Miriam Germán Brito, sobre el poder judicial y su independencia: «Pasé un tiempo sometida a un brutal acoso”

Servicios de Acento.com.do  26 de agosto de 2019 | 3:00 pm SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para la pensionada magistrada Miriam Germán Brito, ex presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la ausencia de independencia en el poder judicial “devasta el carácter social y democrático que se supone consustancial al Estado de Derecho”. Para la ex jueza la independencia es una herramienta imprescindible para la administración de justicia, en cuyas decisiones no deben estar ausentes el derecho a un trato igualitario. Dijo que El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político bajo la dirección del presidente de la República, y que los miembros que se suponen independientes le deben favores o le temen al jefe de Estado, por lo que no resulta confiable para garantizar la independencia del poder judicial. En un reconocimiento que le hizo la Comisión Dominicano de los Derechos Humanos, que dirige Manuel Mercedes, Miriam Germán declaró que en el Consejo de la M

Olivares advierte atentado a derecho

NOTICIAS|08 ABR|4|POR DIARIO LIBRE

Olivares advierte atentado a derecho

Dice que la JCE ha hecho una clara delegación inconstitucional


Santo Domingo. "La exclusión de 19,015 a 22,673 personas del registro civil y la cédula de identidad y electoral mediante una medida ilegal de nuestro órgano, propia de una dictadura administrativa, constituye un atentado contra el Estado de derecho". La advertencia fue hecha por el magistrado titular de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, quien consideró que la anulación de esas actas de nacimiento solo las pueden decidir los tribunales.

"Estas personas no son indocumentados y mucho menos inmigrantes ilegales, debido a que fueron registrados y documentados por el Estado dominicano a través de las oficialías del estado civil desde principio del siglo pasado", dijo el titular de la JCE.

En una opinión que envió a los medios, Olivares expuso que después de poner en ejecución la circular 017 y la resolución 012 del año 2007, la JCE, pretendiendo suplantar al Poder Ejecutivo y erigirse en el adalid de la nacionalidad, se ha prestado formalmente a servir a ese propósito, ayudando a crear la falsa percepción de que los problemas migratorios se deben a que esas personas a su entender fueron declaradas irregularmente en el registro del estado civil por sus padres, los cuales llegaron al país amparados en los convenios suscritos por los estados dominicano y haitiano.

Afirmó que la decisión de remitir esos expedientes a Migración para darle el tratamiento de inmigrantes ilegales y asimilarlos al Plan Nacional de Regularización de extranjeros ilegales radicados en el país, constituye una clara delegación inconstitucional de atribuciones.

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