domingo, 29 de septiembre de 2013

Jurisprudencia fresca de la suprema

Listin Diario

29 Sep 2013

Jurisprudencia fresca de la suprema


A continuación les presento algunas novedades jurisprudenciales de esta SCJ, en diversas materias, a saber: 

Embargo. El trabar medidas ejecutorias en perjuicio de un deudor que ha consignado los valores para garantizar la ejecución de la sentencia, cuando se trata de la aplicación del Artículo 539 del Código de Trabajo, constituye una falta en el ejercicio de la profesión de la abogacía, ya que ningún abogado puede desconocer que después de la consignación de la garantía, la ejecución de la sentencia queda suspendida. 16 de enero de 2013, (Suprema Corte de Justicia. Cámara Disciplinaria). 

Niños. Interés superior. Debe mantenerse contacto directo con ambos padres, si no es contrario al interés superior del niño. Rechaza. 10/10/2012. Samira Martina Féliz Rosario Vs. Pablo Miguel Martínez Prince. (Primera Sala). 

Procedimiento civil. Sentencia. Nulidad. Redacción. El empleo de la expresión “y/o” contraviene las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. 6 de febrero de 2013. (Primera Sala). Reparación de daños y perjuicios. Cuando la deudora de la obligación principal involucra a terceros para el cumplimento de sus obligaciones, esta es responsable frente a su acreedor por los daños ocasionados, sea por la inejecución o la prestación del servicio defectuoso, por parte de aquel tercero. 

Elpidio Rafael Mireles Lizardo vs. Edesur Dominicana, S. A. 24 de mayo de 2013. (Primera Sala). Procedencia Recurso de Casación. Cobro de Pesos. Monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada para ser susceptibles del recurso de casación. Santiago López Jiménez Vs Banco BHD, S.A. 31 de mayo del 2013. (Primera Sala). 

Computo del plazo. Notificación a persona. La notificación que tomó en consideración la Corte a-qua para computar el plazo y declarar inadmisible por tardío el recurso de apelación interpuesto, no fue realizada a la persona del imputado, sino a su defensa técnica. Argenis de los Santos. 19 de agosto de 2013. (Segunda Sala).Referimiento: Le corresponde al demandante en referimiento señalar los vicios que tiene la sentencia para que el juez pueda ordenar la suspensión de la misma.  

La prudencia no es una causal para ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia, ni libera al juez de dar motivos suficientes y razonables. Casa. 24/07/2013. (Tercera Sala). Juez de los Referimientos: Puede tomar medidas conservatorias para evitar un daño inminente e irregularidades manifiestas en derecho ante la existencia de motivos serios y legítimos. Indemnizaciones laborales. 

Indexación de la moneda. Cuando se ordena la aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo, no se puede ordenar la indexación de la moneda. Rechaza. 17/04/2013. Inversiones Cogusa, S. A. y Rafael Augusto Collado Abreu vs Julio César Meléndez Reyes. (Tercera Sala). Competencia. Jurisdicción laboral. Son competentes los tribunales de trabajo para conocer demanda en responsabilidad civil, interpuesta por el abogado contra el trabajador. Casa. 15/05/2013. Fulvio Jiménez Vs. Nicanor Rosario M. (Tercera Sala).

El Constitucional ignora la Corte Interamericana

Noticias SIN

29 Sep 2013

El Constitucional ignora la Corte Interamericana


La sentencia que afectaría retroactivamente a decenas de miles de dominicanos descendientes de haitianos de por lo menos tres generaciones desconoce la vinculación de un dictamen de la Corte Interamericana que planteó que los hijos no heredan la ilegalidad de sus padres

El tribunal Constitucional (TC) no sólo negó amparo a una ciudadana que lo solicitaba, sino que la declaró no dominicana y se fue lejos al disponer una rastreo desde el 1929 (84 años) para despojar de la nacionalidad a nacidos e inscritos en el registro civil en por lo menos tres generaciones, si sus padres eran inmigrantes ilegales.

La sentencia, objetada por dos juezas y por varios expertos constitucionalistas, choca con el dictamen del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculante para el Estado Dominicano, que rechaza que quienes residan por largo tiempo en el país estén en tránsito y que la ilegalidad sea heredada por los hijos.

Una sentencia histórica

 Tal como habían adelantado dos de sus integrantes, el TC evacuó una sentencia que hará historia como un adefesio jurídico que pretende el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la constitución y leyes vigentes.

La corte conoció una solicitud de amparo de la señora Juliana Deguis Pierre, nacida en Yamasá en 1984, (hace 29 años), y declarada por sus padres haitianos, a quien desde el 2008, la Junta Central Electoral (JCE) le niega copia de su acta de nacimiento con la que pretendía obtener la cédula de identidad, declarándola no dominicana y dejándola como muerta civil, junto a varios miles de descendientes de haitianos.

 Aunque en la misma sentencia se reconoce que el caso era competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, y contrariando al menos 4 dictámenes propios en sus dos años de vigencia, el TC decidió conocer la instancia, “para garantizar el principio de economía procesal” pero sobrepasó la petición de la recurrente, no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de la negativa de la copia del acta de nacimiento, y además dictaminó sobre la nacionalidad de millares de personas.

La corte reconoció implícitamente la ilegalidad de la retención del acta al disponer que la JCE emita el documento a la señora Pierre y al mismo tiempo lo remita “al tribunal correspondiente para que determine su  validez o nulidad”, Como la sentencia se fundamenta en que la recurrente es hija de “personas en tránsito” categoría de todas las constituciones dominicanas desde 1929, ordena a la JCE realizar una auditoría  minuciosa de los libros del registro civil “para identificar e integrar en una lista documental” a todo los extranjeros desde ese año “se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones instituidas por la constitución. Ese listado deberá ser incorporado a los nuevos libros de registro de nacimiento de extranjeros”.

Serán decenas de miles

Esa auditoría será una tarea bien difícil para realizarse en un año, prorrogable a dos, y tropezará con el hecho de que muchos libros de registro están desaparecidos o dañados. Tendrán que rastrear entre más de diez millones de personas, incluyendo los nacidos después del 1929 que han fallecido. Si sólo perseguirán intrusos haitianos, la tarea es menos difícil, buscando por apellidos de origen francés o patois. Los chinos e ingles serán menos. Los españoles no podrán ser detectados sin una lectura del acta para determinar los declarantes.

Uno de los méritos de la sentencia es que confirma el estimado de unos 20 mil  afectados por la resolución de la JCE cuando en su página 39 cita un cuadro que cuantifica en 16 mil 945 los expediente remitidos por la Dirección de Inspectoría del organismo para investigación y en 4 mil 836 los investigados y devueltos. El estimado del doctor José Ángel Aquino sólo abarcaba los nacidos después de 1984. Desde 1929 serán decenas de miles, aunque muchos habría que buscarlos en los cementerios.

En miles de casos habrá tres y hasta cuatro generaciones de personas de un mismo tronco familiar “residentes ilegales”, que constituirían un verdadero apartheid que seguiría transmitiendo la ilegalidad a sus descendientes. Tendrán que decirle que ya no son dominicanos a personas hasta de 80 años que nacieron en el país, en una aplicación retroactiva de una nueva interpretación de la Constitución.

Objeciones Fundamentales.

La sentencia fue firmada por once de los trece magistrados del tribunal constitucional que preside el jurista Milton Ray Guevara.  Las doctoras Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez dejaron por escrito sus objeciones en documentos de quince y treinta páginas respectivamente, donde rechazan el planteamiento fundamental de la mayoría, de que es inválido todo registro de nacimiento realizado por inmigrantes ilegales desde 1929.

Las dos magistradas se ampararon en la sentencia del 2005 emitida por la CIDH sosteniendo que son vinculantes para el Estado Dominicano. Bonilla planteó que de conformidad con los artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “los estados partes reconocen que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y no pueden ser impugnados o revisados en el ámbito interno”.

Tanto las dos magistradas como los expertos en derecho constitucional rebaten la interpretación que hace la sentencia de los artículos constitucionales referente a la nacionalidad. Específicamente el planteamiento de que los trabajadores inmigrantes están en transito, recordando que hasta la constitución del 2010 todos los textos constitucionales establecían que todos los nacidos en territorio nacional tenían derecho a la nacionalidad, con la excepción de los hijos de diplomáticos y personas en tránsito, lo que se interpretaba como de paso, no los que legal o ilegalmente se quedan en el territorio nacional.

Han objetado la sentencia los doctores Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez Gómez, Olivo Rodríguez  Huerta, Luis Gómez y Ramón Antonio Veras. La han respaldado el director general de migración, así como por el Cardenal Nicolás López Rodríguez y Monseñor Agripino Núñez Collado. En cambio el obispo emérito de la iglesia Episcopal, Telésforo Isaac, la ha condenado en los términos más enérgicos.

La Irretroactividad de la ley.

Todavía hay mucha confusión, pero de lo que trató la sentencia no es del derecho que tienen los descendientes de haitianos u otra nacionalidad, cuyos padres sean ilegales a ser declarados como dominicanos. Eso quedó proscrito en la Constitución del 2010, que en su articulo 18 numeral 3 estableció la restricción a los residentes ilegales.

De lo que se trata es de despojar de la nacionalidad a miles de personas descendientes de haitianos que fueron inscritos en el registro civil cuando bastaba haber  nacido en el país. Muchos de ellos tienen décadas de haber sido aceptados como dominicanos. Ellos no se inscribieron, sino que fueron inscritos, y en estricto derecho no se le puede aplicar retroactivamente la exclusión a los ilegales establecida en la constitución del 2010, ni tampoco la ley de migración del 2004.

La constitución del 2010 en su artículo 18 numeral 2 indica que son dominicanos y dominicanas  “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de ésta constitución”. Y el artículo 110 establece que ¨ La ley solo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

La Corte Interamericana

 En su sentencia del 2005 cuando conoció el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que el estado se había negado a reconocer como dominicanas a pesar de que sus madres ya tenían cédula y documentación nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que fueran inscritas y compensadas por el Estado.

En su sentencia la CIDH dejó establecido que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres. Textualmente indicó que “El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”, y que  “La condición de nacimiento en el territorio del estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad”.

Para deshacer el alegato que equipara como persona en transito a todos los inmigrantes, la CIDH recordó el propio Reglamento de Migración de la República Dominicana número 279 de 1939, que fija un máximo de 10 días para considerar transeúnte por el territorio nacional a un extranjero.

El Argumento de que los inmigrantes residentes por largo tiempo en el país están en tránsito es rebatido por las dos magistradas que emitieron votos disidentes. Citan que la CIDH estableció que “Para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un limite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito ¨. La corte estableció además que “En un sistema de jus soli, sólo hace falta el hecho de que un niño o niña haya nacido en el territorio del Estado, y que la condición migratorio de sus padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad, exigir la prueba de la misma, constituye una discriminación”.

Esta sentencia deja abierta la vía para que el caso sea llevado a la CIDH, que si ya dispuso dos inscripciones con más razón dictaminará contra el despojo de la ciudadanía a miles que hasta por ocho décadas se les había otorgado, y en momentos en que en Estados Unidos se busca legalizar, con opción a la ciudadanía, a 12 millones de inmigrantes ilegales, más de cien mil de ellos dominicanos. El proceso llevará tiempo, pero mientras tanto el genocidio civil, seguirá penalizando a millares de personas, aunque cada vez será más rechazado en los ámbitos de los derechos humanos al ocurrir en un país que tiene en el exterior cerca de millón y medio de emigrantes.-

 

 

viernes, 27 de septiembre de 2013

Racistas o Nacionalista, cosas totalmente diferentes.

Racistas o Nacionalista, cosas totalmente diferentes.

El Tribunal Constitucional a través de su sentencia TC/0168/13 trata de defender nuestra nacionalidad, defender nuestra república, nuestra identidad, de la invasiones pacificas de la cual es objeto en estos días.

No es un asunto racista como se quiere pintar, el racismo no es mas que una acto de discriminación de una persona o grupo de persona por su color, ideología, política, religión, etc., sobre otra.

Son conceptos diferentes, que habitualmente los menos nacionalistas hacen uso de este ultimo (racismo) para ganar renombre internacional y congraciarse, haciendo ver que cuando uno reclama su nacionalidad y la protege, se acoge a un llamado racista. 

No voy a traer momentos históricos de un pasado lejano, me voy a remontar a nuestros tiempos, en el gobierno de Leonel Fernández, se lo construye una universidad al hermano país vecino a raíz de lamentable terremoto que lo estremeció  y cuando nuestro presidente en ese momento va a la inauguración es sacado a tiros de esa celebración. 

Posteriormente nuestro actual presidente Danilo Medina va nuevamente a nuestro hermano país a ayudar con un problema de grado mayor como es la deforestación de nuestro vecino país, no bien había cruzado el Rio Masacre de regreso a nuestra republica, ya habían prohibido unilateralmente la comercialización de pollo, con nuestro país; alegando enfermedades en nuestros productos, que se extendieron al Salame (Salami), plásticos, etc. 

En los momentos anteriores, ninguna organización local, internacional, ni personas civiles y mucho menos publicas, salió o salieron en defensa de nuestro país, nadie dio la cara para señalar a nuestro vecino país como racista, entendían que se trataba de una medida de seguridad nacional, de proteger su nación, lo mismo que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional con la sentencia de marra. 

Hoy los dominicanos debemos sentirnos fuertes, felices de poder contar ya con una decisión firme respeto a nuestra nacionalidad, que nos pertenece a todos los DOMINICANOS.

Cantemos fuerte nuestro Himno Nacional. y honremos a nuestros Padres de la Patria.

Gracias Tribunal Constitucional.
DJ

Tribunal Constitucional niega nacionalidad a hijos de extranjeros ilegales

TC niega nacionalidad a hijos de extranjeros ilegales

 


SANTO DOMINGO.-El Tribunal Constitucional dejó claro que a los hijos de padres extranjeros en tránsito que hayan nacido aquí, no le corresponde la nacionalidad dominicana
Pedro Guzmán Badía | ACTUALIZADO 25.09.2013 - 9:54 pm

    
El TC lo expresa en una sentencia el 13 de este mes en  ocasión de un  recurso de revisión de amparo interpuesto ante el Tribunal  por la señora Juliana Deguis Pierre contra la Junta Central Electoral, respecto a un fallo rendido por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, que le negó el otorgamiento de la cédula de identidad y electoral.
    
En su sentencia, la alta corte estimó que, conforme al  artículo 11.1  de la Constitución de 1966 (vigente a la fecha de nacimiento de la señora Deguis Pierre), a ella no le corresponde la nacionalidad dominicana, y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral, puesto que no demostró “que por lo menos uno de sus padres tuviera residencia legal en la República Dominicana al momento de su nacimiento”, el 1  de abril de 1984.
    
Agregó al respecto que, según la disposición citada, la nacionalidad dominicana puede ser adquirida por “Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén de tránsito en él”.

EE.UU. preocupado por condiciones laborales en sector azucarero dominicano

INTERNACIONALES|27 SEP 2013, 2:02 PM|POR AP | Diario libre

EE.UU. preocupado por condiciones laborales en sector azucarero dominicano

Dicen que el país permitir el tráfico de personas, el trabajo forzado y el empleo de niños
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos expresó hoy su preocupación por las condiciones laborales en el sector azucarero de la República Dominicana, y aprobó 10 millones de dólares para reducir el trabajo infantil y mejorar los derechos de los trabajadores en ese sector.

"Hoy emitimos un informe que destaca las preocupaciones laborales dentro del sector azucarero dominicano y las fallas en la capacidad del gobierno de identificarlos y abordarlos", anunció en un comunicado el secretario de Trabajo, Thomas Pérez.

"El informe hace recomendaciones sobre cómo avanzar en este proceso e indica que estamos listos para colaborar", añadió Pérez, quien es hijo de padres dominicanos.

"Trabajando juntos con el gobierno dominicano, esperamos hacer una verdadera diferencia en la vida de estos trabajadores", explicó.

El informe responde a una comunicación presentada por el sacerdote católico Christopher Hartley, quien alegó que el gobierno dominicano no ha cumplido con las leyes laborales en la forma requerida por el tratado de comercio de EE.UU. con América Central y la República Dominicana.

El gobierno estadounidense revisó toda la información presentada por el gobierno de la República Dominicana, el peticionario, los trabajadores, la industria y otras personas y entidades involucradas.

Según el Departamento de Trabajo, se constaron "evidencias de aparentes y potenciales violaciones de las leyes laborales dentro del sector azucarero dominicano".

La lista incluye infracciones en relación con las condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional, tales como pagos inferiores al salario mínimo, jornadas laborales de 12 horas y semanas laborales de siete días.

Asimismo, la investigación comprobó la ausencia de agua potable y de equipos de protección en las plantaciones e ingenios, donde no se respetan las normas sobre la edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. mostró además su preocupación por los obstáculos a la organización de los trabajadores en sindicatos y la negociación colectiva.

"Además, destaca fallos significativos en cuanto a los procedimientos y las metodologías utilizadas en el proceso de inspección laboral, lo que debilita la capacidad del gobierno de identificar las violaciones laborales", añadió el comunicado.

El gobierno de EE.UU. anunció un proyecto de cuatro años, valorado en 10 millones de dólares, para reducir el trabajo infantil y mejorar los derechos laborales y las condiciones de trabajo a través de un enfoque de zona geográfica dentro del sector agrícola dominicano.
 
 

Julio Cury respalda fallo de Tribunal Constitucional

27 Septiembre 2013, 3:40 PM
Julio Cury respalda fallo de Tribunal Constitucional
Escrito por: El Día
Santo Domingo.-Julio Cury expresó hoy su conformidad con la sentencia 168/13 dictada por el Tribunal Constitucional, la cual establece criterio en torno a la nacionalidad dominicana.

Señaló que la Constitución de 1966 exceptuaba el jus soli, es decir, el derecho a optar por la nacionalidad del país donde se viene a la vida, tanto a los hijos de diplomáticos como de transeúntes.

“Salvo que no residiesen legalmente en el país, las parturientas de otros países que venían al nuestro con el sólo propósito de concebir, o que por una circunstancia fortuita y sin proponérselo lo hacían, no podían ampararse en el jus soli para favorecer con la nacionalidad dominicana a las criaturas que alumbraban en nuestras clínicas porque ellas, las madres, se reputaban transeúntes”, expuso.

Manifestó que los que residían ilegalmente o prolongaban irregularmente su estadía en el país, tampoco podían ni pueden invocar el jus soli por su estatus de inmigrante ilegal.

Explicó que según la doctrina intencionalista predominante, a los textos normativos debe atribuírseles  el significado conforme a la voluntad del legislador.

Manifestó que “no hace falta leer las actas de la asamblea constituyente de 1966 para inferir que la intención del constituyente fue reservarle nuestra nacionalidad a los hijos de padre o madre dominicanos nacidos en el país y a los de los residentes legales que no fuesen diplomáticos. Nada más”.

Calificó de “absurda” la invocación del principio de la favorabilidad para criticar el referido fallo, alegando que la nacionalidad no es un derecho fundamental, sino un derecho político cuyo margen de regulación legal es discrecional de cada país.

“Si el artículo 11 de las últimas tres revisiones constitucionales le negaba la nacionalidad por el jus soli a los hijos de transeúntes que se encontrasen legalmente en suelo dominicano, tanto más, por interpretación teleológica, se lo negaba a los hijos de transeúntes ilegales”, agregó el conocido jurista.

 

Por: EL DIA 

Sentencia: TC/0168/13 El Tribunal Constitucional establece el criterio de nacionalidad

USTICIA|26 SEP 2013, 12:00 AM|9|POR FEDERICO MÉNDEZ | diario libre

El Tribunal Constitucional establece el criterio de nacionalidad

Ordena a la JCE auditar el Registro Civil de 1929 a la fecha y pide a Migración otorgar permiso provisional a hija de padres haitianos
SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) estableció ayer que los hijos de ciudadanos en tránsito nacidos en el país están privados del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana.
Mediante sentencia TC/0168/13, la alta corte exhorta al Poder Ejecutivo a proceder a implementar el plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el país.
Asimismo, ordena a la Junta Central Electoral efectuar una auditoría minuciosa de los libros-registros de nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha, para identificar e integrar en una lista documental y/o digital a todos los extranjeros inscritos.
Consignar en una segunda lista los extranjeros que se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la Constitución de la República para la atribución de la nacionalidad dominicana por ius soli, "la cual se denominará Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana".
Dispone crear libros-registro especial anuales de nacimientos de extranjeros desde el 21 de junio de 1929 hasta el 18 de abril de 2007, fecha en que la JCE puso en vigencia el Libro Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera No Residente en la República Dominicana, mediante Resolución 02-2007.
Luego, transferir administrativamente los nacimientos que figuran en lalista de extranjeros irregularmente inscritos a los nuevos libros-registros de nacimientos de éstos, según el año que corresponda a cada uno de ellos.
Notificar todos los nacimientos transferidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que este, a su vez, realice las notificaciones que correspondan, tanto a las personas que conciernan dichos nacimientos, como a los consulados y/o embajadas o legaciones diplomáticas, según el caso, para los fines legales pertinentes.
Dispone que la JCE remita la lista de extranjeros irregularmente inscritos a la Cancillería, que preside el Consejo Nacional de Migración, para que, de acuerdo con el mandato que le otorga el artículo 151 de la Ley de Migración núm. 285-04, elabore de acuerdo con el primer párrafo del indicado artículo 151, dentro de 90 días posteriores a la notificación de la sentencia, el plan nacional de regularización.
También que rinda al Poder Ejecutivo un informe general sobre el plan, con sus recomendaciones, dentro del mismo plazo.
La alta corte fijó el criterio al pronunciarse sobre una recurso de revisión a una acción de amparo incoada, rechazado por un tribunal de Monte Plata a la accionante Juliana Deguis Pierre, fundamentado en el alegato de que nació en el municipio de Yamasá, en abril de 1984, y que es hija de dos braceros de nacionalidad haitiana, según acta de nacimiento de la oficialía del Estado Civil de esa demarcación.
En ese sentido, revocó la sentencia 473/2012 de la Cámara Civil y Comercial de Monte Plata, ya que la recurrente Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, "si bien nació en el territorio nacional, es hija de ciudadanos extranjeros en tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana, de acuerdo con la norma prescrita por el artículo 11.1 de la Constitución de la República promulgada el 29 de noviembre de 1966, vigente a la fecha de su nacimiento".
El tribunal ordena a la restituir en un plazo de diez días laborables, contados a partir de la notificación de la sentencia, el original del certificado de declaración de nacimiento Pierre. Además, que la JCE proceda a someter dicho documento al tribunal competente, tan pronto como sea posible, para que este determine su validez o nulidad.
De la misma manera, actuar con respecto a todos los casos similares al de la especie, "con el debido respeto a las particularidades de cada uno de ellos, ampliando el aludido plazo de diez días cuando las circunstancias así lo requieran".
Dispone que Migración otorgue un permiso especial de estadía temporal en el país a Pierre, hasta que el plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país previsto en el artículo 151 de la Ley de Migración núm. 285-04 determine las condiciones de regularización de este género de casos.
Criterio del tc
El TC consigna que conviene destacar que la implementación del indicado plan nacional de regularización de 1os extranjeros ilegales radicados en el país repercutirá muy positivamente en la vida de cientos de miles de extranjeros, puesto que propiciará la regularización de su estatus migratorio, contribuyendo así, de manera efectiva, a promover y fomentar el respeto a su dignidad y a la protección de los derechos fundamentales inherentes al Estado social y democrático de derecho. Asegura que incidirá en un importante sector poblacional, respecto a la preservación del derecho a la igualdad, al desarrollo de la personalidad, a la nacionalidad, la salud, la familia, al libre tránsito, al trabajo y a la educación, entre otros. Dice que los elementos que configuran la especie obligan al TC a adoptar medidas que trascienden la situación particular a Juliana Dequis Pierre.
Dos juezas discrepan sobre criterio nacionalidad 
La sentencia contó con los votos disidentes de las juezas Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez.
Bonilla discrepa sobre interpretación restrictiva y de carácter retroactivo del artículo 11 de la Constitución de 1966. Entiende que la prolongada permanencia de los padres de la haitiana en el país, aunque de manera ilegal, no configura la condición de extranjeros en tránsito.
Argumenta que el Reglamento de Migración define extranjeros en tránsito como: "aquellos que entran a la República con el propósito principal de proseguir al través del país con destino al exterior". "Es por esto, que cuando los padres de la recurrente acuden por ante el Oficial del Estado Civil del Municipio de Yamasá, a declarar el nacimiento de su hija, lo hacen en razón del vínculo que esta tiene con el suelo en el que ha nacido".
De su lado, Jiménez plantea que ha sostenido que en la presente revisión de sentencia de amparo no están envueltas cuestiones meramente migratorias, por cuanto no se trata de los derechos de una indocumentada, sino del despojo de la nacionalidad a quien un oficial del Estado Civil inscribió como dominicana, amparado en la Constitución que regía al momento de su nacimiento y en una normativa legal que rigió hasta el 2004.
Ver Sentencia AQUI

Justicia y límites del Estado

Desarrollo e institucionalidad
26 Septiembre 2013, 8:58 PM
Justicia y límites del Estado
Escrito por: Carlos Salcedo (carlos30salcedo@hotmail.com)
Solo el poder contiene al poder (Montesquie).

Esta idea tuvo su más destacada implantación con los constituyentes de Filadelfia mediante la creación del sistema de frenos y contrapesos, que tiene sus manifestaciones en las Constituciones modernas.

Concepciones absolutistas, definidas claramente en la identificación del Estado con la persona, como lo concebía Luis XIV al decir “El Estado soy yo”, pasando por la expresión reflejo del principio de la irresponsabilidad estatal de Luis XV, según la cual “después de mí, el diluvio”, repetida siempre por Ulises Heureaux (Lilís) y la resignación fatalista del Leviatán de Hobbes, que resurge en el pesimismo de Schmitt, marcaron  el pensamiento según el cual el Estado es un fin, ilimitado por definición.

Afortunadamente, a estas ideas le siguen las del contractualismo optimista de Locke y las liberales de Stuart Mill, las cuales tenían una base común: el Estado es un medio, una herramienta, un instrumento, esencialmente limitado.

A la concepción del Estado autoritario se opone la idea que concibe al Estado como un medio al que corresponden las formas y las instituciones del Estado democrático de derecho. 

Es a este al que va unida la limitación jurídica del poder, a través de las estructuras que permiten las diversas formas de ejercicio indirecto de la democracia, como el sistema judicial, la descentralización, la autogestión y la subsidiaridad.

La existencia del Estado democrático depende del respeto a la igualdad civil y política de sus miembros. 

Sólo así se pueden construir las estructuras políticas y sociales que reconozcan el pluralismo de las ideas y el respeto por estas,  la limitación y el control que tiene el Poder y el régimen de protección real de las libertades, para impedir que se vulneren los derechos fundamentales y subjetivos.

 El control de la constitucionalidad, la constatación judicial de los derechos fundamentales y el principio de separación de los tres poderes del Estado constituyen el broche que permite asegurar el sistema frente a la dejadez, menosprecio, irracionalidad, arbitrariedad y excesos que muchas veces acompañan las acciones u omisiones de quienes por mandato constitucional están llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, las cuales fijan los límites de sus actuaciones.

 Por: El Día 

La decisión del Tribunal Constitucional desata críticas de los expertos

JUSTICIA|27 SEP 2013, 12:00 AM|11|POR NIZA CAMPOS | Diario libre

La decisión del Tribunal Constitucional desata críticas de los expertos

Dirección de Migración saluda sentencia y dice es histórica

SANTO DOMINGO. La sentencia del Tribunal Constitucional que establece el criterio de nacionalidad ha desatado reacciones adversas de expertos constitucionalistas, quienes entienden que en dicha decisión se violentaron preceptos de la propia Carta Magna que pone al país ante el riesgo de ser condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Cristóbal Rodríguez Gómez, Eduardo Jorge Prats y Olivo A. Rodríguez Huertas coinciden en señalar que la decisión ha consagrado una situación generalizada de inconstitucionalidad al considerar que los residentes ilegales en el país son extranjeros en tránsito o transeúntes.

Rodríguez Gómez dice que la Constitución desde 1929 hasta el 2010 reconocía el derecho a la nacionalidad de todo aquel que naciera en territorio dominicano, con las únicas excepciones de los hijos de diplomáticos y de extranjeros en tránsito, por ende "no es lo mismo estar en tránsito que ilegal".

Además alerta de que da pie a que afectados recurran ante la CIDH.

"Lo que uno esperaba era que la decisión viniera a poner un freno al proceso de transgresión de la Constitución que sobre todo desde la Junta Central Electoral se ha venido produciendo en los últimos seis años", apuntó.

Jorge Prats asegura que el Tribunal Constitucional "optó por la interpretación más desfavorable para las personas, contrariando así el principio de favorabilidad establecido por el artículo 74.4 de la Constitución, extendiendo los efectos de esta desfavorabilidad a todas las personas que no fueron partes del proceso, haciendo así un uso incorrecto e ilegítimo de la doctrina colombiana del estado de cosas inconstitucional, que lo que busca es favorecer a quienes no son partes de la Litis".

Mientras, Rodríguez Huertas afirma que la decisión "legitima una practica torpe y antijurídica de la Junta Central Electoral que dispuso la prohibición de entregar documentos del Estado Civil a personas a las que previamente se le habían expedido actas de nacimiento, que se encuentran amparadas en una presunción de legalidad propia de los actos administrativos, y que además, si adolecían de alguna irregularidad la Junta solo contaba con un plazo de un año a partir de su expedición, para poder revocarlas".

Migración dice es histórica

En una declaración de prensa el director general de Migración, José Ricardo Taveras Blanco, calificó de histórica la sentencia del TC, por lo que felicitó al tribunal.

"La decisión abre las puertas para resolver definitivamente un problema que mantiene una herida abierta en la sociedad dominicana, que se debate, entre el respeto de su estado de derecho en una materia tan delicada como la nacionalidad y el drama humano de personas que requieren de una solución definitiva a sus problemas de identidad", afirmó.

Taveras Blanco dijo que este tema se ha estado debatiendo en el país, al margen del estado de derecho y que los grupos que lo han hecho de este modo han postergado la solución manteniendo a todos en un debate inocuo e inconducente.

Precisó que esta sentencia no sólo consolida y amplía conceptualmente la definición del estatuto de la nacionalidad dominicana, estableciendo y sustentando impecablemente su base jurídica desde 1929, ratificando el criterio de que los hijos de transeúntes, en sentido estrictamente jurídico y migratorio, no se pueden beneficiar del jus solis para reivindicar la nacionalidad dominicana

Centro bonó

El Centro Bonó rechazó la sentencia, la cual calificó de absurda, insensata e injusta. "La aberrante sentencia 168-13 del TC legitima actos administrativos ilegales de la Junta Central Electoral (JCE), afectando de esta forma los derechos fundamentales de más de cuatro generaciones de hombres y mujeres que durante toda su vida han formado parte del pueblo dominicano", dijo.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

+ Consultas en Materia Laboral (Vacaciones, Salario Mínimo, Renuncia al Preaviso)

23 Septiembre 2013, 11:40 PM

CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: Dr. Carlos Hernández Contreras (Especialista en derecho laboral)

1. ¿Qué dice el Código y qué usted opina de una empleada que tiene niños pequeños y se enferma y se lo ingresan en centro médico y la madre (empleada) obviamente se ausenta dos o tres días a su centro de trabajo? ¿Se le debe descontar de sus vacaciones esos días de ausencia?

El Art. 185 del CT dice que: “Las vacaciones no pueden ser suspendidas o disminuidas a consecuencia de las faltas de asistencia del trabajador cuando estas hayan ocurrido por enfermedad u otra causa justificada”.

Fíjese que ahí dice “u otra causa justificada”, y la enfermedad de un hijo, que requiere la presencia de la madre, es sin lugar a dudas una causa justificada. Yo opino, por tanto, que no se le puede descontar.

2. Un trabajador con una antigüedad superior a un año, el cual fue  preavisado con 28 días de antelación, específicamente  el 1° de agosto, cuyo preaviso vence el 3 de septiembre. Este trabajador renunció el mismo 1° de agosto a trabajar ese preaviso. En fecha 12 de agosto del mismo año le fueron pagadas sus prestaciones laborales (cesantía y derechos adquiridos) habiendo el trabajador firmado un recibo de descargo y desistimiento de acciones. La pregunta es  ¿termina el contrato de trabajo el día de la renuncia al plazo del preaviso (1° de agosto), partiendo de que en esa fecha el empleado renunció al preaviso? ¿Tiene ese descargo validez como acuerdo transaccional, partiendo de que fue firmado posterior a la renuncia al preaviso, aunque no posterior a la fecha en la que originalmente vencería el preaviso original que le fuera comunicado?

De acuerdo con la jurisprudencia, el trabajador que renuncia al plazo del preaviso pierde los salarios correspondientes a dicho plazo, pero no al pago del auxilio de cesantía (3ª SCJ, 23 Jun. 1999, B. J. 1063, Pág. 1093).

Por tanto, en el caso planteado, el contrato terminó el día 1° de agosto, y eso quedó corroborado por el recibo de descargo firmado con posterioridad.

3. ¿Cuánto tiempo puede una empresa durar sin aumentarle a uno que no gana el mínimo?

Ninguna empresa puede pagar por debajo del salario mínimo, y desde que el Comité Nacional de Salario aprueba una nueva tarifa, el empleador está obligado a aplicarla; y como usted dice, si el/los empleados ganaban por debajo del mínimo anterior, entonces la empresa deberá aumentar hasta llegar al mínimo actual.

Envíe sus preguntas carlos.hernandez@claro.net.do

Por: El Periódico Hoy

El Tribunal Constitucional anula el cobro generalizado de la portabilidad numérica

JUSTICIA|25 SEP 2013, 12:00 AM|2|POR FEDERICO MÉNDEZ | diario libre

El Tribunal Constitucional anula el cobro generalizado de la portabilidad numérica

Las telefónicas cobran RD$80 a todos los usuarios sin importar que se hagan uso o no del servicio

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la resolución 080-09, mediante la cual el Instituto de Telecomunicaciones (Indotel) establece que la portabilidad numérica conlleva a un cargo generalizado de RD$80, aplicable por igual a todos los usuarios de las telefonías, tanto móvil como fija, y sin importar que hagan uso o no de ese servicio.

Ordena que, en lo adelante, la resolución se lea "que la cuota regulatoria a pagar por cada usuario que opte por el servicio de portabilidad numérica, el cual estará destinado para la recuperación de la inversión en capital fijo que deben realizar las prestadoras de servicios de telefonía para la implementación de la portabilidad numérica en República Dominicana, queda establecida en la suma de RD$80". En el 2009 se calculó que las telefónicas recibirían RD$733.9 millones por este cobro.

Mediante sentencia TC/0161/13 establece que lo correcto es que las empresas telefónicas, por un lado, asuman estos costos como parte de los gastos de adquisición de clientes nuevos y, por el otro, teniendo claro que la portabilidad no solo beneficia al consumidor del servicio, "por cuanto ello tiene por efecto la dinamización de la competencia, de ahí que las empresas tendrán que dar mejor servicio y deberán hacer todo lo posible por mantener sus clientes y atraer a otros".

"Por tanto no es razonable que el cargo de la portabilidad tan solo deba ser asumida por la generalidad de los usuarios, independientemente de que opten o no por hacer uso del servicio a la portabilidad numérica", indica la sentencia.

Dice que la resolución atacada deviene en inconstitucional, por cuanto omite referirse exclusivamente a los "usuarios que opten por el servicio de portabilidad numérica".

El criterio

El Tribunal Constitucional dice que no anulará la disposición acusada, pero le agregará un contenido que la hará constitucional. Dice que al haberse dispuesto mediante la resolución impugnada una tarifa única de carácter general a todos los usuarios de teléfonos y celulares, opten o no por "portarse", deviene en un cobro por adelantado. Y el cobro de un servicio que aún los usuarios no han decidido obtener.

lunes, 23 de septiembre de 2013

Poder Judicial: Día no laborable con motivo de la celebración del Día de Nuestra Señora de las Mercedes

Distinguidos usuarios(as) del Poder Judicial:

 

Por la presente, les comunicamos que con motivo de la celebración del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, mañana martes 24 de septiembre de 2013 no habrá labores en el Poder judicial a nivel Nacional, reiniciando las mismas el miércoles 25 de septiembre de 2013.

 

Excepción a esta disposición son las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanentes adscritas a los Juzgados de la Instrucción de los diferentes Distritos Judiciales, las cuales laborarán normalmente.

 

Atentamente,

 

Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)

Consejo del Poder Judicial, República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
Centro de los Héroes - Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

CP: 1485; Tel: 809.533.3191, exts. 2189 y 2193; Fax: 809.532.3859
Web: www.suprema.gov.do /www.poderjudicial.gov.do

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        Este correo es solo un canal de difusión. Para información sobre nuestros servicios (jurisprudencia, legislación, doctrina o publicaciones) escríbanos a:jurisleg-cendijd@suprema.gov.do

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El Poder Ejecutivo promulga cambios al Código del Menor

GOBIERNO|23 SEP 2013, 12:00 AM|POR SOCORRO ARIAS | Diario libre

El Poder Ejecutivo promulga cambios al Código del Menor

SANTO DOMINGO. El Poder Ejecutivo promulgó la modificación al Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes que incrementa las penas a los menores infractores de la ley penal.

Las modificaciones al código aumentan las penas de uno a ocho años a los infractores de la ley con edades entre 16 y 18 años.

Los menores de 13 a 15 años enfrentarán la pena vigente de uno a cinco años de reclusión, por violaciones a la ley penal.

La ley fue promulgada con el número 106-13, el 6 de agosto de 2013. La propuesta de modificación fue sometida al Congreso Nacional por el diputado Teodoro Ursino Reyes (PLD-La Romana.

Establece la modificación que los centros de privación de libertad dispongan que entre los internos del centro deberán existir separaciones necesarias, según los grupos etários comprendidos en este Código. Igualmente, se separarán los que se encuentren en internamiento definitivo.

Los cambios a esta legislación fueron ampliamente debatidos en la Cámara de Diputados, donde se originó la iniciativa, y en el Senado.

El CONANI, UNICEF, Comisionado de Apoyo a la Modernización de la Justicia, la Asociación de Psiquiatría, el Colegio Médico Dominicano, Colegio de Psicólogos, Suprema Corte de Justicia (SCJ), Niños con Don Bosco, Policía Nacional, y otros, fueron consultados sobre los cambios.

viernes, 20 de septiembre de 2013

Rector PUCMM dice Tribunal Constitucional es garante derechos fundamentales

Rector PUCMM dice Tribunal Constitucional es garante derechos fundamentales

 

Nelson Peralta | ACTUALIZADO 19.09.2013 - 8:24 pm

Monseñor Agripino Núñez Collado, destacó ayer la importancia del Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que es bueno que cada individuo esté consciente de ello.

 
Igualmente,  el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), resaltó la trascendencia de la Constitución del 2010, para la vida democrática  del país.  
  
“La idea es que todos tengamos un mejor conocimiento de lo que representa este Tribunal para la protección de los derechos constitucionales”, agregó monseñor Núñez Collado.
   
Asimismo, dijo “me atrevo a afirmar que aquí, la mayoría de los dominicanos están conscientes de la importancia del nueva Constitución proclamada el 26 de enero del 2010”, puso de manifiesto.
 
El rector de la PUCMM, asegura que los trabajos para esa reforma constitucional tuvo la más amplia participación que recuerde la historia.
 
Recordó que los trabajos se realizaron de la siguiente manera: primero, una consulta popular y segundo, en el seno de la Asamblea Nacional.
 
Señaló monseñor Agripino Núñez Collado que uno de los temas que capto mayor atención en la reforma constitucional fue la creación del Tribunal Constitucional por la importancia como garante de los derechos fundamentales.
 
Informó que tuvieron temor en algún momento del proceso que el TC fuera excluido, pero agregó que el liderazgo del ex presidente Leonel Fernández y otros dirigentes políticos permitió su aprobación e inclusión en la actual Carta Magna.
Por: La Información 

Procurador afirma trabajan en persecución y prevención del crimen

PortadaCiudad

Procurador afirma trabajan en persecución y prevención del crimen

 

Redacción | ACTUALIZADO 19.09.2013 - 8:36 pm

Santo Domingo.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, manifestó que para una efectiva política de seguridad ciudadana, el Ministerio Público enfoca sus acciones en la prevención y persecución del crimen organizado y delitos de naturaleza común.

Agregó que el gobierno que preside Danilo Medina tiene una noción clara en ese sentido, y confió que a más tardar en un año se podrán obtener mejores resultados del Plan de Seguridad Ciudadana que se implementa para disminuir la criminalidad en el país.

Domínguez Brito esbozó el tema en el almuerzo-conferencia organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), para abordar los retos de la seguridad ciudadana, con la intervención además del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el mayor general Manuel Castro Castillo, jefe de la Policía Nacional. 

Con relación al crimen organizado, el máximo representante del Ministerio Público aclaró que “la droga lo daña todo, lo corroe todo”, y en ese sentido destacó que se tiene el gran reto de identificar quiénes son los vendedores de esos estupefacientes, además de reconocer  que se tiene una discusión muy seria contra uno de los carteles de Colombia más peligrosos.

De igual forma dijo que la República Dominicana es el país que tiene más mujeres víctimas de trata. 

En torno a los crímenes y delitos de naturaleza común, reveló que el Ministerio Público y la Policía Nacional  trazan estrategias para organizar todo el sistema de denuncias, a fin de que la ciudadanía pueda confiar y notificar los robos en sus hogares, motocicletas, piezas de vehículo y otros casos que laceran la  economía de los sectores de menores ingresos.
Por: La Información 

jueves, 19 de septiembre de 2013

Resolución No. 104-13 que aprueba el Convenio No. 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.



Distinguidos(as) usuarios(as) del Poder Judicial:

Sírvanse encontrar adjuntas las siguientes novedades legislativas:

1.     Res. No. 104-13 que aprueba el Convenio No. 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, adoptado en Ginebra, por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. G. O. No. 10721 del 2 de agosto de 2013.

Pulsa: Aquí 

Atentamente,

Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
Consejo del Poder Judicial, República Dominicana
Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
Centro de los Héroes - Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

CP: 1485; Tel: 809.533.3191, exts. 2189 y 2193; Fax: 809.532.3859Web: www.suprema.gov.do / www.poderjudicial.gov.do

Ley No. 106-13 que modifica artículos del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes



Distinguidos(as) usuarios(as) del Poder Judicial:

Sírvanse encontrar adjuntas las siguientes novedades legislativas:


1.    Ley No. 106-13 que modifica los artículos 223, 224, 279, 291, 296, 339, 340 y 380 de la Ley No. 136-03, del 7 de agosto de 2003, que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y suprime el Art. 350 de dicha ley. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.

Pulse: Aquí 

Atentamente,

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Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana.




Distinguidos(as) usuarios(as) del Poder Judicial:

Sírvanse encontrar adjuntas las siguientes novedades legislativas:

1.     Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana. Deroga la Ley No. 42-00, de fecha 29 de junio de 2000. G. O. No. 10706 del 16 de enero de 2013.

Pulsar: Aquí 

2.    Ley No. 106-13 que modifica los artículos 223, 224, 279, 291, 296, 339, 340 y 380 de la Ley No. 136-03, del 7 de agosto de 2003, que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y suprime el Art. 350 de dicha ley. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.

3.     Res. No. 104-13 que aprueba el Convenio No. 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, adoptado en Ginebra, por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. G. O. No. 10721 del 2 de agosto de 2013.

Atentamente,

Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
Consejo del Poder Judicial, República Dominicana
Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
Centro de los Héroes - Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

CP: 1485; Tel: 809.533.3191, exts. 2189 y 2193; Fax: 809.532.3859Web: www.suprema.gov.do / www.poderjudicial.gov.do

+ Consultas en Materia Laboral (Uso de Polígrafo)

16 Septiembre 2013, 11:35 PM

CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: Dr. Carlos Hernández Contreras (Especialista en derecho laboral)

1. Quisiera saber si en la legislación laboral dominicana está permitido que las empresas tengan como requisito para un candidato a un puesto la realización de pruebas de polígrafo, similar a las que le hacen a acusados de hechos delictivos. En una reciente solicitud de empleo para vendedor me exigieron someterme a esa prueba. Debía responder un interrogatorio que incluía detalles de todas mis cuentas bancarias, uso de drogas,  comisión de robos, preferencias sexuales y detalles de todos mis haberes y de mi familia hasta la tercera generación. Me informaron que la prueba duraría 4 horas y decidí  no continuar con ese proceso. Inicialmente me hicieron firmar un descargo de responsabilidad sobre la información de los resultados tanto para la empresa encargada de las pruebas de polígrafo,  como para el empleador.

La jurisprudencia de la Suprema Corte ya tuvo la ocasión de pronunciarse respecto a las pruebas de polígrafo o detector de mentiras, estatuyendo como sigue: “Entre los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores están los que se derivan de la obligación del empleador de guardarle la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra y los derechos básicos como son el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal… Es evidente que el sometimiento a un trabajador a un detector de mentiras o a la prueba que fuere, con la finalidad de procurar una demostración de su honestidad, constituye un acto afrentoso que atenta contra su dignidad, sobre todo cuando se hace en medio de una investigación policial sobre robos cometidos en la empresa en que éste labora.” (3ª SCJ, 25 Jul. 2007, B.J. 1160, Págs. 1083-1091).

Ese precedente judicial surgió de un caso en que se usó el detector de mentiras durante la vigencia del contrato de trabajo. Sin embargo, me parece que sin mayores inconvenientes, podría ser extensivo a los casos de los candidatos a empleos. 

2. Una empleada que está laborando en una empresa por 29 años, ¿puede ser despedida y luego nombrarla con otro sueldo menor?

Sí, perfectamente; en el entendido de que le pagaron su liquidación por los dichos 29 años y luego hubo una interrupción real (no aparente: Sacada de TSS, no pagos por la izquierda, cero trabajos) de las labores de por lo menos 2 meses.

Por: El Periódico Hoy

Las medidas cautelares en el arbitraje comercial

17 Septiembre 2013, 11:12 AM
Las medidas cautelares en el arbitraje comercial
Escrito por: Eric J. Hernández-Machado Santana

La solución alterna de conflictos denominada Arbitraje Comercial, está organizada bajo la Ley No. 489-08 y sin duda, como se expone en la exposición de motivos de dicha normativa, “el arbitraje es una figura jurídica de gran trascendencia en el ámbito comercial, ya que constituye una alternativa real para prevenir y solucionar de manera adecuada, rápida y definitiva los conflictos que se susciten en las transacciones de comercio nacional e internacional”.

Se pensaría que esta jurisdicción de excepción no está ligada al ámbito judicial, pero encontramos dos aspectos de la misma que remiten a las partes, pese a la existencia de la cláusula compromisoria, una para la solución judicial al margen del arbitraje en el aspecto de medidas conservatorias y por otra parte, la forma de impugnación del laudo arbitral, mediante una acción judicial en nulidad ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial que conozca del proceso arbitral.

En relación al primer tópico, la ley sobre la material establece que “no será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de un tribunal del orden judicial, la adopción de medidas cautelares ni que el tribunal conceda esas medidas, sin perjuicio de la facultad reconocida al tribunal arbitral de ordenar tales medidas de conformidad con las reglas establecidas en el Artículo 21.

En caso de que el tribunal del orden judicial las acuerde, debe requerir del solicitante la presentación de la demanda por ante la jurisdicción arbitral, en un plazo no mayor de sesenta (60) días de la fecha en que emita la autorización correspondiente. El tribunal del orden judicial podrá requerir la prestación de fianza. En caso de que una decisión del tribunal arbitral ya constituido ordene la suspensión o levantamiento de las medidas ordenadas por el tribunal del orden judicial, la decisión del tribunal arbitral deberá ser reconocida e imponerse.”

De la misma se desprenden dos aspectos de relevancia, a saber: el primero, que el tribunal arbitral siempre tendrá una reserva de competencia para ordenar las medidas conservatorias que estime en el curso del proceso, y el segundo, que en caso que las medidas cautelares se hayan ordenado por un tribunal del orden judicial, la solicitante debe apoderar, dentro del plazo de 60 días después que es dictada la medida conservatoria, a la jurisdicción arbitral a los fines del conocimiento del diferendo principal entre las partes.

De no hacerlo de este modo, la medida conservatoria se torna en una turbación manifiestamente ilícita, que da plenos poderes al juez de los referimientos para descartar su existencia y ordenar el levantamiento o cancelación de todos los embargos realizados, todo esto cónsono con el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil.

Por: El Día