosme, “aunque duramos seis años trabajando ese caso”.
A Peña Bencosme se le juzgó por el asesinato del sargento de la Policía Santiago Sebastián Fortuna Sánchez, ocurrido en la avenida Duarte, de Santiago, el 25 de octubre de 2004.
“Pasamos seis años porque esa persona recurrió a todas las instancias. Fue condenado aquí, pero la Fiscalía de Santiago encontró problemas muy serios para poder culminar con el proceso porque la parte civil constituida logró desinteresar a la madre del muerto”, se queja Cueto.
Asegura incluso que un exfiscal de Santiago “se presentó como testigo ante un tribunal de los Estados Unidos” en defensa del imputado en medio del proceso de solicitud de extradición.
De buenas intenciones…
La procuradora Gisela Cueto asegura que los Estados Unidos muestran “buena fe” en el borrador que presentaron para un nuevo tratado de extradición. Adelanta que existe un consenso para permitir que los imputados de todos los tipos de delitos, a partir de una pena determinada, puedan ser solicitados en extradición por el país donde cometió la infracción. “Creo que vamos a consensuar ese punto y por eso lo puedo adelantar”, dice.
Otros puntos a tomar en cuenta tienen que ver con la pena de muerte en algunos estados norteamericanos.
Cueto afirma que con el marco jurídico actual, con el convenio de extradición de 1909, cualquier estado que aplique la pena capital podría solicitar en extradición a un dominicano a quien se le pueda sancionar con la privación de la vida.
Explica que, por esa razón, la Procuraduría General se asegura de que todos los extraditados sean entregados mediante un decreto del Poder Ejecutivo que, a su vez, instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores a negociar “los términos de la entrega” para que se garantice la integridad de la vida del procesado.
“No queremos que ningún delito quede impune. Pero no quiero que a nadie, ni dominicano ni extranjero, en cuyo proceso hayamos intervenido para extradición, sea condenado a pena de muerte. Sería una carga de conciencia muy pesada”, señala.
Recuerda que “el mérito jurídico de la extradición”lo decide la Suprema Corte de Justicia. Añade que, aún así, el Ministerio Público, hasta en los casos en que el requerido en extradición decida librarse del proceso penal en el país, la Procuraduría General pide al tribunal una resolución que haga constar que se requiere un decreto del Poder Ejecutivo para entregar al imputado.
La funcionaria deplora los cuestionamientos de algunos abogados que, “con actitudes patrioteras”, cuestionan la labor de la dependencia que dirige como si asumiera una “actitud entreguista” antes Estados Unidos. Sostiene que el país tiene la misma disposición de colaborar con la justicia de Haití, Francia, España o cualquier otra nación.
“Primero los intereses que defendemos son los dominicanos y cuando uno colabora para que se haga justicia, uno está sirviendo a este país”, dice. Añade que la República Dominicana gana “cuando usted consigue sacar de circulación, aunque sea por cinco años, a un sicario que mataba en los Estados Unidos, que colocaba planchas en la espalda y cables electrificados a sus víctimas, para que le confesaran dónde estaba el alijo de drogas”.
“Le hacemos un gran favor a la justicia dominicana cuando trabajamos para la justicia internacional. Para que haya paz en el mundo. No es para hacerme grata a los ojos de Estados Unidos. Yo no tengo que hacerme grata. Yo como en mi casa y bebo en el río. No busco hacerle gracias a nadie”, expresa.
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