viernes, 30 de agosto de 2013

Jurisprudencia, dogmática y cultura constitucional

29 Agosto 2013, 9:10 PM
Jurisprudencia, dogmática y cultura constitucional

Se hace necesario poder acceder a la jurisprudencia de modo ordenado

Escrito por: EDUARDO JORGE PRATS

 El Estado Social y Democrático de Derecho que proclama el artículo 7 de la Constitución requiere para su efectividad poderes públicos comprometidos con la misión de hacer realidad el catálogo de derechos y garantías fundamentales consagrado por la Constitución. 

Entre esos poderes, ocupa un lugar preeminente, lo que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Dr. Milton Ray Guevara, ha certeramente denominado el poder jurisdiccional, es decir, el poder constituido por el TC, el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral, todos los cuales tienen el deber de aplicar la Constitución y proteger los derechos constitucionales de las personas en las controversias que son sometidas a sus respectivas jurisdicciones.

 Un Estado cuyos jueces no estén dispuestos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y los derechos que ella consagra podrá “tener” Constitución pero no puede afirmarse que los ciudadanos de ese Estado “viven” en Constitución. Para que la Constitución y los derechos sean efectivos, vivientes, se requiere una magistratura constitucional que, día por día, haga de la Constitución la norma suprema y vinculante para todos los poderes públicos y personas que quiere y manda el artículo 6 de nuestra Ley Sustantiva. Máxime cuando, por la propia estructura de las normas constitucionales, por su radical indeterminación, ambigüedad e imprecisión, que no puede eliminarse por más que Kelsen y Ferrajoli se esfuercen, son precisamente los jueces los que concretan estas normas y dirimen los eventuales conflictos entre éstas, tratando de armonizar los diferentes bienes y derechos constitucionales, como dispone el artículo 74.4 de la Constitución.

 Es por lo anterior que la Constitución viene a significar lo que los jueces determinan en sus sentencias.  A tal extremo que un país como República Dominicana, que se supone pertenece a la familia jurídica romano-germánica, en donde la fuente del Derecho por excelencia lo son las normas escritas dictadas por el Congreso y la Administración, en contraste con los países de la familia angloamericana, en donde la jurisprudencia es la fuente del Derecho por antonomasia, hoy viene a constituir lo que se conoce como una “jurisidicción mixta”, en donde confluyen tanto las normas escritas como la jurisprudencia como fuentes del Derecho al mismo nivel. En el caso dominicano, esto es acentuado por la consagración en el Código Procesal Penal del precedente en los procesos penales y, en el artículo 184 de la Constitución, del carácter de precedente vinculante de las decisiones del TC.

 Lo que todo esto significa es que hoy, tanto el estudio como la enseñanza del Derecho, en especial del Derecho Constitucional, sea por los estudiantes o los profesionales del Derecho, debe efectuarse no solo a partir de manuales y leyes, sino tomando en cuenta la evolución de la jurisprudencia, el estudio de los votos disidentes y concurrentes, la predicción de virajes jurisprudenciales, la formulación de las líneas jurisprudenciales, y la determinación de la “ratio decidendi” de las decisiones jurisdiccionales. El abogado dominicano hoy debe estudiar los casos judiciales y por eso la importancia de los compendios jurisprudenciales y que los manuales jurídicos den un lugar primordial a la jurisprudencia.

 Por eso hay que dar una calurosa bienvenida a la “Jurisprudencia constitucional del Poder Judicial”, obra de la autoría del joven y brillante constitucionalista dominicano Miguel Valera Montero. Esta obra viene a llenar un gran vacío en la bibliografía constitucional dominicana en la medida en que, tomando en cuenta el carácter crecientemente jurisprudencial de nuestro Derecho Constitucional, se hace cada día más necesario poder acceder a la jurisprudencia de un modo ordenado y sistematizado, tanto temática como cronológicamente. Este voluminoso libro -1,092 páginas- de seguro será obra indispensable para jueces, fiscales, litigantes, profesores, consultores y estudiantes y, sin exageración, podemos afirmar que ya constituye un clásico de nuestro Derecho Constitucional.

 Y aquí llegamos a un punto fundamental. Si, como hemos dicho al inicio, no puede vivirse en Constitución sin jueces que cotidianamente apliquen la Constitución, así podemos afirmar que no puede haber jurisprudencia constitucional en el vacío dogmático, en la tierra de nadie doctrinaria. Allí donde no hay una doctrina constitucional crítica, y recordemos que el Derecho Constitucional es, sobre todo, ciencia crítica, no evolucionará positivamente la jurisprudencia, no habrá retroalimentación, no habrá mutuo aprendizaje. Por eso que Valera Montero, autor de una de las mejores monografías sobre el control de constitucionalidad, haya decidido no solo compendiar sino sobre todo criticar constructivamente nuestra jurisprudencia constitucional es un signo positivo de los nuevos tiempos que vive la ciencia constitucional en República Dominicana a la luz de la Constitución de 2010. En particular, su análisis de las decisiones del primer año del TC es muy útil para poder manejarse en la maraña de importantísimas decisiones del TC.

 Para que la interpretación constitucional no devenga un caballo desbocado, que salta de un lado para otro, por obra y gracia de la alquimia y el bamboleo interpretativos de los jueces, hacen falta libros como el de Valera Montero que, al incorporarse a la cultura constitucional de la comunidad jurídica dominicana y al interiorizarse en los operadores del sistema jurisdiccional, permiten hacer más predecible y controlable el funcionamiento del Estado Constitucional.

Por: El Periódico Hoy

Justicia y Transparencia dice jueces no renunciaron por bajos salarios

30 Agosto 2013, 4:15 PM
Justicia y Transparencia dice jueces no renunciaron por bajos salarios
Aseguran que la renuncia de los jueces se debe a que las altas cortes han sido secuestradas por la clase política
Escrito por: El Día

Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó este viernes que los jueces estén renunciando por bajos salarios, y que producto de ello el Poder Judicial esté atravesando su peor crisis, como afirmaran algunos sectores del país.

No obstante, la entidad de sociedad civil reconoce que el Poder Judicial y el Ministerio Públicodemandan y requieren de un mayor presupuesto para mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de su personal, y hacer frente a las grandes transformaciones que demandan los nuevos tiempos y la constitución del 2010.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, recordó que la docencia y la alta función de juez al administrar e impartir justicia se asumen en todas partes del mundo como un sacerdocio y que 150,000 pesos mensuales que devengaban los jueces renunciantes, no es un mal salario, si se toma en cuenta que más del 90% de los abogados dominicanos no perciben ni siquiera 100,000 pesos mensuales.

Para la FJT la renuncia de los jueces se debe a que las altas cortes han sido secuestradas por la clase política y con ello un estancamiento en la carrera judicial, imposibilitando el ascenso de jueces a la Suprema Corte de Justicia, y en consecuencia se trata una pérdida de expectativas para gente que se han desarrollado y crecido, estudiando incluso en el extranjero maestrías y doctorados con apoyo del Poder Judicial, además de una dilatada experiencia que le impone el deseo de avanzar y progresar con nuevas posibilidades de crecimiento que lamentablemente no existen en el Poder Judicial.

Potentini entiende que las presidencias de las altas cortes debe ser rotatorias por lo menos cada tres años, y sin posibilidad de repetir en el cargo dándoles espacios de ascenso a los demás jueces, instaurando un sistema realmente democrático que garantice una carrera judicial al margen de la influencia política, tecnificando y despolitizando el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras acciones a considerar.

 Sobre el caso de la mulata III en Sosua, Puerto Plata

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) demandó transparencia, resultados y responsabilidades para los implicados en el caso del allanamiento y muerte de un alemán a cargo de la Policía Nacional el pasado año en el residencial la mulata III en Sosua Puerto Plata.

Potentini pidió al procurador general de la República Francisco Domínguez Brito encabezar y profundizar las investigaciones,  suspendiendo a los fiscales actuantes y a la propia fiscal titular para ser cuestionados en torno al seguimiento y denuncia de tan graves hechos ocurridos hacen más de diez meses, con un silencio y falta de acciones del Ministerio Publico que virtualmente los hace cómplices de lo ocurrido en la mulata III.

Para la FJT ese caso constituye una vergüenza nacional, el cual debe ser esclarecido, se trata de un acontecimiento que no se resuelve con cancelaciones, amonestaciones y días de arresto, al país hay que explicarle y aclararle sobre la supuesta sustracción de unos 60 millones de pesos, y porque un caso ocurrido el pasado año se manejó con tanto secretismo y bajo una especie de silencio cómplice de parte de nuestra autoridades.

Como entidad nos mantendremos vigilantes, demandando del procurador y del jefe de la policía llegar hasta las últimas consecuencias, dando un ejemplo con todo el peso de la ley para quienes resulten involucrados en tan aberrante y bochornoso hecho.  

Por: El Día

jueves, 29 de agosto de 2013

FINJUS ve Poder Judicial en peor crisis

FINJUS ve Poder Judicial en peor crisis

 

Redacción | ACTUALIZADO 29.08.2013 - 12:44 am

 SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia  (FINJUS), Servio Tulio Castaños,  consideró   que el Poder Judicial está inmerso en una de sus peores crisis, hasta el punto de que ha dejado de poner en funcionamiento 16 tribunales que están creados por ley.
No obstante a esta crisis que alegadamente tiene el Poder Judicial, y que ha hecho que varios magistrados renunciaran de sus cargos, Castaños reconoció la calidad y preparación de los jueces.
Sostuvo que en el país hay regiones donde la justicia se está impartiendo en furgones, y ante esa situación se preguntó cómo una sociedad puede evaluar de manera favorable a un poder del Estado que esté operando en esa situación.
Destacó que el Poder Judicial está recibiendo un 38% menos de lo que por ley debería recibir, y eso ha dado como consecuencia  que los proyectos de capacitación no se están realizando a los internos de ese poder del Estado.  
Informó que el 97% del presupuesto del Poder Judicial es  para los gastos fijos de sus cuentas corrientes, y sólo invierte al área el 3% de lo que recibe.
Informó que en el país  hacen falta 14 tribunales,  hay  700 jueces,  y se estima que hay un juez por 45 mil habitantes.  
Al participar en el programa Telematutino 11, criticó que el Congreso Nacional está recibiendo mil millones de pesos más que el Poder Judicial.
 
Por: La Información 

miércoles, 28 de agosto de 2013

Los diputados dicen que la Amet viola la Ley 241 con candados

TRÁNSITO|28 AGO 2013, 12:00 AM|12|DIARIO LIBRE

Los diputados dicen que la Amet viola la Ley 241 con candados

    SANTO DOMINGO. La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados denunció que la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) viola la Constitución y la Ley 241 cuando coloca candados a los vehículos y los retiene.

    El diputado Tobías Crespo, miembro de la comisión, sostuvo que esa medida de Amet viola la Constitución de la República, que establece el derecho al libre tránsito y a la propiedad privada.

    "Viola las leyes y la Constitución, que establece el derecho al libre tránsito y a la propiedad privada, y es precisamente la Amet la que viola estos derechos a los ciudadanos, primero poniendo candado a los vehículos, lo que es inconstitucional e ilegal, y luego llevándose esos vehículos en grúa hacia puntos de depósito, como el Canódromo, que no deben existir, porque la Ley 241 es clara en eso", explicó.

    De acuerdo con el legislador, la Ley 241 establece que sólo hay dos condiciones para que las autoridades puedan retener los vehículos que son, cuando las personas no puedan demostrar la propiedad del mismo o cuando hay un accidente de tránsito donde hay heridos y muertes.

    Crespo entiende que a la Amet no le corresponde cobrar las multas, sino que esa función le corresponde al Ministerio Público. En ese sentido, dijo que Amet sólo debe poner las multas, vía los mecanismos que tiene, y el Estado cobrarla.

    Cámara de Diputados aprueba modificación al Código Procesal Penal

    PortadaNación

    CD aprueba modificación al Código Procesal Penal

               

    Redacción | ACTUALIZADO 27.08.2013 - 11:05 pm

    SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó ayer martes a unanimidad de urgencia y 40 modificaciones, el Código Procesal Penal (CPP), el cual retira la facultad a la Policía de solicitar orden para allanar recintos privados sin el Ministerio Público.
    El presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, pidió al pleno respaldar la iniciativa, que había perimido en la pasada legislatura, y en otras dos ocasiones.
    La presidenta en funciones, Lucía Medina Sánchez, sometió la pieza que fue acogida por los 111 diputados presentes en el hemiciclo.
    Las nuevas modificaciones sometidas al Código Procesal Penal, sancionan los golpes y heridas provocados en ocasión de violencia intrafamiliar.
    La modificación del artículo 15 establece un plazo de cinco días para que el juez intime al superior inmediato del Ministerio Público actuante antes de declarar extinta la acción penal, y amplía a quince días el plazo para que la víctima formule su requerimiento.
    Se destaca en las modificaciones que se establece responsabilidad civil al Ministerio Público por mal desempeño durante sus funciones.
    Otro reforma acogida es el artículo 179 que autoriza al juez conceder el registro de lugares en horas de la noche en caso de narcotráfico, secuestro o terrorismo.
    También se modificó el 180 que le retira la facultad a la Policía Nacional de solicitar orden de allanamiento para el registro de recintos privados en ausencia del Ministerio Público o de urgencia.
    El artículo 241 amplia a 24 meses la prisión preventiva, y el 370 permitirá aumentar en los casos complejos de 18 a 36 meses.
    Se sancionó positivamente el traslado de la acción pública a instancia privada, la invasión y ocupación de propiedad y la falsedad de cheques, que se contemplaba en el artículo 31.
    Por: La Información 

    martes, 27 de agosto de 2013

    Procurador advierte cultura de sustraer bienes en allanamientos

    JUSTICIA|27 AGO 2013, 2:34 PM|2|POR FEDERICO MÉNDEZ
    GUARDADO EN:PROCURADOR, BRITO, ALLANAMIENTO, BIENES

    Procurador advierte cultura de sustraer bienes en allanamientos

    Citó que durante el allanamiento al residencial La Mulata III se produjo un robo
    SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, advirtió que debe terminar la cultura de que los agentes policiales sustraen bienes en su provecho durante allanamientos en procesos investigativos en que acompañan a fiscales.

    "Hemos conocido casos de drogas, donde se ha perdido dinero, hemos conocido casos de allanamientos donde agentes han, lamentablemente, cogido dinero y esa es una cultura que tiene que desaparecer".

    Citó que durante el allanamiento al residencial La Mulata III, a un grupo de alemanes, donde uno resultó muerto, se produjo un presunto robo cuando la Policía incursionó en el lugar.

    "A veces el Ministerio Público tiene que cuidar que el delincuente no se vaya, y que los agentes no se cojan las cosas y eso desdice mucho de nuestra institucionalidad".

    Deploró que en los allanamientos se produzca una especie de "tierra arrasada", porque se produzcan sustracciones, frente a lo cual deben producirse sanciones.
     

    Impuestos Internos emite norma para cobro de impuestos a zonas francas

    ECONOMÍA|26 AGO 2013, 12:00 AM|POR DIARIO LIBRE

    Impuestos Internos emite norma para cobro de impuestos a zonas francas

    SANTO DOMINGO. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió la norma 04-2013 donde establece las regulaciones para la aplicación de la figura que instituyó como agentes de retención del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y del impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a todas las empresas de zonas francas del país, acogidas a regímenes fiscales y aduaneros especiales.

    En un comunicado se explica que la norma se aplicará cuando las zonas francas transfieran bienes o presten servicios en el mercado local gravados con los referidos impuestos. La medida entrará en vigencia el primero de septiembre y establece que la retención será del 100% tanto del ITBIS como del ISC.

    La DGII estableció, asimismo, que para que los adquirientes de los bienes y servicios facturados por las zonas francas, tanto de los aeropuertos como las localizadas dentro de los hoteles turísticos, puedan comprar exentos de ITBIS y de ISC, se requerirá a la hora de realizar las compras, la presentación del pasaporte extranjero y tickets aéreos que confirmen la fecha efectiva de salida de territorio dominicano.

    La disposición que ordena a las zonas francas ser agentes de cobro fue instituida a través de la Ley 253-12, sobre fortalecimiento de la capacidad fiscal.

    Según la DGII con la norma se busca desarrollar a los contribuyentes.

     
     

    Jueces piden al Presidente entregar a SCJ 2.66% del Presupuesto Nacional como ordena la ley

    26 Agosto 2013, 9:40 AM

    Jueces piden al Presidente entregar a SCJ 2.66% del Presupuesto Nacional como ordena la ley

    La Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) pidió hoy al presidente de la República, Danilo Medina, cumplir con la Ley 194-2004, que otorga una partida de un 2.66% del Presupuesto General de la Nación a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

    El reclamo fue hecho por la magistrada Rosanna Vásquez, quien reiteró la demanda de los jueces de un aumento salarial y dijo que un juez ganando menos de 100 mil pesos y teniendo que dar clases hasta las 10:00 de la noche no puede vivir con el nivel que amerita.

    Comparó el sueldo que perciben los diputados ante el Congreso Nacional con el que perciben los jueces y puntualizó que el Poder Judicial no puede seguir siendo la cenicienta, refiriéndose al salario de los servidores del sector.

    Agregó que los jueces no solo necesitan un incremento salarial, sino que requieren seguridad y adecentamiento de las plantas físicas.

    Entrevistada en el programa televisivo El Despertador, Vásquez saludó el aumento de sueldo hecho al secretario de la Suprema, al tiempo que criticó que gane más que un juez de paz. También sostuvo que hay que “encaminar la cuestión", haciendo alusión al incremento de salario que demandan los jueces del país.

    ZOOM

    Renuncias en reclamo de aumento. Hasta el momento al menos cinco jueces han renunciado de sus funciones, alegando que el pago que perciben por su labor no suple sus necesidades y las de sus familias, a pesar de ganar mucho más dinero que el promedio de la población.

    Por El Periódico Hoy

    + Consultas en Materia Laboral (trabajadores del campo)

    26 Agosto 2013, 10:35 PM

    CONSULTORIO LABORAL

    Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS (Especialista en derecho laboral)

    ¿A los trabajadores agrícolas fijos ¿les corresponden vacaciones, bonificación, salario de Navidad, prestaciones laborales, y si están amparados por la Seguridad Social y cuál es la jornada de trabajo legal que deben agotar? 2) Deseo saber si los haitianos ilegales y/o sin identificación personal están amparados por la Seguridad Social, porque se emplean algunos sin ningún documento y luego demandan no sé cómo si no tienen identificación personal; 3) ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de la Seguridad Social (Ley 87-01) y el Seguro Social, pues me dicen que puedo inscribir un trabajador en el Seguro Social y no en la Seguridad Social?

    A los trabajadores del campo se les aplican las mismas reglas que a los de otras áreas de la economía nacional, salvo que tienen una jornada laboral que “no excederá de 10 horas diarias” y que tienen un salario mínimo propio, que actualmente es de RD$234.00 diarios (Letra D de Art. 2° de Resolución 2/2013 del CNS). Eso quiere decir que hay que inscribirlos en la TSS y todo lo demás, incluyendo obligación de pago de prestaciones laborales.

    En cuanto a los haitianos, si no tienen cédula o visa/permiso de trabajo, entonces no se les puede inscribir en la TSS, y en ese sentido el empleador está asumiendo un riesgo, porque según la jurisprudencia constante y prevaleciente (3ª SCJ, 17 Sep. 1997, caso: Marcelino Francois vs. Distribuidora Lagares, C. por A.) desde que se pacta un servicio, se recibe y paga por el mismo, ya se perfecciona el contrato de trabajo, y el empleador que lo contrató a sabiendas de que estaba ilegal, no puede luego invocar ese estatus migratorio para negarle los derechos laborales que según la ley se derivan de ese contrato.

    En cuanto a si pueden o no demandar sin documento de identidad, ya eso es más discutible, pues la Corte de Casación en unos casos ha dicho que sí pueden (2ª SCJ, 29 Abr. 1999, No. 85, B.J.1061, Vol. II, Pág. 664), pero en otros que no (3ª SCJ, 15 Feb. 2012, No. 655-2009-00269, caso Bienvenido Román vs. Bienvenido Beltré Encarnación y comparte).

    En cuanto a inscribirlo en el Seguro Social o IDSS, eso se está haciendo, utilizando el “Formulario C-37 Modificado”, y es una afiliación al margen del sistema regulado por la TSS. Para eso, lo ideal es apersonarse al IDSS para indagar las condiciones y la cobertura.

    Envíe sus preguntas carlos.hernandez@claro.net.do

    viernes, 23 de agosto de 2013

    El procurador general de la República dice tomarán medidas para enfrentar el cuatrerismo

    La República 23 Agosto 2013
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     PROCURADOR
    Domínguez Brito dice tomarán medidas para enfrentar el cuatrerismo
    SE REÚNE CON EL PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS Y LES PROMETE UNA PRÓXIMA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE OTRAS INSTITUCIONES
     
     
     
     
     
    Santo Domingo

    El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró que enfrentarán las acciones de cuatrerismo que afectan a ese sector, persiguiendo y sometiendo a la Justicia a las personas que incurran en ese tipo de práctica en perjuicio de los productores nacionales.

    Las declaraciones del máximo representante del Ministerio Público fueron emitidas al encabezar un encuentro con representantes del Patronado Nacional de Ganaderos, que preside René Columna, quienes le entregaron un documento en representación de los más de 58 mil productores que lo integran, donde solicitan la intervención de ese organismo ante los casos de cuatrerismo que se registran en diferentes puntos del país.

    Domínguez Brito garantizó a los ganaderos una próxima reunión con representantes de otras instituciones, tales como el Ejército Nacional, la Jefatura de la Policía, Salud Pública y las alcaldías, para de esta forma poder trabajar en coordinación con las diferentes jurisdicciones del país e implementar medidas que procuren mayores controles, así como identificar  a los responsables y procurar sanciones ejemplares contra a fin de respaldar a ese sector de la economía nacional y garantizar su desarrollo.

    “Seguiremos reforzando los mecanismos de investigación que nos permitan una persecución efectiva, emprendiendo  las acciones correspondientes contra todo aquel que resulte responsable en casos de cuatrerismo y de comercialización de carne obtenida de manera ilícita en los espacios de producción”, explicó.

    Los representantes del sector ganadero expusieron que en todas las regiones del país cientos de productores se ven afectados por las acciones de los delincuentes que se llevan o descuartizan las reses en las mismas fincas o en sus cercanías para llevarse algunas de sus partes y dejar el resto tirado al intemperie, afectando con ello la economía de miles de hombres y mujeres que tienen en la ganadería su único medio de subsistencia.

    “En el caso de los pequeños y medianos productores, que poseen entre 5 y 15 vacas, éstos robos abusivos y recurrentes suelen traducirse en pérdidas tan profundas que dejan a los ganaderos sin ningún tipo de ingreso, por tres, cuatro y hasta cinco años”, dijeron.

    Agregaron que “se trata de un drama de gran impacto socioeconómico, pues cada res tiene un precio que supera los 20 mil pesos y tarda cerca de tres años para alcanzar la etapa de producción. Estimamos que a diario el sector pierde aproximadamente 1 millón de pesos por esta práctica desastrosa”.  

    La reunión se llevó a cabo en la sede de la Procuraduría General de la República, ubicada en el Centro de los Héroes, y participaron, además, Erick Rivero, de la Asociación de Productores de Leche; Luis Carlos Fernández, de la Federación de Ganaderos del Cibao (FEGACIBAO); Juan Carlos Recio, de la Federación de Ganaderos del Sur, y José Julio Peña, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos San Rafael, de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, así como del abogado Cándido Simó. 

     

    Por: Listin Diario 

    Invitación al “II encuentro domínico-cubano de derecho del trabajo y la seguridad laboral.



    Distinguidos usuarios(as) del Poder Judicial:

    Les hacemos extensiva invitación de la Academia de Ciencias de la República Dominicana al “II encuentro domínico-cubano de derecho del trabajo y la seguridad laboral. La actividad será realizada en la Academia de Ciencias los días 29 y 30 de agosto de 2013. Con el auspicio del Poder Judicial y otras instituciones, y la  participación de destacados expositores.

    Ver afiche 

    Teléfono de contacto: Evelyn Díaz, 809 -533-3191, 2306

    Atentamente,


    Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
    Consejo del Poder Judicial
    República Dominicana
    Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
    Centro de los Héroes - Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.
    CP: 1485; Tel. 809.533.3191, exts. 2189 y 2193;  Fax. 809.532.3859Web: www.suprema.gov.do / www.poderjudicial.gov.do

    Paraguas negro por la Justicia

    22 Agosto 2013, 9:28 PM
    Paraguas negro por la  Justicia
    Escrito por: Carlos Salcedo (carlos30salcedo@hotmail.com)
     En su artículo 3 la Ley 194-04 establece que el presupuesto del Poder Judicial será´ de por lo menos un 4.10% del Fondo General. De este porcentaje el 2.665% le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y el 1.435% al Ministerio Público.

    El fundamento de tal disposición es que, por disposición constitucional, el sistema de justicia goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.

    Sin embargo, desde su entrada dicha ley ha sido incumplida. En los años 2011, 2012 y el cursante año 2013 el porcentaje del presupuesto asignado al Poder Judicial fue de apenas un 1,28%, 1,07% y 0.7, respectivamente.

    Las razones invocadas son diversas: las leyes que establecen un porcentaje para determinados sectores del Estado son inflexibles y los ingresos del Estado no alcanzan para cumplir dichas disposiciones. 

    Lo cierto es que este poder del Estado tradicionalmente fue considerado como un pastel político y empresarial al servicio de intereses alejados de la correcta administración de justicia.

    Los reclamos de una mayor asignación no son una necedad, sino solamente la petición de cumplimiento de la ley por parte de quienes formulan y aprueban el presupuesto.

    Si queremos una administración de justicia imparcial, como corolario de su independencia, integrada por jueces íntegros, capaces, eficientes  y dignamente pagados, hay que apostar los recursos necesarios para garantizarlo. 

    De lo contrario seguiremos perdiendo jueces, fiscales y otros empleados del sistema judicial en quienes hemos invertido tantos recursos, con el siguiente peligro de descreimiento en la justicia como valor y como derecho, sin el cual no habrá goce de otros derechos.

    Sin una justicia competente, imparcial e independiente se podría perder la posibilidad de la protección de los derechos fundamentales para mejorar la vida de las personas y el goce efectivo de varios bienes sociales. 

    Abramos el paraguas negro por la justicia para generar la conciencia necesaria para que el 4.10% del Presupuesto General del Estado, que le corresponde por ley al Poder Judicial, le sea asignado a partir del año 2014.

    Por: El Día 

    La cláusula constitucional del Estado garante

    22 Agosto 2013, 10:54 PM
    La cláusula constitucional del Estado garante

    La nómina de un Estado regulador no es la de un Estado interventor

    Escrito por: EDUARDO JORGE PRATS (e.jorge@jorgeprats.com)

     Uno de los grandes aportes de la reforma constitucional de 2010 a la consolidación de un nuevo tipo de Estado y de relaciones entre éste y los ciudadanos es la consagración de lo que se ha denominado la “cláusula constitucional del Estado regulador o Estado garante”. En efecto, la Constitución no solo establece que “el Estado podrá dictar medidas para regular la economía” (artículo 50.2), sino que dispone que el legislador podrá crear organismos estatales encargados de regular los servicios públicos y otras actividades económicas (artículo 147.3).

     ¿Cuál es el significado de este principio constitucional fundamental o estructural del Estado regulador o garante? Para decirlo en buen cristiano, bastaría con señalar que el Estado garante es el que, en lugar de suministrar directamente las prestaciones sociales, garantiza que éstas sean efectivamente recibidas por los ciudadanos, ya sea directamente del sector privado o por consorcios público-privados. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Veamos un ejemplo paradigmático a partir del modelo constitucional de servicios públicos.

     Si examinamos la Constitución, veremos que su artículo 147, después de definir los servicios públicos como aquellos “destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo”, establece que “el Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad, directamente o por delegación, mediante concesión, autorización, asociación en participación, transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual” (numeral 1). ¿Significa esto que el Estado se desentiende de los servicios públicos? No. Muy por el contrario, al estar obligado el Estado a garantizar el acceso a servicios públicos de calidad, éste debe velar porque estos servicios, ya sean prestados directamente por él o por los particulares, respondan siempre “a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria” (numeral 2).

     Como se puede observar, la Constitución de 2010 no se deja atrapar ni por el paradigma del Estado mínimo neoliberal, el Estado gendarme, que solo se ocupa de funciones básicas, tales como la seguridad ciudadana o la defensa del territorio nacional, ni tampoco por el paradigma del Estado interventor, que no solo presta directamente todas las prestaciones sociales sino que también se erige en un agente económico de primer orden. Por esta mixtura del modelo de Estado constitucional, el Estado puede actuar como empresario pero, como lo exige el principio constitucional de la subsidiariedad, esa actuación empresarial solo es jurídicamente válida allí donde el sector privado no es eficiente y, en todo caso, el Estado, en virtud del principio constitucional de la igualdad de tratamiento de las empresas, no puede dar un trato preferencial a sus empresas en detrimento de las privadas. Y, lo que no es menos importante, allí donde el Estado actúe válidamente como empresario, el regulador de ese sector no puede confundirse con el operador económico estatal: de ahí la importancia de las administraciones reguladoras independientes que establece nuestra Constitución.

     Todo esto tiene una serie de implicaciones. Si el Estado insiste en continuar con actividades empresariales en sectores económicos donde los particulares son eficientes y en realizar intervenciones en los mercados con instrumentos paleolíticos como el control de precios, distrae recursos humanos y materiales imprescindibles para acometer las tareas estatales de controlar, fiscalizar, supervisar, sancionar, resolver las controversias entre agentes económicos que la función constitucional de la regulación exige. En otras palabras, un Estado que persiste en ser interventor en una economía y una sociedad que exigen del Estado una actividad de regulación, se convierte en un Estado débil y que, además, incumple con su misión no tanto de prestar directamente los servicios públicos que la sociedad exige sino más bien de garantizar que éstos sean efectivamente prestados por los particulares solos o en asociación con el Estado en condiciones de igualdad, accesibilidad, universalidad y calidad, como quiere y manda la Constitución. Peor aún, un Estado empresario pierde recursos que pueden efectivamente ser usados para prestar directamente aquellos servicios que no pueden ser efectivamente prestados por los particulares.

     Como bien lo ha dicho el Ing. Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, en varias brillantes intervenciones ante los medios de comunicación, el reto es no tanto tener mayor o menor Estado sino construir un Estado eficiente, un Estado capaz de regular la economía y de garantizar los derechos de las personas. Un Estado que en lugar de construir carreteras y puentes propicia que el sector privado solo o en asociación con el Estado construya esas valiosas infraestructuras.

    Un Estado que, en vez de prestar directamente los servicios públicos, regula que estos servicios a cargo del sector privado sean prestados en las condiciones constitucionalmente exigidas, con respeto a los derechos de los usuarios y vigilando que los sectores carenciados accedan a un servicio universal. Por eso, la nómina de un Estado regulador no es la misma que la de un Estado interventor: tanto en número de empleados como en salario y formación. Y es que un Estado regulador necesita economistas, expertos en gestión pública, abogados, técnicos en las más diversas ramas, bien remunerados y capaces de evitar ser capturados por el sector privado y de supervisar adecuadamente los sectores económicos regulados.

    Por: El Periódico Hoy

    jueves, 22 de agosto de 2013

    El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, y monseñor Agripino Núñez Collado piden evitar más renuncias jueces

    21 Agosto 2013, 11:45 PM
    Ray Guevara y Núñez Collado piden evitar más renuncias jueces

    Advierten habrá más renuncia de jueces molestos por bajos salarios

    Escrito por: LLENNIS JIMÉNEZ (jimenez@hoy.com.do)

    El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara,  y monseñor Agripino Núñez Collado consideraron que se debe evitar que más jueces  abandonen el Poder Judicial  por percibir poco sueldo.

    El presidente del TC reveló que tiene informaciones de que se producirán más renuncias y lamentó la salida de jueces que han sido bien capacitados, al tiempo que planteó que se debe evitar que esto continúe. En tanto, Núñez Collado,  coordinador del Dialogó Nacional y rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), dijo que es una pena que los jueces abandonen sus cargos por el nivel de sus salarios y planteó que se le busque una solución al problema.

    Núñez Collado coincidió con el director de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo (Vincho), en que el Gobierno debe buscar una solución aumentando el presupuesto del Poder Judicial. Fiscales y defensores públicos.  En juicios externados de manera particular, fiscales dicen  no entender las renuncias de magistrados  por alegados bajos salarios, tras indicar que los jueces devengan sueldos un 30 y 40 por ciento por encima de los suyos.

    Vicepresidenta llama a "empantalonarse" a la justicia en contra de violadores

    NOTICIAS|22 AGO 2013, 12:00 AM|POR RONNY MATEO

    Vice llama a "empantalonarse" a la justicia en contra de violadores

    Gobierno y psiquiatras analizan violencia, suicidios y embarazos

      SANTO DOMINGO. La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández llamó ayer a la justicia dominicana a "empantalonarse" contra los violadores, así como con las sanciones correspondientes a los padres cuyas hijas menores salgan embarazadas.

      Calificó de incalculable el daño emocional, físico y moral, que genera a una familia el drama de que una niña salga embarazada, por lo que insinuó fortalecer el sistema de protección de la niñez.

      Diario Libre publicó ayer que las autoridades de Salud Pública se han planteado como meta reducir de 21% a 18% la tasa de embarazos en adolescentes.

      "Tenemos que trabajar desde el sector de la justicia, para que se sepa que las acciones tienen su sanción, su consecuencia y su castigo; y, además, tenemos que trabajar con la reinserción", puntualizó Cedeño de Fernández.

      La vicepresidenta habló en el Palacio Nacional antes de reunirse con representantes de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, para analizar los embarazos en la adolescencia, la violencia de género, los suicidios y otros problemas que afectan la sociedad.

      Calificó de indignante los embarazos en menores de edad, problema que entiende es fruto de la sociedad "en que estamos viviendo".

      Sobre los suicidios en el país, Cedeño de Fernández dijo sentirse preocupada por la situación, pero aseguró que el gobierno trabajará en programas para contribuir a que ese mal no se siga proliferando.

      Psiquiatría

      De su lado, el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Vicente Vargas, entrevistado antes de la reunión con la Vicepresidenta, señaló que, desde el 2003 a la fecha, el suicidio se ha incrementado en más de un 50%.

      "El suicidio está relacionado en un 85% con los trastornos psiquiátricos, específicamente, trastorno del ánimo como la depresión, maníaco-depresivo, bipolares, déficit de atención, violencia familiar y problemas económicos", manifestó.

      Jueces retirados exigen un aumento de sus pensiones

      JUSTICIA|22 AGO 2013, 12:00 AM|POR MARIELA MEJÍA

      Jueces retirados exigen un aumento de sus pensiones

      Se quejan de que los salarios que reciben no compensan los años servidos al país en el Poder Judicial

      SANTO DOMINGO. A las recientes renuncias de jueces del Poder Judicial motivadas por los bajos salarios, se suma la queja de magistrados retirados, quienes consideran sus pensiones insuficientes y poco motivadoras, al no aplicárseles las alzas que se han dispuesto para los servidores activos.

      A sus 79 años, Simón Omar Valenzuela, ex vicepresidente de la Corte de San Juan de la Maguana, señala a DL que ha vuelto a subir al estrado como abogado, ya que le resultan insuficientes para sus gastos los RD$55 mil que recibe por su jubilación en 2006.

      "Hubo una oferta cuando ingresamos, de que a medida que aumentaran a otros, también a nosotros nos iban a aumentar", dice el ex juez, quien afirma que esas alzas no han ocurrido.

      Rafael Vinicio Abreu, quien al momento de su pensión este 2013, se desempeñaba como presidente del Tribunal Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia Santo Domingo, se queja de que tuvo a su cargo el conocimiento de casos complejos, como el de un grupo de menores que asesinaba a taxistas, para recibir hoy una pensión de RD$47 mil, equivalente al 51% del sueldo de RD$92 mil que devengaba.

      "Uno viene a fajarse tanto, para que después le den una pensión tan pírrica, que no da para pagar las necesidades", lamenta el ex magistrado de 69 años.

      Entiende que lo justo sería que los pensionaran con el mismo salario activo, ya que, de seguir así, "van a renunciar muchos jueces más".

      Manuel Mejía, quien dimitió el año pasado de su puesto de juez de la Corte de Apelación de San Juan, por considerar insuficiente su salario de RD$110 mil, manifiesta que las pensiones también son desmotivadoras, porque "el problema está en que tan pronto pensionan o jubilan un juez, se le congela el salario".

      El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, afirmó el martes que espera que al sistema judicial le asignen más recursos en el presupuesto suplementario para aumentar los salarios de los jueces.

      Por: Diario Libre

      Renuncia jueces refleja debilidad del Poder Judicial

      Renuncia jueces refleja debilidad del Poder Judicial

       


      Redacción | ACTUALIZADO 21.08.2013 - 11:03 pm

       SANTO DOMINGO.-Las recientes renuncias de jueces del Poder Judicial deben causar preocupación a todos los sectores sociales, porque implican que al interior de ese Poder del Estado se están desarrollando procesos que pueden poner en peligro importantes reformas en curso afirmó la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS).
          Señala el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán,Vicepresidente Ejecutivo Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS),  que de acuerdo a los datos suministrados, los magistrados que están abandonando sus carreras en el Poder Judicial expresan su descontento con los niveles de compensación  que obtienen por la dedicación exclusiva a las tareas de impartir justicia, tener un comportamiento digno y libre de todo sospecha, el manejo pulcro de sus relaciones y ser ejemplo en su vida privada. 
          “Al perder a estos magistrados, el Poder Judicial se enajena de la experiencia de hombres y mujeres que han acumulado grandes experiencias, incluso a nivel internacional, y que fueron sometidos por más de diez años a intensivos entrenamientos y programas de capacitación de muy alto nivel, que se ha visto reflejado en la calidad de sus sentencias y decisiones”. 
          La Fundación Institucionalidad y Justicia estima que esta situación debe producir importantes reacciones al interior de las estructuras del Poder Judicial para remediar en lo inmediato el hecho de que esa institución no recibe los recursos necesarios para atender al mejoramiento de los niveles salariales, planes compensatorios y el apoyo económico y los recursos necesarios que les daría a esos magistrados la tranquilidad para dedicarse de manera continua a su misión de impartir justicia.
          Finjus agrega que se ha señalado, para poner solo un ejemplo, que los salarios de los jueces estuvieron congelados en los últimos siete años, y que solo a finales del año pasado se produjo un ligero incremento que no llenó las expectativas de los magistrados. 
          A pesar de las nuevas atribuciones asignadas al  Poder Judicial en la Constitución del 2010, el 2012 fue el año con menor partida presupuestaria a este Poder. En ese año, su presupuesto destinó fondos que cubrían 45 por ciento menos de lo solicitado al Gobierno Central. 
      El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán,Vicepresidente Ejecutivo Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), sostiene que pese a que hubo un incremento en el monto asignado en e 2013, el porcentaje asignado al Poder Judicial y el Ministerio Público se encuentra muy distante de cumplir con el 4.10% del PIB que le a ambas instituciones. En FINJUS entendemos que las instituciones del Sistema de Justicia ejercen un papel de garantía del Estado de Derecho .
      Advierte que el país no logrará sus metas de eficientizar la administración de justicia y combatir la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción si continuamos aprobando un presupuesto cuyo monto que no se ajuste a las necesidades que estas tareas reclaman. Si esto no se encara con la energía y voluntad que las circunstancias demandan, se estaría enviando al país la señal de que la reforma de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho no son una prioridad del Estado Dominicano, poniendo en juego el fortalecimiento del Poder Judicial y las demás instituciones implicadas. 
       “La FINJUS se hace eco de la preocupación del sistema de justicia,  que ha tenido que enfrentar a nuevos retos y atribuciones con un presupuesto recortado y estancado desde hace más de 6 años. Un Ministerio Público batallando por seguir en sus caminos de institucionalización, un Consejo Superior Judicial con empleados que apenas sobreviven no se corresponden con  las promesas de seguridad ciudadana y justicia eficiente”.
      Por: La Información 

      martes, 20 de agosto de 2013

      Proyecto busca eliminar lagunas ley de alquileres

      19 Agosto 2013, 10:16 PM
      Proyecto busca eliminar lagunas ley de alquileres

      Senador advierte perjudica seguridad jurídica

      Escrito por: PEDRO GERMOSÉN (p.germosen@hoy.com.do)

      La legislación  sobre alquiler de viviendas, locales y solares se encuentra dispersa en el Código Civil y contiene lagunas y contradicciones que generan un clima de inseguridad jurídica que perjudica el derecho de propiedad y el desarrollo de espacios para alquiler. El planteamiento fue hecho ayer por el senador Rafael Calderón al someter un proyecto de ley encaminado a corregir los defectos citados con miras a modernizar la legislación sobre la materia.

      Tras significar que existe un alto y creciente déficit de viviendas, particularmente en las ciudades más pobladas, el representante de Azua dijo que para superar esa situación es necesario estimular una política que garantice la seguridad jurídica y promueva la inversión pública y privada en construcción de viviendas. De esta manera, expresó, se incrementará la oferta habitacional, impactando positivamente en el nivel de calidad de vida de toda la ciudadanía.

      Calderón señaló que el régimen jurídico del país, combinado con una interpretación inadecuada de las disposiciones vigentes, ha provocado numerosas distorsiones y desequilibrios que han conllevado un ejercicio muy  limitado de los derechos intrínsecos a la propiedad consagrados en la Constitución.

      Por: El Periódico Hoy

      Finjus ve preocupante los bajos salarios en el Poder Judicial

      JUSTICIA|20 AGO 2013, 6:40 PM|POR DIARIO LIBRE

      Finjus ve preocupante los bajos salarios en el Poder Judicial

      Sostuvo que panorama que pinta el PJ, a excepción de altos jueces, no incentiva a todo ese aparato
      SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia reaccionó preocupada por la situación que enfrenta la justicia dominicana con un presupuesto que, dice, está estancado desde hace seis años y sus empleados que apenas sobreviven con bajos salarios.

      Sostuvo que el panorama que pinta el Poder Judicial, a excepción de los altos jueces, no incentiva a todo ese aparato, incluido el Ministerio Público y el Consejo Superior Judicial, a trabajar por una justicia eficiente y que se corresponda con las promesas de seguridad ciudadana.

      "El país no logrará sus metas de eficientizar la administración de justicia y combatir la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción si continuamos aprobando un presupuesto cuyo monto que no se ajuste a las necesidades que estas tareas reclaman. Si esto no se encara con la energía y voluntad que las circunstancias demandan, se estaría enviando al país la señal de que la reforma de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho no son una prioridad del Estado Dominicano, poniendo en juego el fortalecimiento del Poder Judicial y las demás instituciones implicadas", indica la Fijuns en un documento enviado a la prensa. 

      Esa institución llama la atención sobre la situación integral del sistema de justicia y cita que los sueldos del Poder Judicial han estado congelados desde el 2008, a pesar de la inflación de la economía dominicana y dando la espalda que el 45% de los servidores judiciales percibe un salario bruto por debajo de RD$10,000 mensuales y que otro 23% recibe menos del RD$15,000 mensuales. 

      Dice que esos datos indican que, de acuerdo a los datos del Banco Central, el 77% de los servidores judiciales gana menos del costo promedio de la canasta familiar que se sitúa en más de 23 mil pesos dominicanos.

      Finjus se refiere al tema ante las recientes informaciones sobre las renuncias de jueces del Poder Judicial, lo que a su entender, debe causar preocupación a todos los sectores sociales, porque implican que al interior de ese poder del Estado se están desarrollando procesos que pueden poner en peligro importantes reformas en curso. 

      Recuerda que, de acuerdo a los datos suministrados, los jueces abandonan sus carreras en el Poder Judicial descontentos con los niveles de compensación que obtienen por la dedicación exclusiva a las tareas de impartir justicia, tener un comportamiento digno y libre de todo sospecha, el manejo pulcro de sus relaciones y ser ejemplo en su vida privada. 

      "Al perder a estos magistrados, el Poder Judicial se enajena de la experiencia de hombres y mujeres que han acumulado grandes experiencias, incluso a nivel internacional, y que fueron sometidos por más de diez años a intensivos entrenamientos y programas de capacitación de muy alto nivel, que se ha visto reflejado en la calidad de sus sentencias y decisiones", indica en el documento suministrado a los medios. 

      Para la Fundación Institucionalidad y Justicia esta situación debe producir importantes reacciones al interior de las estructuras del Poder Judicial para remediar en lo inmediato el hecho de que esa institución no recibe los recursos necesarios para atender al mejoramiento de los niveles salariales, planes compensatorios y el apoyo económico y los recursos necesarios que les daría a esos magistrados la tranquilidad para dedicarse de manera continua a su misión de impartir justicia. 

      Agrega que se ha señalado que los salarios de los jueces estuvieron congelados en los últimos siete años y que solo a finales del año pasado se produjo un ligero incremento que no llenó las expectativas de los magistrados. 

      Dice, finalmente, que a pesar de las nuevas atribuciones asignadas al Poder Judicial en la Constitución del 2010, el 2012 fue el año con menor partida presupuestaria a este Poder. "En ese año, su presupuesto destinó fondos que cubrían 45 por ciento menos de lo solicitado al Gobierno Central. Pese a que hubo un incremento en el monto asignado en el 2013, el porcentaje asignado al Poder Judicial y el Ministerio Público se encuentra muy distante de cumplir con el 4.10% del PIB que demandan ambas instituciones".

      + Consultas en Materia Laboral (los usos y costumbres en un contrato laboral)

      19 Agosto 2013, 11:12 PM
      CONSULTORIO LABORAL   
      Escrito por: Dr. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS (Especialista en Derecho Laboral)

       En un cambio de administración en nuestro condominio, hemos encontrado que los conserjes tienen una serie de prerrogativas que les impide realizar sus labores a plenitud. Por ejemplo, mientras sí cuidan la extensa jardinería del interior del edificio, sin pago adicional, dicen que hay que pagarles si hacen trabajos menores de jardinería en el exterior (por ejemplo podar las matas, plantar matas pequeñas) porque así los acostumbró el administrador anterior, a un alto costo para el edificio. Por antigüedad en el servicio, el conserje principal gana más del doble del promedio de los demás conserjes y pasa mucho tiempo ocioso. Quisiéramos saber si podemos pedirle que en su horario de trabajo pueda hacer pequeñas labores de jardinería y mantenimiento en el exterior, sin pago adicional. Con la nueva administración se le han quitado algunas labores, por ejemplo ir al banco a hacer los depósitos y recibir los cobros. ¿Diría usted que debiéramos ir al Ministerio de Trabajo para conciliar las funciones de los conserjes?

      Mire, en cuanto a los trabajos menores en el exterior, usted mismo ha dicho que el administrador anterior “los acostumbró” a pagarle un extra por tales trabajos, y es de principio, y de ley también (Art. 36 del CT), que los usos y costumbres en un contrato, son parte del mismo. Por tanto, será difícil y riesgoso exigirle hacer esa labor exterior sin pagarle lo que antes siempre se le pagaba.

      Me parece que lo más conveniente es tratar de que el conserje principal asuma esa tarea en el exterior. Legalmente “el empleador está facultado para introducir los cambios que sean necesarios en las modalidades de la prestación, siempre que esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren las condiciones esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador” (Art. 41 del CT). En teoría, se podría establecer esa nueva condición al conserje principal, pues no parece “irrazonable”, tomando en consideración que él gana “más del doble del promedio de los demás conserjes”, que “pasa mucho tiempo ocioso” y que además “se le ha quitado algunas labores”. Pero ojo!: ¿Ese conserje principal hace labores de jardinería? Pues si no es el caso, él podría alegar que lo han puesto a ejecutar labores distintas (que es diferente a una labor extra); y en tal caso se estaría violando el Art. 97.8 del CT.

      Envíe sus preguntas carlos.hernandez@claro.net.do

      Por: El Periódico Hoy

      lunes, 19 de agosto de 2013

      Renuncia juez de la Corte del Distrito

      NOTICIAS|19 AGO 2013, 12:00 AM|POR DIARIO LIBRE

      Renuncia juez de la Corte del Distrito

      Planteó la necesidad de encontrar mejores perspectivas para su familia

      SD. El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presentó su renuncia ante el Consejo del Poder Judicial, el pasado jueves 15 de agosto, con efectividad al día 30 del este mes.

      En su carta de renuncia, Bonnelly explicó que, aunque ama profundamente el ejercicio de juez, en el cual ha servido durante 15 años, ha tomado la difícil decisión de abandonarlo, motivado, principalmente, por la necesidad de encontrar mejores perspectivas para el desarrollo de su familia. Anunció, además, que al concluir el plazo fijado para la renuncia, pasará al ejercicio liberal de la profesión de abogado.

      Bonnelly envió un mensaje a todos los jueces y demás compañeros de labores para que continúen su misión de administrar una justicia que permita consolidar la paz social y el desarrollo de la democracia.

      La renuncia del Juez Bonnelly es la última de 4 casos de jueces que han abandonado voluntariamente el ejercicio judicial por razones similares. Tales son los casos de los ex jueces Juan Manuel Guerrero y Erick Hernández, de la Corte de Trabajo del Distrito, y Frinette Padilla, del Tribunal Contencioso Administrativo.

      viernes, 16 de agosto de 2013

      + Consultas en Materia Laboral (Almuerzo,Fallecimiento, Embarazo) + Consultas en Materia Laboral (Varias) + Consultas en Materia Laboral (Varias)

      5 Agosto 2013, 11:29 PM

      CONSULTORIO LABORAL

      Escrito por: CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS (Especialista en derecho laboral)

      1. En relación con el descanso de almuerzo, donde laboro la naturaleza del trabajo es continua, y debo almorzar en la empresa y me tomo una hora. Si entro a las 8:00am ¿mi hora de salida debería ser a las 4:00 pm, cuando cumplo 8 horas, o a las 5:00 pm? Mi jefe dice que la hora de almuerzo no cuenta en las 8 horas de mi jornada.

       Si en esa hora de descanso/almuerzo usted está plenamente libre de ejecutar sus labores y no está sujeto a ninguna orden o instrucción relativa a su trabajo, tal como no tener que coger el teléfono si es una secretaria, no tener que chequear la maquinaria a su cargo si es un maquinista, etc., entonces esa hora no debe computarse dentro de la jornada de trabajo. Poco importa que usted esté dentro de la empresa, o en un área habilitada como comedor de la empresa, o en las proximidades de la empresa; lo que importa es que usted esté auténticamente libre durante esa hora de descanso intermedio.

      2. Un empleado falleció y la empresa aprobó pagar prestaciones laborales como si fuera un desahucio. ¿Qué riesgo esto nos puede traer a nivel legal?

      En principio, eso no tiene ningún riesgo pues las prestaciones laborales son mayores que la asistencia económica. Sin embargo, por precaución: (1) no ofrezca por escrito las prestaciones laborales, pues han habido casos de abogados y familiares del fallecido que viendo que se ha ofrecido prestaciones, alegan que hubo un desahucio, y pretenden la penalidad de un día de salario por día de retardo en el pago, prevista en Art. 86 del CT; y (2) antes de pagar u ofrecer cualquier pago, asegúrese qué familiares tiene derecho a recibir. Léase el Art. 82 del CT, pues no se aplica la línea sucesoral del derecho común, sino una excepción a esa regla.

      3. Si Contratamos por cierto tiempo una empleada para cubrir vacaciones de otra, y otra más para reemplazar a una licencia por maternidad. Al vencerse las labores, si están embarazadas, ¿existe impedimento para su separación sin responsabilidad de la empresa?

      Lo mejor es no arriesgarse, pues hay un principio que dice: “Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador”. Y como la ley no dice nada al respecto, hay que presumir que dichas empleadas ocasionales gozan de la protección legal de maternidad.

      Envíe sus preguntas carlos.hernandez@claro.net.do

      Por: El Periódico Hoy

      jueves, 15 de agosto de 2013

      El DR-CAFTA y la reforma laboral

      6 Agosto 2013, 5:45 PM
      El DR-CAFTA y la reforma laboral
      Escrito por: Dr. Erick J. Hernández-Machado Santana
      La Constitución dominicana expresa en su artículo 26, sobre las Relaciones internacionales y derecho internacional, que la Repu´blica Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperacio´n y apegado a las normas del derecho internacional, que reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes pu´blicos las hayan adoptado; además, que las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regira´n en el a´mbito interno, una vez publicados de manera oficial.

      Expresa en contemporáneo doctrinario alemán Matthías Herdengen, que el objeto del derecho internacional económico, son los fundamentos legales para la actividad económica transfronteriza, que en un sentido amplio comprende también la conducta de los sujetos económicos, reflejados en una creciente profundización de los marcos legales, en el plano bilateral, regional o global.

      El Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, denominado por sus siglas en inglés, DR-CAFTA, en el Capítulo 16 relativo al Derecho Laboral interno, los Estados reafirmaron sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998) (Declaración de la OIT). Cada Parte procurará asegurar que tales principios laborales y los derechos laborales internacionalmente, sean reconocidos y protegidos por su legislación.

      También, en un acto de manifestación de soberanía se reconoció “el derecho de cada Parte de establecer sus propias normas laborales”, pero bajo las reservas, que al “adoptar o modificar su legislación laboral, cada Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan normas laborales consistentes con los derechos laborales internacionalmente reconocidos y procurará mejorar dichas normas en tal sentido, pero con la particular obligación de que los Estados no “dejarán de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.”

      Más adelante, en el mismo Capítulo 16, se indica de manera expresa, que será “inapropiado promover el comercio o la inversio´n mediante el debilitamiento o reduccio´n de la protección contemplada en su legislacio´n laboral interna. En consecuencia, cada Parte procurara´ asegurar que no dejara´ sin efecto o derogara´, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislacio´n de una manera que debilite o reduzca su adhesio´n a los derechos laborales internacionalmente, como una forma de incentivar el comercio con otra Parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisicio´n, expansio´n o retencio´n de una inversio´n en su territorio”.

      Como podrá observarse de la simple lectura del contenido del Tratado de Libre Comercio, la legislación interna, al momento de la entrada en vigencia del DR-CAFTA, no puede ser modificada a los fines de ser “debilitada o reducida la protección” como una modalidad para atraer capitales de inversión, situación bastante difusa y que coarta las atribuciones para lograr una reforma laboral interna para reducir costos de producción y hacer más eficiente la empresa, no sólo por el desmonte de las partidas económicas de las prestaciones y derechos laborales, sino también a las protecciones particulares y garantías judiciales.

      Sin dudas, la complejidad de la reforma laboral no sólo son temas característicos de su materia, sino que, como hemos visto, debe pasar el tamiz de las protecciones creadas a ciertos sujetos de derecho de trabajo; de las garantías judiciales al crédito laboral; de la dimensión constitucional de la modificación y finalmente, que no se constituya, la conducta de los sujetos económicos, en un desconocimiento a las condiciones de competencia en el mercado creado por el DR-CAFTA.

      Publicado por EL DIA