viernes, 31 de octubre de 2014

Panel: La familia en el contexto de las garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes

Distinguidos(as) usuarios(as) del Poder Judicial:

 

Con motivo del mes de la familia, la Direccion de Familia, Niñez, Adolescencia y Género invita al panel titulado: “La Familia en el Contexto de las Garantías de los Derechos de Niños, Niñas y  Adolescentes”, con la participación del magistrado Bernabé Moricete, presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega; la Dra. Tahira Vargas, socióloga y antropóloga; y la Dra. Glorianna Montás, sicóloga. La actividad tendrá lugar el viernes 21 de noviembre de 2014, a las 2:30 p.m., en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia. 

 

Contacto: Flabis María Sánchez, tel: (809) 686-2300, ext.225, 233 y  235.

 

 

Atentamente,

 

Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)

Consejo del Poder Judicial, República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
Centro de los Héroes - Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

CP: 1485; Tel: 809.533.3191, exts. 2189 y 2193; Fax: 809.532.3859
Web: www.poderjudicial.gob.do

jueves, 30 de octubre de 2014

Agrimensores protestarán por deficiencias en registro de propiedad

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Santo Domingo. La asociación dominicana de agrimensores, ASODAGRIM, decidió en su asamblea general extraordinaria del 23 de octubre del año 2014, realizar una protesta por ante la jurisdicción inmobiliaria este 5 de noviembre próximo, a raíz de evaluar la situación que viven agrimensores y usuarios que actúan ante la jurisdicción inmobiliaria. La asamblea general extraordinaria de ASODAGRIM, tomo esta decisión tras debatir la situación que les aqueja, luego de analizar faltas graves en el cumplimiento de la ley 108-05 en lo que tiene que ver con la descentralización de los procesos y la des judicialización de las actividades inmobiliaria. Dentro de las decisiones adoptadas, esta ordenar a todos los agrimensores del país, abstenerse de presentar expedientes ante los órganos de la jurisdicción inmobiliaria, registro de títulos, direcciones de mensuras de todas las regionales, tribunales de tierras, así como no participar en audiencias y comprar tasas por servicios durante 24 horas iniciando el día 5 de noviembre. Durante la jornada se depositarán documentos en la Suprema Corte de Justicia, Consejo del Poder Judicial, Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, además de montar una vigilia permanente mientras dure la protesta con exposición de equipos de alta precisión adquiridos por los agrimensores. El presidente de ASODAGRIM, Miguel Valoy, dijo que todos los agrimensores que están comprometidos con el ejercicio de nuestra profesión deben participar de esta jornada de protesta porque lo que está en juego es la seguridad jurídica de los inmuebles en que trabajamos y nuestro futuro como profesionales. "Dentro de las irregularidades que presenta la jurisdicción inmobiliaria esta, la violación de los plazos por parte de esta institución, no cumple con el principio de descentralización de los procesos, los solapamientos de parcelas registradas generando estos litis judiciales, por no haber invertido en una cartografía catastral de calidad", dijo. Hizo un llamado a todos los poderes del Estado para que asuman su papel de garantes efectivos del derecho de propiedad ya que la situación se ha convertido en un problema de estado que el poder judicial por sí solo no podrá enfrentar ni resolver. El presidente de los agrimensores dijo también que la Jurisdicción inmobiliaria, no pueden alegar falta de presupuesto para el cumplimiento de sus actividades, pues los mismos son generados por el cobro de tasas por servicio que maneja esta institución y los cuales no están transparentados. Reclamó que se dé un trato digno a los agrimensores que trabajan en la jurisdicción inmobiliaria y se dote de los equipos y personal necesario a la Dirección Nacional De Mensuras para que mínimamente esta pueda cumplir con su deber.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Autor del atentado en el Metro recibiría condena de 40 años por terrorismo

Autor del atentado en el Metro recibiría condena de 40 años por terrorismo:

SANTO DOMINGO.-De ser hallado culpable, el joven acusado del incendio en el Metro de Santo Domingo podría ser condenado a 40 años de cárcel, adelantó esta mañana el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.

Dijo que Franck Kelin (o Frankelis) Holguín Medina, la persona que presuntamente provocó el incendio, podría ser acusado de terrorismo y tentativa de homicidio,  y recibir la pena máxima establecida el Código Penal Dominicano.

Domínguez Brito dio la información antes de entrar al despacho de la fiscal Yeni Berenice Reynoso donde se espera que en breve sea llevado el presunto autor del atentado, quien se entregó ayer a través de un medio de comunicación.

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(Via eldia.com.do)

Colegio de Abogados pide mayor presupuesto para Defensa Pública

Colegio de Abogados pide mayor presupuesto para Defensa Pública:

El Colegio Dominicano de Abogados solicitó hoy a los legisladores otorgar un mayor presupuesto para la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) para el 2015 para evitar su colapso.

Diego José García, presidente del Gremio, informó que la Oficina Nacional de Defensa Pública atraviesa una precaria situación económica.

Denunció que si no se realiza una modificación del proyecto de presupuesto del 2015 para que la Oficina Nacional de la Defensa Pública la institución podría colapsar, debido a la gran demanda de trabajo para los defensores públicos y el bajo presupuesto.

García dijo que por esta situación los defensores públicos se han visto en la necesidad de limitar el servicio.

La crisis económica también ha provocado la renuncia de decenas de defensores, debido a que desde el 2008 no se les ha podido ni siquiera reajustar el sueldo.

El presidente del Colegio dijo que la Defensa Pública una asignación presupuestaria de 825,891,378 millones, 510 millones más de lo asignado, debido a que los 315,559,179 millones consignados no son suficientes para aperturar las 12 oficinas reclamadas por los defensores y la población.

Recordó que es necesario la apertura de oficinas de defensoría pública en el Seybo, Nagua, Neyba, Jimaní, Las Matas de Farfán, Elías Piña, Samaná, San José de Ocoa, Constanza, Dajabón, Azua y Santiago Rodríguez, para lo cual hay que comprar equipos y contratar recursos humanos calificados.

Indicó que la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) tiene que prestar asistencia legal gratuita a la ciudadanía a nivel nacional por mandato constitucional, solo cuenta con 123 defensores y 22 coordinadores, cuando en realidad necesita más de 400.

El Presidente del Colegio de Abogado, como miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, denunció que los defensores que deberían llevar 200 casos, llevan actualmente entre 450 y 750, lo que representa aproximadamente el 69% y 75% de todos los casos que ingresan al sistema de justicia penal dominicano, según las estadísticas de nuestra institución.

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martes, 28 de octubre de 2014

Presidentes de la SCJ y TC presidirán un convivio “jueces y fiscales con el pueblo”

Presidentes de la SCJ y TC presidirán un convivio “jueces y fiscales con el pueblo”:

La Fundación Cruz Jiminián y Comité de Solidaridad contra los Crímenes, la Corrupción y la Impunidad (CSCCI), celebrarán el próximo 31 de este mes el convivio“Jueces y fiscales con el pueblo” para respaldar que se le aumente el presupuesto a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Tribunal Constitucional (TC). La actividad tendrá como invitados especiales a los presidentes de la SCJ, Mariano Germán Mejía y del TC, Milton Ray Guevara. Cruz Jiminián y Nemen Nader Rodríguez, presidentes de las entidades organizadoras, informaron que el encuentro se realizará a las 3:00 pm, en la avenida Ortega y Gasset #145, en Cristo Rey. Por la comisión de jueces participarán Ramón Horacio González Pérez, Pedro Sánchez, Daniel Julio Nolasco García, José Aníbal Madera Francisco, José Duvergé yRichard Fidel Aquino Natera. Mientras, que por los fiscales expondrán Dante Castillo Medina, Manuel Castro Lora, Juan Antonio Mateo Ciprián y José Manuel Aguiló Talavera.

(Via nd)

Pro Consumidor recueda vencimiento plazo para adquirir “Libro de Reclamaciones”

Pro Consumidor recueda vencimiento plazo para adquirir “Libro de Reclamaciones”:

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Este jueves 30 de octubre, vencerá el plazo otorgado por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) a los proveedores para que adquieran el Libro de Reclamaciones.

La entidad defensora de los consumidores dio una prórroga de 30 días, para la adquisición del Libro de Reclamaciones, ya que el plazo de los 90 días hábiles culminó el pasado 30 de septiembre.

La prórroga fue dada  a solicitud de algunos grupos empresariales y proveedoras de servicios.

Los establecimientos que adquieran el libro después de la fecha establecida pagarán recargo por la adquisición del libro y aquellos que no los tengan al momento que sean visitados por los Promotores de Buenas Prácticas Comerciales.

En el Libro de Reclamaciones, los ciudadanos tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones relacionadas con su relación de consumo.

La entidad exhortó a los establecimientos a imitar la Responsabilidad Social de la Farmacia Carol, Grupo Ramos, Grupo Corripio, CCN, Plaza Lama, Carrefour, Supermercado Bravo, Price Smart, La Cadena, entre otros, que lo han adquirido y ya tienen colocado en su stand el  Libro de Reclamaciones, y su rótulo significando que está disponible.

La adquisición y colocación en lugares visibles del libro es una obligación de ley, y el establecimiento que no cumpla, caen en defecto.

Los proveedores que hayan adquirido el libro deben ponerlo a  disposición del público, sino caen en faltas respecto a la ley 358-05 y la resolución del Consejo Directivo.

La institución informó que los proveedores que a la fecha no hayan adquirido el libro deben agilizar el proceso de formalización ya que  después de vencido el nuevo el plazo, no habrá más prórroga,  para el cumplimiento de ese  mandato legal.

El Libro de Reclamaciones es un compromiso que tiene Pro Consumidor, para que mejoren los niveles de servicios, calidad y garantía de todos los comercios, tratando de ayudar en sentido general tanto a proveedores como consumidores a tener un vínculo más armonioso.

El pasado 10 de junio el libro fue puesto en circulación con la participación de sectores empresariales para que los consumidores puedan interponer sus reclamos en los diferentes centros comerciales.

La resolución  fue publicada en espacio pagado el 26 de mayo de este año que dispone la creación de un sistema de Registro de Reclamaciones. En los establecimientos deberá colocar un aviso en lugares visibles que indique la disponibilidad del libro de Pro Consumidor.

(Via Acento)

lunes, 27 de octubre de 2014

El Consejo del Poder Judicial suspende alguacil

NOTICIAS|27 OCT 2014, 12:00 AM|1|POR DIARIO LIBRE

El Consejo del Poder Judicial suspende a la alguacil que actuó en Diario Libre

El Consejo procedió por “escándalo público” que provocó su acción
La alguacil Leyvi Alí Núñez.

SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial suspendió a la alguacil Leyvi Alí Núñez Díaz, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, por sus actuaciones en el asalto-embargo de que fue víctima Diario Libre, “hasta tanto culmine el proceso disciplinario al que ha sido sometida”. La decisión le fue notificada a la alguacil en comunicación No. 397276, firmada por Justiniano Montero Montero, director general interino de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, que tiene a su cargo estos asuntos.

La comunicación fue recibida por la alguacil Núñez Díaz el mismo día 14, como consta en copia de la comunicación en poder de DL. En su notificación, el director general interino Montero y Montero le comunica a la alguacil actuante que está suspendida “por la presunta falta cometida en ocasión de practicar un embargo ejecutivo sin el auxilio de la Fuerza Pública, en contra de la entidad Diario Libre, lo cual ha devenido en un escándalo público”. Y agrega la notificación que “dicha suspensión tendrá efectividad a partir del día de hoy martes 14 de octubre de 2014”. La notificación se hizo con copia a Carmen Meléndez, encargada de la División de Oficiales de la Justicia.

El acoso de que fue objeto DL los días 9 y 10 de octubre pasados, por una turba de personas que buscó ejecutar un embargo ilegal, se conoció en la 70 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Santiago, Chile.

“La alguacil y la turba lograron despojar de dos vehículos a choferes de DL, e intentaron sustraer un tercero, en momentos en que se encontraban en labores periodísticas”, destaca un informe sobre el país.

Un Estado soberano violador de derechos

Un Estado soberano violador de derechos:

“Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”. Artículo 8, Constitución de la República.

La Constitución se fundamenta como principio en el respeto de la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, además revela claramente que en materia de derechos humanos los tratados y pactos tienen la misma jerarquía que la Constitución e indica que:

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”  Artículo 74 numeral 3 Constitución Dominicana.

La soberanía no es más que el poder del Estado sujeto al derecho. La fisura se produce cuando se viola la función esencial de un Estado, la protección efectiva de los derechos de las personas y el respecto a la dignidad

La República Dominicana es parte de varios tratados internacionales que reconocen los derechos humanos, los cuales han sido firmados y ratificados en forma voluntaria por el Estado Dominicano, pero en la práctica un Estado con alto niveles de corrupción, poca institucionalidad, bajo estándares de cumplimiento de la ley, con alta concentración del poder, presenta resistencia y trabas para el reconocimiento de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanosy presentan resistencia a los órganos de promoción de derechos fundamentales.

En el país distintos actores enquistados en la estructura estatal son renuentes a asumir la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, objetando la pérdida de la soberanía, buscan limitar e impedir la revisión judicial más allá de los tribunales internos. Sin embargo, en materia de derechos humanos ya es precario argumentar la soberanía nacional, a partir de la adquisición del individuo de la categoría de sujeto de derecho internacional.

La protección de los Derechos Humanos y el resguardo de la Soberanía Nacional, genera  tensiones, incomprensiones, manipulaciones, amplios debates y controversial en el ámbito nacional e internacional, porque la protección de los Derechos Humanos, la soberanía y las políticas de Defensa y Seguridad Nacional, se deben garantizar desde el propio Estado, de forma integral, equilibrada y justas.

En estos tiempos la noción de soberanía corresponde a un tipo de organización política, que configura los Estados soberanos, anclado en el principio de legalidad, un Estado soberano está sujeto a normas, políticas, las instituciones funcionan, los poderes público están revestido de legitimidad, actúan los peso y contra pesos de los poderes, además sus ciudadanos conviven en el marco de la libertad de las personas y de respecto de los derechos humanos.

La soberanía nacional debe ser garantizada por el Estado, pero velando por la garantía de los Derechos Humanos, que precisamente aceptamos con la adhesión a la Convención Americana de la los Derechos Humanos, por cuanto, la obligatoriedad de su cumplimiento por ser una norma como lo reconoce la doctrina y jurisprudencia internacional incorporada al derecho interno, por ser reglas autoejecutables.

En ese sentido, la Soberanía Nacional facultad a los Estados para regular sus asuntos internos, para proteger perseguir sus objetivos nacional, mantener su existencia y su seguridad, pero en un justo equilibrio con el respecto de los derechos inherentes de las personas que habitan en su territorio, por eso hablamos de la construcción de un Estado Social Democrático de Derechos.

Para el Estado dominicano la efectiva protección de los Derechos Humanos involucra el reconocimiento internacional y el compromiso con la tutela efectiva, implica también una adecuación a las políticas públicas, a los fines de crear las acciones que permitan una mejor reciprocidadentre los Estados, los derechos humanos, las políticas de seguridad y defensa nacional.

En la República Dominicana el diseñó, aprobación e implementación de las política de defensa y seguridad,debe robustecer y garantizar el Estado de Derecho, la no existe de ningún  plan o una estrategia del Estado en seguridad y defensa nacional, potencia las posibilidades de vulneración de los derechos humanos, bajo el falso mito y fabula de la protección a la soberanía.

Los actores que se refieren a la soberanía nacional con tanto rigor y con sesgos e insuficiencias argumentativas, deben integrar a sus discursos que los objetivosnacionales, como las políticas de defensa y seguridad nacional, precisamente, son para garantizar el Estado de Derecho, mediante el fortalecimiento de la autoridad, el imperio de la ley, el respecto de los derechos humanos, la transparencia, la lucha contra la corrupción e impunidad y la participación activa de la ciudadanía en los asuntos de interés común.

La soberanía no es más que el poder del Estado sujeto al derecho. La fisura se produce cuando se viola la función esencial de un Estado, la protección efectiva de los derechos de las personas y el respecto a la dignidad,  más aún, cuando las políticas y la improvisación choca frontalmente con los derechos naturales y con principios fundamentales de la dignidad humana.

(Via Acento)

La sentencia de la Corte Interamericana: Atropello a la soberanía de República Dominicana

La República 27 Octubre 2014
Listin Diario 
 
OBSERVATORIO GLOBAL

La sentencia de la Corte Interamericana: Atropello a la soberanía de República Dominicana

EXPRESIDENTE: ES UNA VULNERACIÓN A NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO
  • Estatus. Decenas de haitianos acuden cada día a las oficinas instaladas en el país para acogerse al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros que ejecuta el gobierno dominicano.
 
 
 
 
Leonel Fernández
@leonelfernandez
En la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ordena a nuestro país dejar sin efecto la sentencia 168/13, dictada por nuestro Tribunal Constitucional, y algunos artículos de la Ley 169/14 sobre naturalización.

 

De igual manera, la Corte Interamericana dispuso hacer todos los cambios necesarios, incluyendo una reforma a nuestra Carta Magna y otras disposiciones legales, a los fines de otorgar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en nuestro territorio, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

No cabe dudas que esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un atropello a nuestra soberanía nacional, una vulneración a nuestro sistema democrático y un irrespeto al pueblo dominicano.

El Estado dominicano está impedido de acoger la decisión de la Corte Interamericana, en razón de que nuestra Constitución establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad que ha sido reconocido por nuestro Tribunal Constitucional y por nuestra Suprema Corte de Justicia en el momento en que ésta estaba facultada para ejercer la función constitucional.

Ambas decisiones, emanadas por nuestros más altos organismos jurisdiccionales, constituyen una expresión de soberanía nacional que no puede ser desconocida por ningún otro órgano jurisdiccional, aunque fuese en el plano internacional.

Derecho internacional y derecho interno
En el discurrir del tiempo los Estados se han visto precisados a colaborar y a conformar una comunidad, en la que no pierden su soberanía sino que hacen uso de la misma para crear una serie de normas que regulen sus relaciones y normalicen la distribución de sus respectivas competencias en el ámbito internacional.

Estas normas conforman lo que se conoce como Derecho Internacional Público y emanan de la voluntad de los Estados de asumir obligaciones en el plano internacional.

Históricamente, estas normas de Derecho Internacional han generado inquietudes acerca de cuál es el rango que les corresponde dentro de la jerarquía de fuentes del derecho.

Visto desde un enfoque práctico, la interrogante consiste en establecer cuál es la fuerza de la norma internacional en el sistema jurídico interno en caso de contradicción con una normativa del derecho nacional.

Independientemente de si este conflicto se observa desde la óptica de la teoría monista o dualista, que son las dos teorías clásicas del Derecho Internacional, lo cierto es que, en todo caso, conduce a consignar cual es el alcance de la soberanía del Estado.

Como se sabe, en su proceso de evolución, el concepto de soberanía ha permitido el desarrollo de la comunidad internacional que ha pasado de ser una comunidad de Estados, a ser otra compuesta no solo por Estados, sino también por actores no estatales.

A pesar de esos avances que registra el Derecho Internacional, la soberanía de los Estados no ha desaparecido. Estos siguen siendo los creadores de las normas internacionales y algunos derechos se siguen considerando un ejercicio de soberanía estatal, entre ellos, el determinar quienes son sus nacionales.

Sistemas de nacionalidad
Nuestra Constitución prevé el derecho a la nacionalidad basado en el ius soli, por lo que se consideran dominicanos aquellas personas nacidas en nuestro territorio.

Pero este principio no es absoluto, sino que establece algunas excepciones, entre las cuales se encuentran las de los hijos de extranjeros miembros del cuerpo diplomático y consular; y los extranjeros en tránsito o con residencia ilegal en la República Dominicana.

Existe también el ius sanguinis, en el cual los padres transmiten la nacionalidad a sus hijos. Nuestro país también sigue esta modalidad, por lo que los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero también son dominicanos.

Cada uno de estos sistemas puede tener una serie de variantes que dependerán de las normativas internas del país en el que se estén aplicando. Estos sistemas se considerarán válidos en el marco del Derecho Internacional; y esto así, en razón de que se reconoce que ciertas funciones se encuentran en la esfera exclusiva de control de cada Estado, y por consiguiente, más allá del ámbito de competencia de las jurisdicciones internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre esas funciones se encuentran las que permiten otorgar la nacionalidad y el establecimiento de las circunstancias bajo las cuales un extranjero puede ingresar al territorio de un país.

La no concesión automática de la nacionalidad por vía del ius solis no es una violación a los Derechos Humanos, como erróneamente ha interpretado la Corte interamericana.

Según un informe del año 2010 del prestigioso Centro de Estudios de Migración, de los Estados Unidos, de los 194 Estados Miembros de las Naciones Unidas, solo 30 admiten el sistema de jus solis sin ninguna condición, lo que quiere decir que 164, entre los que se encuentran la República Dominicana, Haití y Costa Rica, han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios.

Igual ocurre con los 28 Estados que integran la Unión Europea, ninguno de los cuales concede en forma automática la nacionalidad a una persona por el simple hecho de haber nacido en su demarcación territorial.

Por el contrario, en los Estados Unidos y el Canadá, la Constitución de esos países reconocen como ciudadanos a toda persona que nazca dentro de sus territorios, lo que los convierte en los únicos dos países desarrollados del mundo que adoptan ese sistema.

La generalidad de los países de América Latina y el Caribe sigue el modelo norteamericano, lo que convierte a esta región en la única en el planeta en la que predomina el sistema de reconocimiento automático de nacionalidad a favor de los nacidos en su territorio.

En todo caso, la tendencia actual de los países ha sido la de restringir el otorgamiento de la nacionalidad de forma automática.

El volumen de la inmigración ha hecho insostenible para algunos Estados continuar con el ius solis incondicional, por lo que ha habido en los últimos años un aumento sostenido en la lista de países que se alejan de este sistema.

De lo antes expresado se desprende que no existe en el Derecho Internacional un modelo único de validez universal a los fines de otorgar la nacionalidad a una persona por la vía del ius solis, esto es, por el solo hecho de haber nacido en un territorio determinado.

Por el contrario, lo que hay es una multiplicidad de sistemas que encuentran su legitimidad y legalidad en las normas internas de cada Estado, que no pueden ser variadas por ninguna normativa o jurisdicción de carácter internacional, so pena de vulnerar la soberanía de esa nación.

Se comprende como una preocupación legítima el que una persona pueda quedar en condición de apátrida. En tal virtud, el artículo 20.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos consigna que “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”.

En cumplimiento de lo dispuesto por esa normativa sobre Derechos Humanos, la República Dominicana, en el artículo 28 de la Ley de Migración No. 285-04 prevé la inscripción en un libro de extranjería de todo niño o niña nacido en nuestro territorio de padres no residentes, así como de su declaración ante el consulado del país de nacionalidad de la madre.

Así pues, en el caso de nuestro país no podría hablarse de personas apátridas, en razón de las previsiones de nuestro sistema legal.

En el acápite 19 de los puntos resolutivos de la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado dominicano debe adoptar “las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de República Dominicana”.

La no concesión automática de la nacionalidad por vía del ius solis no es una violación a los Derechos Humanos, como erróneamente ha interpretado la Corte Interamericana.

Por el contrario, lo que ha habido es una extralimitación por parte de la Corte en su decisión, lo que da lugar a que el Estado dominicano no tenga ninguna obligación a obtemperar a sus requerimientos.

Con su equívoca interpretación sobre el estatuto de la nacionalidad, la Corte Interamericana ha cometido un atropello a la soberanía nacional, ha vulnerado nuestro sistema democrático y ha irrespetado, en forma insolente, al pueblo dominicano.

Ven intención modificar Código Trabajo es satanizada

Ven intención modificar Código Trabajo es satanizada:

Directivos de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y la Región Sur consideran que la intención de modificar el Código de Trabajo ha sido muy “satanizada”.

El presidente de la entidad, Eduardo de Castro, ve necesario que la modificación del actual Código Laboral se realice a través de un acuerdo tripartito.

Lamentó que la legislación laboral permita que ocurran acciones que no necesariamente cumplen con la ley, al citar el caso de algunos embargos que se han realizado a empresas.

De su lado, la vicepresidente ejecutiva de la Asociación, Dilcia Paulino, planteó que modificación del Código de Trabajo debe velar porque tanto las sensibilidades de los trabajadores como del sector productivo (empleadores) sean tomadas en cuenta.

Consideró que encontrar el equilibrio puede ser difícil, pero se debe procurar que los beneficios que obtengan los trabajadores no lleve a la desaparición de las empresas.

Dijo que cada vez más las empresas están siendo amenazadas por los altos costos y que a eso se le suma que para el próximo año empieza la desgravación arancelaria de los productos industriales que provengan de los países miembros del acuerdo de libre comercio entre cinco naciones centroamericanas, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta).

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viernes, 24 de octubre de 2014

Cámara de Comercio de SD aboga por mayor integración con el sistema judicial

Cámara de Comercio de SD aboga por mayor integración con el sistema judicial:

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Centro de Resolución Alternativa de Controversia (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) abogó este jueves por una mayor integración entre este organismo y los jueces de las jurisdicciones ordinarias.

Manuel Luna Sued, presidente del CRC, dijo que tanto el empresariado como el Estado deben ver el arbitraje comercial como el mecanismo idóneo para resolver las controversias comerciales y como el complemento ideal de la justicia ordinaria para lograr al descongestionamiento de las salas de audiencias.

Luna habló durante la apertura del diplomado “Dimensión Judicial del Arbitraje” que realiza el CRC con el apoyo de la Escuela Nacional de la Judicatura, evento que estuvo encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Cesar Pina Toribio.

Destacó que mientras más integración exista entre el sector judicial dominicano y los Centros de Resolución de Controversias, mayor seguridad jurídica garantizará el país a los empresarios locales y a los inversionistas extranjeros.

El diplomado, segundo que realiza el CRC junto a la Escuela Nacional de Judicatura, inició con una Conferencia Magistral sobre Arbitraje y el Estado, a cargo de Álvaro Galindo, árbitro internacional, y otra a cargo de Leidylin Contreras, contraparte local, que versó sobre la práctica del arbitraje como una solución viable para los conflictos que pueden surgir en cualquier transacción comercial.

“Contamos con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales quienes durante esta jornada académica enriquecerán nuestros conocimientos sobre las cuestiones más relevantes sobre la práctica del arbitraje y la relación con la judicatura a nivel internacional y cómo se podría aplicar estos métodos a nivel nacional”, resaltó Luna Sued, presidente del Bufete Directivo del CRC.

La CCPSD aprovechó para agradecer a los patrocinadores aéreos COPA Airlines y UNITED Airlines, a las empresas Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández; Jiménez Cruz Peña;  Medina Garrigo, Abogados, Gerdau Metaldom; Pellerano y Herrera; Imbert, Domínguez y Asociados; Squire Patton Boggs, entre otros, por su apoyo a este Centro y a la Cámara de Santo Domingo, en atención a que es una institución sin fines de lucro.

El próximo módulo del diplomado, que reúne a expertos de Francia, Estados Unidos, América Latina y República Dominicana y 50 jueces de la judicatura nacional, será llevado a cabo los días martes 11 y miércoles 12 de noviembre del año en curso, en el Hotel Sheraton Santo Domingo.

(Via Acento)

A pesar estrechez, Tribunal Constitucional emite 626 sentencias

A pesar estrechez, Tribunal Constitucional emite 626 sentencias:

Santo Domingo.- El magistrado Rafael Díaz Filpo afirmó que el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido 626 sentencias, desde su conformación el 28 de diciembre de 2011, a pesar de las precariedades físicas y ambientales para ejercer un óptimo trabajo. El Nuevo Diario comprobó que el Tribunal Constitucional continúa realizando sus labores con muchas dificultades, debido a que aún el director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, no acoge la orden dada por el Poder Ejecutivo de entregar el segundo nivel de ese edificio para que los magistrados y personal administrativo del TC, realicen sus funciones con más holgura y menos estrechez. El presidente del TC, doctor Milton Ray Guevara, en su visita al Congreso, recordó a los miembros de la Comisión Bicameral que estudia el Presupuesto 2015, que requieren un aumento para “cambiar el estado de cosas y la forma estrecha de trabajar del personal perteneciente al órgano constitucional”. El magistrado Filpo resaltó la situación poco favorable para trabajar, pese a las múltiples gestiones realizada por el TC, para laborar en condiciones más holgada. El juez del TC manifestó que esa producción de decisiones constitucionales es superior a las emitidas por otros tribunales desde sus orígenes hasta el tiempo que tiene la jurisdicción dominicana. Díaz Filpo dictó este jueves 23 de octubre una conferencia con el tema “Los tribunales constitucionales. Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional dominicano”, en el Paraninfo de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Resaltó, asimismo, los vínculos del Tribunal Constitucional de la República Dominicana con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y citó la juramentación de la comisión de juristas encargados de redactar el anteproyecto sobre Reforma Constitucional, el 9 de octubre del 2006. Explicó que en República Dominicana, el Tribunal Constitucional es un órgano extra-poder, ya que no se encuentra dentro de la jerarquía de uno de los poderes del Estado, destacándose por estar por encima de todos los poderes, y que por mandato constitucional, sus decisiones son definitivas e irrevocables constituyendo precedentes vinculantes, para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Por Lilliam Mateo

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jueves, 23 de octubre de 2014

Domínguez Brito: “Cuando se hacen las cosas bien no hay que tener miedo”





SANTO DOMINGO.



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Legisladores piden RD abandone la Corte Interamericana de los Derechos Humanos -





Santo Domingo.-Varios legisladores pidieron hoy que la República Dominicana se retire de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en defensa de su soberanía.



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TSE pide al Congreso mantener los RD$450 MM que le fueron asignados

Castillo Pantaleón: Tema CIDH es muestra de la “falta de tino” de las autoridades dominicanas





SANTO DOMINGO.- El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón afirmó este miércoles que el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una muestra más de la “falta de tino y de sentido” de las autoridades dominicanas.



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La fiscal Olga Diná afirma es denigrante impartir Justicia en un furgón

La fiscal Olga Diná afirma es denigrante impartir Justicia en un furgón:

Yesterday at 7:28 PM La fiscal Olga Diná afirma es denigrante impartir Justicia en un furgón nd

Santo Domingo, 22 oct (EFE).- La procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, afirmó hoy que resulta totalmente denigrante que en el país se imparta Justicia en furgones, situación que según la magistrada, cuestiona de forma muy dura la función que realiza el Ministerio Público. Diná indicó que la eliminación de estos lugares ha sido el mayor reto para la Fiscalía de Santo Domingo, pero que ya se han hecho los esfuerzos para que se pueda trabajar en un lugar más adecuado. La magistrada expresó, en nota de prensa enviada por el periodista Salvador Holguín, que la existencia de los referidos furgones daña en gran medida la imagen de la justicia dominicana. Olga Diná dijo que estar en un lugar donde las paredes pueden ser atravesadas hasta con una piedra, es una muestra de que la provincia está dispuesta a trabajar donde sea, de mano de un equipo de jueces y fiscales valientes y responsables. Al referirse a las diferencias encontradas entre la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, y la jueza Margarita Cristo Cristo, la magistrada expresó que no es partidaria de los enfrentamientos y los conflictos, pero que respeta los criterios de ambas. Dijo que Yeni Berenice no hizo nada incorrecto cuando decidió recusar a la magistrada Cristo Cristo, puesto que actuó bajo los reglamentos establecidos por la ley, tomando una decisión de coraje y valentía. Sin embargo, resaltó que no es saludable que la sociedad sea testigos de estos problemas, y que entre los jueces y los fiscales debe haber una buena relación. En el mismo sentido, la fiscal Olga Diná expresó que no tiene nada que opinar sobre la decisión tomada por el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, quien se abstuvo de conocer una solicitud de levantamiento de oposición a propiedades de la inmobiliaria Rofi, donde el senador Félix Bautista es accionista. La fiscal dijo que esto es una decisión muy personal de parte del juez, por lo cual no puede entrar en cuestionamientos. Señaló que inhibirse no es obligatorio, que se hace como un acto de responsabilidad para tranquilizar a las partes de un proceso judicial.EFE

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Ministerio de Trabajo busca promover cultura de generación de empleos productivos

Ministerio de Trabajo busca promover cultura de generación de empleos productivos:

Yesterday at 8:24 PM Ministerio de Trabajo busca promover cultura de generación de empleos productivos Yamell Canaán Noticias SIN

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con el fin de promover una cultura de generación de empleos productivos y su formalización, el Ministerio de Trabajo presentó el Plan Nacional de Empleo 2012-2016. Aseguraron que van por buen camino pero que todavía falta por hacer.

Establecer políticas de capacitación y elevar el nivel educativo y la formación profesional de la población es uno de los principales retos que tiene el Ministerio de Trabajo para mejorar la calidad laboral.

La alta informalidad laboral que rondaba el 57 por ciento ha disminuido ya que aseguraron que en este año han contabilizado más de 121 mil nuevos empleados formales a través del Sistema Integrado de Registro Laboral.

Sin embargo para el sector juvenil los empleos informales siguen siendo sus preferidos.

El poco ingreso salarial es algo que sigue preocupando a las autoridades, ya que el salario mínimo más alto en nuestro país es de aproximadamente 11 mil pesos,  monto que Gabriel Del Rio, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista confirma no es suficiente para llevar una vida digna y con calidad. Por lo cual comento que su entidad emitirá una ley al Congreso Nacional con el objetivo de aumentar este monto.

El Plan Nacional de Empleo fue elaborado por el Ministerio de Trabajo, en conjunto con los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo e Industria y Comercio.

(Via Noticias SIN)

SB exhorta a usuarios utilizar cajeros bancos donde registran sus cuentas

miércoles, 22 de octubre de 2014

Neftalí González declina y apoya a Tania Báez para Presidencia del Colegio de Notarios Públicos

Pro Consumidor representa al país en reunión de seguridad de producto de consumo en Francia

Pro Consumidor representa al país en reunión de seguridad de producto de consumo en Francia:

Pro Consumidor asiste a representar al país en dos eventos internacionales que se realizan en Francia y Suecia, respectivamente, por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) y la Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación (ICPEN). La licenciada Altagracia Paulino, participa en Francia en la sesión 8 del programa de la semana del grupo de trabajo sobre seguridad de producto de consumo, y la sesión 88 del comité de política de consumo. En el encuentro de Francia, el equipo de trabajo sobre la Seguridad de Productos de Consumo (WPCS) realizará una sesión de trabajo del 23 al 24 de octubre, para analizar los temas de evaluación de riesgos, rastreo y trazabilidad de los asuntos de la seguridad de productos en línea, daño y productos retirados. Mientras que el Comité de Política de Consumo (CCP) de la OECD que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre en Francia, revisaran las directrices sobre la protección al consumidor en el contexto del comercio electrónico. La OECD agrupa a 34 países miembros entre los que figura la República Dominicana y su misión fundamental es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Además ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes que afectan a los consumidores. Como organismo para la cooperación internacional trabajan además por la preocupación de la seguridad de los bienes y servicios que reciben los consumidores globales a través de los organismos oficiales de cada país. En el encuentro también se centrará la discusión en el papel que están jugando las conductas económicas en el desarrollo del complimiento o aplicación de las políticas de consumo, en la administración sobre la economía digital, la seguridad de consumo y la autorregulación de las industrias en el área de consumo. En Suecia En el taller conferencia de Mejores Prácticas que se realiza en Suecia, Estocolmo, del 20 al 23 de octubre, organizado por la Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación (ICPEN), participa la licenciada Lucía Lissette Rivas Severino, encargada de Registro de Asociaciones de Consumidores y Contrato de Adhesión. En la conferencia taller la discusión se centrará en temas de actualidad que afectan a las condiciones de los consumidores en todo el mundo.

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CIDH ordena a RD a modificar su Constitución para que hijos de extranjeros ilegales sean dominicanos -





SANTO DOMINGO.



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Castillo Semán: Decisión CIDH desconoce Constitución y poderes públicos de RD





SANTO DOMINGO, República Dominicana.



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Presidente envía al Congreso anteproyecto para prorrogar plazo Ley de Naturalización

Presidente envía al Congreso anteproyecto para prorrogar plazo Ley de Naturalización:

Today at 4:28 PMPresidente envía al Congreso anteproyecto para prorrogar plazo Ley de Naturalizaciónnd

Santo Domingo. El presidente Danilo Medina solicitó este miércoles al Congreso Nacional ampliar por un único plazo de 90 días para que las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular que, habiendo nacido en territorio nacional, no figuran inscritos en el Registro Civil, para que puedan solicitar el registro y regularización migratoria contemplada en la Ley 169-14 y su reglamento de aplicación. La solicitud del jefe del Estado está contenida en el anteproyecto ley sometido pasado el mediodía de este miércoles al Congreso Nacional vía la Cámara de Diputados. La Ley 169-14 establece que su plazo de aplicación vence el próximo martes 28 del presente mes de octubre. En carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, el presidente Medina explica “el anteproyecto de Ley que proponemos es fruto del convencimiento de las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley antes citada”. “Debido a que tanto el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros como los procedimientos contemplados en la Ley 169-13, son políticas públicas sin precedentes en la historia de la República Dominicana, su implementación ha representado un gran reto logístico y organizacional”, destaca el gobernante. En la carta que acompaña a la propuesta de ley, el Presidente observa que tanto el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros como los procedimientos contemplados en la Ley No. 169-14 son políticas públicas sin precedentes en la historia de la República Dominicana, por lo que su implementación ha representado un gran reto institucional, logístico y organizacional. En concreto, el Gobierno ha puesto en marcha 24 oficinas de regularización de extranjeros, repartidas por el conjunto del territorio nacional, y ha emprendido una campaña de difusión y publicidad para informar a la población inmigrante sobre la necesidad de la regularización y las vías para llevarla a cabo. Sin embargo, la complejidad y novedad del proceso “han limitado la apropiada y suficiente difusión del alcance de las normas y los beneficios de las mismas”. La carta de exposición de motivos especifica también que debe tenerse en cuenta que “los grupos poblacionales a quienes están dirigidos los procesos se encuentran, a menudo, limitados por la marginalidad y la exclusión”, motivo por el cual “apenas unas 1,500 personas se han acercado a las oficinas abiertas en todo el territorio nacional para solicitar su registro al amparo de esta legislación” en los 90 días inicialmente dispuestos por el reglamento de la ley. Este es aún un pequeño porcentaje de la población sin documentación que se calcula podría participar del procedimiento establecido en la Ley 169-14. El presidente Danilo Medina apeló a la responsabilidad de los diputados, por entender que este proyecto “solo busca cumplir a cabalidad con el espíritu de justicia y ordenamiento de nuestro Estado que inspiró la ley 169-14”, aprobada con amplio apoyo de ambas cámaras. Por último, la carta dirigida al Congreso recuerda que “la aplicación de estas iniciativas no solo redundarán en beneficio de las personas involucradas, sino que es de un alto interés estratégico para el Estado Dominicano su correcta implementación, desde el punto de vista de la seguridad, el orden y el registro efectivo y riguroso de todas las personas que habitan nuestro país”. Por Francia Valdez.

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CIDH se refirió a sentencia 168-13 del TC y ley 169-14

CIDH se refirió a sentencia 168-13 del TC y ley 169-14:

Today at 5:21 PM CIDH se refirió a sentencia 168-13 del TC y ley 169-14 Hoy undefined

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó hoy la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas, sometido a la jurisdicción de la  Corte el 12 de julio de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, la corte internacional hizo referencia a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y a la ley 169-14 en los siguientes términos, que reproducimos de manera íntegra:

A  la luz del principio iura novit curia, la Corte determinó el incumplimiento de la  obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, establecida en el artículo 2 de la Convención Americana, respecto a la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana emitida el 23 de septiembre de 2013 y los artículos 6, 8 y 11 de la Ley  No. 169-14 de 23 de mayo de 2014.

En esencia consideró que tales actos, al dar un trato de  extranjeros a aquellas personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres sean extranjeros
en situación migratoria irregular, establecían una discriminación a la luz de la Convención  Americana, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley y otros derechos receptados en el  tratado.

La sentencia TC/0168/13 interpretó que, de acuerdo a “todas las Constituciones dominicanas a  partir de […] 1929”, aun en ausencia de un señalamiento expreso de esos textos legales, los  hijos de “extranjeros que permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal” no  podían adquirir la nacionalidad dominicana, pues no es posible, a partir de “una situación  ilícita”, “fundar el nacimiento de un derecho”. No obstante, la Corte Interamericana advirtió que  tal situación ilícita refiere a los padres, y no a las personas nacidas en República Dominicana.

Por ende entendió que ello, por sí mismo, no mostraba una justificación válida para diferenciar  las personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres son extranjeros en situación migratoria regular de aquellas cuyos padres estuvieran en una situación migratoria irregular.

Asimismo, la Corte Interamericana entendió que la orden dada por la sentencia TC/0168/13 de  efectuar una “auditoría” de los “libros-registros de nacimientos” desde 1929 para identificar “extranjeros” privaba a las víctimas de seguridad jurídica en su derecho a la nacionalidad. Por
otra parte, la Ley No. 169-14, adoptada sobre las premisas sentadas por la sentencia  TC/1068/13, estableció un procedimiento por el que podían adquirir la nacionalidad dominicana  por “naturalización” aquellas personas nacidas en territorio dominicano y no inscriptas en el
Registro Civil que sean hijas de padres extranjeros en situación migratoria irregular.

La Corte Interamericana entendió que la previsión legal de un proceso para lograr la “adquisición” de la nacionalidad, implicaba un obstáculo en el goce del derecho a la nacionalidad. En tal sentido, la  Ley No. 169-14 da un trato de extranjeros a personas a quienes corresponde la adquisición de
la nacionalidad de pleno derecho por el nacimiento en territorio estatal.

En cuanto al derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 de la Convención, la  Corte concluyó que tanto los miembros de las familias Jean, Medina, Fils-Aimé, como los  señores Rafaelito Pérez Charles y Bersson Gelin, fueron privados de su libertad arbitrariamente antes de ser expulsados hacia Haití.

Lo anterior, debido a que las detenciones realizadas por los  agentes estatales estaban direccionadas a perfiles raciales relacionados con su aparente  pertenencia al grupo de personas haitianas o de ascendencia haitiana que viven en República Dominicana.

Además, no fueron informados de las razones específicas por las cuales fueron  sujetos a deportación, de acuerdo a la normativa interna vigente y no pudieron acudir ante una  autoridad judicial competente que pudiera decidir la eventual procedencia de su libertad.

Adicionalmente, la Corte concluyó que Lilia Jean Pierre, Janise Midi, Marlene Mesidor, y  Markenson Jean, todos de nacionalidad haitiana, fueron detenidos y expulsados en menos de  48 horas junto a sus familiares y otras personas, sin evidencia alguna de que hayan sido  sujetos a un examen individualizado.

Consecuentemente, la Corte determinó que el Estado es  responsable de la violación de la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, establecida  por el artículo 22.9 de la Convención. 

En cuanto a la prohibición de la expulsión de una persona del territorio del Estado del cual es  nacional, la Corte constató que Rafaelito Pérez Charles, Willian Medina Ferreras, Víctor Jean y  los entonces niñas y niños Luis Ney Medina, Awilda Medina, Carolina Isabel Medina Miguel Jean, Victoria Jean y Natalie Jean eran dominicanos y fueron expulsados.

Por ello, este Tribunal  declaró la violación del derecho de circulación y de residencia consagrados en los artículos 22.1  y 22.5 de la Convención, en su perjuicio.

Además, la Corte determinó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a las  garantías judiciales y la protección judicial, plasmados en los artículos 8.1 y 25.1 del tratado, en perjuicio de Willian Medina Ferreras, Lilia Jean Pierre, Luis Ney Medina, Awilda Medina,  Carolina Isabel Medina (fallecida), Jeanty Fils-Aimé (fallecido), Janise Midi, Antonio Fils-Aimé,  Diane Fils-Aimé, Endry Fils-Aimé, Rafaelito Pérez Charles, Bersson Gelin, Víctor Jean, Marlene  Mesidor, Miguel Jean, Markenson Jean, Victoria Jean (fallecida), y Natalie Jean, debido a que su  expulsión no siguió las pautas de debido proceso establecidas en normas internacionales, ni los procedimientos previstos en la normativa interna, y dado que las víctimas no contaron con la posibilidad de un acceso real o efectivo al derecho a presentar un recurso que amparara sus derechos.

En cuanto al derecho a la protección a la familia, regulado en el artículo 17 de la Convención, el Tribunal determinó que Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia y Reyita Antonia, ambas de apellido  Sensión, permanecieron separadas de Antonio Sensión entre el 25 de marzo de de 1999, fecha  en que el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte, hasta el año 2002, lapso en  que el Estado no adoptó medida alguna para facilitar su reunificación, la cual fue resultado de  las propias diligencias del señor Sensión.

En el caso de Bersson Gelin y su hijo William Gelin, como consecuencia de la expulsión del primero ambos fueron separados, y el Estado omitió adoptar medidas para la reunificación familiar. En consecuencia, la Corte concluyó que el  Estado es responsable de la violación al indicado artículo 17.

Por último, la Corte determinó, con base en el artículo 11.2 del tratado, que las injerencias en los domicilios de los miembros de las familias Jean, Medina y Fils-Aimé no fueron justificadas por no haberse ajustado al procedimiento previsto en la ley interna, y consideró que deben de 
considerarse como injerencias arbitrarias en la vida privada de las familias indicadas.

De igual forma, este Tribunal concluyó, que en relación con los derechos recogidos en los artículos 7, 8.1, 11.2, 17.1, 22.1, 22.5 y 22.5 y 25.1 de la Convención Americana, el Estado incumplió con el deber establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de respetar los derechos sin discriminación, y adicionalmente los derechos del niño, en el caso de las niñas y niños al momento de ocurrir los hechos, ya que el Estado no adoptó medidas especiales a la luz del principio del interés superior del niño.

La Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y ordenó las siguientes medidas de reparación integral, en virtud de las cuales el Estado debe, adoptar las medidas necesarias para que las víctimas dominicanas, según el caso, sean debidamente registradas y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana.

En el caso de las víctimas que son investigadas, dejar sin efectos las investigaciones administrativas, así como a los procesos judiciales civiles y penales en curso vinculados a sus registros y documentación;

 ii) adoptar las medidas necesarias para que una víctima haitiana pueda residir o permanecer en forma regular en el territorio de República Dominicana brindar gratuitamente;

 iii) realizar las publicaciones ordenadas en la Sentencia;

 iv) realizar programas de capacitación de carácter continúo y permanente de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes encargados de procedimientos 
migratorios y judiciales, vinculados con materia migratoria

 vi) adoptar las medidas de derecho interno necesarias para evitar que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13 emitida 4 el 23 de septiembre de 2013 y lo dispuesto por los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169-14 emitida el 23 de mayo de 2014, continúen produciendo efectos jurídicos;

vii) adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta 
constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el territorio de República Dominicana;

 viii) adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y 
de la situación migratoria de sus padres,

ix) pagar las cantidades fijadas por daño material e inmaterial, reintegro de costas y gastos.

La Corte Interamericana supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia y dará por  concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Composición de la corte. La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto  Antonio Sierra Porto (Colombia), Presidente; Roberto F. Caldas (Brasil), Vicepresidente; Manuel  E. Ventura Robles (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot  (México).

Los jueces Diego García-Sayán y Alberto Pérez Pérez se excusaron de conocer la presente Sentencia, debido, tanto a una excusa presentada, como por motivos de fuerza  mayor, respectivamente.

 

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena a República Dominicana por expulsión ilegal de haitianos y dominicanos

CIDH condena a República Dominicana 

por expulsión ilegal de haitianos y 

dominicanos


Por acento.com.do . 22 de octubre de 2014 - 3:10 pm
La Corte Interamericana entendió que la previsión legal de un proceso para lograr la “adquisición” de la nacionalidad, implicaba un obstáculo en el goce del derecho a la nacionalidad. En tal sentido, la Ley No. 169-14 da un trato de extranjeros a personas a quienes corresponde la adquisición de la nacionalidad de pleno derecho por el nacimiento en territorio estatal
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Foto: Acento.com.do/Archivo/Ciudadanos detenidos en una redada de las autoridades de Migración.
SAN JOSÉ, Costa Rica.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a la República Dominicana por la expulsión de su territorio de ciudadanos dominicanos y haitianos de manera irregular.
La CIDH notificó hoy la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas, sometido a la jurisdicción de la Corte el 12 de julio de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El caso se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidas niñas y niños [1], ocurridas entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos.
La CIDH refiere que, en esta situación, los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, o bien, en otros casos las víctimas nacidas en República Dominicana no se encontraban registradas ni contaban con documentación que acreditara su nacionalidad.
“La Corte determinó que para la época de los hechos en República Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza”, precisa.
“Además, sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad. Por otra parte, la Corte determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria”, agrega.
La Corte concluyó que República Dominicana era responsable internacionalmente por la violación de los derechos que se detallan a continuación.
1-La Corte determinó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de dichas violaciones, al derecho a la identidad, en consideración de que las expulsiones de Willian, Awilda, Luis Ney y Carolina Isabel, todos de apellido Medina, así como de Rafaelito Pérez Charles, se efectuaron desconociendo sus documentos de identificación personal y que acreditaban su nacionalidad.
La Corte Interamericana entendió que la previsión legal de un proceso para lograr la “adquisición” de la nacionalidad, implicaba un obstáculo en el goce del derecho a la nacionalidad. En tal sentido, la Ley No. 169-14 da un trato de extranjeros a personas a quienes corresponde la adquisición de la nacionalidad de pleno derecho por el nacimiento en territorio estatal
2-Asimismo, el Tribunal determinó la violación de los derechos del niño en el caso de las víctimas niñas y niños, pues el Estado no tuvo en cuenta su interés superior. Igualmente, el Estado es responsable de la violación de los referidos derechos en perjuicio de Víctor, Miguel, Victoria y Natalie, todos de apellido Jean, quienes nacieron en el territorio dominicano, pero no habían sido registrados ni contaban con documentación que acreditara su identidad y nacionalidad.
3-Por otra parte, a la luz del principio iura novit curia, la Corte determinó el incumplimiento de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, establecida en el artículo 2 de la Convención Americana, respecto a la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana emitida el 23 de septiembre de 2013 y los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169-14 de 23 de mayo de 2014.
“En esencia consideró que tales actos, al dar un trato de extranjeros a aquellas personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres sean extranjeros en situación migratoria irregular, establecían una discriminación a la luz de la Convención Americana, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley y otros derechos receptados en el tratado”.
La sentencia TC/0168/13 interpretó que, de acuerdo a “todas las Constituciones dominicanas a partir de […] 1929”, aun en ausencia de un señalamiento expreso de esos textos legales, los hijos de “extranjeros que permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal” no podían adquirir la nacionalidad dominicana, pues no es posible, a partir de “una situación ilícita”, “fundar el nacimiento de un derecho”.
No obstante, la Corte Interamericana advirtió que tal situación ilícita refiere a los padres, y no a las personas nacidas en República Dominicana. “Por ende entendió que ello, por sí mismo, no mostraba una justificación válida para diferenciar las personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres son extranjeros en situación migratoria regular de aquellas cuyos padres estuvieran en una situación migratoria irregular.
Asimismo, la Corte Interamericana entendió que la orden dada por la sentencia TC/0168/13 de efectuar una “auditoría” de los “libros-registros de nacimientos” desde 1929 para identificar “extranjeros” privaba a las víctimas de seguridad jurídica en su derecho a la nacionalidad.”
Por otra parte, la Ley No. 169-14, adoptada sobre las premisas sentadas por la sentencia TC/1068/13, estableció un procedimiento por el que podían adquirir la nacionalidad dominicana por “naturalización” aquellas personas nacidas en territorio dominicano y no inscriptas en el Registro Civil que sean hijas de padres extranjeros en situación migratoria irregular.
La Corte Interamericana entendió que la previsión legal de un proceso para lograr la “adquisición” de la nacionalidad, implicaba un obstáculo en el goce del derecho a la nacionalidad. En tal sentido, la Ley No. 169-14 da un trato de extranjeros a personas a quienes corresponde la adquisición de la nacionalidad de pleno derecho por el nacimiento en territorio estatal.
Derecho a la libertad personal
En cuanto al derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 de la Convención, la Corte concluyó que tanto los miembros de las familias Jean, Medina, Fils-Aimé, como los señores Rafaelito Pérez Charles y Bersson Gelin, fueron privados de su libertad arbitrariamente antes de ser expulsados hacia Haití.
“Lo anterior, debido a que las detenciones realizadas por los agentes estatales estaban direccionadas a perfiles raciales relacionados con su aparente pertenencia al grupo de personas haitianas o de ascendencia haitiana que viven en República Dominicana”, subraya.
Además, no fueron informados de las razones específicas por las cuales fueron sujetos a deportación, de acuerdo a la normativa interna vigente y no pudieron acudir ante una autoridad judicial competente que pudiera decidir la eventual procedencia de su libertad.
“Las detenciones realizadas por los agentes estatales estaban direccionadas a perfiles raciales relacionados con su aparente pertenencia al grupo de personas haitianas o de ascendencia haitiana que viven en República Dominicana”
Adicionalmente, la Corte concluyó que Lilia Jean Pierre, Janise Midi, Marlene Mesidor, y Markenson Jean, todos de nacionalidad haitiana, fueron detenidos y expulsados en menos de 48 horas junto a sus familiares y otras personas, sin evidencia alguna de que hayan sido sujetos a un examen individualizado.
“Consecuentemente, la Corte determinó que el Estado es responsable de la violación de la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, establecida por el artículo 22.9 de la Convención”, advierte.
Prohibición de expulsión
En cuanto a la prohibición de la expulsión de una persona del territorio del Estado del cual es nacional, la Corte constató que Rafaelito Pérez Charles, Willian Medina Ferreras, Víctor Jean y los entonces niñas y niños Luis Ney Medina, Awilda Medina, Carolina Isabel Medina Miguel Jean, Victoria Jean y Natalie Jean eran dominicanos y fueron expulsados.
“Por ello, este Tribunal declaró la violación del derecho de circulación y de residencia consagrados en los artículos 22.1 y 22.5 de la Convención, en su perjuicio”, agrega.
Además, la Corte determinó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, plasmados en los artículos 8.1 y 25.1 del tratado, en perjuicio de Willian Medina Ferreras, Lilia Jean Pierre, Luis Ney Medina, Awilda Medina, Carolina Isabel Medina (fallecida), Jeanty Fils-Aimé (fallecido), Janise Midi, Antonio Fils-Aimé, Diane Fils-Aimé, Endry Fils-Aimé, Rafaelito Pérez Charles, Bersson Gelin, Víctor Jean, Marlene Mesidor, Miguel Jean, Markenson Jean, Victoria Jean (fallecida), y Natalie Jean, debido a que su expulsión no siguió las pautas de debido proceso establecidas en normas internacionales, ni los procedimientos previstos en la normativa interna, y dado que las víctimas no contaron con la posibilidad de un acceso real o efectivo al derecho a presentar un recurso que amparara sus derechos.
Protección a la familia
En cuanto al derecho a la protección a la familia, regulado en el artículo 17 de la Convención, el Tribunal determinó que Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia y Reyita Antonia, ambas de apellido Sensión, permanecieron separadas de Antonio Sensión entre el 25 de marzo de de 1999, fecha en que el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte, hasta el año 2002, lapso en que el Estado no adoptó medida alguna para facilitar su reunificación, la cual fue resultado de las propias diligencias del señor Sensión.
En el caso de Bersson Gelin y su hijo William Gelin, como consecuencia de la expulsión del primero ambos fueron separados, y el Estado omitió adoptar medidas para la reunificación familiar. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable de la violación al indicado artículo 17.
Por último, la Corte determinó, con base en el artículo 11.2 del tratado, que las injerencias en los domicilios de los miembros de las familias Jean, Medina y Fils-Aimé no fueron justificadas por no haberse ajustado al procedimiento previsto en la ley interna, y consideró que deben de considerarse como injerencias arbitrarias en la vida privada de las familias indicadas.
“De igual forma, este Tribunal concluyó, que en relación con los derechos recogidos en los artículos 7, 8.1, 11.2, 17.1, 22.1, 22.5 y 22.5 y 25.1 de la Convención Americana, el Estado incumplió con el deber establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de respetar los derechos sin discriminación, y adicionalmente los derechos del niño, en el caso de las niñas y niños al momento de ocurrir los hechos, ya que el Estado no adoptó medidas especiales a la luz del principio del interés superior del niño”, detalla.
Lo que ordena la CIDH a la República Dominicana
La Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y ordenó las siguientes medidas de reparación integral, en virtud de las cuales el Estado debe, inter alia:
1-Adoptar las medidas necesarias para que las víctimas dominicanas, según el caso, sean debidamente registradas y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana.
2-En el caso de las víctimas que son investigadas, dejar sin efectos las investigaciones administrativas, así como a los procesos judiciales civiles y penales en curso vinculados a sus registros y documentación;
3-Adoptar las medidas necesarias para que una víctima haitiana pueda residir o permanecer en forma regular en el territorio de República Dominicana;
4-Realizar las publicaciones ordenadas en la Sentencia;
5- Realizar programas de capacitación de carácter continúo y permanente de los miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes encargados de procedimientos migratorios y judiciales, vinculados con materia migratoria;
6-Adoptar las medidas de derecho interno necesarias para evitar que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13 emitida el 23 de septiembre de 2013 y lo dispuesto por los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169-14 emitida el 23 de mayo de 2014, continúen produciendo efectos jurídicos;
7-Adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el territorio de República Dominicana;
8-Adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres,
9-Pagar las cantidades fijadas por daño material e inmaterial, reintegro de costas y gastos.
Supervisión de cumplimiento de sentencia
La Corte Interamericana supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Presidente; Roberto F. Caldas (Brasil), Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México). Los jueces Diego García-Sayán y Alberto Pérez Pérez se excusaron de conocer la presente Sentencia, debido, tanto a una excusa presentada, como por motivos de fuerza mayor, respectivamente.
El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma pueden consultarse en el siguiente enlace:  Corte Intermericana de los Derechos Humanos 
Más en: CIDH sentencia
Nota:
[1] A saber: Familia Medina  integrada por: Willian Medina y Lilia Jean Pierre, y sus hijos Awilda Medina Pérez, Luis Ney Medina y Carolina Isabel Medina (fallecida); familia Fils-Aimé integrada por: Jeanty Fils-Aimé (fallecido) y Janise Midi, y sus hijos Antonio Fils-Aimé, Diane Fils-Aimé y Endry Fils-Aimé; familia Gelin integrada por: Bersson Gelin y su hijo William Gelin; familia Sensión integrada por: Antonio Sensión y Ana Virginia Nolasco, y sus hijas Ana Lidia Sensión Nolasco y Reyita Antonia Sensión Nolasco; familia Jean integrada por: Víctor Jean y Marlene Mesidor, y sus hijos Markenson Jean Mesidor, Miguel Jean, Victoria Jean (fallecida) y Natalie Jean; y Rafaelito Pérez Charles. Los nombres que se encuentran subrayados corresponden a las víctimas que al momento de los hechos eran niñas y niños.