La decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la Ley 91-83, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, ha caído como un balde de agua fría entre los profesionales del derecho.Mientras algunos juristas califican como una barbaridad la decisión del máximo tribunal, al que restan autoridad para derogar leyes, otros entienden que la sentencia es técnicamente correcta y sienta un buen precedente en el país.
El jurista, experto en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats, dijo a elCaribe que ante esta situación lo que procede es que el Congreso Nacional apruebe una nueva ley del Colegio de Abogados, cumpliendo con los trámites constitucionales exigidos para la aprobación de las leyes, pues el tribunal consideró inconstitucional la ley, no por razones de fondo sino de forma.
Explicó que el TC no fijó un plazo específico para aprobar esta ley sino que, haciendo uso de las prerrogativas que le concede la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que permite diferir los efectos de sus sentencias, otorgó un plazo razonable. “Entendemos que el TC dará seguimiento a la aprobación congresual de la nueva ley a través de la próxi Oficina de Seguimiento que se creará próximamente”, dijo.
En tanto, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, afirmó que con la decisión de la alta corte, el gremio que agrupa a los abogados queda en una especie de limbo.
El legislador afirmó que de acuerdo al artículo 185 de la Carta Magna, las decisiones del Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos, por tanto, está facultado para objetar leyes emanadas del Congreso Nacional.
Martínez entiende que esa situación obliga a los legisladores y al propio gremio, a rediscutir esa normativa en la próxima legislatura, que inicia el 27 de febrero, para así subsanar los errores procedimentales que se cometieron cuando fue aprobada. “Por lo tanto, en este momento no hay ningún marco legal que regule lo relacionado al Colegio de Abogados, independientemente de que quede funcionando como una ONG”.
En el mismo tenor se expresó el diputado perredeísta, Hugo Núñez, quien opinó que el Colegio de Abogados conjuntamente con el Congreso deben abocarse a llenar este vacío legal en base al cual se fundamentó la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. “Es una situación que hay que enmendar y darle una salida apegada a la Constitución”, dijo.
Mientras que la abogada Ingrid Hidalgo entiende que el Constitucional no tiene capacidad para derogar leyes. “Esa ley tendrá que ser sustituida en el Congreso de la República, mientras tanto la misma sigue vigente, es decir, que entre lo que sigue en la Suprema Corte de Justicia seguirá conociendo en materia disciplinaria ciertas violaciones al Código de Ética del Colegio de Abogados”, manifestó.
El abogado Ricardo Rojas León, considera que la decisión del tribunal es técnicamente correcta y sienta un buen precedente.
En tanto que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, rehusó dar su opinión sobre la decisión de declarar contraria a la Constitución la ley que creó el Colegio de Abogados, ya que desconoce los alcances de la misma.
“Yo no conozco los alcances ni la motivación de la decisión. Tengo que estudiarla para fijar una posición, si es que me corresponde como funcionario”, precisó Pina Toribio.
Colegio no ha fijado posición
Ayer el Consejo Directivo del Colegio de Abogados se reunió durante varias horas para fijar su posición en torno a la decisión emanada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había dado a conocer ninguna declaración por parte del gremio que dirige José Diego García. l
Sugieren mejorar la Ley de los abogados
En medio de esta coyuntura, el abogado Eduardo Jorge Prats, sugirió que se aproveche este trámite legislativo para introducir mejoras a la ley de los abogados, principalmente para que se establezca claramente el derecho al doble grado de jurisdicción de que gozan los juristas que sean sometidos a acciones disciplinarias, “derecho que ahora es cotidianamente violado por la Suprema Corte de Justicia, que juzga en única y última instancia a los abogados en base a una ley trujillista de exequátur profesional que viola la Constitución”.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, también es partidario de que en la rediscusión de la ley que crea el Colegio de Abogados se apliquen algunas modificaciones.
Las opiniones
Eduardo Jorge Prats
Experto en derecho constitucional
“Lo que procede ahora es que el Congreso Nacional apruebe una nueva ley del Colegio de Abogados cumpliendo los trámites constitucionales exigidos para la aprobación de las leyes, pues el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional la ley, no por razones de fondo sino de forma. El Tribunal no fijó un plazo específico para que el Congreso apruebe esta ley sino que, haciendo uso de las prerrogativas que le concede la ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que le permite diferir los efectos de sus sentencias”.
Demóstenes Martínez
Comisión de justicia Cámara Diputados
El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, sostiene que según el artículo 185 de la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos, por tanto, está facultado para objetar leyes emanadas del Congreso Nacional.
Martínez entiende que esa situación obliga a los congresistas y al propio gremio, a rediscutir la ley en la próxima legislatura que inicia el 27 de febrero, para así subsanar los errores procedimentales que se cometieron cuando fue aprobada.
Hugo Núñez
Diputado PRD
El representante de la provincia de La Vega, y miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, coincide con la mayoría de los abogados consultados por elCaribe.
El legislador afirma que el Colegio de Abogados, conjuntamente con el Congreso Nacional, debe abocarse a llenar el vacío legal en base al cual se fundamentó la sentencia 274/13 emitida por el Tribunal Constitucional atendiendo a la demanda interpuesta por Manuel Ramón Tapia. “Es una situación que hay que enmendar y darle una salida apegada a la Constitución”.
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