SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- De inexplicable podría calificarse el hecho de que los organismos especializados de seguridad del Estado y de la Policía que, hasta donde sabemos, no tienen nada que ver con asuntos crediticios y financieros de los ciudadanos, entreguen información sobre personas que han sido fichadas por delitos comunes e infracciones simples a los burós de crédito, inhabilitando a estos ciudadanos y estampando una segunda ficha como una marca indeleble sobre su estatus socioeconómico.
La situación va más allá de lo pensado, por cuanto estas instituciones oficiales ofrecen datos confidenciales de los afectados, que les impiden tener una vida normal en la sociedad, lo que a todas luces es discriminación que la propia Constitución prohíbe de manera expresa en su Artículo 73 sobre la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional.
Esto quiere decir que toda acción que lleve a cabo una autoridad, ya sea de los cuerpos castrenses, policiales o de la administración pública, no pueden ser sujeto de publicidad porque son datos que atentan contra la confidencialidad, expresada en el Artículo 44 de la Constitución.
A juicio de Frank Reynaldo Fermín, experto en Derecho Comercial, la situación es ilegal por cuanto “los burós de crédito no tienen derecho a traficar con los datos de las personas si no hay una condena; y si la hay, por ser una cuestión pública, es posible que los obtengan, pero por una simple querella, estas entidades no tienen derecho a condenar y estigmatizar a los ciudadanos”.
El abogado reitera que los organismos de inteligencia y seguridad estatales incurren en “ilegalidad y abuso” al ofrecer la información, aunque dice que esto es consecuencia de un decreto, también ilegal, emitido por el presidente Leonel Fernández hace unos años y que tiene que ver con el acceso permanente a los archivos y datos de los ciudadanos y ciudadanas.
Esto provoca la vulnerabilidad de la población y, como grafica el jurista, “si interponen una querella por cualquier asunto, por leve que sea, incluyendo el robo de una luz roja, eso va directamente al CIE, que es el Centro de Información de Estadísticas de la Procuraduría General de la República”.
Agrega que “en este proceso de investigación, que es privado, nadie puede hacer uso de estos datos, pero por obra y gracia de la ilegalidad y la complicidad, la persona aparece no como alguien que está siendo investigando, sino como un delincuente. O sea, una doble ficha permanente, situación que prohíbe de manera expresa la Constitución”.
Con mucha impotencia, el abogado continúa diciendo: “Imagínese que alguien le pone una querella hasta por fastidiar, simplemente, ya está fichado. Eso significa que ya no puede ir a un banco a abrir una cuenta porque se esgrime que tiene problemas legales, aun cuando se trate de un simple accidente de tránsito, porque está incluido en la base de datos judiciales de los burós de crédito”.
En este sentido, expresa que pese a que los bancos, ya sean públicos o privados, son entidades de servicio público, los ciudadanos están impedidos de realizar cualquier tipo de transacción como no sea en dinero efectivo.
Dice además, y es la mayor queja contra los burós de crédito, que aun cuando la persona haya saldado sus deudas, continúa penalizada por los burós durante siete años. En opinión del profesional, es esta una “cuestión irracional, puesto que los bancos cobran mora, atrasos y todo lo que quieran inventarse y aun así, la persona sigue penalizada por siete años por las entidades de información privilegiada, que la convierten de ciudadano común y corriente en paria económico”.
Manejo de información privilegiada
El experto responde de manera categórica a la pregunta sobre cómo obtienen los burós de crédito esas informaciones judiciales. “Ilegalmente”, dice “porque los organismos de seguridad del Estado se lo permiten”.
El Estado tiene todo el derecho de manejar esa información, más no así esas empresas privadas y esta situación. Una situación similar produjo un gran escándalo en México, hace unos años, cuando el IFE, entidad similar a la JCE, intentaba vender a una compañía crediticia en Estados Unidos todos los datos de los ciudadanos de esa nación a una institución privada.
Con este ejemplo, el jurista grafica lo que ocurre en República Dominicana con los burós de crédito, que amparados en la ilegalidad de una resolución de la Junta Central Electoral, tienen convenios con las embajadas norteamericana, española y de todas las naciones con gran flujo de inmigrantes dominicanos.
Este servicio se lleva a cabo con el cruce de informaciones penales que en muchos casos son imprecisas, y advierte que el ciudadano común no tiene acceso a estas, lo que violenta el Artículo 44 de la Constitución, que establece el derecho a rectificar, corregir y anular los datos erróneos, pero “ese derecho no lo tienen los ciudadanos”.
La embajada de Estados Unidos tiene un convenio con el Buró de Información Crediticia Datacrédito, que le proporciona toda la información que ésta le solicita para otorgar visado o residencia a los solicitantes: un banco de datos completo, con cédula, infracciones, delitos, sanciones, situaciones de alto riesgo, solicitudes de préstamos, negaciones de éstos y mucho más, son los datos ofrecidos por esta empresa a la embajada que, a cambio, ofrece información privilegiada sobre los dominicanos y estadounidenses que han delinquido.
Fermín establece responsabilidades cuando culpa a las autoridades dominicanas y lamenta que los ciudadanos estén desprotegidos, contrario a lo que sucede en Europa, por ejemplo, en donde surge la iniciativa de los burós de crédito, cuya información se trata de manera muy delicada y confidencial.
¿Ejecutivos de los burós de crédito no quieren hablar?
Bajo qué premisa se realiza esta actividad que subvierte las leyes y la Constitución, entre otras interrogantes, fue para lo que intentamos encontrar respuesta en los ejecutivos de Datacrédito y Trans Union, sin que hasta el momento reaccionaran. Fue toda una periplo telefónico que inició, en el caso de Datacrédito, con la secretaria Julissa López, quien nos remitió a Héctor Rubirosa, quien a su vez nos transfirió a Flavia Nieto, todos prometiendo una respuesta que nunca se produjo y mucho menos, la posibilidad de poder entrevistar a Porfirio López Nieto, presidente de la entidad.
Lo propio ocurrió con la empresa Trans Union, antigua CICLA, cuando conversamos con Nayeli Acevedo, quien nos comunicó en el departamento “Tú crédito” con Wellington Medina, luego a Sheila Martínez, gerente del departamento de Servicio al Consumidor, quien prometió en más de una ocasión devolver la llamada. El recorrido anterior se hizo por varios días sin resultados. Las respuestas continúan en el vacío.
Ivonne Ferreras/7dias.com.do |
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