sábado, 29 de noviembre de 2014

Poder Ejecutivo veta ley del Código Penal -





El presidente Medina hizo una observación parcial a la ley del Código Penal aprobado por el Congreso, por no estar de acuerdo con lo que establecido sobre el aborto. SANTO DOMINGO.



Ver aqui: http://eldia.com.do/poder-ejecutivo-veta-ley-del-codigo-penal/

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Danilo observó Código Penal porque viola la Constitución y los derechos de la mujer





“Todo lo anterior nos plantea como sociedad un problema de salud pública de primer orden, que por demás afecta de manera desproporcionada a las mujeres de escasos recursos.” SANTO DOMINGO, República Dominicana.



Ver aqui: http://acento.com.do/2014/actualidad/8199658-danilo-observo-codigo-penal-porque-viola-la-constitucion-y-los-derechos-de-la-mujer/

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Presidente TC: Mayor reto de RD es construir un Estado social y democrático de derecho





Santo Domingo, RD.



Ver aqui: http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=400803

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Eric Raful: Constitución ordena reordenamiento instituciones públicas





Santo Domingo.-La Constitución Dominicana exige de las instituciones una reingeniería de modo tal que se moldee progresivamente todo el ordenamiento estatal. Este ordenamiento debió iniciarse desde el 26 de enero del 2010, fecha en que fue proclamada la Carta Magna, pero aún, no ocurre nada.



Ver aqui: http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=400818

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Concluye Congreso de Justicia Constitucional









Ver aqui: http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=400828

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Danilo devuelve el Código Penal, y pide incluir excepciones al aborto





SANTO DOMINGO.



Ver aqui: http://www.diariolibre.com/noticias/2014/11/29/i904921_danilo-devuelve-cdigo-penal-pide-incluir-excepciones-aborto.html

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Congreso Tribunal Constitucional analiza papel en reconocer derechos sociales





SANTO DOMINGO.



Ver aqui: http://www.diariolibre.com/noticias/2014/11/29/i904911_congreso-tribunal-constitucional-analiza-papel-reconocer-derechos-sociales.html?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_1

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Los emplastos legales





Una parte importante del “patrimonio cultural” dominicano consiste en que las leyes son promulgadas “para no ser cumplidas”.



Ver aqui: http://hoy.com.do/los-emplastos-legales/

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viernes, 28 de noviembre de 2014

Fiscal atribuye amenaza de interpelar a Domíngez Brito a investigaciones contra Bautista

diariolibre.com

Fiscal atribuye amenaza de interpelar a Domíngez Brito a investigaciones contra Bautista

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso

SANTO DOMINGO.- La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, atribuyó  la amenaza de una interpelación al procurador general, Francisco Domínguez Brito, a la investigación que el jefe del Ministerio Público realiza a la fortuna adquirida por el senador Félix Bautista.

"Las amenazas de juicio político al Procurador @DominguezBrito por investigar un caso de corrupción es tan asqueante como el caso en cuestión", dice Reynoso en un tuit, aunque, según la Constitución de la República, a Domínguez Brito no le corresponde un juicio político sino una interpelación.

La fiscal reaccionó a una información difundida en el Listín Diario, firmada por el embajador dominicano en España, César Medina, de que legisladores "buscarían" interpelar al Procurador General.

No obstante, la publicación señala que la interpelación sería por "activismo político", lo que, señala la nota, viola la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Yeni Berenice Reynoso dice en un segundo tuit que "el tema de corrupción hay gente que tiene un chantaje descarado. Si usted es tan inocente póngase a disposición de la justicia".

Al respecto, también se pronunció el presidente dela Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien subió en la misma red social que la investigación por parte de los legisladores al procurador general "no encontrará acogida".

Igualmente, el senador por el Distrito Nacional y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, aseguró que desconoce que exista esa intención de interpelar al procurador en el Congreso.

Pared Pérez agregó, asimismo, que de existir esa iniciativa "debe contar con el visto bueno del PLD" y "que no cuenten conmigo".

El procurador general colocó notas de advertencia en contra de bienes inmuebles de Félix Bautista, valorados en más de 3 mil millones de pesos. 

Félix Bautista es investigado por corrupción y lavado debido a que, según el procurador general, desarrolló un amplio circuito, para supuestamente tratar de ocultar y dar apariencia de licitud a activos obtenidos con dinero de dudosa procedencia, mientras se desempeñaba como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Explicó que Bautista ha logrado desarrollar una compleja red societaria e ingeniería financiera "para ocultar y disfrazar un ostentoso patrimonio, que ha sido colocado y encubierto, en parte, en la economía dominicana, mediante la apertura de millonarias cuentas bancarias, así como a través de la adquisición y desarrollo de suntuosos bienes muebles e inmuebles".

Finjus apoya Poder Ejecutivo promulgue el nuevo Código Penal

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Finjus apoya Poder Ejecutivo promulgue el nuevo Código Penal

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró que el nuevo Código Penal es una herramienta moderna que le permitirá al Estado contribuir a reducir los niveles de criminalidad que existen en el país y tornará más rápida la rehabilitación de muchos condenados.

El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, doctor Servio Tulio Castaños, dijo que esa entidad ha participado activamente en el proceso de discusión de esa pieza legislativa y que la misma es el producto del consenso de amplios sectores de la vida nacional.

"El nuevo Código Penal, que debe ser promulgado, va a sustituir a una normativa penal material que tiene 130 años, que es anterior a la dogmática jurídico-penal moderna", apuntó.

Castaños Guzmán dijo que si bien es cierto que algunas penas han sido aumentadas, eso en modo alguno vulnera el mandato constitucional que ordena rehabilitar y reinsertar a los condenados.

"Las penas más altas, de 30 a 40 años, se impondrán a delitos muy graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las infracciones graves de guerra, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que causen la muerte, el secuestro con tortura, la violación seguida de la muerte de la víctima, así como el sicariato, que no estaban tipificados en el Código Penal vigente", explicó el abogado.

Indicó que "sin embargo, el nuevo Código Penal establece que esas penas altas podrán ser rebajadas o sustituidas por otras penas menores si los jueces entienden que hay circunstancias que atenúan la responsabilidad penal del imputado".

"Un Código Penal no está diseñado para acabar con la delincuencia, sino para tipificar como delitos las conductas que lesionan y ponen en muy grave riesgo a bienes jurídicos protegidos, como la vida, la integridad física, la integridad sexual y otros que son protegidos en todas las sociedades civilizadas", manifestó.

Castaños Guzmán dijo que cuestionar el nuevo Código Penal porque se castiguen con penas ejemplares delitos muy graves como el genocidio y la tortura, es desconocer que en todas las latitudes esas infracciones son conminadas con sanciones similares.

"La Constitución no prohíbe sancionar en forma ejemplar un delito muy grave. Lo que prohíbe es que las penas vulneren los principios de proporcionalidad, necesidad, utilidad y razonabilidad", manifestó.

Calificó como un avance importante el establecimiento de institutos novedosos como el de la "prisión programada", así como el de la "prisión por horas" y la "prisión de fin semana y días feriados", para personas condenadas a menos de un año de prisión.

"Esas formas novedosas de cumplimiento de la pena, le permitirán a muchos dominicanos cumplir su pena y, al mismo tiempo, trabajar y ayudar a sus familias, con lo cual su rehabilitación y reinserción social será más rápida y efectiva", aseguró.

El aborto terapéutico

Castaños Guzmán dijo que, del mismo modo, el nuevo Código Penal no debe ser criticado porque no despenalice totalmente el aborto.

"El derecho al aborto que reclaman algunas organizaciones es un tema muy debatido y de difícil solución, porque la Constitución establece que el derecho a la vida existe desde la concepción hasta la muerte", manifestó.

Explicó que, a pesar de ello, cuando la vida de la madre se encuentra en peligro y ello es avalado por estudios médicos serios, "es probable que estemos en presencia de un estado de necesidad disculpante contemplado expresamente por el artículo 22 de la nueva normativa y amparado por el artículo 42 numeral 3 de la Constitución, expresamente mencionado por el texto que regula el aborto en el nuevo Código Penal".

"El estado de necesidad ha sido tradicionalmente reconocido cuando la vida de la madre está realmente en peligro pues en estos casos se presenta una de esas situaciones difíciles y humanamente traumáticas en el Derecho, en la que, lamentablemente, dejar que la madre muera, en muchos casos, puede implicar, del mismo modo, la muerte inmediata del concebido", indicó.

Castaños Guzmán dijo que el nuevo Código Penal ha incorporado varios institutos de la dogmática jurídico-penal contemporánea que procuran solucionar la colisión de bienes jurídicos que merecen igual tutela.

Se advierte deterioro del estado de derechos: Análisis de Juan Bolívar Díaz

acento.com.do

Se advierte deterioro del estado de derechos: Análisis de Juan Bolívar Díaz

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Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia en el país es la de la conveniencia política, de lo que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político dejando bajo fuertes interrogantes al estado de derechos prevaleciente en el país.

Una serie de acontecimientos de los últimos meses dejan interrogantes a resolver, mientras se ignoran leyes aprobadas tras largas consultas y se manifiesta  renuencia a aprobar otras como las orgánicas del régimen electoral y la de partidos políticos, fundamentales para el proceso electoral excesivamente adelantado.

Ley de la conveniencia

Una serie de acontecimientos del orden legislativo, judicial  y ejecutivo parecen confirmar la convicción de que la única ley que se cumple plenamente en el país es la de la conveniencia política. Esta semana la Cámara de Cuentas de la República denunció que más de un centenar de altos funcionaros han hecho caso omiso a la nueva Ley 311-14 de agosto pasado sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promovida durante años como mecanismo de prevención de la corrupción, y les otorgó un plazo de tres días para su cumplimiento.  Prueba de la debilidad institucional es que la Cámara de Cuentas hubo de recibir apoyo de Unión Europea y el PNUD por 360 mil euros (unos 22 millones de pesos) para crear la plataforma de cumplimiento de la nueva ley, y que el embajador Alberto Navarro pidió al Congreso mayor esfuerzo para el objetivo de prevenir la corrupción.

Otra ley que no se cumple es la 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, 15 meses después de ser promulgada el 6 de agosto del 2013, la cual establecía un plazo de seis meses para un proyecto de reglamentación en manos del Poder Ejecutivo desde principios de este año. Tampoco se ha cumplido la ley 169-14 que dispuso entregar las actas de nacimientos a quienes fueron despojados por de la sentencia 168-13 del TC.

Esta misma semana empezó a materializarse la convicción de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no dará paso al procesamiento del senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana Félix Bautista, sometido por el Procurador General bajo graves cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y falsedad de documentos, entre otros. El juez Frank Soto levantó el bloqueo de  inmuebles del multi millonario político que había impuesto la Procuraduría.

Mientras tanto la SCJ ratificó el encargo de jurisdicción  a Soto y al juez Moscoso Segarra, éste último encargado de instruir la procedencia del juicio, cuando ambos son reconocidos dirigentes del partido del cual Bautista ocupa el tercer cargo. Sólo el interés de dejar la decisión en manos de compañeros de partido, puede explicar las selecciones dispuestas por el presidente de la corte, Mariano Germán, también del mismo partido cuando en la Cámara Penal de esa corte hay por lo menos tres jueces que no tienen connotación partidista: Miriam Germán, Juan Hiroíto Reyes y Esther Angelán Casasnovas.

El Constitucional y la JCE 

Otra decisión conflictiva se conoció esta semana, cuando se publicó el dictamen del TC que desliga a la Junta Central Electoral de la obligación de someter sus concursos y licitaciones a la jurisdicción de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, extremando su autonomía constitucional y en menosprecio de las leyes que rigen la materia. Resalta la rapidez con que el tribunal se ha pronunciado sobre una instancia, después que se reclamó a la JCE que transparentara la licitación del contrato de la nueva cédula, tras denuncias de favoritismo.

Si la JCE no tiene que rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, lo mismo podrán aducir los poderes Legislativo y Judicial, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral,  el mismo TC y hasta los partidos políticos, que deberían ser considerados los organismos más autónomos de cuantos reciben fondos públicos, y los  cuales también están obligados por varias leyes a rendir cuentas.

Mientras tanto la JCE, en abierto chantaje al gobierno para que le asigne mayor presupuesto el año próximo, dijo que termina el 2014 con un déficit de cientos de millones de pesos, es decir que violó la ley de presupuesto, y llegó al extremo de anunciar que por falta de fondos aplaza para febrero el trabajo de verificación de las solicitudes de reconocimiento de ocho nuevos partidos. Entre estos está Alianza País, que encabeza Guillermo Moreno, la cual lleva año y medio en manos del organismo, lo que constituye un abuso de poder, porque así no pueden recibir financiamiento público y se les dificulta el privado, mientras los viejos partidos llevan meses en campaña electoral.

Todo lo que tendría que hacerse es despachar cuatro o cinco equipos de inspectores a las regiones del país para que verifiquen si esos partidos tienen los locales abiertos y contactar a sus dirigentes. El costo es de dietas y combustibles. Lo demás es realizar verificaciones, mediante muestreo, de los listados computarizados de miembros para lo cual la JCE tiene empleados y recursos técnicos. El vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena respondió que hay limitaciones y la JCE, como todo el Estado, debe someterse a austeridad.       

Los derechos humanos 

Con la aprobación del nuevo Código Penal esta semana, ahora pendiente de promulgación presidencial, los legisladores desconocieron las promesas de acoger el clamor porque se despenalizara el aborto al menos cuando un embarazo ponga en peligro la vida de la madre, lo que ya es casi universal, al igual que cuando es fruto de una violación o el feto está deformado. El desprecio al derecho de la mujer queda subordinado al dogma religioso, lo que sólo perjudicaría a las pobres que no pueden pagar la atención privada o abortar en el exterior.

El gobierno agotó la semana ponderando los resultados de sus consultas a los expertos para decidir el camino a seguir tras la sentencia que desconoce la adhesión nacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero mientras tanto el escenario internacional siguió tornándose difícil para el país. ACNUR anunció para el 2 y 3 de diciembre próxima una conferencia en Brasil donde estará en discusión la posible apatridia de decenas de miles de hijos de inmigrantes extranjeros nacidos en el país.

Por su parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la resistencia de República Dominicana y otros países a cumplir las normativas de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acordó aumentar su cooperación con estos órganos del sistema interamericano.

Otro informe preocupante fue el de que la afamada actriz Angelina Jolie y el Arzobispo emérito de Sudáfrica Desmond Tutu se han comprometido a iniciar una campaña de denuncias internacionales contra la apatridia en República Dominicana, para lo cual incluso planean venir al país a principios del próximo año. Tutu es un premio Nobel de la Paz, muy acreditado por haber respaldado a Nelson Mandela en la lucha contra el apartheid contra los negros que durante décadas aisló la nación sudafricana.

Del régimen electoral

El interés de la mayoría legislativa oficialista de imponer su propio proyecto de ley de partidos, en detrimento de otros cinco previamente sometidos, incluso el de la JCE,  y de múltiples consensos de 15 años, mantiene empantanada la aprobación de esa legislatura, mientras la campaña preelectoral se extiende por todo el país. Trascendió que persisten diferencias en una decena de aspectos fundamentales, como la transparencia del financiamiento, límites de gastos y de campañas y la pretensión de despojar de cargos electivos a quien renuncie al partido por el cual fue electo.

Mientras transcurre el tiempo ni siquiera se contempla otro proyecto de ley trascendente también en manos del Congreso, el que modifica el régimen electoral para conciliarlo con la Constitución promulgada hace casi cinco años y que debería regir para el próximo proceso electoral. Todavía la ley electoral marco de la JCE instituye dos cámaras y un pleno, lo que debió ser modificado hace tiempo por cuanto la nueva Constitución instituyó el Tribunal Superior Electoral como ente autónomo y separado de la Junta.

Hay quienes temen que se llegue al próximo proceso electoral sin renovar la ley electoral para aterrizar las facultades de normativa, control y sanciones atribuidas por la Constitución del 2010 a la JCE y el Tribunal Electoral. La situación actual se traduce en ventaja de quienes usufructúan el poder. Tanto esta como la ley de partidos son orgánicas por lo que requieren las dos terceras partes de los votos para su aprobación. Se le dificulta a la mayoría oficialista imponer sus criterios por lo que se cree que seguirán aplazándolas, sobre todo por la ausencia de una fuerza de oposición que presione por la institucionalidad democrática.-

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Elementos de preocupación

* La Suprema Corte pone el procesamiento de F. Bautista en manos de compañeros de partido y los resultados no se hacen esperar

* Ataques sistemáticos, hasta de funcionarios, contra el Procurador General

* Diferencias del ministerio público y la PN en investigaciones

* El Tribunal Constitucional (TC) emite sentencias sin ninguna base jurídica y en contra de su ley orgánica y sus propias jurisprudencias.

* El TC deja a la sociedad dominicana sin la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana

*  El TC saca a la JCE de la jurisdicción de la ley sobre compras y contrataciones.

* Denunciada disposición del TC a validar el contrato de rayos X en los puertos en contra del interés del Estado y a favor de asociados políticos.

* Diferencias en el Tribunal Superior Electoral donde hay presiones para reconocer la  chapucería de la convención del PRD

* La JCE chantajea públicamente al gobierno y .el sistema político, amenazando con no reconocer nuevos partidos si no le aumentan el presupuesto.

* Funcionarios públicos desconocen la nueva ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, obligando a un plazo conminatorio de la Cámara de Cuentas.

* Aprueban un  Código Penal que desprecia la vida de la mujer en aras de un dogma confesional que rechaza todo género de aborto.

* Se intenta imponer el proyecto del PLD sobre Ley de Partidos en detrimento de los consensos de 15 años, mientras se acentúa la precampaña electoral.

* Indiferencia sobre la urgencia de aprobar la nueva Ley Orgánica del Sistema Electoral que debería regir el próximo proceso electoral.

*Incumplimiento de la ley 169-14 de mayo pasado que ordena entregar sus documentos a los afectados por la sentencia 168-13.

* Descrédito por acusaciones de apatridia convoca a personalidades internacionales.

* La nebulosa en que permanecen escándalos como el asalto a la cárcel de Najayo, el sabotaje a torres eléctricas y el atentado terrorista en el metro.

“Al Tribunal Constitucional se le puede valorar muy positivamente”

diariolibre.com


El español López Castillo expone sus razonamientos.

El español López Castillo expone sus razonamientos.

SANTO DOMINGO. La trascendencia y el papel jugado por el Tribunal Constitucional dominicano, en tan corto tiempo, tiene una gran significación para el experto español y catedrático Eduardo López Castillo.

Sus calificativos hacia la alta corte determinan que está haciendo una labor de gran peso, y que va a tener todavía mayor recorrido en materia de tutela de derechos fundamentales.

El jurista, quien imparte cátedras de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y en España, habló para DL.

P. ¿Qué le ha parecido la experiencia constitucional de la República Dominicana?

R. Bueno, yo creo que hay que destacar el valor que tiene, en la medida en que sitúa a la República Dominicana en un contexto que abarca a países de distintas naturalezas, de distintas tradiciones, de distinto origen, de distinta historia y, entonces digamos, en todo caso un momento importante para el desarrollo del país en términos generales, porque normaliza al país, porque le permite establecer un diálogo más formalizado, integrarse en las organizaciones internacionales sin grandes dificultades, etc. Hay muchas cosas que vinculan con la Constitución. El caso español, la tradición española, es un ejemplo que yo creo que se puede perfectamente extrapolar.

P. Extrapolando la experiencia española y la dominicana, donde siempre las altas cortes tienen pronunciamientos controversiales. Frente a un ambiente de esta naturaleza, que se torne en una lucha jurídico-política en donde hay sectores que quieren enervar, como dijo el presidente del Tribunal Constitucional, algunas decisiones vinculantes, pero que no son favorables para determinadas causas, ¿qué cree usted que debe hacerse? ¿Qué salida pudiera adoptarse en situaciones engorrosas de esta naturaleza?

R. Sobre eso hay que decir, digamos, que lo primero es que es de justicia reconocer que el Tribunal Constitucional, en su corta experiencia, está desarrollando una labor importante y ha dictado fallos relevantes. Está haciendo una labor de gran peso y que va a tener todavía mayor recorrido, en mi opinión, en materia de tutela de derechos fundamentales. De manera que lo primero que hay que destacar siempre es la parte, digamos, lo regular, lo que el tribunal ha hecho bien desde el principio, y es en esa medida un factor determinante para contribuir que todos los operadores jurídicos entiendan que la Constitución es una norma suprema que concierne a todos, a los particulares y poderes públicos. El Tribunal yo creo que se le puede valorar muy positivamente. Y otra cosa es que en algunas resoluciones específica, concreta, pueda ejercerse un poco más de crítica.Yo creo que sería el caso, sin dudas, en materia de esta última sentencia, complicada, controvertida. Es un asunto muy difícil, que aunque uno no lo entiende del todo, digamos, viene de la historia misma de la República Dominicana y del vecino.

P. ¿Se puede en un contexto político determinado variar, no aplicar o desconocer una decisión del Tribunal Constitucional?

R. Las resoluciones del tribunal vinculan a todos. Ese es el problema que se plantea en todos los sistemas que tienen control de constitucionalidad de la ley, una tutela de derechos fundamentales constitucionalizada, plantean todos estos casos, en España también. La tesis o la posibilidad, digamos, de que el legislador vuelva sobre una legislación que haya sido declarada inconstitucional o que haya sido interpretada.

Prohibir interrupción del embarazo es violencia contra la mujer, afirma Valdez

Prohibir interrupción del embarazo es violencia contra la mujer, afirma Valdez:

Yesterday at 10:14 AM Prohibir interrupción del embarazo es violencia contra la mujer, afirma Valdez Servicios de Acento.com.do Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La diputada nacional Guadalupe Valdez, expresó que la violencia contra la mujer es una cuestión política que exige una fuerte voluntad a fin de que su solución se considere prioritaria, y aseguró que prohibir interrupción del embarazo es también violencia contra la mujer.

En un momento de su intervención dio a conocer su propia vivencia con un embarazo ectópico, “y si no hubiera tomado la decisión de paralizarlo, yo hubiera muerto a los pocos días y mi hijo no hubiera tenido madre”, expresó.

“Es fundamental que en un Estado de Derecho se garanticen los derechos de la mujer. Y quiero señalar que cuando no se permite la interrupción del embarazo, en caso de violación, en caso de incesto y en casos donde la salud de la madre esté en condiciones de riesgo, se está haciendo violación de derechos”, manifestó, para añadir que en estos casos hay que modificar la ley para no penalizar a las mujeres ni a profesionales de la salud.

Durante su intervención como invitada del presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez, a ser una de las proponente del proyecto de resolución mediante el cual se reconoce de manera póstuma a la líder agraria Florinda Soriano, Mamá Tingó, Valdez exaltó la acción del Lazo Blanco que habían realizado los diputados, empleados y funcionarios de la Cámara de Diputados, porque contribuye al compromiso con la sensibilización y la educación del pueblo dominicano para erradicar la violencia contra las mujeres.

“Las mujeres no vamos a permitir continuar siendo  víctimas de una sociedad en la que prevalece el machismo, la violencia y la desigualdad. Alzamos nuestra voz contra la violencia de género y contra todas las violencias que padecemos las mujeres. Ni una muerta más, pero tampoco una violación más, ni un acoso más, ni una discriminación, ni una legislación que vulnere nuestros derechos”, enfatizó.

De acuerdo a la diputada, esta lucha tiene que ser integral, tanto en la legislación, en las letras de nuestras canciones, como en la publicidad, Una lucha “en el día a día, en la violencia verbal, en la violencia física, psicológica, económica….”. Resaltó que los parlamentarios deben asumir el compromiso en la toma de decisiones, en las votaciones, pero también con el ejemplo.

“Esta tarea con la que estamos comprometidos requiere de cambios culturales, cambios de una sociedad patriarcal hacia una sociedad de igualdad de oportunidades, cambios en las leyes, en las políticas públicas, en la asignación de recursos en el Presupuesto General del Estado, tanto al Ministerio de la Mujer como a las diferentes políticas y programas que contribuyan a la autonomía económica de la mujer”.

La diputada nacional concluyó su intervención señalando que “este reconocimiento póstumo a Mamá Tingo significa reconocer el derecho a la vida, el derecho a una vida plena de las mujeres garantizada por el Estado y sus poderes.”

(Via Acento)

viernes, 21 de noviembre de 2014

Presidente de SCJ califica de muy positivo nuevo Código Penal

Presidente de SCJ califica de muy positivo nuevo Código Penal:

Por Rocio Quiroz

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Mientras diversos sectores critican las infracciones del nuevo código penal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia calificó como muy positiva la pieza que establece el aumento y cumulo de las penas.

(Via Noticias SIN)

Dicen bloqueo celulares cárceles viola los derechos fundamentales

Dicen bloqueo celulares cárceles viola los derechos fundamentales:

El bloqueo de uso de celulares en los recintos carcelarios, ordenado por la Procuraduría General de la República, viola la Constitución dominicana en lo referente a los derechos fundamentales de los imputados. Es la conclusión de una consulta hecha por El Nuevo Diario, entre abogados penalistas que visitan diariamente el Palacio de Justicia en la capital, quienes coinciden en señalar que “se deben aplicar controles efectivos, no prohibiciones que atentan contra el derecho de los reos o imputados”. Sin embargo, el abogado Octavio Ramírez consideró que el monitoreo y control de celulares bloqueándolo desde las cárceles, contribuirá a disminuir el crimen. Felicitó a la Procuraduría General en su combate a la delincuencia, pero plantea que “se debe proteger los derechos que tienen los presos”, sugiriendo que el procurador coloque cabinas modernas en los recintos a los fines de que los internos se puedan comunicar con familiares y se les respete el derecho que tienen a estar comunicados con sus parientes. Guillermo Caraballo afirmó que es desfavorable dicha medida para nuestro sistema “porque incurren en violaciones, los presos tiene cierta capacidad para poder comunicarse con sus familiares. Nosotros desde un punto de vista humanitario planteamos que se les permita la comunicación”. Hilda Montás, dijo que la medida adoptada por la Procuraduría General de la República es violatoria a los derechos fundamentales, porque todo el mundo tiene derecho a comunicarse, “pero viendo el uso que le dan ellos, los presos, a los celulares, perjudica en otro sentido a otras personas”. Sugiere buscar un sistema y otras estrategias para vigilarlos porque con la prohibición de uso de móviles les están violando sus derechos. Magnolia Santana considera que el bloqueo debe ser total “porque los imputados pueden hacer sus diligencias y eso afecta al ciudadano común, creo que deben eliminar otras cosas, porque nuestras cárceles son un mercado en donde se comercializa de todo y yo he visto reos hasta con machete, lo ves y te quedas riéndote estupefacta”. “No solo es necesario el bloqueo, hay que limpiar, ponerlos a producir, que los pongan a realizar trabajos sociales, comunitarios para que tengan un oficio en que ocupar la mente, eliminar el ocio de sus vidas”. Para Manuel Lora, “sólo los jueces tienen la potestad de poner medidas”.

(Via nd)

El uso de drones será regulado en el país; exigirán licencia - DiarioLibre.com

El uso de drones será regulado en el país; exigirán licencia - DiarioLibre.com:

ACTUALIDAD|21 nov 2014, 12:00 AM|1|POR Tania Molina, Redactora Senior

 

Según Aduanas, al país han llegado 34 drones, la mayoría en este 2014.
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Por lo menos dos empresas, una nacional y otra extranjera, solicitaron permiso para desarrollar en el país el servicio de mensajería a través de drones. Aspiran a transportar paquetes pequeños, inicialmente. Sin embargo, ambas solicitudes reposan en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) a espera de que se establezcan los lineamientos normativos sobre los cuales se tiene que operar.

La información la reveló Betty Castaing, coordinadora de la Dirección de Navegación Aérea del IDAC, al señalar los aprestos que se realizan para dotar a la República Dominicana de una regulación para el uso de drones que, entre otras cosas, exigiría a los operadores de estas aeronaves disponer de licencia de piloto.

“Actualmente no existe una regulación en uso, pero se está trabajando en desarrollarla”, comenta Castaing. En la actualidad se analizan los tipos de aeronaves existentes, y los usos que se les dan para decidir las medidas a adoptar, según dice. Pero, adelanta que la disposición que se adopte tomará en cuenta el cumplimiento a la ley 188-11 referente a la seguridad y protección de las personas y las propiedades en el ámbito de la aviación.

También se considerarán las condiciones de idoneidad de operación de los pilotos, ya que, igual que los del sistema de aviación regular, serán responsables de los vuelos que realicen. “Los pilotos tienen que cumplir los mismos requisitos, poseer licencia, certificaciones, conocimientos meteorológicos, de las limitantes del espacio aéreo; saber las zonas prohibidas y restringidas, en fin, conocer el espacio aéreo en que operan, aun cuando sea como hobby”, afirma Castaing.

El IDAC parte de una circular emitida en 2006 por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) referente a la integración de los sistemas de aeronaves no tripulados, en la que manda a los países miembros a adoptar a nivel interno las regulaciones que estimen necesarias ante el auge que tiene la tecnología en el área de los drones.

El órgano internacional parte de que “el hecho de que la aeronave sea tripulada o no tripulada no afecta su condición de aeronave”.

“Las aeronaves no tripuladas (UA) son, efectivamente, aeronaves; por consiguiente, los SARP (Normas y Métodos Recomendados) existentes se aplican en gran medida”, dice la OACI en su circular 328. Advierte que las normas pueden tomar un largo tiempo en elaborarse, debido a lo cambiante de la tecnología.

Aunque la OACI excluye a las aeronaves modelos (aquellas destinadas al uso recreativo solamente), de las normativas internacionales, señala que las mismas quedan bajo la reglamentación nacional.

Evitar la colisión

Betty Castaing explica que la principal razón para regular el uso de drones es la seguridad del espacio aéreo, para evitar cualquier colisión con las aeronaves del sistema de aviación regular.

“No debería dejarse a la suerte mantener los drones alejados de los aviones”, expresó recientemente Rory Kay, un capitán de instrucción de una aerolínea en Washington, quien además fue director del comité de seguridad de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas, en esa ciudad. Su planteamiento, recogido en un cable de la agencia de noticias Associated Press (AP), constituye un alerta sobre la necesidad de que el uso de esos aparatos sea regulado, ante los reportes diarios que se reciben en esa ciudad de drones que volaban cerca de aviones y helicópteros.

“Hasta ahora hemos sido afortunados, porque si estos artefactos operan en el cielo sin regulación, supervisión ni control, la posibilidad de un acercamiento extremo o aún, una colisión, debe ser motivo de gran preocupación”, expresó Kay a principios de mes.

En el país todavía no hay reportes oficiales de daños por uso de drones, pero las autoridades no descartan esa posibilidad en el futuro, debido al auge que están teniendo esos aparatos, tanto en actividades de ocio, como en el área de la filmación y foto.

Según la Dirección General de Aduanas (DGA), a la fecha se han importado unos 34 aparatos de los denominados drones, y se advierte de un sub- registro en las estadísticas, debido a que muchas veces entran sin declarar como partes de cámaras fotográficas en las maletas de viajeros.

Con excepción de un caso en 2010 y otro en 2011, la mayor cantidad (23) llegó en lo que va de este 2014, y en su mayoría, se trata de cámaras fotográficas, aunque también se importaron algunos helicópteros y aviones de juguete.

En el mundo de la fotografía, los drones aportan ahorro y calidad en las tomas aéreas. Hacer una foto aérea implica alquilar un helicóptero, cuyo costo ronda entre los US$500 y US$600 la hora, y en el caso del vídeo, había que adaptarle un estabilizador al equipo de filmación, lo que incrementaba en mucho el costo del trabajo. Así lo recuerda el reconocido fotógrafo Jochy Fersobe, que ahora cuenta con un sistema de cámara con dron. “Hay mucha más versatilidad en las tomas, pues con el dron se logran mejores enfoques y más acercamientos”, dice.

El precio al que son adquiridos los drones varía según el tipo, y van desde los US$500, US$2,000; en adelante.

Internacional

España y Guatemala también tienen regulaciones similares. Estados Unidos usa esos aparatos en la vigilancia de la frontera con México y Canadá.

(Via www.diariolibre.com)

El nuevo gobierno corporativo bancario

El nuevo gobierno corporativo bancario:

Una de las lecciones mejor aprendidas por los dominicanos tras la crisis financiera de 2003 es la necesidad de consolidar un sistema bancario no solo solvente y líquido, en base a adecuadas normas prudenciales, sino, sobre todo, bien gestionado como lo quiere y manda el artículo 2.b de la Ley Monetaria y Financiera (LMF). Esa buena gestión tiene como pilar fundamental el régimen de gobierno corporativo estructurado de modo fundamental por el artículo 55 de la LMF y el Reglamento sobre Gobierno Corporativo dictado por la Junta Monetaria en tanto órgano rector superior de la Administración Monetaria y Financiera. Gracias a esta normativa, y al conjunto de reglamentos dictados por la Junta Monetaria desde 2003 a la fecha, principalmente durante la gobernación del presidente de dicho organismo, Héctor Valdez Albizu, combinado con una estricta supervisión de las entidades de intermediación financiera por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB), hoy puede decirse que la República Dominicana cuenta con bancos más solventes, mas líquidos y mejor gestionados que hace una década.

Es más, no es exagerado decir que la normativa dominicana en materia de gobierno corporativo de las entidades bancarias es modélica, como en gran medida lo es el conjunto de la legislación monetaria y financiera con la cual nos dotamos post 2003. Pero la actividad bancaria, y de los mercados financieros en sentido general, es esencialmente dinámica y cambiante y, en el caso específico del gobierno de las corporaciones bancarias, mucho más, debido a la rápida e intensa evolución de las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza societaria. Por eso, hay que aplaudir la iniciativa de la Administración Monetaria y Financiera de propiciar una actualización del Reglamento sobre Gobierno Corporativo, para lo cual la Junta Monetaria ha ordenado la publicación, para fines de consulta pública de los sectores interesados, de un proyecto de modificación de dicho Reglamento.

El referido proyecto contiene una serie de innovaciones que vale la pena señalar y reseñar, así sea de modo somero, por el positivo impacto que tendrán en el gobierno corporativo de las entidades bancarias: (i) se establecen de modo expreso los principios fundamentales que deben regir el gobierno corporativo de las empresas bancarias, los cuales deben estar contenidos y desarrollados en la reglamentación interna de las mismas; (ii) se refuerzan los requisitos de calificación y competencias para los miembros del Consejo de Directores de las entidades; (iii) se consagra la figura de los “stakeholders” o partes interesadas que son los accionistas, empleados, clientes, acreedores de fondos, la comunidad, el regulador, el Estado, los gremios y cualquier persona física o moral que tenga interés en una entidad de intermediación financiera, con lo que pasamos del modelo restringido de gobierno corporativo bancario basado en el socio o accionista (“shareholder perspective”) al modelo amplio de gobierno corporativo desde la perspectiva de los grupos de interés (“stakeholder perspective”); (iv) se fortalece el estatuto del Comité de Auditoria, del Comité de Nombramientos y Remuneraciones y del Comité de Gestión Integral de Riesgo; y (v) se dispone que la SIB no solo evaluará las políticas y procedimientos de gobierno corporativo de las entidades de intermediación financiera sino que, además, podrá utilizar dicha evaluación para determinar la calificación de riesgo compuesto y asignar el grado de supervisión en un marco de supervisión basada en riesgos, con lo que queda claro que el gobierno corporativo no es ni debe ser mero artilugio cosmético de un plan de mercadeo basado en la responsabilidad social sino que forma parte fundamental del corazón mismo de la gestión bancaria.

Pese a lo anterior, hay elementos en el referido proyecto reglamentario que resultan ser de cuestionable legalidad, como es el caso del rol mediador que se le asigna a la SIB para dirimir conflictos entre miembros del Consejo de Directores, entre accionistas y miembros del Consejo, en el supuesto caso de que se ponga en peligro la continuidad de la entidad de intermediación financiera. Tal rol mediador no es expresamente asignado por la LMF, ley que, por demás, es clara en cuanto a que “la Administración Monetaria y Financiera sólo tendrá capacidad para realizar aquello que esta Ley le encomienda” (artículo 5.c). Aparte de que raras veces –por no decir nunca- la legislación comparada asigna tal rol mediador al ente regulador  –y cuando lo hace es para dirimir conflictos entre operadores de un mercado regulado y no conflictos al interior de estos operadores- y de que el mismo choca con la propia legislación societaria y la ley que rige las asociaciones de ahorros y préstamos, lo cierto es que, si la SIB teme por la continuidad del banco, tiene a su disposición el poderoso arsenal del régimen de regularización y de disolución o salida bancaria.

Debemos finalmente resaltar el gran reto que este proyecto reglamentario implica para entidades bancarias que, a pesar de los notables avances alcanzados en su gobernanza en los últimos años, tendrán apenas 90 días después de la publicación del reglamento para ajustarse al mismo, sujetándose las entidades que no se adapten al nuevo régimen corporativo a las sanciones previstas en la LMF.

(Via Acento)

Denuncian alguaciles son agredidos por policías durante embargos y desalojos - DiarioLibre.com

Denuncian alguaciles son agredidos por policías durante embargos y desalojos - DiarioLibre.com:

Noticias
21 nov 2014, 10:15

Denuncian alguaciles son agredidos por policías durante embargos y desalojos

La Asociación de Alguaciles de Santiago asegura que basta ya de abusos e injusticias

 
SANTIAGO.-La Asociación de Alguaciles de esta ciudad denunció las irregularidades que se cometen al momento de ejecutar embargos y desalojos, en los que algunos ministeriales han sufrido agresiones físicas de parte de agentes policiales y civiles.

En un documento dirigido a la comunidad jurídica de Santiago y el país, la Asociación de Alguaciles afirma que esas anomalías vienen ocurriendo desde hace varios meses.

"Queremos denunciar las situaciones anti-jurídicas en las llamadas ejecuciones civiles (embargos, desalojos e incautaciones) aquí que atentan contra el principio del Estado de derecho que plantea que las decisiones de los tribunales y de la ley deben ejecutarse dentro del marco del correcto procedimiento por encima de quien sin importar su estatus social", señala la entidad.

Los denunciantes agregan que agentes de la Policía Nacional irrumpen en las ejecuciones estropeando dichos procesos y atropellando a los ministeriales sin que el Consejo del Poder Judicial ni nuestras autoridades locales intervengan en la situación.

"Tenemos jueces que no cumplen con su trabajo, ministeriales que por nosotros mismos se les ha recomendado su destitución, abogados que pretenden que su carnet de identificación es una patente de corso y fiscales que dejan mucho que desear en el desempeño de sus funciones", puntualiza la Asociación de Alguaciles de aquí.

Ponen como ejemplo el caso del ministerial Juan José Tapia, alguacil de la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del distrito judicial de Santiago, quien fuera suspendido sin derecho a defenderse, porque aparentemente debió tener conocimiento de una ordenanza de su tribunal en una audiencia a la cual no le tocó subir y que hasta este momento no ha sido notificada ni personal ni a su domicilio, porque la empresa embargada es grande y poderosa para perjudicar, pero no para pagar deudas.

La entidad asegura que basta ya de abusos e injusticias contra los alguaciles, y ratifica que seguirá defendiendo el derecho de sus afiliados.

(Via www.diariolibre.com)

jueves, 20 de noviembre de 2014

La odiosa justicia dominicana.

La odiosa justicia dominicana.

 

 

Desde hace un tiempo la Republica Dominicana viene sosteniendo un enfrentamiento entre el sentir del pueblo y las actuaciones de los encargados de administrar justicia, llámese a estos últimos jueces, fiscales, procuradores, secretarios, abogados y cualquiera que trabaje en el area relativo a la justicia. 

 

Nuestra sociedad ha reclamado de estos, cierta participación en temas sociales de las cuales han esperado con ansias resultados que al final no fueron los esperados, clausurando estos con sentencias inapropiadas, inadecuadas y algunas de ellas inapelables. Ciertamente los administradores de justicias están facultados de la intima convicción, pero muchas veces debemos de echar a un lado nuestras convicciones y obrar por el bien social. 

 

En casos actuales como expedientes de corrupción, criminalidad, naturalización y delincuencia la sociedad se ha quedado esperando sentencias mas complacientes a los pedimentos sociales y menos apegadas a la balanza jurídica. 

 

La sociedad ha buscado en los administradores de justicia mas que un apego a las leyes, resultados a las necesidades sociales. La sociedad ve como administradores de justicias se apoderan o se desapoderan de expedientes medalaganariamente según sean o no sus intereses.

 

Los administradores de justicia ven con odio los reclamos sociales y usan la venda de la justicia no para ser ciegos e impartir justicia en igualdad, sino para hacerse de la vista gorda a las necesidades y requerimientos sociales.

 

Vemos con malos ojos cuando los administradores de justicia buscan las mejores excusas para manejar los requerimientos sociales a su antojo, valiéndose de cualquier pretexto para fallar o evitar fallos que cumplan con los requerimientos sociales. 

 

Un odio de justicia nos arropa a todos, jueces que hacen justicias por si, fiscales perezosos, abogados amañados. 

 

DJA

20/11/14

miércoles, 19 de noviembre de 2014

¡Ah! La ley

¡Ah! La ley:

Veo con beneplácito, pero confieso que me asombra, el esfuerzo que hacen expertos constitucionalistas por encontrar salidas jurídicamente legítimas a los dictámenes del Tribunal Constitucional (TC) en materia migratoria.

Mi beneplácito es porque la racionalidad siempre es necesaria; el asombro porque en República Dominicana la ley tiene una función meramente utilitaria, y como tal, si no es útil para un propósito se cambia, reinterpreta o ignora.

La Sentencia TC 168-13 que declaró ilegal a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados a partir de 1929 generó adeptos y adversarios en el mundo jurídico, y nunca se logró consenso entre los expertos. Lo que sentenció el TC quedó como batuta y constitución con el remiendo de la Ley 169-14.

Por eso este país se llenó de haitianos indocumentados para ser explotados por los empresarios y el Estado en violación a las leyes laborales. Por eso la vocinglería patriotera reina hoy y bloquea la racionalidad jurídica y política

La Sentencia TC 256-14 que invalida la adhesión del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también generó adeptos y adversarios entre abogados constitucionalistas, y san se acabó.

Dados los requisitos para salirse de la Corte Interamericana que establecen las normas internacionales, la Sentencia TC 256-14 es para consumo doméstico. Es decir, ante el sistema interamericano, República Dominicana sigue dentro de la jurisdicción de la Corte aunque declarada en rebeldía.

Diversos juristas han indicado que el presidente Danilo Medina tiene dos opciones: una, iniciar el proceso formal de salir del sistema denunciando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o dos, buscar la ratificación en el Congreso Dominicano de la adhesión.

Pero sucede que el Gobierno dominicano tiene otra opción: hacerse el loco para decirlo en buen dominicano. No cumplir con las leyes cuando no conviene ha sido la ley suprema en República Dominicana. He aquí algunos ejemplos.

Uno, por 100 años, el Gobierno dominicano ha patrocinado el tráfico de haitianos indocumentados en contravención con las leyes nacionales y la prohibición internacional de la trata humana; y lo sigue haciendo a pesar de todo el revuelo nacional e internacional que ha generado el asunto.

Dos, las leyes laborales dominicanas indican que sólo un máximo de 20% de los trabajadores en las  empresas pueden ser extranjeros (legales). ¿Cuántos empresarios del agro y la construcción han violado esa disposición? Ni siquiera el Gobierno la cumple porque emplea haitianos indocumentados a diestra y siniestra.

Tres, el Gobierno dominicano ha actuado desde 1999 como si el país perteneciera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colocando incluso una jueza dominicana en la Corte por varios años. Ahora el Tribunal Constitucional ha declarado toda esa historia nula, y su disposición es ya batuta y constitución.

Finalmente, República Dominicana ha sido condenada en varias ocasiones por la Corte Interamericana por cometer abusos en derechos humanos. ¿Ha cumplido el país con las sentencias emitidas? Casi nunca.

Un Estado que se caracteriza por formular leyes que no cumple, por cambiar las que no convienen, y que ignora los dictámenes y regulaciones internacionales, difícilmente se someta a la racionalidad jurídica.

Por eso es muy probable que este país se salga de la Corte Interamericana para fines domésticos por lo que dictaminó el Tribunal Constitucional, que no cumpla con las condenas de la Corte bajo el argumento de que la Corte se extralimitó y está desacreditada, y que el presidente Danilo Medina evada actuar porque el tema es políticamente álgido.

Así, la República Dominicana seguirá como siempre incumpliendo las leyes, cambiándolas o reinterpretándolas cuando convenga.

Por eso este país se llenó de haitianos indocumentados para ser explotados por los empresarios y el Estado en violación a las leyes laborales. Por eso la vocinglería patriotera reina hoy y bloquea la racionalidad jurídica y política necesaria para enfrentar el gravísimo problema migratorio que ha auspiciado el Gobierno Dominicano.

Artículo publicado en el periódico HOY

(Via Acento)

Fiscalía DN imparte conferencia para fortalecer lucha contra feminicidios y maltratos a la mujer

Fiscalía DN imparte conferencia para fortalecer lucha contra feminicidios y maltratos a la mujer:

SAMSUNG DIGITAL CAMERAREPÚBLICA DOMINICANA.-Con el objetivo de fortalecer la lucha en contra de los feminicidios y los maltratos hacia la mujer dominicana, la Fiscalía del Distrito Nacional en coordinación con el Comité  de Abogados Forenses de la Universidad Tecnológica de Santiago, (UTESA) organizó la conferencia magistral “No Aguanto Más” a cargo de la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.

Esta campaña surge como iniciativa para concienciar a la mujer a denunciar la violencia en cualquier situación y así llegar a eliminar las altas cifras en las estadísticas de feminicidios en los últimos años.

“La violencia de género está matando a nuestras mujeres y dejando huérfanos a niños, niñas y adolescentes, este terrible delito discriminatorio y salvaje debe ser abordado desde la prevención inteligente y la persecución eficaz” manifestó la magistrada.

Reconoció además, la falla por parte del Ministerio Público y la Fiscalía que en inicios se trabajaba para minimizar los altos números de delitos y violencia de género,  pero estas campañas eran dirigidas sólo a mujeres; ahora, se ha modificado y se involucra a toda la familia.

La magistrada Yeni Berenice definió los tipos de violencia y lo que establece la Ley 24-97 sobre violencia y el Art. 309-1 sobre violencia contra la mujer.

 

 

Durante su alocución, la Magistrada Fiscal invitó a los presentes a escuchar y hacer eco de la pieza musical “No Aguanto Más” de la autoría de Bienvenida Feliciano e interpretada por la mambera Juliana Oneal, pieza que se ha convertido en un himno para las mujeres sobrevivientes de violencia que acuden a tomar sus terapias en el Centro de Sobrevivientes de Violencia que luchan para superarse y ayudar a otras a ponerle fin a los maltratos físicos y psicológicos que son sometidas.

El equipo del Comité de Abogados Forenses de la Universidad Tecnológica de Santiago, (UTESA) entregó una placa de reconocimiento a la Fiscal del Distrito Nacional por su ardua labor y su aporte a la sociedad dominicana en la lucha de poner fin a los maltratos que sufre un delicado miembro de la sociedad, la mujer.

El acto estuvo encabezado por la fiscal titular del Distrito Nacional, Magistrada Yeni Berenice Reynoso, le acompañaron autoridades de UTESA como el magistrado y profesor Reynaldo Rojas Jimeno, el maestro y encargado de la escuela de derecho, Florencio Marmolejos, las coordinadoras del equipo del Comité de Abogados Forenses y Wellington Mejía, maestro de derecho UTESA, en representación del presidente del comité de estudiantes.

 

(Via Noticias SIN)

A partir de ahora la difamación y la injuria no conllevarán penas de prisión - Periódico Digital Dominicano - 7días.com.do

A partir de ahora la difamación y la injuria no conllevarán penas de prisión - Periódico Digital Dominicano - 7días.com.do:

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- A partir de la conversión en ley del nuevo Código Penal, la difamación y la injuria contra una persona física o moral no serán penadas con prisión, sino con multa de siete a diez salarios mínimos, la primera, y de cuatro a seis salarios mínimos, la segunda. Además, ambas serán infracciones de acción penal privada.

De conformidad con la nueva ley, aprobada por la Cámara de Diputados, constituye difamación la imputación pública a una persona, física o jurídica, de algo que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, mientras que la injuria se define como el hecho de pronunciar públicamente contra otra persona, física o jurídica, una invectiva o cualquier expresión afrentosa o despreciativa, siempre que no contenga la imputación de un hecho preciso.

No serán considerados difamatorios o injuriosos ni darán lugar a persecución penal los discursos pronunciados en las cámaras legislativas; los informes, memorias y otros documentos que se impriman por disposición del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Electoral.

Tampoco serán difamatorias ni injuriosas, las reseñas que haga la prensa escrita, radial, televisada, digital o de cualquier otro medio respecto de las sesiones públicas del Congreso Nacional y los escritos producidos  por y los discursos pronunciados en los tribunales de justicia.

No obstante,  con ocasión de los escritos producidos  en un proceso judicial, el tribunal que conozca de la vista o audiencia en la cual han ocurrido estos hechos podrá ordenar que  se suprima la parte o la totalidad del escrito difamatorio o injurioso. Además, los hechos extraños al proceso y ventilados en la vista o audiencia que resulten difamatorios o injuriosos podrán dar lugar a la acción penal correspondiente si el tribunal reserva este derecho a las partes o a los terceros agraviados.

Prisión por perjurio

Se estableció que constituye perjurio la afirmación de un hecho falso bajo juramento o promesa de decir verdad en cualquier caso en que la ley lo exija o admita,  sea al declarar ante un funcionario u otra persona competente para recibirlo o  en un documento suscrito por la persona que haga la declaración.

Hay perjurio aún en el caso de que el juramento o la promesa sean irregulares por vicios de forma y se sancionará con uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios

El régimen de responsabilidad previsto en esta sección no implica prohibición o restricción al derecho y el deber que tiene toda persona de denunciar ante la autoridad pública o judicial competente la infracción que cometa cualquier funcionario o empleado público en el desempeño de sus funciones.

De acuerdo con el artículo 227, cuando las infracciones  se cometen por vía de un medio de telecomunicación, ya sea radial, escrito o televisado, las disposiciones que se aplican son las previstas en la ley sobre expresión y difusión del pensamiento. Si se cometen en el ciberespacio se aplican las previstas en la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

(Via www.7dias.com.do)