Luego de posponerse el conocimiento de la objeción al archivo de la querella contra el ex presidente Leonel Fernández y FUNGLODE, dispuesto por la Fiscalía del Distrito Nacional e incoada por Guillermo Moreno, un grupo de abogados gobiernistas de baja estofa se constituyó en turba en pleno Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, vociferando improperios contra este. Ese repugnante hecho y la tímida cobertura de prensa que ha tenido nos convoca a una profunda reflexión.
Que abogados gobiernistas recurran a esa forma de violencia verbal, con intenciones de llegar a ser física, contra un ciudadano que simplemente está haciendo uso de su legítimo derecho, que además es un dirigente político ampliamente conocido y respetado en este país, sin que ese vandálico hecho haya tenido una firme y amplia repulsa nacional en todos los medios de comunicación del país, constituye otra demostración de que esta sociedad sigue el camino hacia la perdición, ya casi sin retorno posible.
La acción de esos abogados constituidos en turba no es una simple muestra de adhesión y respaldo a un querellado. Tampoco una mera abyección y genuflexión ante una persona de poder, sino una expresión de un tipo de poder absoluto que degrada y fanatiza a grupos e individuos para que lo defiendan. Tampoco debe entenderse como una simple acción de intimidación a Guillermo Moreno para que desista de lo que entiende justo y para reducirlo políticamente.
Con esa acción se quiere enviar un mensaje a todos cuantos cuestionamos la estructura del poder que se ha instaurado en este país, por lo que ante semejante hecho no cabe el silencio cómplice de quienes tienen el derecho a informar, ni la pasividad de quienes de una u otra manera también nos batimos contra el intento de poder absoluto del Estado para amasar fortuna y de disfrute de irritantes.
Como demostración de este aserto, en la misma semana de la ocurrencia del atropello no solo a Guillermo Moreno, sino a la Justicia, se denuncia que varios congresistas y altos funcionarios del gobierno, aparte de sus seguros en aseguradoras dominicanas, tienen seguros en el exterior que sobrepasan la cifra de 650 millones de pesos.
También, según la Fundación Justicia y Transparencia, los ayuntamientos del país han malversado más de 30 mil millones de pesos en los últimos años, solo el de la ciudad de San Francisco de Macorís dilapidó 1,109,203.00 pesos en bebidas, 23 millones en combustibles y más de 8 millones en "gastos diversos", durante el 2012 (año de elecciones).
Cualquier querella contra esos abusos de poder y de prevaricación podría motivar la constitución de turbas de abogados para violentar la conciencia de quienes integran determinados tribunales para favorecer al querellado, como ha querido hacerse con Guillermo Moreno por su legítima y valiente acción. La constituirían, ante cualquier querella semejante en la esfera de la política y ante cualquiera en la esfera de lo civil o penal.
Llegado al punto de que los abogados gobiernistas intimidan la Justicia, a determinados sectores políticos productivos y a la sociedad civil no le queda otra alternativa que articular sus acciones contra el régimen que permite tal despropósito.
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