viernes, 25 de julio de 2014

Preocupa a presidente SCJ críticas a tribunales - listindiario.com

Preocupa a presidente SCJ críticas a tribunales - listindiario.com:

La República 25 Julio 2014
 último digitado en 25 Jul a las 6:03 AM
 DELINCUENCIA
Preocupa a presidente SCJ críticas a tribunales
DIJO QUE SI SE QUIEREN REALES POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA LAS POLÍTICAS QUE SE APLIQUEN DEBEN SER INTEGRALES
  • Magistrado. Mariano Germán Mejía, presidente de la SCJ
 
 
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, mostró preocupación por el hecho de que se quiera cuestionar a los tribunales de justicia de ser demasiado “permisivos” en el tratamiento con los delincuentes, todo esto, sin que necesariamente, se haya estudiado el impacto del sistema de justicia en la delincuencia.

El también presidente del Consejo del Poder Judicial, dijo que su principal compromiso es con una adecuada y eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, con el rol fundamental no solo en términos de reparación del daño causado a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno.

Mariano Germán habló en esos términos, tras pronunciar un discurso durante el panel “Las actuaciones procesales en la justicia dominicana desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos”, organizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Indicó que unas de las dimensiones principales  de las obligaciones estatales se vinculan al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición.

Manifestó que muchas veces, cuando se tiene situaciones que nos desbordan, la tendencia generalizada es utilizar el sistema penal como la principal política de seguridad ciudadana.

El funcionario judicial entiende que por eso es tan popular ante la demanda de la población de vivir seguros, recurrir a propuestas de endurecimiento de sistemas procesales, en particular, para restringir las excarcelaciones durante la investigación, o limitar las salidas anticipadas al cumplimiento completo de la pena, al aumento de las penas, la tipificación de nuevas conductas.

Manifestó que con ese cuestionamiento no quiere quitarle responsabilidad al sistema de justicia, sino que lo que quiere significar es que la ley y la administración de justicia son algunas de las herramientas o instrumentos que debe planificar y gestionar el Estado para reducir la violencia.

“Debemos procurar una articulación de los datos en las aéreas de justicia, de violencia y criminalidad que nos permita la articulación entre la información que se produce en materia de violencia social y criminalidad, para producir información y  generar el conocimiento, para valorizar y contextualizar lo que estamos realizando”, acotó Germán.

Considera que la inseguridad generada por la criminalidad y la violencia, constituyen un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos.

Dijo que desde el Poder Judicial están trabajando por una mejor justicia, que redunde en beneficio de toda la población que habita en el territorio nacional, por lo que están identificando sus debilidades y fortalezas y abriendo las puertas para la coordinación, el dialogo, la comprensión de roles y el cumplimiento de la ley.

Sostuvo que se hace necesario desarrollar políticas institucionales integrales y coordinadas para buscar repuestas a la falta de armonía entre lo que ordenan la Constitución y las leyes, así como los tratados internacionales, ante la realidad diaria sobre la existencia de más conflictos, mas delincuencia y menores repuestas ante el fenómeno de la criminalidad.

“Se hace necesario identificar políticas especificas para atender situaciones concretas, ya que la historia reciente de nuestro hemisferio evidencia que los métodos tradicionalmente usados no han sido en parte la solución”, adujo Germán Mejía.

Expresó que si no se tiene un convencimiento y voluntad personal sobre la importancia de cumplir con la obligación de garantizar seguridad, respetando derecho, no se lograra tener un Estado social y democrático de derecho, tras señalar que si se quiere reales políticas de prevención y atención de la violencia, éstas deben ser integrales.

(Via www.listindiario.com)

El Procurador General de la República: Amenazas obligan a nuevos retos para enfrentar corrupción sistema judicial

Procurador: Amenazas obligan a nuevos retos para enfrentar corrupción sistema judicial:

24/7/2014
Presidente DNCD recomienda fortalecer supervisión y control interno 
Procurador: Amenazas obligan a nuevos retos para enfrentar corrupción sistema judicial 



Santo Domingo.- El Procurador General de la República, advirtió que existen amenazas  sobre ese poder del Estado, que ha obligado a trazar nuevos retos para enfrentar la delincuencia y la corrupción en el sistema judicial. El procurador se expresó así al presidir un panel sobre “Actuaciones Procesales en la Justicia Penal Dominicana, desde una Perspectiva de los Derechos Humanos”. 

El doctor Francisco Domínguez Brito, deploró  la actual “cultura de matar a los delincuentes y la corrupción en los casos de los arrestos que practican los agentes de la Policía solo para que las personas les den dinero”. 

También, citó como amenaza al sistema judicial la cantidad de personas que está bajo prisión preventiva, especialmente "aquellos que no se le conoce audiencia y que a veces hay que desestimar sus casos por la debilidad del proceso”.

No obstante, afirma  que la Procuraduría  trabaja para ofrecer resultados positivos a la ciudadanía,  destacando que a pesar de todo, "tiene sus logros, tenemos más procuradores y jueces”.    

Dijo que se trabaja para enfrentar esos retos y contribuir con una sociedad  con mayores niveles de seguridad ciudadana.

Mientras, el mayor general Julio César Soufront Velázquez, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, dijo estar consciente de la obligación de respetar el debido proceso legal en el ejercicio de las funciones de contrarrestar las actividades de narcotráfico y microtráfico en el país.

Destacó que la capacitación del personal que dirige, la especialización de los miembros de la DNCD, constituyen herramientas importantes en el logro de ese objetivo.

La Dirección Nacional de Control de Drogas organizó el panel sobre las actuaciones procesales en la justicia dominicana desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de conocer los puntos de vista de los distintos actores, e identificar las recomendaciones que coadyuven a garantizar el debido proceso, seguridad ciudadana y el fortalecimiento de los derechos humanos.

La Dirección Nacional de Control de Drogas ha desarrollado iniciativas encaminadas a fortalecer la aplicación de las garantías del debido proceso legal en el ámbito de sus actuaciones.

Asegura Soufront que apegado al sistema procesal penal ha establecido reglas claras para el comportamiento de sus agentes, a fin de evitar márgenes inadecuados de discrecionalidad en la esfera administrativa y operacional que puedan fomentar prácticas arbitrarias o discriminatorias en perjuicio de los derechos y dignidad de los ciudadanos.

Durante su participación  en el panel sobre “Actuaciones Procesales en la Justicia Dominicana desde una Perspectiva de respeto a los Derechos Humanos”, el director de la DNCD recomendó fortalecer los niveles de supervisión y mecanismos de control interno que permitan monitorear las actuaciones de los miembros de la DNCD, a fin de que estas se enmarquen en el ámbito del respeto a los derechos humanos y los principios institucionales. 

Por medio del entrenamiento, dijo, y la capacitación, fomentar una doctrina capaz de establecer mejoras en la práctica del uso de la fuerza de sus agentes al momento de sus actuaciones.

Así como, seguir fortaleciendo el sistema de inteligencia e información, con el objetivo de minimizar errores al momento de realizar allanamientos, detenciones, registros de personas y propiedades, evitando violaciones a los derechos humanos.

 

Autor: LILIAM MATEO 

 
 

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán cita responsabilidades de actores en sistema Justicia - DiarioLibre.com

Germán cita responsabilidades de actores en sistema Justicia - DiarioLibre.com:

Noticias|25 jul 2014, 12:00 AM|POR Federico Méndez

Germán cita responsabilidades de actores en sistema Justicia

Deben identificarse políticas específicas para atender situaciones concretas
Mariano Germán Mejía

SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, advirtió que la inseguridad generada por la criminalidad y la violencia, constituyen un grave problema, donde está en juego la vigencia de los derechos humanos.

"Y si bien es cierto que debemos actuar con prudencia, comedimiento y compromiso social; no es menos cierto, que en un juicio deben respetarse las garantías individuales de cada uno de los comprometidos en el mismo", aseveró.

Entiende que no se le puede pedir a un juez o una jueza, que olvide sus obligaciones de respeto, protección, seguridad y promoción de los derechos fundamentales.

Indica que una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales se vincula al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición.

"Nuestro compromiso es con una adecuada y eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, con el rol fundamental, no sólo en términos de reparación del daño causado a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno".

Asegura que si se quiere reales políticas de prevención y atención de la violencia, estas deben ser integrales.

"Sé que muchas veces, cuando tenemos situaciones que nos desbordan, la tendencia generalizada es a utilizar el sistema penal como la principal política de seguridad ciudadana", proclamó durante un panel sobre las actuaciones procesales en la justicia dominicana desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, celebrado en el auditorio de la Procuraduría General de la República.

Dijo que esas críticas se acompañan, por lo regular, de discursos dirigidos a cuestionar a los tribunales de justicia por ser demasiado "permisivos" en el tratamiento con los delincuentes.

"Todo esto, sin que, necesariamente, se haya estudiado el impacto del sistema de justicia en la delincuencia".

Protagonistas del panel

En el panel participaron el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, Julio César Souffront Velázquez, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como anfitrión; Juan Navarrete, experto en seguridad y acceso a la justicia y, como moderador, Fidias Aristy, presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND).

Durante las exposiciones de los panelistas invitados, participaron jueces, fiscales y personalidades de la sociedad civil.

(Via www.diariolibre.com)

Ministerio Público preocupado por violencia que afecta la ciudad

Ministerio Público preocupado por violencia que afecta la ciudad:

BARAHONA.- El Ministerio Público expresó ayer su preocupación por la violencia que se registra en los barrios de esta ciudad, donde se han producido muertes y heridos en enfrentamientos entre integrantes de bandas que han sembrado el terror en los últimos tiempos. Durante un encuentro, encabezado por el Procurador de la Corte de Apelación del departamento judicial del Suroeste, doctor Bolívar de Óleo Montero y el fiscal del distrito judicial de esta ciudad, Yvan Ariel Gómez Rubio se discutieron los problemas que afectan a esta sociedad. “Hemos discutido ampliamente la situación de violencia de Barahona en los últimos meses. Al Ministerio Publico le preocupa esto y entienden la inquietud de la sociedad, pero que la Fiscalía está tomando acciones en ese sentido” expuso Gómez Rubio. Exhortó a los jóvenes que son buscados por cometer diversos delitos, a que se entreguen entregando las armas para terminar con los enfrentamientos que mantienen preocupado a los moradores de los barrios de esta comunidad. “La fiscalía mantendrá su postura de enfrentarlos para apresarlos y enviarlos a la justicia, como establecen las leyes por lo que pedimos la colaboración de la ciudadanía a los fines de que denuncie y no se le dé refugio de ninguna manera a los violadores de las normativas jurídicas”, expuso. Dijo que estos encuentros se realizaran regularmente para realizar evaluaciones de la situación de esta población. En la reunión en donde fue discutida esta problemática participaron además De Óleo y Gómez Rubio, Ulises Guevara Feliz, Ruddy Alberto Pérez Medrano, Mario Dolores Feliz Acosta, Yocasta Radilandia Báez, Juan Carlos Dotel, Abraham Carvajal Medina, y Manuel Edgardo Cuesta Ramón. Por TEUDDY A. SANCHEZ teuddysanchez@yahoo.es

(Via nd)

Procurador destaca avances del país en protección de Derechos Humanos

Procurador destaca avances del país en protección de Derechos Humanos:

BpPQ-8ECIAAaeoESANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general, Francisco Domínguez Brito, aseguró que en los últimos años en la República Dominicana se ha avanzado en lo referente a garantizar los Derechos Humanos de los ciudadanos en sentido general.

En materia de Derechos Humanos los órganos que conforman el sector justicia como son la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como desde la judicatura y el mismo Ministerio Público “hemos logrado significativos avances para garantizar la protección de los derechos humanos”, manifestó.

De igual manera, el procurador destacó el trabajo desarrollado por la Armada Dominicana en ese sentido.

En el marco de la realización del panel “Actuaciones Procesales en la Justicia Dominicana, desde una Perspectiva de Respeto de los Derechos Humanos”, el procurador resaltó el proceso de capacitación al que han sido integrados todos los miembros del sector Justicia.

De su lado, el presidente de la DNCD, Julio César Souffront Velázquez, sostuvo que la entidad que dirige tiene un compromiso con la sociedad en el sentido de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Durante el desarrollo de la actividad, el director de la DNCD entregó certificados a 21 agentes que fueron especializados en el curso sobre derechos humanos, impartido por el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos (IIDH), en las aulas del organismo antidrogas.

El panel, organizado por la DNCD en la sede de la Procuraduría General, en el Centro de los Héroes, tuvo el propósito de conocer los diferentes puntos de vista de los distintos actores e identificar las recomendaciones que coadyuven a garantizar el debido proceso, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de los derechos humanos.

En la actividad también participaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán; el experto en seguridad y acceso a la Justicia, Juan Navarrete, y como moderador Fidias Aristy, presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND).

(Via Noticias SIN)

jueves, 24 de julio de 2014

Cambios en el Código Penal quitan penas a los médicos por abortos

NOTICIAS|07 JUL 2014, 12:00 AM|4|POR YAMALIE ROSARIO

Cambios en el Código Penal quitan penas a los médicos por abortos

SANTO DOMINGO. Entre las modificaciones que se hicieron en el El Senado al Código Penal está la eliminación de las penas a profesionales de la salud: médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros, así como a las parteras que ayuden a causar el aborto, para lo cual se contemplaba una sanción de cuatro a diez años de prisión mayor, en el proyecto que habían aprobado en primera lectura.

La decisión fue adoptada el pasado miércoles por el Pleno senatorial que acogió un informe adicional al presentado en primera lectura, el pasado 28 de mayo, presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el senador Francis Vargas.

En dicho informe se establece que los comisionados decidieron rendir un informe favorable a la versión aprobada en primera lectura del proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal y que sugieren eliminar el artículo 109.

El informe establece que dada la importancia que implica para el país la implementación de una normativa acorde con los tiempos actuales, la delincuencia y la inseguridad ciudadana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizó un estudio comparado de dos proyectos de leyes de los que estaba apoderado, uno procedente del Senado, presentado por el senador Vargas y otro, de la Cámara de Diputados.

De ambos proyectos elaboraron una versión fusionada, la cual fue aprobada en segunda lectura con modificaciones.

La Reforma Procesal Penal. Artículos 63, 71.

CPP.|09 JUL 2014, 12:00 AM|POR GUILLERMO MORENO

Código Procesal Penal

La Reforma Procesal Penal. Artículos 63, 71.  

Artículo 63. Este artículo del CPP se titula "Competencia Durante la Investigación". En el primer párrafo se refiere a la competencia en los Distritos Judiciales, con dos o más jueces de instrucción. El proyecto de reforma mantiene inalterable este primer párrafo.

El segundo párrafo del actual artículo 63 dispone la competencia del Ministerio Público para los hechos punibles cometidos en distintos distritos o departamentos judiciales. En este caso, la solución actual del Código Procesal Penal es otorgarle competencia al juez o al tribunal del hecho más grave. Y si los hechos fueren de igual gravedad, conforme el código, resulta competente el juez donde se desarrolla la investigación principal. En este último caso, el artículo plantea como excepción "salvo cuando el imputado se oponga formalmente porque se dificulta el ejercicio de la defensa o se produce retardo procesal".

En el proyecto de reforma este segundo párrafo quedaría redactado del modo siguiente: "Cuando el Ministerio Público investiga hechos punibles cometidos en distintos distritos o departamentos judiciales, es competente para todas las diligencias investigativas que requieran autorización judicial el Juez de la Instrucción de la jurisdicción a la que pertenezca el representante del Ministerio Público que dirige la investigación principal".

Como se puede deducir, en la reforma que se propone del artículo 63, para los casos de hechos punibles cometidos en distintos distritos o departamentos judiciales, se simplifica el tema de la competencia, en cuanto la misma se subordina directamente a la jurisdicción a la que pertenezca el representante del Ministerio Público que dirija la investigación principal. Esta solución es oportuna y provechosa para una mejor administración de la justicia penal, pues elimina varias causales de invocación de excepciones de incompetencia del juez o tribunal apoderado y que se derivan de la actual redacción del segundo párrafo del artículo 63. Principalmente el que continuamente presentaban los imputados alegando "dificultad en el ejercicio de la defensa o retardo procesal". 

Artículo 71. Este artículo dispone la competencia de las cortes de apelación. Actualmente el artículo organiza en 5 criterios generales la competencia de los tribunales de segundo grado. El proyecto de reforma lo mantiene igual en los cuatro primeros, pero al quinto le introduce modificaciones. Veamos en qué consiste.

Actualmente el numeral 5 del artículo 71 dispone que las cortes de apelación son competentes para conocer: "De las causas penales seguidas a los jueces de primera instancia, jueces de la instrucción, jueces de ejecución penal, jueces de jurisdicción original del tribunal de tierras, procuradores fiscales y gobernadores provinciales".

El proyecto de reforma, por su parte, dispone en el numeral 5 que las cortes de apelación son competentes para conocer: "En primera Instancia, de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios". Este párrafo añadido es la reproducción literal del numeral 2 del artículo 159 de la Constitución vigente, que por su jerarquía tiene preeminencia sobre el CPP. En dicho párrafo, como puede deducirse se actualiza el conjunto de funcionarios que tienen jurisdicción privilegiada, esto es, que atendiendo a su jerarquía, es competente para conocer en primer grado de las causas penales en su contra, la corte de apelación.

Cualquier pregunta o comentario dirigirlo a: gmorenocpp@gmail.com

La Reforma Procesal Penal. Artículos 72, 74, 75, 76

CPP|16 JUL 2014, 12:00 AM|POR GUILLERMO MORENO

Código Procesal Penal

La Reforma Procesal Penal. Artículos 72, 74, 75, 76 

Artículo 72. Actualmente dispone la competencia de los jueces de primera instancia. Establece que conocen de modo unipersonal los hechos punibles castigados con penas pecuniarias o con penas privativas de hasta dos años o ambas penas y de las acciones de habeas corpus y de los hechos punibles de acción privada. Conocen, en forma colegiada, integrado el tribunal por tres jueces, de los hechos punibles con penas mayor de dos años.

La reforma que se plantea modifica este artículo disponiendo que conocerán de forma unipersonal de hechos punibles con penas privativa de libertad de hasta 10 años, y sólo los hechos punibles que rebasen esta sanción se conocerán de forma colegiada. No hay dudas que esta ampliación de la competencia unipersonal de los jueces de primera instancia va a contribuir a una mayor agilización de la administración de la justicia penal, aunque no necesariamente la calidad de la justicia que se imparta.

Artículo 74. Establece las competencias de los jueces de Ejecución Penal. El Proyecto de reforma, le añade la siguiente: "velar por el respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad". En un nuevo párrafo dispone que "los jueces de la ejecución no tienen competencia para el control del cumplimiento de la medida privativa de libertad para los internos contra los que no se ha dictado sentencia. Este último párrafo es superabundante, pues el artículo 438 dispone que sólo la sentencia condenatoria irrevocable puede ser ejecutada. Ahora bien, el párrafo no establece a quien corresponde la competencia en estos casos, que no debe ser a un funcionario administrativo, pues la persona ya se encuentra en la esfera del poder judicial. La competencia debería ser del tribunal apoderado del fondo de la infracción.

Artículo 75. Organiza la competencia de los jueces de Paz, a las que añade dos más: "6) Del conocimiento de medida de coerción y autorizaciones judiciales, necesarias en el curso de una investigación, en los casos en los que el Ministerio Público lo solicite, siempre que el delito investigado no lleve en juicio pena de prisión mayor y de las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado, única y exclusivamente en los casos en que la ley le atribuye la competencia a los jueces de paz del juicio de los hechos punibles; 7) Disponer de las medidas de protección necesarias en los de violencia intrafamiliar y contra la mujer cuando no admitan demora y no sea posible la intervención inmediata del juez de la instrucción o de atención permanente". Estas competencias que le atribuye el proyecto al Juez de Paz van a permitir la agilización de la investigación penal en cuanto el Ministerio Público no dependerá para este conjunto de medidas y autorizaciones judiciales exclusivamente del Juez de la Instrucción.

Artículo 76. Organiza la Jurisdicción de Atención Permanente. El aporte que hace el proyecto de reforma es que enumera de forma concreta muchos de los casos que no admiten demora, "a saber: "solicitudes de órdenes que restrinjan derechos fundamentales, anticipo de prueba, declaratoria de casos complejos, órdenes de secuestro, medida de coerción, órdenes de protección y cualquier otra solicitud que requiera la intervención de un juez y que su demora ponga en peligro la investigación de aquellos casos, procedimientos y diligencias que no admitan demora."

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El Consejo del Poder Judicial ratifica la destitución de juez

NOTICIAS|21 JUL 2014, 12:00 AM|1|POR FEDERICO MÉNDEZ

El Consejo del Poder Judicial ratifica la destitución de juez

El órgano de gobierno del Poder Judicial desestimó un recurso de revisión
Los miembros del Consejo del Poder Judicial.

SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ratificó la destitución del juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, César Sánchez de los Santos, por la "comisión de faltas graves" en el ejercicio de sus funciones.

El organismo rechazó un recurso de revisión incoado por el magistrado cancelado, en contra de la decisión No. 02-2013, dictada el 4 de abril de 2013.

El CPJ considera que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público en el juicio de fondo, que dio origen a la decisión objeto del recurso de revisión, "fueron suficientes para destruir el principio de inocencia que protege a todo imputado en un proceso de esta naturaleza".

Asimismo, que fueron ponderados y comprobados fácticamente por el CPJ, decidiéndose sancionar con la destitución al entonces magistrado, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, al realizar las actuaciones dispuestas en los numerales 1 y 10 del artículo 66 de la Ley No. 327-98, sobre Carrera Judicial. Entre las acusaciones figuran exhibir una conducta sospechosa, consistente en ejercer tráfico de influencias con otros magistrados y proponerles la comisión de prácticas corruptas. Asimismo, tratar presuntamente de corromper a otros jueces, entre ellos al magistrado Mateo Céspedes Martínez, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.

La Reforma Procesal Penal. Artículos 83, 84 y 85

Código Procesal Penal

    La Reforma Procesal Penal.  Artículos 83, 84 y 85 

       

      Artículo 83. Este artículo enumera quienes son víctima de una infracción. El proyecto de reforma sustituye en el numeral 2 del artículo la expresión "conviviente notorio" por "unido consensualmente".

      Asimismo, el numeral 2 del actual artículo 83 termina expresando "en los hechos punibles, cuyo resultado sea la muerte del directamente ofendido;" El proyecto de reforma modifica esta parte para que diga "cuyo resultado sea la muerte directamente de la persona ofendida, o una imposibilidad física de ejercer directamente la acción." Esta reforma viene a llenar el vacío existente en la ley para los casos en que la víctima de la infracción quedaba imposibilitada de ejercer la acción.

      Artículo 84. Este artículo trata sobre los derechos de la víctima. A los 7 derechos actualmente consagrados en el CPP, el proyecto de reforma añade dos nuevos derechos. Estos son: "8) Recibir asistencia técnica legal gratuita, en caso de insolvencia económica, de conformidad con la ley; 9) A presentar el acto conclusivo que considere pertinente, luego de constituirse en querellante, en los casos de instancias privadas, no obstante el Ministerio Público reitere el archivo". En el primer caso, la víctima se iguala en derecho al imputado insolvente a quien el Estado le debe proveer un defensor técnico que le asista durante el proceso. Como consecuencia de esta reforma, el Estado deberá instalar un sistema nacional de asistencia técnica de las víctimas. En el segundo aspecto la reforma amplia las facultades de la víctima.

      Artículo 85. Nuestras consideraciones sobre el retroceso que supone la reforma hecha en el proyecto, por demás introducida de forma ilegal, están contenidas en las columnas del 9, 16, 23 y, 30 de abril del cursante año. En esta ocasión nos limitamos a transcribir la modificación.

      Actualmente, el párrafo 2 dispone: "En los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho". El párrafo 3 por su parte: "En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante". Como es de todos conocidos, este último párrafo 3 fue suprimido en el proyecto de reforma, lo que significa que de aprobarse, los ciudadanos no podrán presentar querella contra los funcionarios que hayan cometidos actos de corrupción.

      Por su parte, el párrafo 2 se redacta en el proyecto de reforma del modo siguiente: "En los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos relacionados con la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico, pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho". En esta nueva redacción, al especificarse los intereses colectivos y difusos comprendidos, los limita. En la redacción vigente, corresponde al juez determinar cuáles son intereses colectivos o difusos afectados por un hecho punible.

      Cualquier pregunta o comentario dirigirlo a: gmorenocpp@gmail.com

      Guillermo Moreno 

      + Consultas en Materia Laboral (Pensiones y la cesantía)

      CONSULTORIO LABORAL. Pensiones y la cesantía.

       

       
      Por 
      carlos.hernandez[@]claro.net.do  
      08 julio, 2014 2:00 am
       
      Carlos Hernández Contreras
      Carlos Hernández Contreras.

      Continuación del artículo del 1º de julio 2014, relativo a las pensiones y la cesantía.

      Hay países en donde la pensión o jubilación es una causa directa de terminación del contrato (Nicaragua: Art. 41 Letra G del CT). Hay países en que la pensión es un hecho que faculta al empleador a ejercer el despido (Panamá: Art. 210 Ord. 7 del CT y Art. 213, acápite B del CT). Hay otros países en que la jubilación es un hecho que faculta al trabajador a retirarse de la empresa (Costa Rica: Art. 85, Letra E del CT; Estados Unidos). Y en otros países, la jubilación (haber cumplido sus requisitos) faculta a cualquiera de las dos partes a ponerle término al contrato (Guatemala: Art. 82 Letra E del CT). Y por último, hay países como Honduras y El Salvador en donde la ley no precisa nada en particular.

      En República Dominicana, la jurisprudencia, interpretando el Art. 83 del CT, declaró que la jubilación o retiro es una causa de terminación distinta a otras previstas en el CT (3° SCJ 2 Jun. 2004, B.J. 1123, Pág. 863); y como la ley, en cuanto a la jubilación o retiro no dice nada respecto a la decisión o voluntad de las partes, habría que considerar que tenemos un régimen igual al de Guatemala, antes citado.

      No obstante, en mi opinión, la decisión entre jubilarse o continuar trabajando es un asunto muy personal, que debería quedar bajo la potestad del trabajador, que es el régimen legal en Costa Rica. Y lo mismo puede decirse de re-emplearse aun cuando ya se esté pensionado. ¡Imagínese un pensionado con 57 o 60 años de edad, que se le impida re-emplearse, y de seguro con una pensión pírrica! Eso atentaría contra la libertad de trabajo, que es un derecho constitucional.

      En cuanto a la pregunta de si la persona se ve impedida de acceder a su pensión (reuniendo los requisitos legales); si a esa persona tampoco le corresponde cesantía. El Art. 57 de la Ley 87-01 dice “el derecho a una pensión… libera al empleador de la compensación… por concepto de cesantía…”. Es decir, que si califica para la pensión, ya no habría que pagar cesantía. Sin embargo, lo prudente es no acogerse a esa exención de cesantía hasta tanto el empleado esté efectivamente pensionado, pues muy probablemente, en vez de demandar a la institución que le niega la pensión, demandará al empleador.

      + Consultas en Materia Laboral (Propósitos y cálculos de sueldos, Información crediticia y solicitud de empleo)

      CONSULTORIO LABORAL. Propósitos y cálculos de sueldos

       

       
      Por 
      carlos.hernandez[@]claro.net.do  
      22 julio, 2014 2:00 am
      El autor es experto en derecho laboral.
      Carlos Hernández Contreras.

      1. ¿Cuándo y para cuales propósitos se divide el sueldo entre 23.83 en vez de 30?

      Los factores 5.5, 15 y 30, para cálculos laborales, se crearon mediante el Reglamento 8015 del 30 de enero 1952, sustituido luego por el Reglamento 6127 del 11 de octubre 1960. Más luego, el decreto 3180 del 6 de abril 1982 modificó el último reglamento para que los factores fueran 5.5, 11.91 y 23.83, que son los que están vigentes conforme al Reglamento 258-93 de 1993, que sustituyó las anteriores disposiciones.

      Estos factores son una consecuencia de los límites de la jornada de trabajo semanal: 8 horas diarias y 44 horas semanales. Por ejemplo, si la jornada ordinaria semanal es de 5 ½ días (lunes al sábado hasta 12:00 m) entonces lo lógico es que se utilice el factor 5.5. Igualmente, nadie se emplea para laborar los 30 días del mes, sino apenas 22 días de cada mes, que generalmente tiene 4 semanas. Pero como algunos meses tienen 4.5 y hasta 5 semanas, el factor 23.83 resulta ser el promedio de días que en un año calendario labora una persona durante cada mes, aplicando los límites de la jornada de trabajo del artículo 147 del CT, que necesariamente es el parámetro objetivo aplicado a todos los casos ocurrentes.

      2. Me gustaría saber si tener un mal crédito en Datacrédito, perjudica poder conseguir un empleo.

      Sí, puede perjudicar de la misma manera como lo hace para poder acceder a un préstamo con un banco. Por eso, la ley exige que solo puedan realizarse investigaciones en buros de crédito si el solicitante (del préstamo o del empleo) lo autoriza previamente por escrito.

      La Ley No. 288-05 “que regula las sociedades de información crediticia y de protección al titular de la información” permite la creación de bases de datos bajo la responsabilidad de “burós de información crediticia” autorizados por la Superintendencia de Bancos, y permite a particulares la consulta de dichos datos. Esa legislación concede cierta libertad al investigar a un potencial empleado, bajo la condición ya dicha.

      3. Desde 2008 trabajo en una universidad a tiempo completo para distintos proyectos. He tenido varios contratos y adendums de extensión. Necesito saber cuáles son hasta ahora mis derechos adquiridos.

      Sus derechos adquiridos son los propios de un contrato de trabajo por tiempo indefinido: Vacaciones y regalía pascual. No le toca bonificación pues se trata de una institución sin fines de lucro.

      EN DEBATE - Reforma al Código Laboral - DiarioLibre.com

      EN DEBATE - Reforma al Código Laboral - DiarioLibre.com:

      EN DEBATE - Reforma al Código Laboral

      Economistas plantean sus puntos de vista sobre la necesidad o no de una reforma al Código de Trabajo que permitiría la generación de más y mejores empleos en el país, y en los cuales, el costo laboral toma la parte protagónica del debate.

      A favor

      CREES afirma cesantía es barrera para empleo formal


      amílcar nivar

      SD. El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, consideró que es necesario una reforma del Código de Trabajo por el alto nivel de desempleo y de empleo informal que hay en el país.

      Manifestó que cuando las leyes que regulan un mercado son muy costosas de cumplir, eso desmotiva a generar mayor demanda de mano de obra, y cuando la genera surgen fuera del orden institucional y del marco que la regula.

      El ejecutivo dijo que hay ciertos costos laborales que son un 50% adicional al salario que le pagan a los trabajadores.

      "Entonces hay que buscar la forma de cómo reducir el costo de emplear en términos formales en República Dominicana, porque al final sale muy costoso, y entonces eso genera más informalidad", dijo.

      El economista afirmó que los empresarios actualmente están asumiendo un doble costo, porque están pagando la seguridad social tradicional por un lado y por el otro, están asumiendo los costos de los Fondos de Pensiones, Seguro de Salud y de Riesgos Laborales.

      Además, expresó que la cesantía representa un gran beneficio para los empleados en el sector formal, pero que también es una barrera para que los informales se integren a la formalidad.

      "Por qué se genera ese debate de una reforma al Código Laboral? Lo que llama más la atención, primero es el nivel de desempleo, cuando en abril de este año el Banco Central publica que el desempleo abierto es de 15%", afirmó.

      Dijo que eso significa que hay más de 700,000 personas que están buscando trabajo, y no encuentran o que han solicitado y no encontraron y se desmotivaron a seguir aplicando. "Entonces lo primero es el nivel de desempleo, y lo segundo es el nivel de informalidad en el empleo que existe", indicó Selman, al justificar la necesidad de la Reforma Laboral.

      Embarazadas

      Respecto al caso que se ha planteado de que las mujeres embarazadas puedan negociar con los patronos sus salidas de las empresas, Ernesto Selman consideró que no se le debe impedir a nadie que quiera hacer algo sin hacerle daño a terceros. "Si una ley prohíbe eso y una mujer lo quiere hacer, por qué se lo prohíbe, si es su voluntad, y no le está haciendo daño a nadie", expresó.

      Además, Selman refirió que se debe pensar en la flexibilidad al momento de tomar decisiones en términos económicos, y no sólo respecto a las embarazadas. 


      En contra

      Economista asegura costos laborales son bajos en RD


      SD. El economista Felipe Santos Reyes afirmó que los costos laborales que enfrentan los empresarios no son altos en República Dominicana, y que los mismos no deben ser utilizados como pretexto para demandar una reforma del Código de Trabajo en el país.

      Afirmó que el Estado de Resultados del sector Empresarial 2006-2011, presentado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dice que de los costos operativos de las empresas, 9% corresponde a remuneración. "El costo operativo salarial es muy bajo", dijo.

      "Te estoy hablando que en 2011, 45,000 empresas significaron 2 billones de pesos, de esos dos billones, el 9 por ciento fue remuneración, remuneración es salario, Seguridad Social, incentivos, transporte alimentación, todo eso", precisó el profesional, quien refirió que de todas las personas que tienen cesantía, sólo un 45% accede a la misma, debido a que se trata de un derecho eventual.

      Reyes, quien representa a las centrales sindicales en debate sobre la reforma al Código de Trabajo, afirmó que los empresarios, en lugar de invertir en investigación y desarrollo para ser más competitivos y crear más empleos en el país, han preferido tener su dinero guardado en los bancos del sistema bancario dominicano.

      "Otra razón de por qué no crece el empleo, es porque aquí es más fácil ir a depositar el dinero en el sistema bancario que invertirlo. Por ejemplo, 130,000 millones de pesos es una posibilidad de armar muchos empleos, pero ¿dónde están esos 130,000 millones? En el sistema bancario", dijo.

      Afirmó que para los empresarios es más fácil recibir "ese dinerito ahí tranquilo", que estar invirtiéndolo. "Esos mismos empresarios, esas 45,000 empresas que tenían depósitos por 130,000 millones, son esas mismas que recibieron ese mismo año, en 2011, 33,000 millones en incentivos fiscales, exoneración de impuestos y exención de impuestos", afirmó.

      Fondo de apoyo

      El economista manifestó un informe de la Superintendencia de Bancos establece que el 2% de las personas tienen préstamos en el sistema bancario, tienen el 40% de los recursos.

      "¿Tú sabes lo que es el 2%? 1,000 empresas o personas tienen el 40% de los recursos de las reservas financieras. Eso quiere decir que no todo el mundo accede a un préstamo, segundo, aquí no hay fondos para apoyar la iniciativa emprendedora, no hay fondos. Entonces tú puedes tener un buen proyecto, pero si no encuentra inversionistas de riesgos no lo vas a hacer", explicó.

      (Via www.diariolibre.com)

      martes, 15 de julio de 2014

      Apagón afecta labores en Palacio de Justicia

      Apagón afecta labores en Palacio de Justicia:

      Distrito Nacional. Un gran apagón afecta las labores cotidianas del Palacio de Justicia ubicado en la Zona de Gascue de esta capital “un circuito no revelado” sacó de servicio energético el edificio de la Fiscalía del Distrito Nacional, y por otro lado la propia planta del organismo “también reventó” debido al uso excesivo por los prolongados apagones. Los pasillos de la Fiscalía están repletos de imputados, familiares, abogados, fiscales y jueces, quienes no pueden “hacer cumplir las leyes” porque las salas de audiencias están a oscuras y su sistema de aire acondicionado mantiene completamente cerradas sus ventanas, por lo que es imposible celebrar las audiencias pactadas para hoy. Ni la Dirección de Prensa ni el Departamento de Servicios Generales da información sobre el desperfecto que ha causado el desplome del circuito energético, que aún no sabe a qué hora podrá restablecerse el servicio para dar continuidad a los diferentes juicios a los imputados. Por Liliam Mateo.

      (Via nd)

      Profesionales del derecho dicen sistema judicial esta “politizado”

      Profesionales del derecho dicen sistema judicial esta “politizado”:

      El actual sistema judicial está permeado por el “sector político”, coinciden en afirmar varios abogados quienes también señalan que la Policía Nacional es ineficaz en su rol de investigador. “Estableciendo la diferencia de función de los roles de la justicia en cuanto a las actuaciones de los fiscales, policías, abogados y jueces, la justicia en esta sociedad, si algo de malo tiene son las actuaciones del sector político gubernamental”, expresó el abogado Pedro Pablo González. Primero, porque ha permeado la justicia en los niveles más amplios con la seguridad ciudadana, la actuación de la Policía y fiscales que en alguna medida trabajan, pero los expedientes llegan a manos de jueces y juezas sin ninguna prueba fehaciente que vincule una buena actuación de la aplicación de la ley al ciudadano que delinque. En ese orden, añade González, la Policía Nacional es auxiliar del Ministerio Publico pero que “entre ellos hay una distancia que se manifiesta desde la implementación del Código Procesal Penal que se refiere a las funciones de ambos”. Considera que no es responsabilidad de la Policía cuestionar a los jueces, pues entiende que esa entidad es la que debe ser cuestionada al igual que el Ministerio Público “por su mal manejo en sus actuaciones para perseguir el delito en las actuaciones procesales”. De su lado, Arnulfo Piña, con 27 años de ejercicio, asegura que el sistema judicial, “está politizado, responde solo a directrices políticas, al servicio de determinados controles, es decir a los poderes facticos”. En tanto, Carmen Gerardo, con 8 años ejerciendo Derecho, explicó que ”el problema del sistema judicial radica en que la investigación está en manos de la Policía Nacional, y la Policía no está preparada para realizar una verdadera investigación”. “Si la Policía no hace un buen trabajo y si lo hace es basado en la violación de los derechos fundamentales de los imputados, el tribunal no puede acoger ningún trabajo como bueno y valido en base a violaciones de derechos”. Cito las actas, órdenes de arresto, las cuales “se hacen violentando esos derechos”, al tiempo de señalar que la Policía se identifica como un ente independiente del Ministerio Publico y que es parte de él. Rodolfo Valentín, defensor público, al preguntársele su opinión sobre el actual sistema judicial, explico: “se llama falsas atenonis cuando las instituciones del Estado encargadas de investigar crimines y delitos no cumplen con su verdadero rol, la cual consiste en hacer investigaciones responsables”. Al referirse a la Policia, dijo que su incapacidad de investigar conlleva buscar “la fiebre en las sabanas” y como en el sector judicial lo que condena son las pruebas, los jueces se ven obligados a descargar personas en conflicto con la ley, que aunque sean culpables, aparentemente jamás podría condenar lo suponiendo que existiese pruebas. De ahí, dijo que el procurador general de la República ejerce presión en tribunales y jueces y que “eso se traduce en falta de respeto al Ministerio Público, destacando que cuando la gallina cacarea es porque se sabe ha puesto un huevo”.

      (Via nd)

      CONVERGENCIA NACIONAL DE ABOGADOS CONA propone modificación constitucional para restituir reelección presidencial

      CONA propone modificación constitucional para restituir reelección presidencial:

      La CONVERGENCIA NACIONAL DE ABOGADOS (CONA) propuso éste martes la modificación de la Constitución de la República, a los fines de que se restituya la reelección presidencial por dos periodos consecutivos. La institución afirmó que lo establecido en el artículo 124 de la Carta Magna en el sentido de que “el presidente de la República no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”, incentiva la corrupción administrativa, ya que según la entidad, los entornos de los presidentes se preocupan más por acumular fortunas a toda costa que les faciliten la vuelta al poder, que por realizar una obra de gobierno a favor de la población. La organización expuso que los más cercanos colaboradores de los presidentes parten de la lógica de que los dominicanos no tenemos memoria y de que el clientelismo preelectoral puede revertir cualquier situación adversa fruto de una gestión gubernamental ineficaz. "Sin importar como se llame el presidente de turno, la reelección presidencial constituye una asignatura pendiente para continuar con el proceso de fortalecimiento institucional del país", aseveró CONA a través de su presidente Yuniol Ramírez Ferreras. La organización expresó que en vista de que en ocasiones se ha modificado la Constitución para satisfacer apetencias personales y grupales, lo cual según CONA debilita la institucionalidad y ha constituido un grave error, se debe cerrar la posibilidad de que la reelección esté en constante discusión. El movimiento de abogados manifestó que partiendo de que cuatro años no es suficiente para implementar un programa de gobierno que genere los cambios que amerita el país, es pertinente aumentar a cinco años el periodo gubernamental y restituir la reelección por dos periodos consecutivos, agregando el “nunca jamás” de la constitución vigente hasta el 26 de enero de 2010. “A los fines de que el tema de la modificación constitucional para tocar lo relativo a la reelección presidencial sea cerrado de manera definitiva, dada una eventual modificación de la Carta Magna, se impondría la necesidad de que la modificación incluya el artículo 268 referente a la forma de gobierno, y que por vía de consecuencia ninguna modificación pueda versar sobre la reelección presidencial”, dijo Ramírez. CONA expresó que en la modificación constitucional impulsada por Leonel Fernández con el apoyo de Miguel Vargas, se debió enmendar el error en que incurrió Hipolito Mejía al imponer la repostulación presidencial para su exclusiva conveniencia, y en lugar excluir el “nunca jamás” para que el presidente de turno tuviera la posibilidad de volver a optar por la presidencia, se debió hacer las modificaciones planteadas ahora por la institución. Los juristas entienden que la reelección presidencial no es mala per se, y que los gobiernos corruptos y que no sintonizar con los intereses de la mayoría se sacan solos del poder.

      (Via nd)

      Diputados convierten en Ley Declaración Jurada de Bienes

      Diputados convierten en Ley Declaración Jurada de Bienes:

      La Cámara de Diputados convirtió en ley este martes, al aprobar en segunda lectura, el proyecto sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que establece pena de cuatro a 10 años de prisión para aquellos funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito. Dentro de las modificaciones a la ley, se establece que el funcionario deberá incluir el patrimonio de su esposa en su declaración jurada, y penalizará a los funcionarios que hayan falseado datos en su declaración juradas, con prisión de uno a dos años y multas de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central. Otro proyecto convertido en ley y que fue sancionado en segunda lectura es el que regula el envío de correos electrónicos comerciales “Spam” sometido por el diputado del PLD por Azua, Víctor Hipólito Sánchez. Ambas normativas pasarán al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. La ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, fue acogida a unanimidad por los diputados, y contó con el informe favorable de la Comisión de Justicia, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, resaltaron la importancia del proyecto, que reintrodujo vía el Senado el senador por Monte Plata, Charlie Mariotti. Martínez, resaltó que la iniciativa contribuirá con la transparencia y la institucionalidad, y obliga a los funcionarios a desvelar su patrimonio antes y después de asumir un cargo público. Sanciones La iniciativa establece que si se comprueba alguna falsedad o dolo en una declaración jurada de patrimonio o en los documentos que la sustentan, el organismo responsable de investigación podrá usar dicha documentación como elementos de prueba ante el órgano jurisdiccional correspondiente. También precisa que comunicará dicho hallazgo al superior jerárquico del funcionario público, cuando este no obtempere a dicho requerimiento en la forma y los plazos establecidos por la ley, o cuando no justifica su falta de presentación, la declaración se reporta como no depositada con todas las consecuencias que prevé la ley. Precisa el proyecto que en cualquier caso, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana comunicará el hecho a la Procuraduría General de la República. El proyecto índica que el servidor público en funciones está obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y si no obtempera dentro del plazo establecido en esa ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la ley No. 41-08, de Función Pública. En cuanto a la prueba del origen del patrimonio, índica que cualquier funcionario público, está obligado por la presente ley, en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente. Se incluye un párrafo que señala que “en caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados”. Sobre las sanciones por enriquecimiento ilícito, los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro 4 a 10 años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto no declarado, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez 10 años. Otro párrafo establece que la pena de inhabilitación de 10 años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables. Por RAMON RAMOS.

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      Hernández Peguero demanda aprobación Ley de Paternidad Responsable

      Hernández Peguero demanda aprobación Ley de Paternidad Responsable:

      El ex-fiscal del Distrito Nacional y actual juez del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, demandó del Congreso Nacional el conocimiento y aprobación del anteproyecto de ley de Paternidad Responsable, de su autoría, que beneficiaría a más de 100 mil niñas y niños que nacen anualmente de madres solteras. El planteamiento fue realizado en el marco de la celebración de una Mesa de Debate organizado por el Centro de Estudio para el Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica Santo Domingo, en la cual participaron diferentes organizaciones de la sociedad civil relacionadas a la niñez y la mujer, como Acción Callejera, Niños y Niñas con Don Bosco, Ce-Mujer, Colectivo Mujer y Salud, entre otras. “Con la aprobación de nuestra propuesta las parturientas solteras, que son más del 80%, lograrán a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y obligatorio el registro del padre de sus hijas o hijos en sus actas de nacimientos, y por consecuencia el cumplimiento de las obligaciones de manutención, asistencia y protección, o en su defecto que puedan ser demandados judicialmente, lo cual hoy no ocurre” dijo el magistrado Hernández Peguero. Puntualizó que para lograr un fácil y efectivo acceso a la justicia, el anteproyecto de Ley de Paternidad Responsable atribuye competencia a los 158 Juzgados de Paz ordinarios para conocer de la demanda en reconocimiento de paternidad, a diferencia de la legislación actual que para estos fines otorga competencia a las 37 Salas de Niños, Niñas y Adolescentes de los Juzgados de Primera Instancia que operan en los municipios cabeceras del país. “Conocedor de las dificultades que sufre la mujer dominicana en reclamo de sus derechos y los de sus hijos, he propuesto que los jueces de paz al decidir la paternidad, sean competente además para estatuir en caso de declaración tardía de nacimiento, la pensión alimentaria, guarda y régimen de visitas, para así evitar que tengan que accionar ante distintos tribunales” dijo José Manuel Hernández Peguero. El anteproyecto de ley faculta al Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) a diseñar e implementar campañas publicitarias que informen a la población acerca de la ley, su procedimiento y la gratuidad del mismo, así como el derecho que les asiste a las y los hijos de conocer la identidad de su padre, su registro en el acta de nacimiento, la promoción de la paternidad sensible y responsable para lograr la corresponsabilidad del padre y la madre en la crianza y educación de sus hijos e hijas. La iniciativa, vigente en más de 10 países latinoamericanos, tiene su fundamento legal en la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, textos que consagran el derecho fundamental de las y los hijos de conocer la identidad de sus padres y su registro en las actas de nacimientos. El panel fue celebrado en la Biblioteca Cardenal Rojas Beras de la Universidad Católica de Santo Domingo.

      (Via nd)

      Finjus pide aprobar proyecto sobre declaración jurada de bienes

      Finjus pide aprobar proyecto sobre declaración jurada de bienes:

      SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, solicitó este lunes al presidente de la Cámara de Diputados aprobar en la presente legislatura el proyecto de Ley sobre Declaración Jurada y Enriquecimiento Ilícito. Sostiene que esa iniciativa juega un rol fundamental “en los pasos hacia una cultura de transparencia en coordinación con otras herramientas que se han adoptado desde el Estado para la gestión eficiente de recursos públicos como lo es la Cuenta Única del Tesoro”. A través de una nota de prensa,Castaños Guzmán recordó que en la última década una de las prioridades en la creación de dicha cultura de transparencia en el Estado, consiste en reforzar la legislación sobre rendición de cuentas de los funcionarios públicos, armonizando la normativa vigente con los pactos internacionales sobre la materia, como las convenciones Interamericana Contra la Corrupción y de las Naciones Unidas contra la Corrupción. “La declaración jurada se entiende como una medida preventiva eficaz en la lucha contra la corrupción, en tanto permite monitorear el incremento del patrimonio de los funcionarios públicos y constituye un buen indicador para detectar posibles situaciones de conflictos de intereses y enriquecimiento ilícito, que posteriormente deben resultar en consecuencias”, precisa el vicepresidente de la Finjus.

      (Via nd)

      viernes, 11 de julio de 2014

      Presidente Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial imparte taller “Las Vías de Ejecución”

      Presidente SCJ-CPJ imparte taller “Las Vías de Ejecución”:

      El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, impartió el taller “Las Vías de Ejecución”, dirigido a un grupo de 40 aspirantes a Jueces y Juezas de Paz, de término, en la Escuela Nacional de la Judicatura. Durante su ponencia, el Magistrado ofreció una explicación global sobre aspectos puntuales de lo que son Las Vías de Ejecución en el campo del Derecho dominicano, Francia y algunos países de América Latina. El doctor Germán Mejía sostuvo que Las Vías de Ejecución son un procedimiento, para asegurar, por parte de los acreedores, el cobro de los créditos a sus deudores. “Los bienes del deudor están para garantizar el pago de las deudas que éste asume. Y si usted asume una obligación y no la cumple, sus bienes son los que responden”, precisó. Asimismo, indicó que el Derecho español ha tenido muy poca influencia en las Vías de Ejecución en el campo del Derecho dominicano, contrario al Derecho francés, que sí tiene una influencia muy marcada a partir de la implantación de los códigos napoleónicos. Mencionó que existen seis modalidades de embargo inmobiliario, entre ellos, el ordinario y otros abreviados, pero cada uno con sus particularidades. “Lo que quiero significarles, es que nosotros tenemos dos modalidades de embargo: los ejecutorios, y los conservatorios de una parte y los mobiliarios e inmobiliarios, de otro lado”, expuso el doctor Germán Mejía en su contacto con el grupo de aspirantes a Jueces y Juezas de Paz, quienes mostraron agradecimiento al Magistrado por el taller, el cual logró llenar sus expectativas y aclararles muchas dudas. Este grupo de aspirantes estarán tomando sus últimos exámenes a partir de la próxima semana para graduarse como jueces y juezas de Paz. Desde el momento de su ingreso, el grupo tiene 25 meses en la Escuela Nacional de la Judicatura en constante preparación y en poco tiempo estarán en las diferentes jurisdicciones del territorio nacional impartiendo justicia.

      (Via nd)

      jueves, 10 de julio de 2014

      “Le hacemos un gran favor a la justicia dominicana cuando trabajamos para la justicia internacional"

      “Le hacemos un gran favor a la justicia dominicana cuando trabajamos para la justicia internacional":

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      “Le hacemos un gran favor a la justicia dominicana cuando trabajamos para la justicia internacional"

       
      Gisela Cueto, procuradora adjunta. 

      SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La República Dominicana ha hecho poco uso del tratado de extradición con Estados Unidos y cuando solicitó la entrega de Sahlomo Ben-Tov (Sam Goodson), implicado en el fraude de RD$1,800 millones del Plan Renove, la petición, “fue bombardeada incluso por el expresidente Hipólito Mejía, quien depositó un documento ante una corte de Estados Unidos para afirmar que la solicitud de extradición tenía un carácter político”, se queja la procuradora adjunta Gisela Cueto.

      “Para hablar de la reciprocidad del tratado hay que ver cuántas personas con ciudadanía estadounidense hemos tenido la necesidad de pedir y cuántos nos han sido entregados”, dice Cueto, encargada de asuntos internacionales y extradiciones de la Procuraduría General.

      “El caso de Sam Goodson fue mal introducidoporque lo asumió alguien que no tenía la competencias que se necesitaban para hacerlo correctamente. Y, naturalmente, se nos negó porque la solicitud tenía una gran cantidad de fallas”, insiste, tras valorar las intenciones de los Estados Unidos de negociar un nuevo acuerdo de extradición con la República Dominicana.

      Goodson, quien vendió vehículos a la gestión de Mejía para el Plan Renove en representación de la Hundai Corporation, se fugó de unas audiencias realizadas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A principio de 2006, también el entonces director del Departamento de Prevención de la Corrupción, Octavio Líster Henríquez, se quejó de que el exgobernante había intercedido a favor de imputado en un tribunal de La Florida.

      La procuradora Cueto explica que, aparte del caso de este estadounidense de origen israelí, el país pidió en extradición, y tuvo éxito, al ciudadano estadounidense de origen dominicano Jeffry Alejandro Peña Bencosme, “aunque duramos seis años trabajando ese caso”.

      A Peña Bencosme se le juzgó por el asesinato del sargento de la Policía Santiago Sebastián Fortuna Sánchez, ocurrido en la avenida Duarte, de Santiago, el 25 de octubre de 2004.

      “Pasamos seis años porque esa persona recurrió a todas las instancias. Fue condenado aquí, pero la Fiscalía de Santiago encontró problemas muy serios para poder culminar con el proceso porque la parte civil constituida logró desinteresar a la madre del muerto”, se queja Cueto.

      Asegura incluso que un exfiscal de Santiago “se presentó como testigo ante un tribunal de los Estados Unidos” en defensa del imputado en medio del proceso de solicitud de extradición.

      De buenas intenciones…

      La procuradora Gisela Cueto asegura que los Estados Unidos muestran “buena fe” en el borrador que presentaron para un nuevo tratado de extradición. Adelanta que existe un consenso para permitir que  los imputados de todos los tipos de delitos, a partir de una pena determinada, puedan ser solicitados en extradición por el país donde cometió la infracción. “Creo que vamos a consensuar ese punto y por eso lo puedo adelantar”, dice.

      Otros puntos a tomar en cuenta tienen que ver con la pena de muerte en algunos estados norteamericanos.

      Cueto afirma que con el marco jurídico actual, con el convenio de extradición de 1909, cualquier estado que aplique la pena capital podría solicitar en extradición a un dominicano a quien se le pueda sancionar con la privación de la vida.

      Explica que, por esa razón, la Procuraduría General se asegura de que todos los extraditados sean entregados mediante un decreto del Poder Ejecutivo que, a su vez, instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores a negociar “los términos de la entrega” para que se garantice la integridad de la vida del procesado.

      “No queremos que ningún delito quede impune. Pero no quiero que a nadie, ni dominicano ni extranjero, en cuyo proceso hayamos intervenido para extradición, sea condenado a pena de muerte. Sería una carga de conciencia muy pesada”, señala.

      Recuerda que “el mérito jurídico de la extradición”lo decide la Suprema Corte de Justicia. Añade que, aún así, el Ministerio Público, hasta en los casos en que el requerido en extradición decida librarse del proceso penal en el país, la Procuraduría General pide al tribunal una resolución que haga constar que se requiere un decreto del Poder Ejecutivo para entregar al imputado.

      La funcionaria deplora los cuestionamientos de algunos abogados que, “con actitudes patrioteras”, cuestionan la labor de la dependencia que dirige como si asumiera una “actitud entreguista” antes Estados Unidos. Sostiene que el país tiene la misma disposición de colaborar con la justicia de Haití, Francia, España o cualquier otra nación.

      “Primero los intereses que defendemos son los dominicanos y cuando uno colabora para que se haga justicia, uno está sirviendo a este país”, dice. Añade que la República Dominicana gana “cuando usted consigue sacar de circulación, aunque sea por cinco años, a un sicario que mataba en los Estados Unidos, que colocaba planchas en la espalda y cables  electrificados a sus víctimas, para que le confesaran dónde estaba el alijo de drogas”.

      “Le hacemos un gran favor a la justicia dominicana cuando trabajamos para la justicia internacional. Para que haya paz en el mundo. No es para hacerme grata a los ojos de Estados Unidos. Yo no tengo que hacerme grata. Yo como en mi casa y bebo en el río. No busco hacerle gracias a nadie”, expresa.

      (Via 7días.com.do - PORTADA)