La vida ha demostrado que la Constitución del 2010 causa más problemas a la población de los que resuelve, por lo cual se impone reformarla de nuevo a corto plazo para superar las dificultades creadas y hacer avanzar la sociedad.
Se debe iniciar con tiempo un debate político de altura para someter a un nuevo Congreso Nacional el proyecto original de Ley Fundamental elaborado por un grupo de expertos en derecho constitucional, encabezados por el profesor Luis Gómez Pèrez. Por supuesto, esa modificación no puede ser para beneficiar al presidente Danilo Medina, pues estaríamos casi en las mismas, solo cambiando de cara, nombre y estilo de gobernar.
Ese proyecto de Carta Magna fue distorsionado maliciosamente por el entonces presidente Leonel Fernández y sus cómplices, enviando al Congreso Nacional el mamotreto jurídico que hoy complica la vida a cientos de miles de dominicanos y crea serios problemas al Estado en el ámbito internacional.
La sentencia del Tribunal Constitucional que ha originado tantos debates es solo uno de los problemas causados por una Constitución hecha expresamente para ese grupo, políticamente atrasado, mantenerse en el poder, sin importar los daños causados al resto de la población.
Se ha evidenciado, además, que las abultadas y costosas altas cortes solo sirven para proteger la impunidad de ex funcionarios que no pueden demostrar que sus bienes y los de sus testaferros han sido adquiridos ilícitamente, en contraposición a lo que establece el artículo 146 de esa misma Constitución.
Las llamadas altas cortes han servido, también, para la manipulación politiquera de la institucionalidad judicial puesta al servicio del partido de gobierno, en especial del mismo grupo leonelista.
Sentencia tras sentencia el mal llamado Tribunal Superior Electoral ha favorecido a un solo sector político, con algunas excepciones, demostrando que no tiene calidad jurídica ni moral para impartir justicia en un tema tan delicado como las relaciones entre los partidos.
Más aún, la putrefacción de la Justicia, acentuada al amparo de esta Constitución, se extiende también a la delicada vida económica de la nación cuando los tribunales emiten sentencias de clara protección a funcionarios cuestionados por ciudadanos o empresas, a quienes han perjudicado con sus actuaciones dolosas.
Por todo ello y mucho más, se pone a la orden del día un debate constitucional de altura con las miras puestas en el avance de la sociedad, no en el retroceso...
Comentarios