Miriam Germán Brito, sobre el poder judicial y su independencia: «Pasé un tiempo sometida a un brutal acoso”

Servicios de Acento.com.do  26 de agosto de 2019 | 3:00 pm SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para la pensionada magistrada Miriam Germán Brito, ex presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la ausencia de independencia en el poder judicial “devasta el carácter social y democrático que se supone consustancial al Estado de Derecho”. Para la ex jueza la independencia es una herramienta imprescindible para la administración de justicia, en cuyas decisiones no deben estar ausentes el derecho a un trato igualitario. Dijo que El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político bajo la dirección del presidente de la República, y que los miembros que se suponen independientes le deben favores o le temen al jefe de Estado, por lo que no resulta confiable para garantizar la independencia del poder judicial. En un reconocimiento que le hizo la Comisión Dominicano de los Derechos Humanos, que dirige Manuel Mercedes, Miriam Germán declaró que en el Consejo de la M

Presidente envía al Congreso anteproyecto para prorrogar plazo Ley de Naturalización

Presidente envía al Congreso anteproyecto para prorrogar plazo Ley de Naturalización:

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Santo Domingo. El presidente Danilo Medina solicitó este miércoles al Congreso Nacional ampliar por un único plazo de 90 días para que las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular que, habiendo nacido en territorio nacional, no figuran inscritos en el Registro Civil, para que puedan solicitar el registro y regularización migratoria contemplada en la Ley 169-14 y su reglamento de aplicación. La solicitud del jefe del Estado está contenida en el anteproyecto ley sometido pasado el mediodía de este miércoles al Congreso Nacional vía la Cámara de Diputados. La Ley 169-14 establece que su plazo de aplicación vence el próximo martes 28 del presente mes de octubre. En carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, el presidente Medina explica “el anteproyecto de Ley que proponemos es fruto del convencimiento de las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley antes citada”. “Debido a que tanto el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros como los procedimientos contemplados en la Ley 169-13, son políticas públicas sin precedentes en la historia de la República Dominicana, su implementación ha representado un gran reto logístico y organizacional”, destaca el gobernante. En la carta que acompaña a la propuesta de ley, el Presidente observa que tanto el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros como los procedimientos contemplados en la Ley No. 169-14 son políticas públicas sin precedentes en la historia de la República Dominicana, por lo que su implementación ha representado un gran reto institucional, logístico y organizacional. En concreto, el Gobierno ha puesto en marcha 24 oficinas de regularización de extranjeros, repartidas por el conjunto del territorio nacional, y ha emprendido una campaña de difusión y publicidad para informar a la población inmigrante sobre la necesidad de la regularización y las vías para llevarla a cabo. Sin embargo, la complejidad y novedad del proceso “han limitado la apropiada y suficiente difusión del alcance de las normas y los beneficios de las mismas”. La carta de exposición de motivos especifica también que debe tenerse en cuenta que “los grupos poblacionales a quienes están dirigidos los procesos se encuentran, a menudo, limitados por la marginalidad y la exclusión”, motivo por el cual “apenas unas 1,500 personas se han acercado a las oficinas abiertas en todo el territorio nacional para solicitar su registro al amparo de esta legislación” en los 90 días inicialmente dispuestos por el reglamento de la ley. Este es aún un pequeño porcentaje de la población sin documentación que se calcula podría participar del procedimiento establecido en la Ley 169-14. El presidente Danilo Medina apeló a la responsabilidad de los diputados, por entender que este proyecto “solo busca cumplir a cabalidad con el espíritu de justicia y ordenamiento de nuestro Estado que inspiró la ley 169-14”, aprobada con amplio apoyo de ambas cámaras. Por último, la carta dirigida al Congreso recuerda que “la aplicación de estas iniciativas no solo redundarán en beneficio de las personas involucradas, sino que es de un alto interés estratégico para el Estado Dominicano su correcta implementación, desde el punto de vista de la seguridad, el orden y el registro efectivo y riguroso de todas las personas que habitan nuestro país”. Por Francia Valdez.

(Via nd)

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