Santo Domingo, 6 jun (EFE).- Las recientes muertes dos presuntos delincuentes, uno de ellos de 17 años, en un supuesto intercambio de disparos con policías han puesto de manifiesto la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales en República Dominicana, señaló hoy a Efe una fuente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los dos hombres eran sospechosos de haber matado el pasado 26 de mayo a una oficial de policía para robarle su arma cuando dirigía el tráfico en una zona de la parte norte de Santo Domingo.
Frente a la versión oficial de que murieron en un intercambio de disparos con la policía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció esta semana que los dos jóvenes, identificados como Juan Carlos de la Cruz Adames y Wandy Sánchez, fueron "ultimados a quemarropa" por la Policía.
La CNDH también anunció que demandará al Estado dominicano ante la Relatoría Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales por esta práctica policial, denunciada en varias ocasiones por Estados Unidos y Amnistía Internacional.
Sánchez, de 17 años, recibió diez balazos de parte de la Policía en una acción en la que "ningún policía resultó ni siquiera herido", aseguró la CNDH.
En lo que va de año unos 55 presuntos delincuentes han sido abatidos por agentes de la Policía en los supuestos intercambios de disparos, que el año pasado dejaron 200 civiles muertos, dijo a Efe el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes.
Este año, la Policía ha perdido unos 10 miembros en situaciones como robo o enfrentamientos con civiles por asuntos personales "no necesariamente en intercambios de disparos", aseguró el activista, que lamentó las muertes de los agentes "porque ninguna muerte es aceptable".
"La Policía no puede acusar, juzgar, condenar y ejecutar a las personas porque esto viola nuestra Constitución y las leyes universales de los derechos humanos", subrayó Mercedes.
Reales o no, las denuncias sobre muertes de sospechosos en intercambios de disparos son recurrentes en el país, una práctica que, según advierten analistas, podría tener consecuencias nefastas para el estado de derecho y dejaría en la impunidad muchos casos al no contar las autoridades con las declaraciones de los presuntos sospechosos.
En la otra acera está los que defienden que las fuerzas del orden maten a los delincuentes, al tiempo que reprochan a los activistas de derechos humanos porque supuestamente no defienden a los policías o civiles que mueren víctimas de delincuentes.
Algunos sectores, incluso, diputados, han llegado a recomendar a la Policía 'darle pa'bajo' (eliminar) a los delincuentes como forma de enfrentar la ola de criminalidad en la nación.
Otros, en cambio, como el jurista Vinicio Castillo Semán, cree que el fallo está en el sistema judicial.
"El tema no es 'darle pa'bajo' a los delincuentes, es preguntarnos qué hacían esas personas en las calles", dijo el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), aliada del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
"Cada vez que se reporta un problema de violencia, un atraco o un asesinato nos encontrados que hay personas con tres, cuatro, cinco y seis expediente abiertos, que fueron favorecidas con órdenes de libertad sin haber sido juzgadas", reprochó el legislador.
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