Denuncian es ilegal modificar sistema de cobro de multas de tráfico

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Denuncian es ilegal modificar sistema de cobro de multas de tráfico


  • By Agencia EFE
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  • Mar 10, 2014
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  • 1 min read
Vehículo retenido por AMET.

Vehículo retenido por AMET.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, denunció este lunes que el anuncio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de modificar el sistema de cobro de multas de tránsito para que se paguen en oficinas de la Procuraduría General es ilegal.

Potentini señaló, a través de un comunicado, que esta variación del sistema de cobro de multas de tráfico es inconstitucional y viola derechos fundamentales.

El presidente de FJT afirmó que la Dirección General de Impuestos Internos estaría autorizando la transferencia de fondos públicos a favor de la Procuraduría General de la RepúblicaDominicana, al entregarle el producto de las multas de tránsito para ser utilizado en el modelo penitenciario.

En este sentido, explicó que ello va en contra de la norma que dispone que todos los ingresos corrientes y de capital, donaciones y desembolsos de préstamos en efectivo o en valores percibidos por el Estado deben ser depositados en la Tesorería Nacional y para su utilización requerirán de la correspondiente apropiación presupuestaria.

“Se permitiría que una institución no tributaria captara recursos directamente, recursos no presupuestados, y los invirtiera directamente en las áreas que entienda procedentes. Eso es ilegal”, agregó Potentini.

Además, recordó que de acuerdo al artículo 246 de la Constitución dominicana, ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviere autorizada por una Ley y ordenada por funcionario competente, y ninguna ley autoriza lo que el director de Impuestos Internos pretende hacer.

Para Potentini, se deben cobrar las multas de tránsito pendientes y es aceptable poner trabas a la realización de ciertas diligencias personales.

Sin embargo, apuntó que no se puede permitir que la Procuraduría General imponga medidas de coerción, cuyo ejercicio es propio de los tribunales, tales como el impedimento de salida, imposibilitando a los ciudadanos ejercer su derecho al libre tránsito.

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