miércoles, 28 de mayo de 2014

César Dargam demanda aprobación Ley orgánica de Relaciones Exteriores

 
El Nuevo Diario


27/5/2014
César Dargam demanda aprobación Ley orgánica de Relaciones Exteriores

El viceministro de de Relaciones Exteriores, César Dergam Espaillat,  demandó este martes la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los fines de dotar de un marco legal moderno al órgano coordinador de la política exterior dominicana.

Sostuvo que un nuevo  marco legal le permitirá al país eficientizar  su plataforma y poder hacer frente de una manera más efectiva los retos por delante.

Al participar ante el Senado, dijo que la República Dominicana en los actuales momentos  entra en una etapa del desarrollo de su política comercial, donde a la negociación e implementación de acuerdos comerciales, se añaden la defensa comercial y la solución de controversias como ejes fundamentales.

Afirmó que la participación activa de la República Dominicana en los procesos de integración regional constituye un complemento idóneo para la profundización y aprovechamiento de las relaciones comerciales.

Sin embargo, consideró  que los acuerdos de comercio no constituyen por sí solos estrategias de desarrollo, más bien deben ser vistos como parte de una estrategia integral de inserción en los mercados internacionales, lo que implica un gran desafío en términos de competitividad y productividad. 

“Es difícil pensar que la región pueda lograr un crecimiento sostenible, reduciendo la pobreza y la desigualdad y avanzando en materia de innovación, sin diversificar su estructura productiva y exportadora”, destacó.

Explicó que para que el país pueda lograr un crecimiento sostenible, reduciendo la pobreza y la desigualdad debe mejorar la calidad de la inserción internacional, lo que a su vez exige hacer apuestas sustantivas a favor de la calidad de la educación y la capacitación.

 

Fiscales claman por dignificación del Ministerio Público y reivindicaciones económicas

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28/5/2014

Fiscales claman por dignificación del Ministerio Público y reivindicaciones económicas

El movimiento ¨Dignidad para el Ministerio Público¨ depositó este miércoles una ofrenda floral al padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez, quien fue el ;primer fiscal dominicano y asumió dicha función ante el Tribunal de Apelación de Santo Domingo luego de retornar del exilio.

¨Conscientes estamos que aún falta mucho por hacer y luchar, para mantener en pie esta nación por la cual te sacrificaste en cuerpo y alma, y es por ello que asumimos el compromiso de trabajar por tu ideal, aun sin contar con un presupuesto que nos depare condiciones dignas de vida y trabajo¨ manifestó el procurador fiscal Wellington Matos.

Además de la ofrenda, los fiscales depositaron en el Altar la Constitución de la República Dominicana y la Ley Orgánica del Ministerio Público, como símbolos de la nación que el patricio que ayudó a forjar y la institución a la cual le sirvió de manera abnegada.

¨Mantenemos la fe y la esperanza de que el gobierno central como el Congreso Nacional, conocedores y respetuosos de estas normativas que hoy te presentamos, cumplan con su contenido formal, apoyando esta lucha que es justa y que persigue solo el cumplimiento de los derechos consignados en la Ley¨ enfatizaron.

El movimiento ¨Dignidad para el Ministerio Público¨ ha realizado una serie de actividades en el marco de sus reclamos por un aumento de presupuesto para mejorar las condiciones laborales de todos los miembros de la institución.

Por Teresa Casado.

 


Presidente de la DNCD acusa a jueces de dejar en libertad a los narcotraficantes

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Presidente de la DNCD acusa a jueces de dejar en libertad a los narcotraficantes


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Santo Domingo

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) acusó hoy a los jueces de dejar en libertad a narcotraficantes que han sido arrestados y sometidos a la justicia, pese a las pruebas presentadas.

El mayor general Julio César Souffront Velásquez dijo que esa situación preocupa a las autoridades que luchan contra las drogas, principalmente a la DNCD, y que este momento están estudiando una tres decisiones judiciales para determinar si hubo debilidades o fallas en las investigaciones o si se produjeron por alguna otra razón.

Aunque no especificó cuáles son las sentencias que se están estudiando, dijo que después de que se analicen  la DNCD podría emitir alguna declaración o reintroducir, auxiliado por el Ministerio Público, uno que otro caso.

Souffront Velásquez habló luego de la firma de un acuerdo entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), mediante el cual construirán un nuevo hangar, que se utilizará para estacionar las aeronaves que se usan en operaciones de narcotráfico nacional e internacional.

Los directores generales del IDAC y de la DNCD, Alejandro Herrera y el mayor general Julio César Souffront Velásquez, informaron que ambas instituciones aportarán los recursos para la construcción del hangar, que se levantará en la Base Aérea de San Isidro, que pertenece a la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Alejandro Herrera, tras la firma del acuerdo señaló que la intención de construir el hangar se marca en una nueva estrategia para seguir fortaleciendo las capacidades logísticas y de equipos para la lucha contra las drogas que llevan a cabo las autoridades dominicanas, principalmente la DNCD.

Por otra parte, el director de la DNCD, informó que a finales de este mes la institución recibirá un nuevo helicóptero completamente equipado, que se agregará a las aeronaves con que ya cuenta la DNCD para continuar la persecución contra el narcotráfico tanto a nivel nacional como internacional.

Dijo que la DNCD cuenta con un avión y otros helicópteros, pero que tiene también a su disposición helicópteros del ejerció RD y aviones súper tucanos para patrullajes de día, que pueden ser utilizados en cualquier momento que sea necesario.

Con relación al tráfico de drogas de los carteles colombianos a través del país, dijo que hace cerca de 4 años que no se detectan trazas de aviones ilegales de Suramérica y que este año solamente se ha observado una de Haití.

Domínguez Brito recibe proyecto de ley del CARD para fines de ponderación

El Nuevo Diario

23/5/2014
Domínguez Brito recibe proyecto de ley del CARD para fines de ponderación 


El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en compañía de los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, recibió del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), para fines de ponderación, el proyecto de ley que regirá a los integrantes de ese organismo, el cual  contempla, entre otros, el establecimiento de la formación jurídica permanente en todas las disciplinas del Derecho, aspectos en materia tributaria, así como un sistema de pensiones y jubilaciones.

Finjus y Participación Ciudadana critican clientelismo de diputados

Finjus y Participación Ciudadana critican clientelismo de diputados

Por LOYDA PEÑA Y ALTAGRACIA ORTIZ 
25 mayo, 2014 2:00 am
LOYDA PEÑA Y ALTAGRACIA ORTIZ

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana (PC) afirmaron ayer que es tiempo ya de detener el mal uso que en nombre de la pobreza y para clientelismo político le está dando el Congreso a los recursos públicos.

Servio Tulio Castaños Guzmán (Finjus) y Rosalía Sosa (PC) dijeron que el uso de RD$176.9 millones para regalar electrodomésticos en el Día de las Madres y otros RD$13 millones utilizados en la Semana Santa para habichuelas con dulce, por parte de quienes están para controlar y fiscalizar los recursos del Estado, es corrupción.

Castaños Guzmán. El vicepresidente ejecutivo de Finjus dijo que esa actitud de los diputados refleja el deterioro institucional que hay en la República Dominicana, y el afianzamiento de un modelo político sustentado en la miseria y la ignorancia de la gente. Afirmó que no son opuestos a una causa tan bonita para las madres, pero que esos niveles de asistencialismo no corresponden al Congreso.

“Si ellos quieren diseñar programas de ese tipo, que cuando conozcan el presupuesto de la nación le asignen en el mismo partidas de esa naturaleza a sus comunidades, para que sea el Ejecutivo el que diseñe algunos programas que vayan en esa dirección”, agregó.

Hoteleros respaldan denuncia de FINJUS sobre anomalías en Jurisdicción Inmobiliaria

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Hoteleros respaldan denuncia de FINJUS sobre anomalías en Jurisdicción Inmobiliaria


  • May 26, 2014
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SANTO DOMINGO.-El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Arturo Villanueva Santiago, respaldó el documento de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en el que denuncia las distorsiones en la Jurisdicción Inmobiliaria. 

Villanueva Santiago dijo que esos aspectos negativos de la Jurisdicción Inmobiliaria afectan la inversión en el sector turismo, y adelantó que se han reportado casos y conflictos creados por las debilidades del registro y los huecos existentes en la reforma inmobiliaria, los cuales no citó.

En una comunicación de prensa, el presidente de Asonahores mencionó las provincias de Samaná, Miches, Punta Cana y "el triste caso de Bahía de las Águilas", donde se han registrado casos de irregularidades por las distorsiones en el sector inmobiliario.

"Cabe destacar, que en el informe Doing Business del Banco Mundial, en el acápite de Registro de Propiedad, la República Dominicana pasó del lugar 111 al 115, perdiendo cuatro lugares en relación al 2013. Esto debe llamar la atención, pues influye en el tema de la inversión extranjera", citó Asonahores el documento de la FINJUS en su evaluación de la Reforma de la Jurisdicción Inmobiliaria del país.

FINJUS señala en el documento "Balance de la Reforma de la Jurisdicción Inmobiliaria: Aspectos positivos y negativos", que pese a los avances y mejoras en este proceso, iniciado en el 1997 por el Poder Judicial con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos objetivos no se han alcanzado por falta de voluntad, indica Villanueva Santiago.

La citada fundación alertó, también, del aumento desbordado de expedientes, dilatación en los registros de títulos, mora judicial, falta de coordinación institucional,así como falta de recursos, "factores que por su carácter complejo tienen una amplia gama de efectos negativos" y ponen en riesgo de colapso el sistema.

Expertos tratan la reforma al Código de Trabajo en panel de Funglode

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Expertos tratan la reforma al Código de Trabajo en panel de Funglode


  • May 26, 2014
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SANTO DOMINGO.-El asesor del sector empresarial en el proceso de reforma del Código de Trabajo, Carlos Hernández, planteó que ha llegado el momento de repensar este conjunto de normas con modificaciones en al menos 26 puntos identificados por los empleadores, mientras que el exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque rechazó los argumentos empresariales y sostuvo que la realidad apunta más a un agotamiento del modelo económico que ha imperado en el país.

En un panel sobre la reforma del Código de Trabajo en Funglode, también el magistrado Hermógenes Acosta, experto constitucionalista y Juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, se refirió a la colisión que se genera entre la Ley 16-92 vigente con la Constitución del 2010, en varias aspectos legales.

La Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas (RDCJ) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) organizó el panel "Hacia una reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana", al que asistieron el ex presidente de la República y presidente de la fundación, Leonel Fernández, y la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, así como abogados, dirigentes sindicales y directivos del sector empresarial.

La abogada y directora de la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas, Laura Castellanos, moderó el panel, mientras que Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, tuvo a su cargo la introducción de la actividad.

Castellanos inició la presentación de los panelistas resaltando la necesidad de impulsar el debate en torno a la reforma al Código de Trabajo, aprobado en 1992, tras un largo proceso de discusión en la sociedad dominicana de entonces, informa Funglode en una comunicación de prensa.

La necesidad de readecuar la legislación para adaptarla a las necesidades actuales institucionales del país, y con ello a Constitución vigente desde 2010, fue una de los planteamientos iniciales de Castellanos para dar inicio a las intervenciones, dice el despacho de prensa.

El magistrado Acosta se refirió al contexto constitucional en el que surge la propuesta de modificación del Código, y consideró que en ese escenario hay dos aspectos que merecen tener en cuenta los principios constitucionales. Un primer aspecto tiene que ver con los cambios que se proponen en la cesantía, y los plazos de pruebas, y otro tema es el que plantea la imposición de pruebas antidoping a los empleados.

Advirtió que con estos dos temas puede haber algún tipo de choque, algún tipo de colisión. En el primer caso, explicó, la cuestión tiene que ver con los principios de progresividad de los derechos fundamentales, y en el segundo con lo relativo a la intimidad y la dignidad de las personas.

Acoasta recordó que la Carta Magna consagra, en su artículo 7, que el Estado dominicano es un "Estado social y democrático de derecho".

En tanto que el experto laboral Carlos Hernández sostuvo que la reforma del Código de Trabajo debe propiciar una mejoría en las relaciones laborales dominicanas y su marco regulatorio, siempre preservando los derechos adquiridos.

Se refirió a los 26 puntos de la Ley, que el sector que representa entiende deben modificarse. Entre ellos mencionó los aspectos relativos a la contratación, la terminación de contrato, los embargos y las ejecuciones de sentencia.

Planteó que el Código necesita introducir mejoras para simplificar la contratación de personal y reducir sus costos, y también conciliar aspectos relativos a la suspensión, que se constituyen en dificultades para las empresas.

En cuanto a la terminación del contrato, afirmó que hay varios puntos que deben ser rectificados porque provocan constantes dificultades en la gestión del personal que se remite mucho al derecho común.

También incluyó en los puntos que entiende deben reordenarse lo relativo al tiempo de la jornada de trabajo. Entre estos resaltó que se quieren mantener los límites actuales, 44 semanales, ocho horas diarias, permitiendo que muchas cosas que se dan en la realidad, se permitan legalmente, como la jornada cuatro por cuatro, cuatro por tres y similares, que se establecen mutuo acuerdo, en empresas de funcionamiento continuo.

Hernández consideró que "estamos en la época del diálogo y la concertación, y solo una tercera parte de la población económicamente activa está amparada por la legislación laboral y goza de protección social", por lo que hay que concluir que la legislación actual no está cumpliendo su cometido y hay que modificarla, cita la comunicación de prensa.

Alburquerque, miembro de la Comisión Redactora del Código de Trabajo de República Dominicana de 1992, retomó su defensa a la normativa vigente, no sin reconocer que hay aspectos que deben adecuarse a la realidad que vive el país..

Tras recordar que fue el sector empresarial el que promovió la reforma del Código de Trabajo que entró en vigencia hace 22 años, ofreció cifras que sustentan su afirmación en el sentido de que éste no ha generado desempleo, como argumentan sectores empresariales.

Indicó que en el año 1990 el desempleo alcanzaba el 20%, y en 2000 había descendido a un 13%. Entre 2000 y 2004, como resultado de la crisis financiera creció a un 19.7% y en 2008 volvió a registrar un descenso, hasta llegar al 14.1%, mientras que para el 2013 se situó en 15.1%.

El jurista estableció la relación directa entre al aumento y descenso del PIB y los índices de desempleo en el país. Cuando el PIB ha bajado de un 5%, ha generado desempleo, y cuando ha subido por encima de ese porcentaje, ha provocado un aumento en las tasas de empleo, según explicó.

"No son las normas protectoras del trabajo las que generan desempleo, sino el desempeño de la economía", dijo el ex presidente de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.

El dirigente político y experto laboral también resaltó el crecimiento sostenido del sector informal de la economía como evidencia de que no son válidos los argumentos que buscan modificar el Código de Trabajo con el argumento de que no permite el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Para Alburquerque, en la realidad actual, lo que procede es preguntarse si el país necesita asumir un nuevo modelo económico. "Es el Código de Trabajo o que el modelo económico se agotó", preguntó.

ASONAHORES respalda posición de FINJUS sobre reforma a la Jurisdicción Inmobiliaria

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ASONAHORES respalda posición de FINJUS sobre reforma a la Jurisdicción Inmobiliaria


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SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, licenciado Arturo Villanueva Santiago, respaldó el documento de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en el que hace un balance de los aspectos positivos y negativos de la Reforma de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Villanueva Santiago dijo los aspectos negativos de la jurisdicción inmobiliaria afectan negativamente la inversión el sector, y se han reportado muchos casos y conflictos creados por las debilidades del registro y los huecos existentes en la reforma.

Refirió que existe casos en Samaná, Miches, Punta Cana y en otros puntos y esta el triste caso de Bahía de las Águilas.

En el documento, la FINJUS expresa su preocupación por descenso de cuatro puntos en el acápite de registro de propiedad en el país, en el informe Doing Business del Banco Mundial de este año con relación al 2013, y asegura que situación afecta la inversión extranjera.

“Cabe destacar, que en el informe Doing Business del Banco Mundial, en el acápite de Registro de propiedad, la República Dominicana pasó del lugar 111 al 115, perdiendo cuatro lugares en relación al 2013. Esto debe llamar la atención, pues influye en el tema de la inversión extranjera”, señala FINJUS en su evaluación de la Reforma de la Jurisdicción Inmobiliaria del país.

FINJUS señala en el documento “Balance de la Reforma de la Jurisdicción Inmobiliaria: Aspectos positivos y negativos”, que pese a los avances y mejoras en este proceso, iniciado en el 1997 por el Poder Judicial con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos objetivos no se han alcanzado por falta de voluntad.

FINJUS cita como aspectos negativos de la reforma, la resistencia al cambio de los principales actores que intervienen en el registro de los inmuebles, la no puesta en vigencia del fondo de garantía de inmuebles registrados, la tardanza en los deslindes y las trabas creadas para el funcionamiento de la Contraloría de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Entre los aspectos positivos de la reforma menciona la promulgación de la ley registro inmobiliario y sus reglamentos, así como la implementación de los nuevos formatos de seguridad, que han reducido de forma considerable los casos de falsificaciones de títulos de propiedad.

Además, la implementación del número de matrícula, del Registro Complementario y de la designación catastral posicional.

El balance hecho por la FINJUS analiza aspectos generales de la reforma inmobiliaria, las mensuras catastrales, los registros de títulos, los tribunales de Jurisdicción Inmobiliaria y los servicios comunes y administrativos.

La organización sin fines de lucro se queja del lento manejo de los trámites ante la secretaría de los tribunales, del exceso de  expedientes que sustentan los procesos y de las limitaciones y trabas en las solicitudes de digitalización de expedientes en la salas de consultas.

Aunque califica de positivo la creación de las unidades de Cartografía y de Apoyo a Mensuras, así como la descentralización de la gestión mediante la creación de Direcciones Regionales de Mesuras Catastrales,  la FINJUS ve como elementos negativos el aumento de tiempos en las inspecciones de campo, donde asegura prima el desorden y el tráfico de influencias.

Así mismo, critica la no aprobación del proyecto de ley que regula el ejercicio de la agrimensura y la arquitectura por ante la Jurisdicción Inmobiliaria y la aparición de miles de saneamientos y deslindes superpuestos que afectan derechos registrados, posteriores a la entrada en vigencia de la ley 108-5.

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Namphi Rodríguez pondrá en circulación libro “Defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos Fundamentales”

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Namphi Rodríguez pondrá en circulación libro “Defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos Fundamentales”


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El abogado Namphi Rodríguez pondrá en circulación este miércoles 28 su segundo libro titulado “Defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos Fundamentales”, en un acto que se realizará a las 7:00 de la noche en el auditórium de la biblioteca de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) de la avenida Bolívar.

El libro, que es auspiciado por la Fundación Prensa y Derecho y la Librería Jurídica Internacional, será presentado por el magistrado Jottín Cury hijo, juez del Tribunal Constitucional, y el periodista Osvaldo Santana, director de El Caribe.

La obra aborda temas polémicos como la actitud beligerante de algunos jueces, fiscales y abogados que pretenden “limitar” la presencia de cámaras y periodistas en los juicios penales que celebran los tribunales de justicia.

A juicio de Rodríguez ese tipo de posiciones  violan el artículo 49 de la Constitución, puesto que el acceso de los medios de comunicación a esos espacios es un “derecho preferente” en el ordenamiento constitucional dominicano frene al honor, la intimidad o la presunción de inocencia de los imputados y acusadores.

“Al consignar el libre acceso de los informadores a las fuentes noticiosas, la Constitución ha querido asegurar el derecho de los ciudadanos a una información veraz, así como ofrecer la oportunidad de ver y escuchar directamente el desarrollo de los juicios para contribuir con un mayor acercamiento de la sociedad a la justicia”, dijo.  

La obra hace alusión a casos controversiales recientes como el proceso llevado contra José David Figueroa Agosto, en el cual la jueza encargada de la instrucción ordenó a los informadores abandonar la sala de audiencia, y la posición de la magistrada del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez, quien ha afirmado que la prensa incurre en “excesos al informar sobre casos judiciales en curso”.

 Sin embargo, en su libro, Rodríguez considera que la presencia de cámaras y los periodistas en los juicios penales contribuye a que las partes y el propio juzgador sean más escrupulosos en el cumplimiento de sus funciones.

“Se trata de una dimensión colectiva, no individual, del derecho de acceso a la información judicial, que permite una  mayor objetividad en los mensajes informativos al hacer al ciudadano espectador directo de un cosa controvertido”, ponderó el profesional del Derecho.

 Empero, admitió que la utilización de cámaras en juicios penales puede afectar la imagen, el honor o la intimidad de las personas, así como afectar la espontaneidad de los testigos y propiciar los denominados “juicios paralelos” a través de los reality sshow de la televisión.

“En esos cosos el juzgador tiene en sus manos un conflicto de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; de un lado, el honor y la presunción de inocencia de los imputados y acusadores, y, del otro lado, el derecho de los ciudadanos a estar correctamente informados, el juzgador tendrá que lidiar con esa dicotomía mediante un juicio de ponderación”, agregó.

Rodríguez precisó que, pese a esa realidad, no hay una clausula prohibitiva ni normativa en la Constitución, sino que lo que existe es el derecho de acceso a las fuentes noticiosas de los medios de comunicación, “que no puede ser limitada ni por el juez ni por el legislador”. 

El libro aborda otros temas igualmente polémicos como el aborto y el derecho a la vida, los derechos de los consumidores y usuarios en Internet y la adhesión de la República Dominicana a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Namphi Rodríguez es abogado y periodista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, y Maestría en Ciencias Políticas, por la Unphu. Preside la Fundación Prensa y Derecho y es director ejecutivo del Centro para el Estudio del Derecho Constitucional y Administrativo (Cedeca) de la Universidad Católica Santo Domingo.

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Abogados citan jurisprudencias SCJ favorecen a clientes

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Abogados citan jurisprudencias SCJ favorecen a clientes


  • By Loyda Peña
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  • May 26, 2014
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SENTENCIA-JUEZ
El caso fue aplazado para hoy.

El desistimiento de las acciones penal e inmobiliaria solicitado por el exprocurador general Víctor Céspedes Martínez y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la protección que le debe el Estado dominicano a los terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe, son los dos argumentos más sólidos expuestos por los abogados de los demandados ante el tribunal que conoce el caso Bahía de las Aguilas.

Víctor Santana Polanco, abogado de Teófilo Ventura Díaz, refirió que de acuerdo con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, “no basta alegar la irregularidad del título del vendedor para anular el traspaso hecho a favor del comprador”.

Afirmó que su cliente es un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe que le compró a una persona que había sido asentada por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), que consiguió la aprobación del Tribunal Superior del Tierras, se deslindó y obtuvo un título definitivo en base al cual se operó la transferencia de las parcelas 215A-13 y 14 a favor de Ventura Díaz.

Procuraduría divulga reglamento sobre localizadores electrónicos

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Procuraduría divulga reglamento sobre localizadores electrónicos


  • May 27, 2014
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El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. Fuente externa

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. Fuente externa

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez, quien preside el Consejo Superior del Ministerio Público, dio a conocer  el reglamento aprobado por ese organismo para la habilitación de prestadoras de servicios de monitoreo electrónico, mediante la colocación de localizadores, aplicables como medida de coerción por diferentes ilícitos penales.

Aseguró que el Ministerio Público implementará las medidas necesarias hasta lograr eficiencia, transparencia y eficacia del servicio que se utilizará principalmente en los casos de violencia de género e intrafamiliar.

"Se trata de un sistema novedoso, que será implementado por primera vez en el país, y que su puesta en marcha podría ser de mucho beneficio en las labores de persecución del crimen por parte del Ministerio Público, pero, mucho más, para el sistema penitenciario nacional, ya que constituye una medida que contribuye al descongestionamiento del sistema penitenciario, el cual está desbordado en ambas modalidades, tanto en el Modelo de Gestión como en el sistema tradicional", subrayó el procurador.

Dijo que la colocación de los brazaletes tiene dos objetivos básicos: el primero ligado a la violencia de género, herramienta que se usará para colocarlo a una persona que deba estar alejada de otra que es la víctima, lo que contribuirá a hacer más efectiva las órdenes de alejamiento y que se le pueda dar un seguimiento para evitar cualquier tipo de violación.

"El segundo objetivo tiene que ver con la libertad condicional, prisión domiciliaria o en otros casos donde existan medidas de coerción y se apliquen garantías económicas, impedimentos de salida del país y otras restricciones para movilizarse en espacios determinados que el juez disponga", declaró el Procurador General.

Dijo que el juez decidirá en su sentencia a quiénes se debe colocar la herramienta, mientras que el Ministerio Público será el responsable de garantizar que el suplidor cumpla con las normas establecidas en el reglamento para prestar el servicio, además de tener acceso al monitoreo que deben seguir las prestadoras de ese servicio a la persona que lleve esos localizadores electrónico.

El localizador es un cintillo electrónico que se colocará en el tobillo o mano del imputado al que se le haya impuesto como medida de coerción.

Se informó que para la solicitud de habilitación del servicio los interesados deben depositar entre los documentos, una instancia dirigida al Consejo Superior del Ministerio Público, acreditación de la capacidad técnica a instalar, mantener actualizados sus equipos informáticos, así como ofrecer un servicio accesible para las personas de escasos recursos económicos, entre otros.