Publicado por Linabel Aybar Rivas/Acento.com.do
05 DE ABRIL DEL 2012
ACTUALIDAD
Justicia dominicana todavía no supera la maraña de reenvíos interminables
El caso Paya lleva un año en la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los constantes reenvíos que se han realizado en las siete audiencias realizadas.
05 DE ABRIL DEL 2012
Linabel Aybar Rivas/Acento.com.do
La justicia todavía retarda los casos.
Carmen Suárez/Acento.com.do
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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Abogados y ciudadanos con casos pendientes en los tribunales dominicanos suelen criticar la lentitud con que se desarrollan los procesos hasta alcanzar un fallo definitivo.
Aunque a partir de las reformas judiciales de 1998 y el nuevo Código Procesal Penal puesto en vigencia años después se aspiraba a dinamizar la justicia dominicana, las quejas persisten. Varios casos, de gran impacto en la sociedad, se pueden mostrar como ejemplos de lentitud del sistema judicial dominican: El caso Paya, el caso Figueroa Agosto, el caso SEMMA, los casos de personas pedidas en extradición.
El caso Paya, matanza que ocurrió el 4 de agosto del 2008, todavía se encuentra en los tribunales, cuatro años después de los hechos.
Este caso donde hubo narcotráfico, lavado, robo y siete asesinatos, y los protagonistas de las ejecuciones fueron oficiales de la Marina de Guerra, lleva un año en la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los constantes reenvíos que se han producido en las siete audiencias efectuadas hasta ahora.
Otro caso que está en la Corte de Apelación, es el de los vinculados a la red de lavado de activos del capo boricua José Figueroa Agosto, que lleva cuatro meses en segunda instancia y no ha concluido a tres años de ocurridos los hechos.
Los implicados en la red de lavado de activos del capo boricua Figueroa Agosto, ha sido el caso más grande que se ha conocido en el país en cuanto a este ilícito penal.
Ivanovich Smester, Juan José Fernández Ibarra, Mary Peláez y a Sammy Dauhajre fueron condenados a 15 años de prisión, el 26 de septiembre del 2011.
Mientras que Eddy Brito fue condenado a 12 años de prisión, Sobeida Félix Morel y Madeline Bernard condenadas a 5 años de prisión y al pago de una multa de 50 salarios mínimos cada una. El tribunal descargó a Adolfina Peláez.
Más casos
Los casos de drogas; uno el de los dos extraditables acusados por la embajada de Estados Unidos de conspirar para introducir más de cinco kilos de cocaína lleva casi un año en la Suprema Corte de Justicia, y otro de los acusados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de cambiar la droga que se analizada y venderla a narcotraficantes.
Los solicitados en extradición Miguel Antonio Rosa Reyes y José Antonio Contreras Reyes, alias Pepe, fueron apresados por los organismos de inteligencia y antinarcóticos acusados de un cargamento de 429 kilos de cocaína.
Este caso lleva 12 reenvíos, pero todavía no se conoce el fondo de la extradición que fue solicitada hace nueve meses, y que pasó por la antigua cámara penal de la SCJ y que ahora la conocen los actuales miembros de esa sala.
Mientras que los acusados de vender la droga que llegaba a estudio al INACIF, Andy Wilman Alcántara Morillo y Ruddy Argenis Romero Aquino, es un caso descubierto en agosto del 2010 y lleva dos años en los tribunales y aún no se ha condenado a ninguno de los acusados.
Este caso fue un escándalo porque Alcántara Morillo era empleado del INACIF y la persona que sacabala droga de la institución para venderla a los narcotraficantes.
Con la ayuda de un agente encubierto, los acusados Alcántara Morillo y Romero Aquino le vendieron dos kilos de cocaína, por un valor de 600 mil pesos.
Otros casos
Otros casos de corrupción que se han rezagado en los tribunales son los de los acusados del fraude al Seguro Médico para Maestros (SEMMA) y el caso de los cuatro es ejecutivos del Banco Central acusados de la sustracción de 16 pagarés de esa entidad bancaria.
La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) anunció el sometimiento, el pasado año, de cuatro ex funcionarios del SEMMA acusados de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, hace casi un año el caso se ha estancado.
En mayo del 2011, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso una garantía económica de un millón 500 mil pesos como medida de coerción a cuatro ex funcionarios de la
ARS-SEMMA.
A Fernando A. Conde Modesto, ex director médico; Marcelino Rijo Guzmán, ex director administrativo y financiero; Eddy Leonardo Terrero Fermín, encargado del departamento de auditoría y a Luis Sánchez Paredes, encargado del departamento de tesorería también les fue impuesto un impedimento de salida por el desfalco por más de 540 millones de pesos.
Desde el año 2010, la DPCA sometió a la justicia a cuatro ex funcionarios del Banco Central por la supuesta sustracción de 16 pagarés por valor de diez mil millones de pesos, proceso que aún sigue en los tribunales y lleva tres años en la misma etapa.
La DPCA acusa a José Lois Malkún, Félix Calvo, Apolinar Veloz y Manuel Rubio Cristóforis, quienes eran funcionarios de esa entidad bancaria en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) desde el 2000-2004.
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