SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La reciente muerte en la República Dominicana de dos presuntos delincuentes, uno de ellos de 17 años, en un supuesto intercambio de disparos con policías, ha puesto de manifiesto la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales en el país y la debilidad del sistema judicial nacional.
Los dos hombres eran sospechosos de haber matado el pasado 26 de mayo a la oficial de la Policía Mercedes del Carmen Torres Báez para robarle su arma cuando dirigía el tráfico en una zona de la parte norte de Santo Domingo.
La Policía identificó a los dos hombres y les instó a entregarse, pero cuando no lo hicieron en el tiempo que, al parecer, los agentes consideraron pertinente, salieron a buscarles y les mataron con un día de diferencia, en supuestos intercambios de disparos.
Los dos jóvenes, Juan Carlos de la Cruz Adames y Wandy Sánchez, fueron "ultimados a quemarropa" por la Policía, que utilizó para darles muerte "un número de agentes policiales desproporcionado respecto a la operación policial", según denunció esta semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sánchez, de 17 años, recibió diez balazos de la Policía en una acción en la que "ningún policía resultó ni siquiera herido", aseguró la CNDH, que ha anunciado que demandará al Estado dominicano ante la Relatoría Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales por esta práctica policial, denunciada en varias ocasiones por Estados Unidos y Amnistía Internacional.
En lo que va de año, agentes de policía han matado a unos 55 presuntos delincuentes en supuestos intercambios de disparos, que el año pasado dejaron 200 civiles muertos, según dijo a Efe el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes.
Este año, una decena de policías han muerto en robos o enfrentamientos con civiles por asuntos personales, "no necesariamente en intercambios de disparos", aseguró Mercedes, quien condenó las muertes de los agentes "porque ninguna muerte es aceptable".
"La Policía no puede acusar, juzgar, condenar y ejecutar a las personas porque esto viola nuestra Constitución y las leyes universales de los derechos humanos", subrayó Mercedes.
Las denuncias sobre muertes de supuestos delincuentes en intercambios de disparos son recurrentes en el país, una práctica que, según advierten los expertos, podría tener consecuencias nefastas para el estado de derecho y dejaría en la impunidad muchos casos al no contar las autoridades con las declaraciones de los presuntos autores.
En la otra acera está los que defienden que las fuerzas del orden maten a los delincuentes, al tiempo que reprochan a los activistas de derechos humanos porque supuestamente no defienden a los policías o civiles que mueren víctimas de delincuentes.
Algunos sectores, incluso diputados, han llegado a recomendar a la Policía "darle pa'bajo" (matar) a los delincuentes como forma de enfrentarse a la criminalidad, mientras otros, como el jurista Vinicio Castillo Semán, creen que el fallo está en el sistema judicial.
"El tema no es 'darle pa'bajo' a los delincuentes, es preguntarnos qué hacían esas personas en las calles", dijo el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), aliada del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) esta semana tras jurar el cargo en sustitución de su hermano Pelegrín, nombrado ministro de Energía y Minas.
Castillo Semán, un reconocido abogado del país, aseguró que, "si el aparato judicial de la República Dominicana estuviera funcionado como fue diseñado, no estaríamos viendo estos casos que tienen estremecido al país".
"Cada vez que se reporta un problema de violencia, un atraco o un asesinato nos encontrados que hay personas con tres, cuatro, cinco y seis expediente abiertos, que fueron favorecidas con órdenes de libertad sin haber sido juzgadas", dijo el legislador.
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), advirtió esta semana que la acción llevada a cabo por la Policía para combatir la delincuencia podría provocar que el "gatillerismo" sustituya la debida investigación de los delitos y que se cree una estructura al margen del sistema judicial.
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