República Dominicana debe entrar en una época en la que entienda que las tasas bajas reducen el incentivo a la evasión y a la elusión, lo que, en consecuencia, promueve una reducción en la informalidad de la economía.
La consideración es de Miguel Collado Di Franco, ejecutivo y analista del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), quien considera que la demanda de exenciones fiscales está enviando una señal clara a los formuladores de políticas públicas en República Dominicana. A su entender, es necesario crear un sistema impositivo más simple y con tasas más bajas.
Di Franco afirma que es pertinente mejorar las condiciones generales para hacer negocios en el país. Entiende que la práctica está confirmando algo necesario: Las solicitudes de pago de tasas efectivas de tributación más bajas están demandando, de manera indirecta, la adopción de una reforma estructural que retome lo iniciado con la Ley 11-92 de 1992.
Afirma que los beneficios de tasas más bajas son obvios para los empresarios, y también debieran serlo para quienes hacen políticas públicas en el país, pues crean empleo y mayor crecimiento económico.
En su análisis, plantea que menos informalidad implica una base más amplia de contribuyentes, refiriendo que no es casualidad que el mayor incremento en la presión fiscal de República Dominicana entre 1991 y 2013 se verifica en 1992, producto de la reducción en las tasas y ampliación de bases imponibles.
“Entre 1991 y 1992 la presión fiscal subió 3.2 puntos porcentuales. En 2013, luego de un incremento en la mayoría de las figuras impositivas y nuevos tributos, el aumento en la presión, usando estimados oficiales, sólo será de 1.2 puntos porcentuales”, explica el analista en un documento colgado en la página de CREEES.
Recuerda que en 1992 se produjo una reforma tributaria que tuvo como efecto reducir tasas tributarias y ampliar las bases de tributación en República Dominicana. “Esta reforma (1992) fue enfocada a incidir sobre el crecimiento económico y sobre la reducción en la informalidad al simplificar el sistema tributario y establecer tasas más bajas”, dijo.
Sin embargo, destacó que en lugar de continuar reformando el sistema tributario en años posteriores, de manera tal que el mismo pudiera permitir que las actividades económicas en el país fueran gravadas con tasas más bajas que en otros países, fue implementado un proceso de incremento de las tasas existentes y de creación de nuevas figuras impositivas.
En otras palabras, señaló, se inició un proceso de contra-reforma del sistema tributario, perjudicando la actividad emprendedora, la creación de empleos y de riqueza en el país, elementos que entienden son necesarios para experimentar crecimiento con inclusión y elevar los niveles de ingresos de los dominicanos.
UN CASO RECIENTEMiguel Collado Di Franco recuerda que recientemente la prensa escrita reseñó comentarios sobre la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, específicamente en lo concerniente a solicitudes de su revisión tomando como referencia lo estipulado en la Ley 253-12 al respecto. A raíz de las discusiones en torno a la ley 28-01, el tema de las exenciones fiscales toma relevancia en el debate público de República Dominicana.
A su entender, es necesario enfocar la atención de las políticas públicas en aquellos elementos que están incidiendo sobre la demanda de beneficios o privilegios fiscales.
Di Franco señala que las modificaciones al régimen tributario dominicano, junto a deficiencias institucionales y de mercado que imponen costos adicionales que muchas veces pasan por desapercibido, dificultan hacer negocios y propician el incremento de la informalidad en el país. “Todo esto indica que la solución a la existencia de distorsiones en materia fiscal debe estar dirigida a corregir, por medio de reformas estructurales sanas, las deficiencias que propician la solicitud de beneficios tributarios en República Dominicana. La propuesta de Reforma Fiscal Integral de CREES, que incluye un sistema impositivo sencillo con tasas bajas y uniforme, va en esa dirección”, afirmó.
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