miércoles, 31 de julio de 2013

+ Consultas en Materia Laboral (vigente la afiliación de la seguridad social durante accidente laboral)

29 Julio 2013, 11:45 PM

CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS (Especialista en derecho laboral)

1. En su artículo del día 23 de abril 2013, de este Consultorio Laboral, refiriéndose a un empleado accidentado, usted dijo que el contrato de trabajo se mantiene vigente, pero suspendido y que “durante ese tiempo, es recomendable que mantenga vigente la afiliación del empleado en cuestión en la seguridad social.” ¿Cómo se hace eso?

De acuerdo con el Párrafo II del Art. 22 del Reglamento del subsidio de enfermedad común “el empleador deberá mantener al trabajador en la planilla de la TSS bajo el Estatus de Incapacidad Temporal por Enfermedad Común”. Este reglamento se encuentra íntegramente en el portal del Consejo Nacional de Seguridad Social, http://www.cnss.gob.do/app/

do/doc_reg.aspx, y un boletín informativo se encuentra en el portal de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, http://www.sisalril.gob.do/pdf/boletines/boletin_sisalril_19.pdf. Le recomiendo accesar a ambas fuentes, accesibles gratuitamente por Internet.

2. Laboré en una empresa de origen puertorriqueña, que me despidió sin prestaciones; puse una demanda y en Primera Instancia la empresa salió gananciosa; luego en apelación la sentencia fue revocada y resulté ganando yo; y la empresa recurrió en casación y la SCJ  lo rechazó ordenando pagar mis prestaciones. Cuando pensaba que ya iba a solucionar este problema, la empresa recurre en revisión en el Tribunal Constitucional. Resulta que la empresa ha cerrado sus operaciones. ¿Qué pasa con mi caso? ¿Pierdo mis prestaciones?  ¿Siendo la empresa de origen extranjero aunque cierre sus operaciones en RD puedo reclamar mi pago? Cuando la empresa depositó recurrió en casación, la SCJ le ordenó depositar una garantía económica, ¿puedo contar con ese dinero si el TC rechaza la revisión?

Usted debe iniciar un procedimiento de ejecución de la sentencia dictada a su favor en manos de la persona responsable (usualmente una compañía de seguros o un banco) de la garantía económica aperturada a su favor. Esa sentencia tiene ya la autoridad de la cosa juzgada, y no es necesario que espere el resultado de la revisión constitucional, salvo que el TC haya ordenado la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia.

La ejecución se hace bajo un procedimiento llamado “sumario”, ante un tribunal laboral.

Por: EL Periódico Hoy

Presidente hace llamado sin precedente: ¡Reclamar justicia!

30 Julio 2013, 9:18 PM
Presidente hace llamado sin precedente: ¡Reclamar justicia!

El presidente redunda en señales de cautela al orden institucional

Escrito por: RAFAEL ACEVEDO

Probablemente no hay precedente de que un Presidente dominicano haya exhortado a su pueblo para que, por sí mismo, demande justicia de las autoridades. Lo más parecido fue un pronunciamiento de Bosch desde la oposición, cuando levantó la consigna de presionar a Balaguer para que obedeciera sus propias leyes. Ha sido la costumbre que el Ejecutivo busque los mecanismos para lograr de los funcionarios judiciales el tipo de justicia que el Presidente entiende conveniente para su gobierno. El Presidente Medina, nueva vez, hace declaración pública en ese sentido. Y el pueblo, en todas sus instancias participativas debe entender la naturaleza y la importancia del llamado de su mandatario.

Cabe conjeturar una comunicación defectuosa, poco fluida o  efectiva entre el Presidente y el Poder Judicial. La percepción generalizada es que la justicia está controlada por instancias de poder que no representan a la ciudadanía, cuyos objetivos no necesariamente son afines con los demás poderes institucionalmente establecidos; tampoco con la autoridad y el poder formal e informal de que dispone el Ejecutivo. Y ni siquiera con la facción partidaria del Presidente; ni mucho menos con las organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de un pronunciamiento que es denuncia a la vez. El llamado, en principio, se refiere tan solo a los reos de la justicia, que escapan de las cárceles o de los procedimientos de encarcelamiento. Pero, por extensión, se refiere a aquellos que se sabe o se presume con verosimilitud, que son personas, empresas o grupos que deben ser sometidos y juzgados con imparcialidad. Lo cual es, en definitiva, la causa más profunda y eficaz de que no haya justicia ni contra grandes ni pequeños delincuentes, sean estos contra las propiedades y las personas privadas, ya lo  sean contra las propiedades y los bienes públicos.

El Presidente nos estaría diciendo que tiene poco qué hacer contra una justicia corrompida arriba y abajo (con honrosas islas de integridad y probidad). Jamás debe entenderse que las declaraciones del Presidente sean subversivas, puesto que el mandatario Medina redunda en señales de cautela y de respeto al orden institucional. Pero, para el que no se hace desentendido, son demasiado obvios y abundantes los hechos y las evidencias, las percepciones y las denuncias.

Este llamado del Presidente es además, y sobre todo, una oportunidad para este pueblo entender y actuar con responsabilidad. Sobre la base de que no puede haber justicia en una sociedad en que los que más la necesitan no la exigen ni procuran. Para que haya justicia, el ciudadano, individual o colectivamente, tiene que actuar como parte integral -¡que es!- del sistema judicial: como actor demandante y beneficiario, y como hacedor, en última instancia, de la ley. Nadie se haga el bobo, ni mucho menos se quiera poner de lado la importancia de estas responsables declaraciones  del Presidente. Hechas, por demás, con su habitual respeto a la separación de los poderes del Estado. ¡Atención al desorden y al secuestro  institucional!  En esto, no dejemos solo al Presidente.

Por: El Periódico Hoy

lunes, 29 de julio de 2013

Reforma laboral y Constitución

25 Julio 2013, 9:52 PM
Reforma laboral y Constitución

Sector busca una “flexibilización” de las normas laborales

Escrito por: EDUARDO JORGE PRATS

El empresariado nacional, acosado por los costos de la energía eléctrica, las cargas fiscales y parafiscales, la tramitología gubernamental, la inseguridad jurídica y la corrupción estructural, ha emprendido una cruzada por la reforma del Código de Trabajo, con el objetivo de lograr una “flexibilización” de las normas laborales, que aminore los costos que asumen las empresas en la contratación y terminación de las relaciones de trabajo y que, en consecuencia, nos vuelva más competitivos con relación al resto de  las naciones de la región del Caribe y Centroamérica.

A este respecto, compartimos el criterio de uno de los autores del Código de Trabajo vigente, Dr. Rafael Alburquerque, eminencia de nuestro Derecho Laboral, quien considera que el problema de nuestro país no consiste en lograr competitividad en base a la disminución de las garantías de los trabajadores sino en poder crecer mediante actividades productivas generadoras de empleos formales. Activar el empleo y no la precariedad debe ser el objetivo de las políticas públicas de un Estado que se proclama Social y Democrático de Derecho en el artículo 7 de nuestra Constitución.

En este sentido, hay obstáculos jurídicos insalvables en una reforma laboral que consista en la disminución de las garantías laborales. Como ya han señalado algunos juristas como Ricardo Rojas León (“Estado Social y reforma laboral”, El Caribe, 23 de julio de 2013), tal reforma chocaría con el principio constitucional de progresividad y la cláusula de no retroceso social, los cuales, como bien ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia TC-093/12, impiden “a las instituciones del Estado desmejorar las condiciones originalmente preestablecidas salvo razones rigurosamente justificadas”. Para nuestros jueces constitucionales especializados, citando las palabras de la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-1318/05, “la denominada cláusula de no retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales en medidas de carácter legislativo o reglamentario, las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes. En ciertos casos el mandato de progresividad y la prohibición de medidas regresivas puede estar en estrecha conexión con el principio de confianza legítima, pues en última instancia ambos presentan un elemento común cual es el respeto por parte de las autoridades estatales del marco jurídico o fáctico previamente creado para la satisfacción de derechos prestacionales. También desde la perspectiva del principio de confianza legítima es reprochable el cambio intempestivo de las condiciones previamente definidas por la Administración para la satisfacción de derechos prestacionales, y a ésta en todo caso le corresponde la carga argumentativa de justificar el cambio intempestivo de las reglas de juego inicialmente acordadas”.

 Lo anterior no significa que no sea viable una reforma laboral, pactada por el empresariado y los trabajadores, tendente a modificar la jornada de trabajo en base a un tope de horas anual que permita planificar el trabajo en base a los ciclos de la producción; hacer efectiva la conciliación; sancionar el litigio temerario y abusivo en materia laboral para acabar con las mafias y el terrorismo laborales; promover los planes voluntarios de igualdad y no discriminación en las empresas mediante un sistema adecuado de incentivos fiscales; y proteger los derechos fundamentales del trabajador en tanto persona (dignidad, honor, intimidad, no discriminación, etc.). Una reforma laboral en esos términos debe ser sopesada, emprendida y apoyada por todos, ya que nos permite no solo ser más competitivos sin poner en juego los derechos y garantías de los trabajadores sino, lo que no es menos importante, promover empleos de calidad.

 Hay que estar claros en algo: no podremos desarrollarnos como economía y como nación si no hacemos de nuestro país, como ya lo quiso Pedro Francisco Bonó, una verdadera “República del trabajo”, en donde: (i) ninguna persona forme parte de una población residual, excedente y prescindible;  (ii) no se deprima constantemente el nivel de los salarios fomentando el trabajo de inmigrantes ilegales y permitiendo que las empresas contraten impunemente mano de obra ilegal; (iii) las empresas puedan acceder efectivamente a un crédito en base a tasas razonables; (iv) los fondos de la seguridad social puedan ser invertidos en las empresas dominicanas más rentables y productivas, para que todos podamos ser accionistas, en un sistema de capitalismo popular, de esta gran empresa que es República Dominicana; (v) el sistema tributario promueva la inversión, el ahorro, la productividad y las exportaciones y no descanse exclusivamente en los asalariados y en las empresas transparentes; y (vi) se reprivatice y reforme estructuralmente el sector eléctrico, para fomentar en la población la cultura de pago de la energía, las energías verdes y alternativas y la generación eficiente y a costos razonables y no distorsionados. Activar las empresas es activar el empleo.

Por: El Periódico Hoy

Realizarán olimpíadas sobre la Constitución Dominicana Infantil

NOTICIAS|29 JUL 2013, 7:43 PM|POR DIARIO LIBRE

Realizarán olimpíadas sobre la Constitución Dominicana Infantil

El anuncio lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez
MAO, Valverde.- El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, anunció en esta ciudad las olimpíadas sobre la Constitución Dominicana Infantil que dará la oportunidad a los estudiantes de escuelas y colegios de todo el país debatir temas relacionados a los contenidos de esta versión de la Carta Magna.

El anuncio lo hizo el presidente Martínez, tras encabezar una actividad sobre el Primer Concurso de Lectura de Valverde, organizado por la diputada de esta provincia, Ángela Pozo, en ocasión del Día Nacional de la Lectura, iniciativa de la misma legisladora.

Abel Martínez resaltó que en la Cámara de Diputados promueven el cambio de protestas por propuestas. De esta manera se refirió al buen trabajo de los diputados de esta provincia Jhoanny Guzmán, Ángela Pozo y José Francisco López Chávez.

"Con este tipo de evento, estamos contribuyendo con el país. Estamos promoviendo permanentemente el conocimiento de derechos y deberes", dijo el líder congresional.

La anfitriona, Ángela Pozo, dijo que esta actividad cumple con la Ley 250-12, de su autoría, la cual busca recordar para siempre la hazaña de cinco jóvenes de su provincia que establecieron un record mundial de lectura al leer más de 365 horas continuas.

Los ganadores del Concurso de Lectura de la Provincia Valverde fueron: Jordani Lorenzo, primer lugar, quien obtuvo una computadora y diez mil pesos en efectivo; Victoria Gómez, segundo lugar, una computadora. Y Anni Mabel Ulloa, tercer lugar. Esta última recibió una cámara digital.
 
Por: Diario Libre

Finjus valora "muy positiva" labor del Tribunal Constitucional en su primer año

JUSTICIA|29 JUL 2013, 7:17 PM|POR DIARIO LIBRE

Finjus valora "muy positiva" labor del Tribunal Constitucional en su primer año

Dice ha analizado las 174 sentencias emitidas por la alta corte, de la cual pondera su consolidación


    SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valora como "muy positiva" la labor realizada por el Tribunal Constitucional, que en menos de un año ha emitido 174 sentencias y las cuales fueron analizadas por el Observatorio de la Jurisdicción Constitucional, conformado por esa fundación.


    Fijus dice que pondera la consolidación de esa alta corte por ser uno de los activos más importantes para el desarrollo de la democracia y el Estado de derecho en el país.

    Informó que ha venido dando seguimiento a las decisiones del TC, a través de la conformación de un Observatorio de la Jurisdicción Constitucional, con el objetivo de acercar la Justicia Constitucional a la sociedad. 

    El "Observatorio recopila y sistematiza la información obtenida del análisis de las sentencias de ese Tribunal, procesándola y produciendo  materiales de divulgación, para que sus conclusiones ayuden a determinar a la comunidad jurídica y la sociedad, la eficiencia, calidad y pertinencia de sus decisiones", dice la Finjus en una comunicación enviada a los medios.


    En los párrafos siguientes, la comunicación íntegra de la Finjus

    FINJUS valora como muy positiva la labor realizada por esta Alta Corte y pondera que la consolidación del Tribunal Constitucional es uno de los activos más importantes para el desarrollo de la democracia y el Estado de derecho en el país. 

    A través de la conformación de un Observatorio de la Jurisdicción Constitucional, FINJUS ha venido dando seguimiento a sus decisiones, con el objetivo de acercar la Justicia Constitucional a la sociedad. El Observatorio recopila y sistematiza la información obtenida del análisis de las sentencias de ese Tribunal, procesándola y produciendo materiales de divulgación, para que sus conclusiones ayuden a determinar a la comunidad jurídica y la sociedad, la eficiencia, calidad y pertinencia de sus decisiones. 

    En el período comprendido entre el 6 de febrero del 2012, cuando se emitió la primera sentencia hasta el 30 de abril del 2013, el Tribunal Constitucional había emitido 174 sentencias. El Observatorio analizó ese conjunto de decisiones tomando en cuenta el tipo de recursos recibidos, las inadmisibilidades y sus razones, así como los precedentes confirmados, revocados o aclarados que en seguimiento a la Constitución y el ordenamiento normativo dominicano se han establecido en ese periodo de funcionamiento del Tribunal Constitucional. 

    Dentro de los hallazgos más relevantes obtenidos se pueden identificar que de los recursos y sentencias analizadas, 76 corresponden a control directo de constitucionalidad, 37 a revisión de sentencias de amparo, 28 a revisión de decisiones jurisdiccionales, 13 a suspensión de ejecución de sentencias, 13 al control preventivo de tratados internacionales, 6 a amparos y una sobre conflicto de competencias para un total de 174 sentencias analizadas.

    De igual manera se puede destacar que de los mismos recursos, 58 han sido declarados inadmisibles para un total de 33.3 % de los fallos hasta el 30 de abril del 2013, lo que indica la alta relevancia que significa la difusión y capacitación a la ciudadanía sobre la Jurisdicción Constitucional. 

    De las mismas hemos podido identificar sentencias y precedentes confirmados, revocados o aclarados que a nuestro entender cuentan con gran valor en el desarrollo y delineamiento de las funciones, potestades y acceso ciudadano a la justicia constitucional. 

    Entre los precedentes más emblemáticos podemos resaltar las de la decisión TC/006/12, que establece el reconocimiento de la competencia del Tribunal Constitucional para conocer la revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Electoral en seguimiento al artículo 185 constitucional y los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

    Por otro lado en su sentencia TC/0010/12 refiere que las facultades discrecionales de la administración pública no pueden ser ejercidas de manera arbitraria, es decir que ante la existencia de una facultad discrecional, su ejecución por parte de la administración debe ser motivada apegándose al ordenamiento nacional. Esta decisión hace referencia también a que los acuerdos de conciliación no ponen fin a los procesos penales de forma automática, por lo que mientras se mantengan pendientes obligaciones establecidas en un determinado acuerdo de conciliación, el mismo no ha terminado ya que puede ser reabierto en cualquier momento. 

    Otra decisión trascendental del tribunal fue la TC/0011/12, donde identifica el límite que impone el derecho al honor y a la intimidad al ejercicio desproporcionado del derecho a la información. De igual manera la decisión TC/0012/12 confirma que los plazos para presentar los amparos corren a partir de decisiones definitivas y no a partir de la violación por vía administrativa. 

    En el caso de la decisión TC/0018/12 el Tribunal Constitucional hizo uso de su capacidad de legislador positivo al exhortar la aplicación de un protocolo de entrada y salida de los defensores públicos y abogados en los palacios de justicia y establecimientos policiales permitiendo así el derecho a asistencia jurídica inmediata. 

    Otro fallo destacado del Tribunal Constitucional es el TC/030/12, que enfatiza que la naturaleza sumaria del amparo hace que no sea idóneo para casos de alta complejidad y que el mismo no puede ser utilizado para sustituir las vías ordinarias de derecho. El mismo Tribunal afirma en su fallo TC/0042/12 que en los casos que colide con el derecho a la información pública, el derecho a la intimidad se puede ver limitado por el interés común por ser en algunos casos un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la Administración Pública.

    Por su parte la decisión TC/0051/12 establece que la acción directa en insconstitucionalidad no puede atacar actos administrativos que carezcan de alcance general, mientras que el fallo TC/0073/12 sostiene que quedan fuera del alcance del control de constitucionalidad las normas que son el resultado de la aplicación de una ley. En el caso de la revisión constitucional este alto tribunal ha indicado mediante la sentencia TC/0091/12 que sólo procede cuando las sentencias tienen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

    Otros importantes fallos son el TC/0016/13, que sostiene que ante la existencia de otra vía judicial, lo procedente es declarar el amparo inadmisible, no rechazarlo. La decisión TC/0028/13 establece que no procede la suspensión de la ejecución de una sentencia en caso de que la misma no ocasiones daño irreversible a derechos fundamentales. El fallo TC/0058/13 reconoce que el interés general y colectivo son límites a la libertad de empresa y la decisión TC/0059/13 establece que no hay plazos para las acciones de reclamo de paternidad.

    A pesar de que por razones técnicas el análisis solo corresponde a las sentencias emitidas hasta el 30 de abril, al día 23 de julio del 2013, días despues de la conmemoración del primer año de gestión del Tribunal Constitucional, podemos destacar que se habían publicado 226 sentencias.

    A la luz de este importante punto de la evolución constitucional dominicana, FINJUS desea destacar la labor de esta Alta Corte, así como aprovechar la oportunidad para reconfirmar su compromiso con la defensa y control que requiere la justicia constitucional para continuar su camino hacia una plena consolidación. 


    Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

    Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

    23 de julio, 2013 
     
     

    Finjus dice fallas judiciales también existen en la Policía y en el Ministerio Público

    JUDICIAL

    Finjus dice fallas judiciales también existen en la Policía y en el Ministerio Público

    DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2013 . 10:31AM


    El director Ejecutivo de  la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, dijo este domingo que las quejas que ha expresado el presidente Danilo Medina en torno al papel que está jugando la justicia frente al crimen y la delincuencia “es una verdad a media”.

    Manifestó que esas fallas también existen en la Policía Nacional y el Ministerio Público, instancias que responden a las directrices del presidente de la República.

    Castaño Guzmán sostuvo que en los últimos tres años la población carcelaria del país se ha duplicado al pasar de 12 mil a 25 la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad.

    “Es una verdad a media la queja del Presidente en torno a las fallas del Poder Judicial en el combate al crimen y la delincuencia, porque hay que recordar que también hay dos actores más que tienen responsabilidad en ese tema, que son el Ministerio Público y la Policía nacional”, reiteró Castaño Guzmán.

    El director Ejecutivo de la Finjus precisó que  se dan muchos casos en que la Policía no investiga bien un caso, o que los fiscales no formulan bien las acusaciones razón por la cual no se puede culpar a un juez de que ese expediente se caiga.

    Por igual criticó a jueces que favorecen con medidas de coerción consistente en garantía económica a elementos que son reincidentes en la comisión de un crimen o delito.

    Sobre la crisis comercial entre RD y Haití

    Castaños Guzmán responsabilizó al Estado Dominicano de los inconvenientes que están surgiendo con Haití con respeto a la comercialización de algunos rubros producidos en el país.

    Dijo que todos países que comparten frontera establecen acuerdos bilaterales en materias migratorias y comerciales “cosa que no ha hecho la República Dominicana”.

    Calificó como irresponsable el manejar los intercambios en materia de comercio con tantas informalidades como el que impera en las relaciones dominico-haitiano.

    “No me explico el por qué el Estado dominicano no procuró hace tiempo firmar un acuerdo de Libre Comercio con Haití para tratar de preservar un mercado tan atractivo para el país”, sostuvo.

    El director ejecutivo de la Finjus dijo que todas las críticas y condenas de que ha sido objeto el país con respeto a los haitianos se debe a la falta de una política migratoria definida.

    Por: El Carib
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    Jueces participan en adiestramiento sobre Economía de la Competencia

    Jueces participan en adiestramiento sobre Economía de la Competencia

    El adiestramiento sobre “Economía de la Competencia”, facilitado por el experto en la materia doctor Diego Petrecolla

    SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los jueces de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Administrativo participaron en un adiestramiento sobre “Economía de la Competencia”, facilitado por el experto en la materia doctor Diego Petrecolla, como parte del programa de cooperación internacional de la Unión Europea que se ejecuta a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia).

    La presidente de Pro-Competencia, licenciada Michelle Cohen, al dar la bienvenida a los jueces, afirmó que Petrecolla pone a disposición de los magistrados dominicanos su amplia experiencia como consultor internacional y como ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina.

    Cohen señaló que los miembros del Consejo Directivo de Pro-Competencia quieren compartir conocimientos con los jueces para garantizar que la aplicación de la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08 se haga siguiendo el debido proceso para lo que se requiere la capacitación de los recursos humanos.

    Informó que ya el Consejo Directivo de Pro-Competencia decidió crear la Escuela de Derecho de la Competencia donde se continuarán formando los técnicos de la institución y estará abierta para todos los profesionales interesados en la correcta aplicación de la ley.

    Además de Cohen, son miembros del Consejo Directivo de Pro-Competencia la doctora Esther Aristy y los licenciados Antonio Rodríguez Mansfield, Magdalena Gil y Leyda Reyes.

    En el adiestramiento dirigido por Petrecolla participaron los magistrados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Sara Henríquez Marín, Francisco Ortega, Ruth Arias, Marcia Castillo, Carolina Garrido y Jennifer Plata.

    Del Tribunal Superior Administrativo estuvieron presentes los magistrados Delfina Amparo de León, Judhit Contreras, Diomede G. Villalona, Fernando Fernández, Rafael Ciprián, Mildred Hernández, Franklin Concepción y Patricia Padilla.

    Asistieron, además, los abogados ayudantes del Tribunal Superior Administrativo Gina Barinas, Jarolyn Rosario López, Yilda Sánchez Mejía, Perla Dieguez y Simón D. Pichardo.

    También estuvieron los abogados ayudantes Marlene Agatha Moreta, Rita Aristy, Orquídea Germán, Patricia Canals y Jorge Luis Reyes.

    El adiestramiento fue impartido en el Hotel Holiday Inn este miércoles 24 de julio de 2013.

    Finjus dice crítica a la Justicia del Presidente es verdad a medias

    Finjus dice crítica a la Justicia del Presidente es verdad a medias


    Redacción | ACTUALIZADO 28.07.2013 - 8:33 pm


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    El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo que las quejas que ha expresado el presidente Danilo Medina en torno al papel que está jugando la justicia frente al crimen y la delincuencia es una verdad a medias.
        
    Recordó que esas fallas también existen en la Policía Nacional y el Ministerio Público, instancias que responden a las directrices del presidente de la República.

    Explicó que en los últimos tres años la población carcelaria del país se ha duplicado al pasar de 12 mil a 25 la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad.
        
    “Es una verdad a media la queja del presidente en torno a las fallas del Poder Judicial en el combate al crimen y la delincuencia, porque hay que recordar que también hay dos actores más que tienen responsabilidad en ese tema, que son el Ministerio Público y la Policía Nacional”, reiteró Castaños Guzmán.
        
    Precisó que  se dan muchos casos en que la Policía no investiga bien un caso, o que los fiscales no formulan bien las acusaciones, razón por la cual no se puede culpar a un juez de que ese expediente se caiga.
       
     Por igual criticó a jueces que favorecen con medidas de coerción consistente en garantía económica a elementos que son reincidentes en la comisión de un crimen o delito.

    En otra parte, el director ejecutivo de  la Fundación Institucionalidad y Justicia   dijo que esa entidad está dispuesta a mediar en la crisis que sacude al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y que tiene a esa organización política al borde de la división.
        
    El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán aclaró que dicha mediación solo será posible si las partes envueltas en el conflicto así se lo solicitan.
    Castaños Guzmán advirtió que por tratarse de una crisis política, la solución no está en los tribunales, sino en un acuerdo político entre las facciones que encabezan el expresidente de la República Hipólito mejía, y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado.

    Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, el director ejecutivo de la Finjus dijo que esa institución está sumamente preocupada por la situación que atraviesa el partido blanco, al que definió como un pilar de la democracia y un patrimonio del pueblo dominicano.

    Por: La Información 

    Empresarios exponen inquietudes a la SCJ

    NOTICIAS|29 JUL 2013, 12:00 AM|POR DIARIO LIBRE

    Empresarios exponen inquietudes a la SCJ

    Sostuvieron una reunión con el magistrado Mariano Germán Mejía

    SD. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, se reunió con los representantes del sector empresarial, quienes externaron una serie de consideraciones relacionadas con la administración de Justicia.

    Entre los aspectos que requieren mejoras y que afectan el desarrollo económico del país figuran la mora judicial, los embargos ilegales, la desnaturalización de los referimientos, uso exagerado de las vías de recursos y la necesidad de fortalecer la carrera judicial en relación a la formación de los jueces, así como la urgencia de un nuevo Código de Procedimiento Civil.

    Los empresarios, quienes destacaron los avances en los procesos en la Jurisdicción Inmobiliaria, solicitaron la continuación de dichas mejoras como mecanismo de atraer inversionistas extranjeros, así como la agilización de los procesos en la Oficina Regional de Mensuras Catastrales en Santiago.

    Además, solicitaron el respeto a las cláusulas arbitrales, mayor control a la hora de aplicar medidas cautelares y evitar que en materia laboral abogados "compren" los casos, entre otros aspectos.

    Los empresarios que manifestaron sus consideraciones fueron Marisol Vicens, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de la Empresa Privada; Ligia Bonetti, presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva; Patricia Bobea, directora de ANJE; José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales; Fermín Acosta, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi); Kirsis Jáquez, presidenta de la Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones y directora legal de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Alba Russo.

    viernes, 26 de julio de 2013

    Sentencia Sobre Derechos fundamentales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Juez de los referimientos.




    Distinguidos(a) usuario(as) del Poder Judicial:

    Sírvanse encontrar adjunta la siguiente sentencia:

    • Derechos Fundamentales. Derechos fundamentales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Juez de los referimientos. Medidas conservatorias. Sentencia del 31 de octubre de  2012.
    Sentencia: Aquí 

    Atentamente



    Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
    Consejo del Poder Judicial, República Dominicana
    Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
    Centro de los Héroes - Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.
    CP: 1485; Tel: 809.533.3191, exts. 2189 y 2193; Fax: 809.532.3859Web: www.suprema.gov.do / www.poderjudicial.gov.do

    jueves, 25 de julio de 2013

    Aprueban de urgencia modificaciones al Código Procesal Penal

    NOTICIAS|25 JUL 2013, 4:01 PM|POR SOCORRO ARIAS
    GUARDADO EN:DIPUTADOS, URGENCIA, PENAL, URGENCIA

    Aprueban de urgencia modificaciones al Código Procesal Penal

    Fue aprobado en primera lectura 117 a favor y 1 en contra

    SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó, en dos lecturas, consecutivas el proyecto de modificación al Código Procesal Penal que tiene como objetivo principal dotar al sistema de justicia de modelo de enjuiciamiento criminal compatible con las exigencias del sistema político democrático.

    El presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, explicó que las modificaciones intentan erigir una estructura procesal que logre dar cabida a las lógicas de un proceso penal transparente, público, oportuno, accesible, comprensible, eficiente y eficaz.

    Fue aprobado en primera lectura 117 a favor y 1 en contra y en segunda lectura a unanimidad con 96 votos.

    Las modificaciones al CPP, presentadas por el diputado del PLD Víctor Suárez, establecen que se impone de oficio la prisión preventiva después de dictada sentencia condenatoria en primera instancia, en infracciones que conlleven privación de libertad; pago inmediato de multa o impedimento de salida cuando se trate de penas pecuniarias, y suspensión de licencia de conducir cuando implique infracción a la ley de tránsito.

    Además, se le retira la facultad a la Policía Nacional de solicitar orden de allanamiento para el registro de recintos privados en ausencia del Ministerio Público o de urgencia.

    Otro aspecto que se destaca es que los jueces de primera instancia podrán conocer, de modo unipersonal, de infracciones que conlleven penas privativas de libertad hasta cuatro años.

    Se consigna la asistencia legal gratuita a la víctima y su derecho a presentar acto conclusivo, aunque el Ministerio Público reitere archivo, y se reconoce el derecho al querellante de disponer de un número de abogados, igual al que tenga el imputado, nunca excediendo de tres.

    Se le reconoce el derecho al querellante de solicitar la declaración en rebeldía del imputado, y se habilita a la víctima o querellante a demandar al imputado declarado en rebeldía y al tercero civilmente demandado por ante la jurisdicción civil.

    El informe del proyecto de modificación, cuya lectura se inicia hoy en la Cámara de Diputados, para su posterior discusión, dispone que se le permita al actor civil ser representado por mandatario con poder especial y se amplía a doce meses el plazo adicional de duración de todo proceso penal ordinario, y se computa el inicio del plazo de duración, a partir de la solicitud de medidas de coerción o presentación de cargos.

    También se amplían los presupuestos para presumir el peligro de fuga; para imponer la prisión preventiva, y se amplía el plazo a veinte días para la ejecución de la garantía.

    Otro aspecto destacado es que se amplía el tiempo de duración de la prisión preventiva a veinticuatro meses, y se establece un plazo de seis meses para que el Ministerio Público fundamente su decisión sobre el archivo en los presupuestos.

    Se redefine el alcance de la apelación de sentencia, y se amplía el plazo a veinte días para presentar el recurso.

    Debates

    El proyecto fue ampliamente debatido, destacándose la denuncia del diputado del PLD Manuel Díaz, quien acusó a las autoridades judiciales, policiales y militares de no actuar contra la delincuencia de su pueblo.

    Para Díaz, los fiscales se han convertido en "pica pica" quejándose de que en Villa Altagracia ha aportado pruebas fílmicas y escritas contra la delincuencia, las autoridades no hacen nada.

    "En mi pueblo natal, hace 15 días mataron tres, y aplaudo, y lo digo responsablemente, porque la familia de uno de esos delincuente que fue muerto, me pidió dinero para comprar una caja, yo le dije entiérrenlo en la tierra, porque ese no se merece que lo entierren en una caja y lo digo responsablemente", dijo.

     

    Por: Diario Libre

     

    Diputados aprueban cambios que suben penas a los menores

    NOTICIAS|25 JUL 2013, 12:00 AM|1|POR SOCORRO ARIAS

    Diputados aprueban cambios que suben penas a los menores

    Las penas para menores entre 16 y 18 años aumentan de uno a ocho años de prisión

    SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados convirtió en ley ayer las modificaciones al Código de Niños, Niñas y Adolescentes que aumentarán las penas de uno a ocho años a los infractores de la ley con edades entre 16 y 18 años.

    La propuesta del diputado Teodoro Ursino Reyes mantiene penas de uno a cinco años para menores en conflicto con la ley en edades comprendidas entre 13 y 15 años. Las modificaciones fueron sancionadas con el voto favorable de 106 diputados, mientras que nueve lo rechazaron.

    El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, rechazó que el aumento de las penas viole algún acuerdo internacional, y retó a los que así lo afirman a que lo demuestren.

    Citó que en Costa Rica, la pena para menores es de 15 años; en Chile es de 16 años y en Europa tienen de 20 años hacia arriba; mientras que en los Estados Unidos no tienen límites.

    Reveló que sólo el pasado año los menores cometieron unos cinco mil hechos delictivos de diversas categorías en el país. Durante los debates, el aumento de las penas a los menores fue rechazado por instituciones del gobierno y de la sociedad civil que trabajan con este sector, por entender que no resuelve el problema.

    Una de las que abiertamente opinó en contra fue la procuradora general adjunta y encargada de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes advirtió, Marisol Tobal, quien consideró injusto que el Estado castigue lo que ha creado.

    Pr: Diario Libre

    miércoles, 24 de julio de 2013

    Medina pide al país exija justicia a jueces

    24 Julio 2013, 5:29 PM
    Medina pide al país exija justicia a jueces
    Escrito por: Dominga Ramírez

    SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina, consideró ayer que la sociedad dominicana debe exigirle a la justicia que no se lo pongan de manera tan fácil a los delincuentes en libertad.

    Dijo que muchas veces el mayor problema que tienen las autoridades es capturar a los delincuentes, pero que cuando van a la cárcel salen de allí con mucha facilidad.

    Aseguró que trabajará en la prevención de la delincuencia en todas las provincias del país y que para ello se colocarán cámaras en las calles para que cualquier delito que se cometa en las ciudades quede filmado, a fin de facilitar a la Policía identificar y apresar al delincuente.

    “Hoy de cero a cinco homicidios por cada cien mil habitantes se considera que  una sociedad está normal; cuando tiene de cinco a ocho está en crisis, pero cuando son más de ocho está en epidemia”, aseguró tras  juramentar el Consejo de Desarrollo del Plan Estratégico de La Vega.

    Por: El Día 

    Diputados convierten en ley proyecto fija topes salarios

    Rechazan las observaciones que le hizo Leonel Fernández al proyecto presentado por el MAP
    24 Julio 2013, 5:22 PM
    Diputados convierten en ley proyecto fija topes salarios
    Ministerio de Administración Pública (MAP) saludó la aprobación definitiva de la Ley General de Salarios para el sector público
    Escrito por: Degnis de León

    Santo Domingo.-A partir de ahora un nuevo régimen salarial pondrá tope a los salarios de los funcionarios públicos, luego de que la Cámara de Diputados rechazará las observaciones por  ex presidente Leonel Fernández que regula los sueldos en el sector público.

    La ley establece que el presidente de la República ganará  un sueldo de RD$450 mil; para el del Senado, la Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional RD$400 mil.

    Mientras,  que para los del  Tribunal Superior Electoral RD$375 mil; de la Cámara de Cuentas RD$350 mil; los ministros, el Procurador General de la República, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el Contralor General RD$300 mil y el Defensor del Pueblo RD$250 mil.

    El pleno de la Cámara Baja rechazó en su totalidad las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo encabezado por expresidente Leonel Fernández al final de su gobierno a la Ley de Regulación Salarial del Sector Público con 109 votos en contra  y dos a favor.

    Los gastos de representación quedarán limitados hasta un monto máximo de hasta el 15% del salario o sueldo base del funcionario,  exceptuando al Presidente y al vicepresidente de la República, los presidentes de las cámaras legislativas, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral. 

    La asignación de combustible corresponderá al diez por ciento del salario, exceptuando al Presidente y Vicepresidente. En los demás poderes se establecerá con un reglamento.

    La enmienda establece que los funcionarios del Banco Central no podrán tener tarjetas de crédito, y que a sus gastos de representación, de combustible, teléfono se les aplicarán todos los dispositivos de la ley, excepto en los salarios.

    Administración Pública  saluda aprobación de Ley  de Salarios

    De inmediato, el Ministerio de Administración Pública (MAP) saludó la aprobación definitiva de la Ley General de Salarios para el sector público por parte de la Cámara de Diputados, que rechazó en su totalidad las observaciones con las que el Poder Ejecutivo devolvió la pieza legislativa al Congreso Nacional en agosto del pasado año.

    El titular del MAP,  Ramón Ventura Camejo, destacó que esa legislación “va a contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia en la administración pública en el país”.

    Asimismo,  recordó que la ley de regulación salarial del Estado dominicano se corresponde con un mandato expreso contenido en el artículo 144 de la Constitución.

     “Ahora que tenemos la ley, inmediatamente el Ministerio de Administración Pública comenzará a trabajar en la reglamentación y en las herramientas teóricas y metodológicas para la aplicación de la legislación, que no se limita a  los salarios de los altos directivos públicos, sino que abarcará a todos los servidores públicos, partiendo con el procedimiento de describir los cargos, valorarlos, establecer sus competencias, ver los perfiles y fijar una escala salarial para todo el sector público”.

    El funcionario reiteró que la ley es respetuosa del grado de independencia de los Poderes Legislativos y Judicial.

     

    Por: El Día 

    martes, 23 de julio de 2013

    Trabajadores de la construcción rechazan modificación del Código de Trabajo

    Advierte sindicatos no deben caer en el gancho que les proponen los empleadores
    23 Julio 2013, 12:08 PM
    Trabajadores de la construcción rechazan modificación del Código de Trabajo
    FENTICOMMC llama a revisar tarifas en el sector
    Escrito por: El Día (periodicoeldia.rd@gmail.com)

    SANTO DOMINGO.-La Federación Nacional de los Trabajadores de la Construcción (FENTICOMMC) expresó su rechazo a la modificación del Código de Trabajo por considerar que con la misma se busca quitarle las conquistas que tras muchos años de lucha y sacrificio han logrado los trabajadores del país.

    El Secretario General de FENTICOMMC, Pedro Julio Alcántara, manifestó que el sector patronal ha venido maniobrando desde hace muchos años para eliminar  conquistas como la cesantía y otros beneficios marginales que contempla el Código de Trabajo a favor de los trabajadores del país y por ese objetivo ha estado presionando para que se modifique esa legislación.

    El dirigente sindical llamó al gobierno y a los legisladores a no caer “en el gancho” que le han propuesto los empleadores de modificar el Código Laboral, “porque lo único que lograrán es agregarle otro malestar a la sociedad dominicana que necesita enfrentar males ancestrales como la crisis energética, la carestía de los alimentos de primera necesidad y la inseguridad que afecta a la mayoría de la población dominicana”.

    En otro sentido, el secretario general de FENTICOMMC propuso que las tarifas de trabajo que prevalecen  en el sector de la construcción sean revisadas de acuerdo a las condiciones reales que vive la sociedad dominicana, debido a que las mismas han vencido y los obreros han perdido el poder adquisitivo con que  subsistir junto a sus familiares.

    Pedro Julio Alcántara indicó que en la Republica Dominicana es donde se pagan las tarifas más bajas a los obreros de la Construcción, por lo que abogó por que esa situación sea corregida.

    Dijo que  en otras naciones del continente ese oficio representa ser uno de los mejores remunerados, contrario a lo que ocurre aquí, “donde los sectores organizados se ven en la obligación de desplegar grandes luchas para lograr pírricos aumentos en el seno del Comité Nacional de Salarios”.

    El líder de los Trabajadores de la Construcción entiende que ese tema de la revisión de las tarifas en el sector de la construcción debe ser abordado lo antes posible porque ya los obreros no aguantan más las presiones que reciben por el alto costo de los alimentos de primera necesidad que se consumen en el país.

    + Consultas en Materia Laboral (Embarazada, Despido o Desahucio)

     

    22 Julio 2013, 11:33 PM
     
    CONSULTORIO LABORAL
    Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS (Especialista en derecho laboral)

    1. Tengo una empleada que se comenzó a ausentar porque se sentía mal, etc., hasta que mandó una licencia de 4 días por una gastritis y embarazo. Luego, no se presentó ni llamó y mandó otra licencia por 8 días y al término de la misma tampoco se presentó ni llamó, la empleada entró el día que quiso sin comunicarse con nosotros. Luego de entrar ha sido un constante faltar al trabajo, un día le duele la cabeza, otro día que tengo un duro en la barriga, al otro día otra excusa, etc. Sé que está embarazada y esto lo protege la ley pero ¿esto le da derecho a faltar a sus labores, sin justificación y como le plazca? ¿El empleador no tiene ningún derecho en este caso? Me recomendaron que la ponga a escribir una carta de su puño-y-letra diciendo que renuncia, aunque está embarazada, aclarando esto en la carta, y que le de sus prestaciones. No quiero encontrarme luego con un problema laboral, ni demanda. ¿Qué puedo hacer? ¿Es legal descontarle los días que falte sin justificación?

    Si la empleada ha comunicado el motivo que le impide laborar, haya no entregado un certificado médico, ya ha cumplido con el voto de la ley (Art. 58 del CT), aunque sea verbalmente. Así lo ha reconocido la jurisprudencia. Por tanto, no podría despedírsele por ese hecho, pues no habría una falta que lo justifique, y tampoco se le puede desahuciar, debido a que está embarazada.

    Si por casualidad, esa empleada deja de asistir al trabajo al menos dos días consecutivos o en un mismo mes, usted podría despedirla (sin prestaciones), pero para eso debe solicitar y obtener una autorización en el Departamento de Trabajo, que comprobará si efectivamente la empleada ha cometido la falta que se le atribuye.

    Lo de ponerla a renunciar, o que ella renuncie sin que ella realmente lo haya decidido, eso es muy riesgoso, pues hay abundante jurisprudencia según la cual eso, hecho así, se considera un “desahucio encubierto”, o sea, nulo y sin efecto legal.

    Lo que usted sí podría hacer –si la empleada está debidamente afiliada en la TSS– es no pagarle los días de ausencias, los cuales son “una licencia sin disfrute de salario” según el Art. 235 del CT. En tal caso, hay que llenar el formulario del subsidio de enfermedad, siguiendo el instructivo y pasos previstos en el portal de la SISALRIL. 

    Envíe sus preguntas carlos.hernandez@claro.net.do


    Por: El Periódico Hoy

    lunes, 22 de julio de 2013

    El Tribunal Constitucional anula sentencia dispuso devolver arma cargo violencia

    20 Julio 2013, 8:56 PM
    TC anula sentencia dispuso devolver arma cargo violencia

    Basa decisión en protección familia amenazada

    Escrito por: LOYDA PEÑA (l.pena@hoy.com.do)

    El Tribunal Constitucional (TC) revocó una sentencia de un tribunal de primera instancia  mediante la cual se ordenó al ministerio público  entregar un arma de fuego que le retuvo a una persona acusada de violencia intrafamiliar. 

    Se trata del caso de Juan Carlos Terrero Peña, sobre quien pesan varias  denuncias por proferir  amenazas contra su familia, incluido un menor, y a quien  la Segunda Sala de la Cámara Penal del  Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó se le incautara un arma de fuego que posee con permiso legal, mediante su sentencia  número 67-2012, del 9 de mayo, a lo cual se opuso la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. 

    En procura de la devolución de su arma, Terrero Peña sometió una acción de amparo ante el TC,  bajo el alegato de violación a su derecho de propiedad. El Procurador,  Denny Silvestre Zorillla, interpuso entonces  un recurso de revisión  al amparo sometido por Terrero Peña, que fue acogido por el TC mediante su  sentencia 109-2013 que anuló la 67-2012,  de la Segunda Sala de la Cámara Penal del  Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

    ¿A qué se acude a la justicia?

    20 Julio 2013, 10:31 PM
    ¿A qué se acude a la justicia?

    La Justicia dominicana dista de ser un sistema perfecto

    Escrito por: MELVIN MATTHEWS

    Desacreditar e insultar a jueces y tribunales –y hasta amenazar con acciones callejeras violentas- se han convertido en una peligrosa práctica llevada a cabo por la oposición política, los representantes de la sociedad civil y ciudadanos comunes, cuando no obtienen ganancia de causa en las sentencias emanadas de la Justicia, a la cual han acudido ejerciendo el derecho acordado en nuestra Constitución.

    Ilustran esta afirmación los casos recientes protagonizados por el ex Fiscal Guillermo Moreno, en su persecución política contra la Fundación Global y el ex Presidente Leonel Fernández, cuyos  sometimientos fueron rechazados en dos instancias judiciales, así como la de seguidores del ex Presidente HipólitoMejía, que prometen tomar las calles luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declarase inadmisible un recurso de amparo que procuraba el reingreso al CEN perredeísta de dirigentes sustituidos.

    La Justicia dominicana dista bastante de ser un sistema perfecto; en el mundo no existe tal Justicia. Pero la nuestra contiene el conjunto de principios sobre los cuales se inspira una comunidad en una época determinada, para alcanzar el bien común y tenemos una organización judicial compuesta por tribunales, magistrados y un conjunto de personas encargadas de aplicar las leyes. Nuestros juicios, en todas las instancias, son públicos, orales y contradictorios y, cuestión fundamental, la prensa juega un rol influyente en muchas decisiones dimanantes de la Justicia.

    Claro, hay decisiones de tribunales nacionales y extranjeros que contristan el espíritu y elevan hacia lo más alto la capacidad crítica de la sociedad; semejan injusticia, como la absolución del blanco George Zimmerman, acusado de matar sin justificación alguna al adolecente negro Tryavon Martin en Florida, Estados Unidos.

    ¿A qué acudir a la Justicia? ¿Para hacer justicia por sus propias manos cuando la decisión resulta adversa? Ese es el retroceso.

    sábado, 20 de julio de 2013

    Pro Consumidor pide ley que proteja datos personales

    NOTICIAS|20 JUL 2013, 12:00 AM|POR TANIA MOLINA

    Pro Consumidor pide ley que proteja datos personales

    Pro Consumidor cuestiona la falta de información que tienen los ciudadanos

    SANTO DOMINGO. La directora del Instituto Nacional de Protección para los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, consideró ayer que en el país urge la aprobación de una ley para proteger los datos personales.

    Su planteamiento surge a raíz de las quejas de ciudadanos que han expresado su imposibilidad de conseguir un trabajo o crédito debido a que su historial crediticio, con montos pendientes, o saldados con mora, es tomado por las empresas en las que solicitan empleo.

    Algunos de estas quejas fueron presentadas en dos historias publicadas por DL en sus ediciones del jueves y ayer viernes. "Aquí no hay ninguna ley que proteja los datos de las personas… lo único que existe es un proyecto que hay que revisarlo, pero urge una ley de protección de datos personales, acorde con el artículo 44 de la Constitución que invoca el derecho a la intimidad, y parte de la intimidad de la gente son sus datos personales", indicó Paulino.

    Considera como una falla a la sociedad la falta de informaciones sobre sus derechos, lo que -dice- lleva a asumir como válida la transferencia de datos que hacen los burós de crédito.

     

    Por: Diario Libre

     
     

    jueves, 18 de julio de 2013

    Otros Temas Inéditos para la Reforma Laboral

    Apuntes para una modificación legislativa II
    17 Julio 2013, 3:40 PM
    Otros Temas Inéditos para la Reforma Laboral
    Escrito por: Eric J. Hernández-Machado Santana

    La agudeza de los debates para la reforma del Código de Trabajo, no dejan lugar a dudas que será un tema de muchas aristas.

    En un opúsculo anterior he desarrollado, muy brevemente por cierto, los aspectos ligados a la justicia laboral, que deben ser examinados para las trascendentes transformaciones, pero que no se han retenido para un diálogo-debate entre los empleadores y trabajadores, en vista de que la inmediatez entre los actores, como hemos observado públicamente, sólo se refiere a los asuntos de índole económica.

    Sin embargo, ahora debo observar el mismo tema desde dos ángulos diferentes.

    El primero, la reforma laboral ante el contenido de la Constitución y por qué no? Ante el necesario control de constitucionalidad propio al Tribunal Constitucional; y por otra parte, que será objeto del tercer artículo, la reforma laboral ante el tratado de libre comercio o el DR-CAFTA.

    Ambos aspectos serían suficientes para debatir por años y crear enciclopedias de Derecho, de Economía o de Sociología.

    Pretenderé en este artículo y otros por venir, examinarlos de manera detallada, sin menospreciar que la brevedad y concisión es el éxito de un tesis bien fundada, siempre partiendo de la premisa, como diría mi profesor Manuel Atienza, que “cuando se argumenta en defensa de una tesis, no estar dispuesto a conceder, nunca, nada al adversario, es una estrategia incorrecta y equivocada, hace difícil o imposible que la discusión pueda proseguir y muestra en quien adopta esa actitud un rasgo de carácter, la tozudez, que casi nadie aprecia en los demás. No es, por tanto, un buen camino para lograr la persuasión.”

    La modificación constitucional del 2010 incorporó a la carta sustantiva derechos fundamentales provenientes del Código del 1992, tales como: el principio de igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo; los fundamentos de la proscripción del trabajo forzoso, al indicarse: “Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad”; por otra parte, de los derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal; la prohibición a toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley, con fines de proteger al trabajador o trabajadora; la reserva de ley para las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio y cualquier otra modalidad del trabajo humano; la obligación de todo empleador garantizar condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados; la garantía, ya desarrollada por la jurisprudencia, del pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad y, finalmente, la declaratoria de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo.

    De todos estos enunciados, debemos advertir que el razonamiento adecuado para las negociaciones laborales señaladas, deberá siempre respetarse la existencia de las conquistas laborales plasmadas constitucionalmente, verbi gratia, “las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos”, no podrán ser suprimidos por el legislador ordinario.

    En este orden de ideas, en modo alguno puede cuestionarse la constitucionalidad de la reforma a la ley laboral, cuando el legislador module, regule, reduzca o modifique las partidas económicas insertas en el texto de ley, dejando intactas y existentes en el ordenamiento jurídico, los derechos, figuras jurídicas o conquistas laborales que ya se han integrado al bloque de constitucionalidad.

    De todo ello podemos afirmar, que cuestionamiento de la constitucionalidad de una norma no comprende la crítica genérica de la oportunidad legislativa del Estado en su capacidad para dictar normas, habida cuenta que lo determinante es establecer si cualquier trabajador puede ejercer eficazmente su derecho, y también, el de reclamar en la vía judicial sin más limitaciones o restricciones predeterminadas por el legislador, en base a la reserva de ley dada por la misma Constitución, que no hagan inoperante el derecho reclamado o la acción del orden judicial indicada.

    En una sola frase: la reforma laboral en el aspecto económico, puede considerarse conforme a la Constitución.

     Por: El Día