Los agrimensores aseguran que la lentitud en los procesos para expedir títulos y la superposición afecta la inversión extranjera en el país.
La Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim) urgió al Poder Ejecutivo a retomar la administración y gerencia de la Juridicción Inmobiliaria para evitar un colapso del régimen de titulación de propiedades.
Al participar en el Encuentro Económico de HOY, Miguel Valoy, presidente; Oqueilis Montero, vicepresidente, y Rafael García, vocal, dijeron que la incapacidad de la Suprema Corte de Justicia para administrar la Juridicción Inmobiliaria ha impedido que la inversión US$70 millones hecha en 2007 para tecnificar los procesos catastrales haya tenido los resultados que se esperaban para los usuarios, que al final son los más interesados.
Dijeron que Asodagrim ha luchado para colaborar y buscarle una solución a la situación, que ha provocado que unos 20 mil títulos estén superpuestos, lo que es negativo para la inversión turística y para la banca comercial.
Agregaron que esa entidad lleva varios años abogando porque se modifique la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, sin ningún resultado, lo que ha provocado un letargo en el sistema.
Destacaron que el Estado y el sistema financiero han dejado de percibir una cantidad importante de recursos por concepto de transferencias, negociaciones por la lentitud en la entrega de títulos, debido a las dificultades en los procesos y a la falta de jueces para conocer casos en juridicciones.
Aseguraron que la lentitud en los procesos para entregar los títulos de propiedad no solo afecta el ejercicio de la agrimensura, sino también la inversión extranjera, ya que cuando un inversionista llega al país y se encuentra con que el proceso que puede hacer en cinco días en su país tarda hasta más de un año en República Dominicana significa una traba para hacer su inversión.
Además, dijeron, afecta a la banca, la cual para otorgar ciertos préstamos necesita de una garantía inmobiliaria.
Resaltaron que la situación es más grave, debido a que como una forma de buscar una salida rápida a las exigencias, quienes financiaron el proyecto de modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria en el país se implementó la realización de los procesos catastrales con navegadores, un medio que aseguraron no tiene la precisión requerida catastralmente.
Explicaron que producto de eso, desde el 2009 se implementa el uso de los GPS diferenciales, que sí son de precisión, pero ha traído como consecuencia que se esté superponiendo o solapando deslindes que ya fueron aprobados.
Explicaron que eso es un problema, porque ahora resulta que la cartografía está solapada y los que ya han adquirido un título de propiedad inmobiliaria puede ser que no tengan nada.
Lamentaron que esos problemas estén ocurriendo por la incapacidad del Consejo del Poder Judicial y no por los agrimensores, como se ha dicho.
En ese sentido, abogan porque se modifique la Ley 108-05, de manera que la Jurisdicción Inmobiliaria pase ha ser administrada por el Poder Ejecutivo, como es en la mayoría de los países.
Advierten que si no se correge la situación, la cartografía nacional colapsará en dos años, por lo que se requiere la intervención del Poder Ejecutivo, pues se necesita hacer una inversión cuantiosa.
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