miércoles, 29 de julio de 2015

Poder Judicial:Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de República Dominicana y de los Estados Unidos Mexicanos

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Sírvanse encontrar en los siguientes enlaces las legislaciones:

  1. Res. No. 119-15 que aprueba el Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de República Dominicana y de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 23 de julio de 2013. G. O. No. 10804 del 9 de julio de 2015.

Enlaces:

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Atentamente, 

Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)

Consejo del Poder Judicial, República Dominicana

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Poder Judicial: Constitución de la República, votada y proclamada el 13 de junio de 2015

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Sírvanse encontrar en los siguientes enlaces las legislaciones:

  1. Constitución de la República, votada y proclamada el 13 de junio de 2015. Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015.

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lunes, 27 de julio de 2015

El problema es de autoridad.


Sobre los lamentables accidentes de tránsitos ocurridos los últimos días hay mucha preocupación a nivel nacional, hay quienes dicen que el problema es de concienciación, otros de educación. El problema de tránsito en Rep. Dom. pudiera tener ingredientes de los mencionados anteriormente no lo voy a negar y quizás fuera un tema para una amplia discusión, pero aquí el problema es de autoridad; nuestro país carece de autoridad. Aquí la autoridad tiene un enfoque diferente al necesitado, el día de hoy usted sale a buscar un AMET y pueden estar seguro que muchos están en sombras, esperando que pase uno con un celular o unos vidrios tintados (que está mal, no lo voy a discutir) pero mientras ese AMET está esperando a ese que pase con esas características porque es donde está el dinero, hay decenas de padres de familia violando todas las reglas de tránsito y él es ajeno a esa realidad su enfoque es un celular o un tintado, mientras en su esquina unos cruzan en rojo, otros se meten en vías contrarias, los Delivery hacen lo que quieran, etc. etc. Otros AMET estarán en un operativo buscando motores sin cascos, Delivery sin papeles, etc que está bien que lo hagan pero no es primordial, no es el enfoque necesario. Aquí el AMET debe de estar para las cosas que si se traducen en accidentes de tránsito lamentables, camiones sin luces, camiones con sobrecargas, camiones en malas condiciones, carros sin luces, motores en vías contrarias, carros que doblan en U, carros sin frenos, carro en malas condiciones, guagueros sin luces, sin puertas, que frenan donde le da la gana, que doblan donde no se doblan que siguen donde se detienen etc. el problema nuestro es de autoridad y dentro del problema de la autoridad el problema de enfoque. Pero saben cuál es el mayor problema de la autoridad? Que no tienen conciencia, ni educación y eso es lo grave del MAL. 

Danilo Jiménez 
27 julio 2015

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jueves, 23 de julio de 2015

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AIRD anuncia respaldo a aprobación de la Ley de Reestructuración Mercantil

AIRD anuncia respaldo a aprobación de la Ley de Reestructuración Mercantil:

EL NUEVO DIARIO,SANTO DOMINGO.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), al igual que otras organizaciones empresariales e instituciones públicas, saludó la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Reestructuración Mercantil, la cual fue el fruto de un ejemplar proceso de consenso entre los sectores público y privado que culminó con el efectivo impulso de varios legisladores, senadores y diputados, para hacer de esta ley una realidad. Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la AIRD, aseguró que este instrumento jurídico ofrecerá a las empresas la oportunidad de superar las dificultades económicas y salvaguardar su inversión cuando se presentan dificultades, con el objetivo de facilitar su reestructuración económica y que las mismas puedan mantenerse como unidades productivas, contribuyendo así al bienestar económico y social. Recordó que la carencia hasta el momento de este importante instrumento legislativo constituía una de las grandes debilidades de la República Dominicana en el ranking de Doing Bussines elaborado por el Banco Mundial, por lo que esperan que con su entrada en vigencia el país mejorará significativamente su posicionamiento a nivel internacional; ya que dicha ley permitirá a las empresas sortear dificultades financieras y salvaguardar, tanto la protección de los empleados en empresas que enfrentan circunstancias de este tipo, como los derechos y acreencias de los inversionistas. “Esto contribuye a la seguridad jurídica en la inversión, contribuye a sostener el empleo y, en todo caso, a proteger el derecho de los empleados, señaló la vicepresidente ejecutiva de la AIRD. “Es muy importante tanto para los deudores como para los acreedores e incluso se trata de un empujón en la dirección de la formalidad, ya que todo aquel que quiere acogerse a este marco legal tiene que estar formalizado y al día en el pago de sus impuestos”, expresó Almánzar. La iniciativa legislativa fue impulsada por el Consejo Nacional de Competitividad desde el 2007, como aprte del Plan Nacional de Competitividad Sistémica y promovida posteriormente por el Viceministerio de Competitividad del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD). La misma Establece plazos durante los cuales los agentes del sistema financiero no podrán cobrar intereses ni embargar, como mecanismo para que las empresas logren superar las dificultades de liquidez que se presentan y que los empleados no queden en la calle desprotegidos.

(Via nd)

Senado convierte en ley proyecto regula y crea Colegio de Notarios

Senado convierte en ley proyecto regula y crea Colegio de Notarios:

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El Senado de la República aprobó este miércoles y convirtió en ley, al declarar de urgencia, el proyecto que regula el Notariado Dominicano e Instituye el Colegio Dominicano de Notarios, autoría que fue sometida por los diputados Demóstenes Martínez y Eugenio Cedeño. La iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para su ponderación, y establece sanciones cuando el abogado ejerciere la función de notario, sin perjuicio de las sanciones que le son aplicables como abogado y conforme a la ley, será sancionado con la destitución como notario. Entre las penalidades están la comisión de todo hecho atentatorio contra la moralidad profesional y el interés público, según lo apreciare el Consejo del Poder Judicial; por inconducta notoria; por faltas graves en el ejercicio de sus funciones y que no estén previstas como penales, así como ejercer la función de notario fuera de la jurisdicción para la cual haya sido nombrado o autorizado, salvo en los casos previstos expresamente por la ley. También por escriturar actos y legalizar firmas o huellas digitales en que sean partes ellos mismos o sus parientes y afines en línea directa, en cualquier grado, y en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive, o que contengan disposiciones a favor del Notario o de cualquiera de las personas especificadas, entre otros. Sistema correccional Los senadores acogieron en segunda lectura la ley orgánica que regula el Sistema Correccional de la República Dominicana, que pretende fortalecer el sistema penitenciario y asegurar la ejecución de las penas privativas de libertad. Tiene por objetivo, además, obtener de la persona la corrección, rehabilitación y la reinserción a la sociedad, con voluntad y capacidad para respetar la ley. Con esta ley del Poder Ejecutivo se trata de readecuar las normativas sobre el régimen penitenciario, crear un marco legal acorde con la realidad actual, brindar seguridad a la ciudadanía mediante el cumplimiento de las penas dispuestas por la justicia a las personas que infrinjan la ley. La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y ponderación. Biodiversidad También los senadores declararon de urgencia y aprobaron en dos sesiones consecutivas con modificaciones, el proyecto que permitirá una adecuada administración, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. La pieza legislativa la sometió el Poder Ejecutivo y al perimir la reintroducido el senador por Monseñor Nouel, fue acogido por los senadores, y está dirigido a la “formulación y conducción de las políticas para la seguridad de biotecnología moderna”. El proyecto de Biodiversidad dispone que “el Estado dominicano es soberano en la formulación y ejecución de las políticas sobre la biodiversidad en todo el territorio nacional, la cual es parte del patrimonio natural de la nación, y no hay derechos adquiridos sobre ella, por lo que su manejo, captura, uso, explotación y movilización estarán sujetos a lo establecido por la ley". Otra iniciativa que aprobó en segunda lectura el pleno de senadores es el proyecto sobre Registro y Mantenimiento de Infraestructuras, de la autoría del senador Félix Bautista. Símbolos patrios También los Senadores aprobaron en segunda lectura el proyecto de los símbolos patrios, del congresista Eddy Mateo, José Rafael Vargas y José María Sosa. Además, los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos, de la representante por La Romana, Amarilis Santana. Asimismo fue aprobado en primera lectura el proyecto que dispone la Aplicación de Auditorías Técnicas a las Obras de Infraestructuras Públicas, del senador José Rafael Vargas.

(Via nd)

Expertos exponen sobre naturaleza constitucional y libertad de expresión en conversatorio para periodistas en Mao

Expertos exponen sobre naturaleza constitucional y libertad de expresión en conversatorio para periodistas en Mao:

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Mao, Valverde. Unos 80 comunicadores, periodistas y abogados de esta provincia participaron durante el conversatorio titulado “Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social”, auspiciado por el Tribunal Constitucional, fruto del convenio interinstitucional de colaboración con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

El Tribunal Constitucional desarrolló esta iniciativa como parte de una serie de capacitación con miras al fortalecimiento y la difusión del conocimiento de los derechos y deberes constitucionales con el objetivo de propiciar espacios de reflexión y debate sobre el nuevo orden en la jurisdicción constitucional, entre los directores, editores, reporteros, abogados y estudiantes de derecho.

Además busca la aplicación del manejo responsable de la información que surge de la justicia constitucional, a través de ustedes los profesionales de ambas ramas para mejorar su especialización de la labor en la materia.

El evento tuvo una duración de cuatro horas y contó con dos ponencias: la primera a cargo del magistrado Domingo Gil, juez de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, quien trato el tema “El Tribunal Constitucional y la Naturaleza del Derecho Procesal Constitucional”.

En su ponencia el doctor Domingo Gil, explicó que las convenciones ratificadas tienen un carácter vinculante  reconocido por la Constitución vigente en su artículo 74, numeral 3: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”. También hizo referencia al artículo 73  de la Constitución sobre la  nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Otros de los aspectos de su exposición fue lo referente al Tribunal Constitucional como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad y la autonomía de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado.

La segunda conferencia titulada “Derechos Fundamentales con Especial Referencia a la Libertad de Expresión” fue expuesta por el doctor José Luis Taveras, experto en Derecho Comercial, el cual explicó que el derecho sobre la libre expresión fortalece y consolida el Estado democrático moderno, además aporta al desarrollo personal relacionado con la propia condición humana.

El director de la revista Gaceta Judicial, sostuvo que este derecho le da al hombre la capacidad de conocer su mundo interior y la oportunidad de recibir información de la manera que te permite generar la dinámica de tu entorno y poder divulgarla. “Es un derecho humano que no necesita ser reconocido por un texto de ley, viene impreso en la misma naturaleza humana de ahí su deferencia con los derechos fundamentales, derecho de primera generación, y de aplicación inmediata”.

En el evento celebrado en el Centro UASD-MAO, tuvo palabras el licenciado Marcos Peláez Bacó, letrado del Tribunal Constitucional, en representación del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, quien explicó los objetivos y la metodología de estos espacios de formación.

El coordinador académico de este conversatorio es el magistrado Máximo Matos Feliz, juez presidente de la Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Barahona, quien introdujo a los conferencistas del cual resaltó la experiencia de trabajo de cada uno de ellos.

En la ceremonia habló el doctor Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, el cual dijo que viene acompañando a la alta corte con estos espacios de formación desde primer conversatorio  que hoy se cumple el número 16, los cuales pretenden establecer una cultura constitucional, capacitando a diferentes actores sociales que intervienen en el campo jurídico y social. El decano estuvo acompañado por el doctor Juan Antonio Taveraz, director del centro académico.

El licenciado Olivo De León, presidente del Colegio Dominicano de Periodista (CDP) al dirigirse a los presentes explicó que el encuentro da cumplimiento al acuerdo firmado entre el gremio periodístico y la corte constitucional mediante el cual se han capacitado comunicadores tanto local como internacional.

El director de Comunicaciones del TC, el licenciado Rafael Polanco y la licenciada Manolita Sosa, encargada del Departamento de Capacitaciones, estuvieron acompañando de los panelistas.

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(Via Tribunal Constitucional de la República Dominicana)

AIRD afirma Ley de Quiebras propicia la formalización del comercio y mayores recaudaciones

AIRD afirma Ley de Quiebras propicia la formalización del comercio y mayores recaudaciones:

Today at 7:29 AM AIRD afirma Ley de Quiebras propicia la formalización del comercio y mayores recaudaciones Servicios de Acento.com.do Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) se adhirió este miércoles a los sectores empresariales que aplauden la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Reestructuración Mercantil, conocida como Ley de Quiebras.

Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la AIRD, indicó que la legislación “fue fruto de un ejemplar proceso de consenso entre los sectores público y privado que culminó con el efectivo impulso de varios legisladores, senadores y diputados”, para hacerla una realidad.

Indicó que este instrumento jurídico ofrecerá a las empresas la oportunidad de superar las dificultades económicas y salvaguardar su inversión cuando se presentan dificultades, con el objetivo de facilitar su reestructuración económica y que las mismas puedan mantenerse como unidades productivas, contribuyendo así al bienestar económico y social.

Almánzar recordó que la carencia hasta el momento de este importante instrumento legislativo constituía una de las grandes debilidades de la República Dominicana en el ranking de Doing Bussines elaborado por el Banco Mundial, por lo que esperan que con su entrada en vigencia el país mejorará significativamente su posicionamiento a nivel internacional.

Agregó que la ley permitirá a las empresas sortear dificultades financieras y salvaguardar, tanto la protección de los empleados en empresas que enfrentan circunstancias de este tipo, como los derechos y acreencias de los inversionistas. “Esto contribuye a la seguridad jurídica en la inversión, contribuye a sostener el empleo y, en todo caso, a proteger el derecho de los empleados, señaló la vocera de la AIRD.

“Es muy importante tanto para los deudores como para los acreedores e incluso se trata de un empujón en la dirección de la formalidad, ya que todo aquel que quiere acogerse a este marco legal tiene que estar formalizado y al día en el pago de sus impuestos”, expresó Almánzar.

La iniciativa legislativa fue impulsada por el Consejo Nacional de Competitividad desde el 2007, como aprte del Plan Nacional de Competitividad Sistémica y promovida posteriormente por el Viceministerio de Competitividad del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD). La misma establece plazos durante los cuales los agentes del sistema financiero no podrán cobrar intereses ni embargar, como mecanismo para que las empresas logren superar las dificultades de liquidez que se presentan y que los empleados no queden en la calle desprotegidos.

(Via Acento)

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martes, 21 de julio de 2015

Información relativa al “Procedimiento para la validación de las sentencias de divorcio firmadas de orden, que no se encuentren objetadas por ninguna de las partes”

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Sírvanse encontrar en el siguiente enlace información relativa al “Procedimiento para la validación de las sentencias de divorcio firmadas de orden,  que no se encuentren objetadas por ninguna de las partes”: 

 

Acta Núm. 48/2014(Numeral  23) del Consejo del Poder Judicial, de fecha 3 de diciembre de 2014.

 

Enlace: http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/actas_cpj/ACTCPJ_48_2014.pdf

 

 

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miércoles, 15 de julio de 2015

Acumulación de los fines de inadmisión

Acumulación de los fines de inadmisión

Publicado el 28 de enero del 2009 - 11:41 am por JULIO CURY

Los fines de inadmisión son aquellos por medio de los cuales el demandado cuestiona el derecho de acción del demandante por carecer de una de las condiciones que lo hacen recibible. El artículo 44 de la Ley No. 834 establece que caracterizan “sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada”. 

 Más claramente, cuando el demandante no es la persona que la ley inviste con la facultad de ejercer la acción, cuando no acusa un interés directo, personal, jurídico y legítimo en el proceso, cuando expira el plazo previsto para notificar un determinado recurso, cuando se reclama tardíamente la pretensión que se persigue, o cuando ella ha sido ya juzgada irrevocablemente, el tribunal debe declararla inadmisible sin necesidad de abocarse al fondo. 

No obstante, la tendencia que predomina es la de acumular los medios de inadmisión, lo que a mi modo de ver le sustrae su propósito procesal, que no es otro que el de evitarle al demandado contestar el objeto de la demanda. En efecto, al acumularlos y ponerse en mora a la parte que lo propone para que subsidiariamente desarrolle los argumentos de defensa sobre el fondo del proceso, se desnaturaliza el sentido de los fines de no recibir, como le llaman los franceses, y que es, insisto, el de economizarle al demandado los rigores de instruir el proceso. 

Pero, ¿no dispuso el legislador que el juez debe decidirlos “sin examen al fondo”? Se me podrá decir que cuando se acumulan y resultan acogidos, el tribunal no pondera el objeto de la demanda. Sin embargo, en esos casos el demandado no sólo es precisado a sustentar el medio propuesto, sino también a proveerse de pruebas documentales y testimoniales que contesten las pretensiones del demandante, y más aún, a desarrollar paralelamente su defensa al fondo. 

Y es por esa razón que opino que la sentencia del 23 de noviembre del 2008, dictada por la Suprema Corte de Justicia, que revalidó la tesis de que los jueces del fondo pueden acumular los incidentes procesales que le sean planteados para fallarlos conjuntamente con el fondo, no responde a razonamientos jurídicos correctos. En el caso que dio lugar a dicha sentencia, el tribunal a quo comprobó el asunto había sido juzgado de manera irrevocable, quedando  cerrada toda vía de nueva acción. 

Sin embargo, en lugar de decidir in limini litis el fin de inadmisión propuesto, para lo cual bastaba comprobar la cosa juzgada, esto es, que un proceso idéntico entre las mismas partes y por la misma causa y objeto había sido ya decidido, lo acumuló. Nada importó que finalmente se acogiera, pues el demandado terminó gastándose la molestia de recabar nuevamente las pruebas que sustentaban sus conclusiones subsidiarias, y motivando por escrito los argumentos que contestaban el objeto de la acción en justicia. 

Reitero mi desacuerdo con acumular los fines de inadmisión, no así otros incidentes que se plantean con el evidente propósito de dilatar el conocimiento del proceso. Y es que al forzarse al demandado a ir más allá de la discusión del derecho de acción del demandante, o más claramente, del examen de la ausencia de las condiciones que lo hacen recibible, se desfigura el artículo 44 de la Ley  834, que procura justamente despojar al demandado de la carga que implica llegar hasta el fondo.

viernes, 10 de julio de 2015

Procedimiento de Pago de Tasa por Emisión de Certificación en la División de Oficiales de la Justicia

Distinguidos(as) usuarios(as) del Poder Judicial:

 

Información de Interés:

 

Sírvanse encontrar el Procedimiento de Pago de Tasa por Emisión de Certificación en la División de Oficiales de la Justicia, disponible en la Web del Poder Judicial , a través del enlaceAquí  

Atentamente,

 

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Aviso Importante: No será posible aparcarse en el área perimetral del Congreso Nacional

Distinguidos(as) usuarios(as) del Poder Judicial:

 

Por la presente, informamos a los usuarios que visitan los edificios del Consejo del Poder Judicial y Suprema Corte de Justicia, así como  la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que el próximo lunes 13 de junio de 2015 no será posible aparcarse en toda el área perimetral del Congreso Nacional, tomando en cuenta razones que obedecen a un protocolo de seguridad.

 

Lamentamos los inconvenientes que esta acción pueda generar.

 

Atentamente,

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Web: www.suprema.gov.do / www.poderjudicial.gov.do

lunes, 6 de julio de 2015

Sobre la independencia e imparcialidad de los jueces

Opinión

Sobre la independencia e imparcialidad de los jueces

 - 

Muchos autores estiman que el “derecho a la jurisdicción” es la “garantía de las garantías” o “la única garantía”, pues es donde se debe otorgar la protección jurídica que demandan las partes, siempre acorde con la Constitución, los tratados y las convenciones internacionales de derechos humanos, es decir, es donde se deben hacer efectivos los otros derechos o garantías, razones que hacen imperiosa la necesidad de jueces independientes e imparciales para lograr estos objetivos y hacer válido el proceso. Obviamente, el tema de la “independencia e imparcialidad”, en débiles sistemas democráticos podría ser objeto de múltiples cuestionamientos que afectan esta “garantía de las garantías”.

Lo primero es que el tribunal debe estar designado antes de los hechos de la causa que habrá de conocer (CPP: 4), entendiéndose la imposibilidad de que existen tribunales “ad-hoc” o creados exclusivamente para conocer un hecho y posterior a la ocurrencia del mismo. Esta es la “garantía del juez natural”, el cual tendrá “jurisdicción para entender un hecho concreto y que sólo por circunstancias excepcionales puede delegar o transferir esa capacidad para actuar” (Gozaíni: 233). Al efecto, aún en débiles sistemas democráticos como el dominicano, la garantía del juez natural se aplica y, se podría casi afirmar a “voz en cuello” que no es el “problema de la justicia”.

Lo segundo, en el tema de la “independencia e imparcialidad”, siguiendo a Gozaíni, son los aspectos subjetivos, haciendo referencia a “las condiciones personales que se necesitan para que el juez sea cabalmente quien concrete las reglas y principios del debido proceso”, necesitándose, entre otros adjetivos, un juez que “sea neutral, idóneo, equitativo, que razone y fundamente sus sentencias” entre otras (Gozaíni: 234). Pero, a la vez, que no esté entronizado, que sea un juez humano y que sus decisiones reflejen el “sentimiento de la justicia”, lo cual, evidentemente, implica muchas cosas.

De igual forma, el tema de la “independencia” del juzgador tendrá que ver con posibles intromisiones al Poder Judicial tanto de “factores externos como internos” al mismo que podría implicar decisiones otorgadas por favores o deudas políticas, por presiones mediáticas o por falta de responsabilidad y carácter del juzgador.

En todo caso “la independencia judicial, a los fines de resolver la vigencia total del debido proceso, no se interpreta como principio, sino como herramienta para un servicio esencial: la imparcialidad” (Gozaíni: 250).

Sin embargo, no podemos olvidar que el juez “pertenece” a la sociedad sobre la cual tiene la potestad de dirimir algunas de las controversias que pueden nacer en la misma. No es, ni puede ser, un ser alejado de sus conciudadanos. Y, además, como parte de la sociedad tendría las virtudes y las deficiencias de ésta.

Aspiramos a la imparcialidad y a la independencia, a que el juez sólo esté atado a los principios generales del derecho, a la Constitución y a la Ley. Cuando esto se logre, aunque no parece ser por ahora, tendremos, evidentemente, un mejor país.
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Jueces pueden imponer pena mayor a la solicitada por el Ministerio Publico.pdf


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