Miriam Germán Brito, sobre el poder judicial y su independencia: «Pasé un tiempo sometida a un brutal acoso”

Servicios de Acento.com.do  26 de agosto de 2019 | 3:00 pm SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para la pensionada magistrada Miriam Germán Brito, ex presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la ausencia de independencia en el poder judicial “devasta el carácter social y democrático que se supone consustancial al Estado de Derecho”. Para la ex jueza la independencia es una herramienta imprescindible para la administración de justicia, en cuyas decisiones no deben estar ausentes el derecho a un trato igualitario. Dijo que El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político bajo la dirección del presidente de la República, y que los miembros que se suponen independientes le deben favores o le temen al jefe de Estado, por lo que no resulta confiable para garantizar la independencia del poder judicial. En un reconocimiento que le hizo la Comisión Dominicano de los Derechos Humanos, que dirige Manuel Mercedes, Miriam Germán declaró que en el Consejo de la M

La Iglesia opuesta a la tipificación del feminicidio en el Código Penal, según Colectiva Mujer y Salud

La Iglesia opuesta a la tipificación del feminicidio en el Código Penal, según Colectiva Mujer y Salud:

SANTO DOMINGO.- La Colectiva Mujer y Salud denunció hoy una supuesta injerencia de le Iglesia católica en la discusión de la reforma del Código Penal, con el interés de que no sea tipificado el feminicidio y no se adopte el principio o estado de necesidad para interrumpir el embarazo por razones médicas.

La organización le endilga a la Iglesia haber incurrido en la última década, en presiones, amenazas y hasta chantajes contra los legisladores dominicanos, para imponer sus posiciones doctrinales particulares a toda la población.

Tras definir como “incomprensible” el proceder eclesiástico, la Colectiva Mujer y Salud se pregunta cómo es posible que a estas alturas la Iglesia se oponga a una medida que busca combatir el feminicidio, “en un país donde los asesinatos de mujeres alcanzan la categoría de catástrofe nacional”.

“Y no sólo se opone, sino que utiliza el argumento baladí de que la calificación resulta discriminatoria contra los hombres, por no existir en el Código la contrapartida del ‘masculinicidio’”, razona la entidad dirigida por la activista Sergia Galván.

Reitera su firmeza en la convicción de que la prohibición del aborto viola los derechos fundamentales de la mujer a la autodeterminación, a la integridad corporal, a la dignidad, a la intimidad y a la salud.

Considera que con relación a los aspectos en el Código Penal relativos al aborto, las posiciones de la Iglesia alcanzan un grado de fanatismo extremo, al solicitar 30 a 40 años de prisión para la mujer que aborte, por considerar que la acción debe ser castigada como homicidio premeditado. Además, pide la eliminación del párrafo del artículo 90, que permitiría la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad, es decir, cuando el embarazo represente un peligro actual o inminente para la vida de la mujer.

De acuerdo con la entidad de la sociedad civil, el principal argumento de la Iglesia en este sentido es que ante una complicación que ponga en peligro la vida de la mujer, el médico “está obligado a luchar para salvar las dos vidas y si en este esfuerzo uno de los dos muere no hay ninguna responsabilidad penal”.

Define este posición como “lenguaje canónico cifrado para edulcorar un poco la posición despiadada e inhumana de la Iglesia frente el aborto terapéutico, que se reduce a lo siguiente: el embarazo no debe interrumpirse nunca, aunque muera la mujer, porque el embrión es una persona y como tal tiene el mismo derecho a la vida que la mujer adulta”.

La Colectiva Mujer y Salud se pregunta igualmente, si la sociedad dominicana, por vía de sus legisladores, debe permitir que la Iglesia imponga su visión “extremista, oscurantista y misógina”.

“La oposición de la Iglesia a la anticoncepción y al aborto terapéutico son una cuestión doctrinal particular que en todo caso correspondería cumplir a ese 56% de la población dominicana que se identifica como católica según el Latinobarómetro del 2012 (57% según la Penn & Schoen del 2013)”, plantea la organización.

Sostiene que bajo ninguna circunstancia el país debe permitir que esa doctrina sea impuesta a todos con fuerza de ley, porque sólo las teocracias proceden de esa manera –“y cabe recordar que hasta en las teocracias más recalcitrantes, como Irán y Arabia Saudita, se permite el aborto terapéutico”.

Reitera su firmeza en la convicción de que la prohibición del aborto viola los derechos fundamentales de la mujer a la autodeterminación, a la integridad corporal, a la dignidad, a la intimidad y a la salud.

“La sociedad dominicana está decididamente a favor de la despenalización del aborto terapéutico, como muestran todos los estudios y encuestas de los últimos años. Los nuevos e insólitos argumentos eclesiales en contra de la tipificación del feminicidio con toda seguridad merecerán también el rechazo de la ciudadanía”, argumenta.

Asimismo, insta a la población a expresar su indignación frente a las exigencias de la Iglesia por todas las vías a su alcance, como por ejemplo, a través de llamadas o cartas a los legisladores, participar en programas radiales por la vía telefónica y uso intensivo de las redes sociales,

Además, invita a la actividad “Temprano contra los feminicidios”, a celebrarse el martes 17 de junio, a las 7:30 de la mañana frente al Congreso.

(Via 7dias.com.do)

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