La sociedad dominicana se encuentra en una crisis estructural sistémica profunda, causada por los altos niveles de corrupción y la impunidad cómplice, uno de los mayores obstáculos para la construcción de un Estado Social Democrático de Derecho y condenando el desarrollo nacional y la dignidad de todos/as los dominicanos/as.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 la República Dominicana ocupa el lugar 115 de 175 países, con una puntuación de 32 puntos de un máximo de 100, evidenciando los altos niveles de corrupción y ausencia de sanción imperante en el país.
La penetración del crimen y los altos niveles de corrupción, está asociada a los niveles de impunidad que sigue imperando en el país. En los últimos años, desde los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, se han realizado numerosas denuncias de corrupción sin que el Ministerio Público cumpla con su papel de investigar y presentar acusación, mucho menos se evidencia sanciones ejemplares contra los delitos contra la cosa pública.
La administración de justicia no ha sido capaz de conocer y mucho menos sancionar los casos denunciados y documentados. El Poder Ejecutivo y el Presidente Danilo Medina han preferido la política de borrón y cuenta nueva, no tirar piedra hacia atrás, ni hacia delante, el Ministerio Público no investiga para buscar sanción contra la corrupción pasada, ni presente, constituyéndose en un claro incentivo para la corrupción y un pésimo mensaje a la ciudadanía, cerrando cada vez más las vías institucionales disponible para demandar sanción contra la delincuencia en la política.
En nuestro país tenemos suficientes disposiciones legales para el control, prevención y sanción de la corrupción, el problema es el escaso o nulo cumplimiento de las mismas por parte de las autoridades responsables de velar por su eficacia, aumentando los niveles de impunidad y la complicidad para la sanción penal.
La lucha contra la corrupción se ha centrado en discurso, declaraciones y en la producción de un conjunto de normas jurídicas, tanto de derecho internacional como en el ámbito nacional, cuya principal característica consiste en los bajos niveles de eficacia en su aplicación.
En la República Dominicana con ese panorama funesto el 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, que para las organizaciones sociales debe ser un momento para la reflexión, para repensar y relanzar la intervención de la ciudadanía en su afán por sanear el Estado blindando las arcas públicas del dolo y el fraude.
La implementación de políticas anticorrupción solo será posible con acciones que conduzcan a la transformación profunda y sistémica, que los ciudadanos/as pensemos, apuntemos a la raíz y a las causas fundamentales enquistas en la estructura estatal que reproduce la corrupción e impunidad.
La corrupción y la impunidad cómplice sólo será posible extirparla, fundamentando nuestra intervención en el principio de la soberanía popular, en donde reside exclusivamente el poder del pueblo y únicamente de esa manera recuperaremos el patrimonio público dilapidado y la representativa legitima del Estado.
En ese sentido, el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, se convierte en un elemento simbólico de una lucha histórica, que aprovecharemos para encender nuestras luces contra la corrupción y la impunidad, al tiempo que saldremos rejuvenecidos con nuevas energías y bríos, firmes con el momento histórico que nos ha tocado vivir.
Nuestra sociedad vive en una “democracia” restringida, agobiados por una clase política y sus corporaciones partidarias en descomposición, que ponen los interés particulares por encima de los interés colectivos, con un modelo económico que reproduce la desigualdad y exclusión, además con la presencia o control de grupos facticos, sumado a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en toda las estructura del Estado.
La lucha contra la corrupción y la impunidad, necesita la intervención de actores dispuestos a conmover los principios y valores que dieron origen a la República, con sujetos orientados ideológicamente para transformar su realidad, dispuesto a construir entre todos/as un Estado con justicia y equidad social que devuelvan la dignidad humana, avanzado por nuevos senderos de liberación encausando, enjuiciando y buscando el bien común para todos/as los/as dominicanos/as.
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