SANTO DOMINGO. Debido a que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad es inapelable, y que el presidente Danilo Medina, no descarta realizar una consulta en busca de una solución, expertos plantean aguardar un fallo anulatorio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) o en defecto someter ante el Congreso un proyecto de Ley de Amnistía para beneficiar a extranjeros nacidos en el país.
Otro planteamiento es el de proceder a una reforma a la Constitución de la República que fije posiciones más certeras sobre la nacionalidad.
Al ser consultado, el abogado constitucionalista Nassef Perdomo entiende que lo ideal es que el propio Tribunal Constitucional enmiende su sentencia y reconozca que no es lo mismo una persona en tránsito a un ilegal, así como lo concerniente a la retroactividad en la aplicación de la ley. Recuerda que la Constitución establece que las leyes no tienen efecto retroactivo siempre y cuando no sea para beneficiar.
Pero como dice que no es el caso, lo prudente es someter un proyecto de Ley de Amnistía en beneficio de los extranjeros residentes irregularmente en el país.
"Nadie está discutiendo que el que nació después del 2010 tenga derecho a la nacionalidad, ahora retrotraer esa reforma al 1929 no se puede. Sobre la Ley de Amnistía lo ideal es que fuera desde el 15 de diciembre del 2005 al 26 de enero del 2010", enfatizó.
El también constitucionalista Luis Rafael Gómez Pérez, va más lejos y asegura que lo procedente es modificar la Carta Magna, pues con ella no se resuelve la actual situación.
Sostiene que por un lado la Constitución le da derechos al Tribunal Constitucional al establecer que los hijos de extranjeros ilegales no tienen derechos y por el otro se los quita cuando dice que las leyes internacionales están por encima de ella.
"Externamente se puede recurrir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de Costa Rica, internamente no se puede porque es inapelable, pero lo que procede es cambiar la Constitución que tiene 40 artículos viciados", afirmó.
Indicó que mandatario puede tomar en cuenta la consulta popular realizada en el 2006, donde el pueblo hizo sus recomendaciones sobre la Constitución.
El ex juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Manuel Bonnelly Vega, se suma a los que consideran que es mejor esperar una decisión de la CIDH. De lo contrario dice que el propio Tribunal Constitucional puede modificar su criterio en otra decisión de un caso similar.
"El (Danilo Medina) puede hacer un proceso de consulta tendente a determinar que debe hacer para corregir la situación o esperar a la Corte Interamericana", apuntó.
Los expertos califican como favorable que el mandatario realice una consulta para buscarle una salida a la situación que afecta a miles de extranjeros residentes irregularmente en el país.
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