Miriam Germán Brito, sobre el poder judicial y su independencia: «Pasé un tiempo sometida a un brutal acoso”

Servicios de Acento.com.do  26 de agosto de 2019 | 3:00 pm SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para la pensionada magistrada Miriam Germán Brito, ex presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la ausencia de independencia en el poder judicial “devasta el carácter social y democrático que se supone consustancial al Estado de Derecho”. Para la ex jueza la independencia es una herramienta imprescindible para la administración de justicia, en cuyas decisiones no deben estar ausentes el derecho a un trato igualitario. Dijo que El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político bajo la dirección del presidente de la República, y que los miembros que se suponen independientes le deben favores o le temen al jefe de Estado, por lo que no resulta confiable para garantizar la independencia del poder judicial. En un reconocimiento que le hizo la Comisión Dominicano de los Derechos Humanos, que dirige Manuel Mercedes, Miriam Germán declaró que en el Consejo de la M

ONEC advierte sobre impacto modificación ley de alquiler

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Publicado por DIARIO LIBRE

11 Abril 2010, 10:56 PM

ONEC advierte sobre impacto modificación ley de alquiler

Modificación podría generar alza precios productos y un impacto negativo sobre sector inmobiliario


SANTO DOMINGO.- La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió que de ser aprobado el proyecto que pretende modificar la Ley de Alquiler 4314 habrá un impacto directo sobre los bolsillos de los inquilinos de viviendas y los gastos operacionales de establecimientos comerciales o industriales alquilados, y por ende de manera indirecta en los niveles de precios de los productos de consumo.

El presidente de la ONEC, Pedro Pérez González, aseguró que de ser aprobado éste proyecto se encarecerá en un 8.3% el costo del arrendamiento, equivalente a un mes por año de contrato, para los propietarios e inquilinos, debido a que esto viene a representar un impuesto adicional a los alquileres de viviendas y locales comerciales.

Recordó que fue el 14 de enero del año en curso cuando el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que propone modificar la Ley de Alquiler 4314, a su vez modificada ya por la Ley 17-88, el cual persigue capitalizar al Banco Agrícola aumentando su captación de recursos por concepto de los depósitos o sumas adelantadas por los inquilinos de viviendas, locales comerciales y otros tipos de inmuebles.

Destacó la necesidad e importancia de promover y apoyar el sector agropecuario, pero no en base a subsidios cruzados entre sectores económicos independientes.

La ONEC entiende que el Proyecto de Ley desconoce el propósito original de los depósitos que es garantizar el pago de la renta y la rentabilidad del propietario, ante la eventualidad de que el inquilino incurra en atrasos, asegurar el buen uso del inmueble y devolverlo en las mismas condiciones en la que fue entregado, además de devolverle los depósitos oportunamente al inquilino al finalizar el contrato, subrayó Pérez González.

El empresario dijo que la modificación de la Ley de Alquiler tendrá además un impacto negativo sobre el sector inmobiliario, ya que desincentiva los contratos y negociaciones de alquileres a largo plazo, al crearle presión al propietario y al inquilino de tener que depositar un mes por cada año del contrato al momento de la firma.

Entre otras posibles implicaciones del proyecto, el presidente de la ONEC citó que no establece un plazo para la devolución de los depósitos de alquiler al propietario o al inquilino, lo que pude ser un motivo de conflicto entre los inquilinos y propietarios, y sin lugar a dudas perjudicaría a los inquilinos que a fin de cuentas deben recibirlos de vuelta si cumplen con el contrato.

También si el propietario no deposita en el BA el contrato los servicios sujetos a esta nueva regulación (teléfono, agua, luz) no podrán ser contratados por el inquilino. Esto representaría un obstáculo a las empresas prestadoras de servicios, consecuentemente afectaría sus niveles de operaciones y por tanto de sus contribuciones al fisco. Igualmente el Inquilino podría confrontar dificultades para recibir estos servicios.

Asimismo, el proyecto de Ley exige unas formalidades adicionales para deducir el gasto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las ya consignadas en el Código Tributario (NCF), agregando más pasos y documentación a los mecanismos existentes. Esto conllevaría mayores costos procedimentales .

Igualmente, el inquilino no podrá deducirse el gasto del ISR si ha habido incumplimiento por parte del propietario del depósito en el BA. De manera que el inquilino podría verse afectado por el inclumplimiento del propietario, lo que sería un potencial generador de conflictos y consecuentemente afectaría estas operaciones inmobiliarias.

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