La justicia los tiene en la mira. Siempre que a las instancias correspondientes lleguen los casos de abusos sexuales contra menores de edad, el agresor pagará con todo el peso de la ley su delito. “El caso es que no siempre esos hechos son denunciados”, asegura la magistrada Roxanna Reyes, de la Procuraduría General de la República. ¿La razón? Los casos de abuso sexual contra menores casi siempre son perpetrados por un familiar, un amigo, un vecino o alguien muy allegado a la familia. “Eso dificulta la acción de la justicia”.
Del 2006 al 2010, en los tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes fueron fallados 1,286 casos por violación sexual a menores. En el 2006 los casos fueron 167, en el 2007 se dieron 255; en el 2008 las sentencias fueron 314, en el 2009, 289 y en 2010 fueron 261. De los menores ingresados a los centros de Conani en el período noviembre del 2011-2012, 76 fueron por abuso sexual. La terapeuta familiar Ana Simó entiende que la justicia hace esfuerzos por hacer frente al abuso infantil.
La Procuraduría General de la República está comprometida a través de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia, así como de la Unidad de Atención a las Víctimas, a brindar todo el apoyo técnico, protección y seguimiento de las querellas y denuncias que se reciban sobre abuso infantil.
Un documento facilitado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informa que uno de los programas que maneja como institución son los Hogares de Paso, los cuales constituyen uno de los recursos del sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya función es proporcionar un contexto seguro para los menores que deban ser retirados de una situación de riesgo.
Su misión también abarca el dispensar a los niños, las niñas y adolescentes un contexto seguro, nutritivo, educativo y terapéutico para atender a sus necesidades sociales, de salud física y emocional, según su momento de vida.
Tiene el deber de prestar atención educativa y terapéutica a los niños, las niñas y adolescentes que por sus características personales y familiares no puedan seguir un adecuado desarrollo en un contexto de tipo familiar.
En la actualidad cuenta con ocho Hogares de Paso en todo el país, mediante los cuales ofrecen atención a un total de 965 niños, niñas y adolescentes, de los cuales han egresados 657. De estos, el 52% fue reintegrado a su núcleo familiar, el 23 % a familias extendidas y el 24% restante a familias adoptivas, hogares permanentes y salidas voluntarias. Hoy quedan 254 niños, niñas y adolescentes acogidos en nuestros hogares.
La justicia
Al referirse a las agresiones sexuales, la ley dominicana establece en su artículo 330 que: “Constituye una agresión sexual toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño”. Mientras que el 331 dispone lo siguiente: “Constituye una violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa”.
Roxanna Reyes, la procuradora de la Mujer, asegura que según la ley la violación será castigada con la pena de reclusión de 10 a 20 años y multa de 100,000 a 200,000 pesos, cuando sea cometida contra un niño, una niña o adolescente, sea con amenaza de un arma, sea por dos o más autores o cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, sea por una persona que tiene autoridad sobre ella, o por una persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones, todo ello independientemente de lo previsto en los artículos 121, 126 a 129, 187 a 191 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 14-94)”.
Importancia del apoyo
Explica que, además de la Ley 136-03 o Código de Niños, Niñas y Adolescentes, como fundamento legal para esta persecución penal, existe el Departamento de la Procuraduría de la Mujer que es el responsable de articular la política de persecución penal de los delitos sexuales cometidos en perjuicio de un adulto(a) o un niño, una niña o adolescente para, conforme al plan estratégico 2010-2015, asegurar una eficaz atención y protección a las víctimas. En este sentido, dice, cuentan con 16 Unidades de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, distribuidas en el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan de la Maguana, Dajabón, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Espaillat, Santiago, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia.
En los próximos días se abrirá en La Romana, teniendo así la mitad del país cubierta, aunque en los lugares donde no hay unidades operando pueden asistirse de las que están en funcionamiento, siguiendo todo el ministerio público una política de actuación y respuesta rápida que proteja la vida, seguridad e integridad de la persona afectada sin revictimizarla.
Opina que es de suma importancia que no haya impunidad en estos delitos, razón por la que el ministerio público no acepta el desistimiento de las víctimas sobre la base de una negociación pecuniaria, pues se trata de un delito de acción pública y el interés superior del menor prima por encima de cualquier acuerdo entre las partes. “De igual modo, entendemos que es importante que los niñas, las niñas y adolescentes sean educados desde la escuela y otros agentes socializadores para protegerse de estos delitos, ya que el perpetrador suele estar en el entorno cercano”, puntualiza.
Para Ana Simó, terapeuta familiar y de pareja, las autoridades están tratando de hacer un buen trabajo, pero entiende que se debe invertir más en la capacitación de las personas que laboran en todas las instancias relativas al tema infantil. Es importante que el niño o adolescente tenga un espacio físico donde se sienta cómodo, no se vea interrumpido por otras personas que muchas veces están curioseando.
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