La organización recordó en un comunicado difundido en Santo Domingo que, en junio de 2013, la cámara baja dominicana aprobó un proyecto de reforma del Código Penal, que introdujo una excepción a la prohibición total del país sobre el aborto.
“Esto permitió la posibilidad de despenalizar el aborto cuando la vida de la mujer estuviera en peligro por el embarazo”, expresó la organización defensora de los derechos humanos.
Sin embargo, sostuvo que tras las presiones de la Iglesia Católica, el Senado eliminó esta disposición, y ayer la Cámara de Diputados aprobó la versión de la cámara alta.
La versión aprobada en el Congreso Nacional mantiene las sanciones penales de dos a tres años de prisión en contra de todas las mujeres que se provocan un aborto y en contra de todos los que cooperan con la interrupción de su embarazo.
“El personal médico o farmacéutico que facilita o asiste en abortos también es castigado con una pena de prisión entre cuatro y 10 años”, expuso Amnistía Internacional.
Además, la organización explicó que si una mujer muere como consecuencia del aborto, la sanción penal en contra de las personas que hayan facilitado o asistido en la interrupción del embarazo de la fallecida se incrementa a entre 20 y 30 años.
Este código, que ya fue aprobado por el Senado en junio pasado, deroga el viejo Código Penal que data de hace 130 años.
La iniciativa, que llevaba más de 14 años en el Congreso Nacional, contó con el voto favorable de 132 diputados, mientras 11 se abstuvieron y tres votaron en contra.
“La penalización del aborto en todas las circunstancias, como se mantiene en la nueva legislación, viola los derechos de las mujeres a la vida, la salud y la libertad frente a la discriminación y la tortura o los malos tratos, contraviniendo las obligaciones internacionales de derechos humanos de la República Dominicana”, dijo Amnistía Internacional.
En este sentido, llamó al presidente Medina a garantizar el acceso al aborto en la legislación y en la práctica, como mínimo, en los casos en los que el embarazo supone un riesgo para la vida o para la salud física o mental de una mujer o niña embarazada, así como en los que el feto no será capaz de sobrevivir fuera del útero, y en aquellos casos en los que el embarazo es producto de una violación o incesto.
La organización defensora de los derechos humanos aseguró que la penalización del aborto disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto escalofriante” sobre los médicos, que tienen miedo de proporcionar tratamiento para salvar las vidas de mujeres que están en riesgo por el embarazo o que sufren complicaciones de un aborto inseguro.
Por otro lado, la organización dominicana Colectiva Mujer y Salud dijo ayer que de ser promulgado por el Poder Ejecutivo este Código “reafirmaría la condición de Estado violador de los derechos humanos que en los últimos tiempos caracteriza a nuestro país ante los ojos del mundo”.
La ONG defensora de los derechos de la mujer opinó que la ley aprobada en el Congreso atropella normativas internacionales, garantías constitucionales y el más elemental sentido de justicia.
“La reforma del Código será recordada como una infamia histórica de un Congreso y una Iglesia que dicen defender la vida pero que no les tiembla el pulso para negarle a una mujer el aborto terapéutico que puede salvar su vida”, manifestaron desde la ONG.
El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), que forma parte del movimiento feminista y de mujeres, dijo hoy que la decisión tomada por los diputados “reitera la negación de derechos que hemos estado reclamando por años”.
“El país tiene una involución de 120 años frente al marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres”, sostuvieron desde el CEG-INTEC.
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