El Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas manifestó hoy que espera que la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aliente a los diversos actores gubernamentales y políticos a la búsqueda de una solución al conflicto de las personas afectadas por el sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional (TC).
Dice que el gobierno dominicano, en el protocolo de entendimiento que firmó con las autoridades de Haití, gracias a la mediación de Venezuela, hizo un compromiso y que el hecho de que se haya denunciado el protocolo no invalida el reconocimiento.
Durante una rueda de prensa, ofrecida en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la entidad, que rechaza el fallo judicial del TC, reiteró tener esperanzas en que la presencia en el país de la CIDH, que tiene pautado llegar a República Dominicana la semana próxima, contribuya a encontrar una solución al conflicto originado a raíz de lo que califican como una “política de despojo de la nacionalidad” que desde el 2006 practica la Junta Central Electoral (JCE), por simple vía administrativa.
“Esta situación se agrava y amplia por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que deja sin nacionalidad a decenas de millares de ciudadanos y ciudadanas dominicanas descendientes de extranjeros, en su gran mayoría de haitianos”, expuso.
Optan por solución dominicana. Indicó que prefiere una solución dominicana al conflicto, originado por la emisión de la sentencia que establece que: “No son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país”.
Consideró que buscar una solución dominicana, evitará que los legítimos reclamos de justicia de los afectados llegue a la Corte y termine con una condena al Estado.
“Creemos que no habrá solución sin reconocimiento del derecho de las decenas de miles de descendientes de extranjeros que durante décadas fueron reconocidos como dominicanos”, explicó.
Propuesta viable. Con respecto al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, dado a conocer por el gobierno esta semana, la entidad puntualizó que le parece una propuesta realista y viable y que dijo que supera las dos versiones anteriores, al tiempo que precisó que el proyecto contempla las medidas fundamentales para iniciar el control de la desproporcionada inmigración haitiana.
“Saludamos este esfuerzo normativo que deberá proseguirse con otros de carácter nacional y bilaterales, al tiempo que reclamamos que no se le contamine pretendiendo ahora aplicarlo a nacionales dominicanos, nacidos en el país, como ocurre en el párrafo del artículo ocho del proyecto”, concluyeron.
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