martes, 30 de abril de 2013

El Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS),trabajarán juntas en promoción y defensa de derechos humanos en Elìas Piña


28 Abril 2013, 2:42 PM
CARD y Red Fronteriza Jano Siksè trabajarán juntas en promoción y defensa de derechos humanos en Elìas Piña
Escrito por: El Día

COMENDADOR, Elías Piña.-El Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS), se comprometieron a trabajar juntas en la promoción y defensa de los derechos humanos en la provincia de Elías Piña, ofreciendo asistencia legal, para las personas más vulnerable y en la capacitación de los abogados para que velen que los derechos ciudadanos se respeten.
José Fernando Pérez Vólquez, presidente de la CARD, ratificó el apoyo de esa institución al trabajo que realiza la RFJS en materia de derechos humanos. Pérez Vólquez visitó las oficinas de la Red Fronteriza Jano Sikse de Comendador desde donde se ofrecen servicios de asistencia jurídica para la promoción y defensa de los derechos de las personas más vulnerables.
Esa oficina, inaugurada recientemente, pretende acompañar a las víctimas que se presenten en busca de auxilio ante cualquier violación de derechos que se produzca en la zona. De esa forma la Red Fronteriza Jano Siksé de Comendador se convierte en referencia jurídica ante los abusos y ante las violaciones de Derechos Humanos que se produzca en la frontera.
Las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos en la frontera que realiza la RFJS cuentan con el apoyo financiero de la Unión Europea y Christian Aid y el respaldo de las instituciones Solidaridad Fronteriza, Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, Solidarite Fwontalye, en el marco del proyecto “Hacia una Cultura de Derechos Humanos y Coexistencia Pacífica en la Frontera Dominico- Haitiana”
El presidente del Colegio de Abogados se mostró satisfecho y agradecido con el acuerdo y el respaldo suministrado por la Red Fronteriza Jano Sikse en la puesta en funcionamiento de una oficina para profesionales del derecho en la Provincia de Elías Piña.
Del mismo modo, respaldó los acuerdos suscritos entre ambas instituciones para la realización de conferencias sobre los derechos humanos y la Constitución de la República, en las secciones, parajes, escuelas y juntas de vecinos de esta provincia.
Durante su visita, el presidente del Colegio Dominicano de Abogados estuvo acompañado de Felipe Martínez Aquino, encargado de la seccional de CARD de Elías Piña, y del coordinador nacional de la Red Fronteriza Jano Sikse, Epifanio Novas Rosario, con quienes se comprometió a apoyar, en la medida de sus posibilidades y en el menor tiempo posible, en las acciones que las organizaciones realicen en la provincia.

Cámara de Diputados conocerá Ley Relaciones Exteriores y de Cheques

NOTICIAS|30 ABR|POR SOCORRO ARIAS|Diario Libre

CD conocerá Ley Relaciones Exteriores y de Cheques


SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados conocerá en su sesión de hoy el préstamo de US$25 millones para la modernización de la Dirección General de Migración.

La Comisión Permanente de Hacienda, que preside Marino Collante presentará al pleno un informe favorable del contrato firmado por el Estado y el Export-Import Bank de Corea (Agencia Gubernamental para el EDCF.

En agenda de los diputados también estará la modificación a la Ley de Cheques y la Ley Orgánica de Relaciones Exteriores, entre otras iniciativas.

Rosario al Senado

En la sesión de mañana miércoles del Senado, está programada la participación del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, quien será recibido en comisión general por el pleno del órgano legislativo.

La comparecencia de Rosario estaba programada para el miércoles de la pasada semana, pero fue cancelada por "problemas técnicos".

El presidente de la JCE será cuestionarlo por los senadores sobre el registro civil de extranjeros no residentes en el país, a solicitud del senador José Rafael Vargas.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia Germán Mejía y Olga Herrera destacan cultura jurídica

JUSTICIA|30 ABR|POR DIARIO LIBRE

Germán Mejía y Olga Herrera destacan cultura jurídica

Pte. de la SCJ resalta obra "Procedimiento Penal Apuntado", del juez Francisco Ortega

SD. Una nueva cultura procesal penal, con nuevos conceptos forman parte de la cultura jurídica actual en el país.

Así lo afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, al presentar la obra Procedimiento Penal Apuntado, de la autoría del juez de la Tercera Sala de la SCJ, Francisco Ortega Polanco.

Estimó que constituye una nueva herramienta para el estudio y análisis de la normativa procesal penal vigente, al calificarla como "un acontecimiento cultural".

Lo definió como un autor conceptuoso, brillante, profundo, objetivo, reflexivo, capaz en el análisis, descubridor de similitudes y diferencias, lo que afirmó solo lo hacen los hombres inteligentes.

Manifestó que con la entrada en vigencia de Ley núm. 76-02, se inicia una nueva cultura procesal penal, introduciendo por demás un nuevo lenguaje, en el cual se escuchan términos que no existían bajo el viejo Código de Procedimiento Criminal.

Citó como ejemplos actas de anticipo de pruebas, medidas de coerción, de audiencia preparatoria de juicio, de producción de pruebas masivas, de registro de morada, criterio de oportunidad, provocación de la víctima, sana crítica, entre otras.

Ortega Polanco explicó que Procedimiento Penal Apuntado es un trabajo que por su naturaleza está vinculado a la seguridad, que es la garantía de protección efectiva a la persona, a sus bienes y derechos. "De manera que el propósito de este libro, no es fijar una posición de ataque o de defensa, sino transmitir una experiencia, en procura del manejo idóneo de la normativa procesal penal para el beneficio de la sociedad".

Explicó que en las notas al margen, el lector podrá encontrar un resumen de una década de trabajo, tanto de la jurisprudencia, como de la doctrina, derecho comparado y de su propia experiencia.

En su prólogo, Olga Herrera Carbuccia, jueza de la Corte Penal Internacional, planteó que aporta importantes elementos de respuestas a todas las consideraciones jurídicas, tanto en el ámbito teórico como práctico.

Olga herrera
La magistrada Olga Herrera Carbuccia destaca que su concepción está destinada a facilitar la tarea del lector, ofreciéndole informaciones sobre la Constitución de la República y las decisiones jurisprudenciales más importantes.

"Todas las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia, destinadas a la implementación del Código Procesal Penal y la jurisprudencia en materia procesal penal, mencionadas por el autor, constituyen el punto de partida para el desarrollo de un derecho procesal jurisprudencial".

lunes, 29 de abril de 2013

Jueces señalan sentencia SCJ no aplica a demanda periodistas

Jueces señalan sentencia SCJ no aplica a demanda periodistas:

28 Abril 2013, 10:27 PM
Jueces señalan sentencia SCJ no aplica a demanda periodistas

Fallo 17 abril solo vale a Santana y senador Guerrero

Escrito por: LLENNIS JIMÉNEZ (l.jimenez@hoy.com.do)

Dos jueces que han fallado decisiones en reconocimiento al derecho de la libertad de expresión y  difusión del pensamiento, advierten ahora que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que favorece a un director de medios de comunicación y a un senador acusados de difamación e injuria, no aplica para los demás periodistas que sean sometidos por casos similares, ya que el fallo solo anula el articulo 39 de la ley en lo referente a estos dos demandados.

Indicaron, al opinar bajo reserva de sus nombres, que la sentencia de  la SCJ no aplica para todos los casos de difamación e injuria que se presenten en el futuro, sino para el director del periódico el Caribe, Osvaldo Santana, y el senador Wilton Guerrero.

Señalaron que si la sentencia la hubiera emitido el  Tribunal Constitucional, sí surtiría efecto para todos los ciudadano que sean demandados por presunta violación de los artículos 29 y 33 de la Ley 6132, sobre, Expresión y Difusión del Pensamiento.

(Via Hoy.com.do)

Fiscal Yeni Berenice critica trato que PN da a informaciones

Fiscal Yeni Berenice critica trato que PN da a informaciones:

29 Abril 2013, 7:10 PM
Fiscal Yeni Berenice critica trato que PN da a  informaciones
Escrito por: Virginia Castillo

SANTO DOMINGO.-  La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, criticó  este lunes el manejo público  que le da la Policía a las informaciones sobre hechos criminales.

“La pregunta obligada es: ¿qué tan correcto es publicar los detalles de una investigación en la etapa preparatoria? Es letal para el caso”,  escribió la fiscal en su cuenta en  Twitter.

 “El Ministerio Público históricamente ha sido muy débil con la Policía en lo referente al manejo público de los casos y eso debe cambiar ya”, precisó.

Indicó  que hay quienes tienen la equivocada creencia de que el proceso culmina con el arresto o que versión es prueba, refiriéndose a la investigación sobre la muerte del coronel  Julián Suárez Cordero  durante una protesta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Señaló que no es correcto cuando ocurre un hecho criminal  presentar la tesis que se plantean los investigadores   como la investigación acabada.

(Via ElDia.com.do)

Ray Guevara define Constitución como texto más avanzado historia RD


Redacción | ACTUALIZADO 28.04.2013 - 6:14 pm | La Información


Al cumplirse este lunes, 29 de abril, 50 años de que el profesor Juan Bosch promulgara la reforma a la Constitución auspiciada por su gobierno, el presidente del Tribunal Constitucional la definió como el texto más avanzando que en la historia de la nación.

El doctor Milton Ray Guevara declaró que esa Constitución sirvió de base a lo que llamó la revolución más hermosa, más bella, y más digna de América, la Revolución Constitucionalista de abril 1965, que tuvo un héroe singular que fue exaltado al Panteón de los inmortales, el Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Sostuvo que esa Constitución era de un alto contenido social y democrático, que no solo fue democrática, sino también humana y revolucionaria, la cual supuso un ruptura con las constituciones anteriores, ya que fue la más avanzada y creó la base para lo que hoy vive la sociedad dominicana.

El doctor Ray Guevara manifestó que la actual Constitución, promulgada 2l 26 de enero de 2010 es heredera de la Carta Magna de 1963, porque encarna lo que ésta sembró, su contenido social y la vigente creó el estado social y democrático de derecho.
El presidente del Tribunal Constitucional habló en esos términos al encabezar el acto de reconocimiento a dos de los constituyentes de 1963: Son ellos Marino de Jesús Villanueva Callot y Bienvenido Hazim Egel, ambos con un amplio historial de servicio al país desde distintas instancias del Estado.

Recordó que el 6 de noviembre de 2012, con motivo del 168 aniversario de la Constitución fueron reconocidos, en San Cristóbal, otros constituyentes de la época, entre los que citó Manuel Emilio Ledesma Pérez y Mario Fernández Mena, secretarios de la Asamblea Revisora, los hermanos Arístides y José del Carmen Victoria José y José Enrique Torrejo.

sábado, 27 de abril de 2013

Sugiere incluir feminicidios en reforma al Código Penal

Publicado por El Nacional

Consideró que al fenómeno se le debe dar la trascendencia que tiene e incluirse en el Código como un crimen diferente al homicidio

27 Abril 2013, 8:08 PM
Sugiere incluir feminicidios en reforma al Código Penal
Escrito por: RICARDO RODRIGUEZ ROSA (ricardo_rguez@hotmail.com)
SANTIAGO. Susi Pola, destacada abogada y activista feminista de esta ciudad, consideró que se hace necesario incorporar la figura del feminicidio al Código Procesal Penal, a propósito de que en el Congreso Nacional se trabaja en su modificación.

Su planteamiento se produce fundamentalmente basado en datos estadísticos dados a conocer recientemente, en el sentido de que República Dominicana es el tercer país con más alto número de hechos de sangre de esa naturaleza en la región Centroamericana y del Caribe, sólo superada por El Salvador y Guatemala.

Pola se expresó en esos términos al valorar la iniciativa de la Oficina Senatorial de Santiago, de dedicar la séptima versión del Conversatorio Santiago: Pensar para Proponer al tema “Feminicidio en América Latina: de la Tolerancia a la Penalización”, que será ofrecido por la experta costarricense en feminicidio Ana Arcedo, el 2 de mayo a las 7:00 de la noche en el Teatro de la PUCMM.

“Es importante que los legisladores entiendan que el feminicidio no solamente es un fenómeno que ocurre en el marco de la pareja, y que debe dársele la trascendencia real que tiene en la sociedad dominicana”, expresó Pola.

En tal sentido, opinó que debe incluirse como crimen diferente al homicidio, por las connotaciones socioculturales que tiene, que sin duda ayudaría a disminuirlo y a entender la violencia basada en el género contra las mujeres. Para el período de 2000 a 2006 la tasa de feminicidios al inicio del milenio era cercana a 2 por cada 100,000 que es similar a la que tenían casi todos los países de la región centroamericana, pero en el curso de estos seis años aumentó considerablemente.

Pola valoró el trabajo realizado en los últimos diez años por coordinaciones entre la sociedad civil organizada y el Estado dominicano, sobre todo desde el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer. Manifestó que se ha comenzado a notar en las estadísticas una reducción de esos tipos de eventos, destacando que en el 2011 hubo en el país 233 feminicidios y para 2012 un total de 198, 35 menos, pero aún así consideró significativa esa cifra.

Rol del Fedeicomiso en el desarrollo

Rol del Fedeicomiso en el desarrollo

Redacción | ACTUALIZADO 26.04.2013 - 9:01 pm | publicado por La Información


Por José Adolfo HERRERA A.

La Ley 189-11 para el desarrollo del Mercado Hipotecario y la vivienda, luce muy interesante para toda la clase constructora, ingenieros, arquitectos, agrimensores, promotores e inversionistas y desde luego para todos los actores que intervienen en esta industria, banca, agentes de valores, asociaciones de ahorros y préstamos, y sobre todo, para las dominicanas y los dominicanos que necesitan proveerse de un techo propio.

Uno de los pilares sobre los que descansa la Ley 189-11, es la creación de la plataforma legal de los Negocios Fiduciarios o Fideicomisos. ¿De qué se trata esto?
¿Qué es un Fideicomiso? Es el acto legal mediante el cual un Fideicomitente transfiere bienes en sentido general a un Fiduciario para constituir un patrimonio Fideicomitido que será administrado por el Fiduciario a favor de un Beneficiario que se le llama también Fideicomisario.

Es una nueva figura en nuestro país que se pone a tono con muchos países en toda América Latina que la utilizan desde hace ya mucho tiempo y esto nos pone acorde con los nuevos tiempos. Todo el sistema de fideicomisos descansa sobre una palabra: la Confianza.

Varias cosas debemos destacar de esta nueva figura jurídica: Primero, la posibilidad de accesar a los Fondos de Pensiones, brindando la mayor seguridad al uso de estos fondos; Segundo, el uso del Fideicomiso permitirá de forma efectiva paliar el déficit habitacional del país con la construcción a gran escala de viviendas de relativamente bajo costo.

El contrato del Fideicomiso se realiza de acuerdo a las necesidades de los actores. Por ello existe una buena cantidad de modalidades del mismo:
Planificación Sucesoral
Sin Fines de Lucro (Culturales, filantrópicos, educativos, etc.)
De Inversión
Desarrollo Inmobiliario
Oferta Pública de Valores y Productos
Entre otros

Como expresamos anteriormente los Proyectos de viviendas a bajo costo (PVBC), dispondrán de una serie de exenciones fiscales que beneficiarán exclusivamente a los Fideicomisos de Inversión y Desarrollo Inmobiliario. Estas soluciones habitacionales deben tener un costo menor de los Dos Millones de pesos (RD$2,000,000), el que se ajustará anualmente por inflación.

Existirá una acreditación previa de parte del Instituto Nacional de La Vivienda (INVI) y se pondrá en ejecución algo que todos los involucrados en la Industria de la Construcción hemos pedido por años: la Ventanilla Única a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que dará una respuesta en un plazo no mayor de 90 días, con los permisos y licencias para la construcción.

¿Quiénes estarán autorizados a fungir como Fiduciarios?

Sociedades Fiduciarias: Pueden participar en todas las operaciones autorizadas, excepto en los Fideicomisos de Inversión. Estas operaciones estaría supervisadas por la DGII
Entidades de Intermediación Financiera: Igual que la anterior y estaría supervisada por la Superintendencia de Bancos

Los Intermediarios de Valores: Participan única y exclusivamente en los Fideicomisos de Inversión y son reguladas por la Superintendencia de Valores.
Administradoras de Fondos de Inversión: Igual que la anterior

Como podemos ver, esta nueva herramienta nos brindará competitividad para el desarrollo inmobiliario y traerá mucha inversión extranjera, debido a la confianza que genera por la gran transparencia del sistema, probado ya en muchos países.

Existe un monitoreo continuo de los negocios. Los Fideicomisos se constituirán en una gran oportunidad de negocios, especialmente los inmobiliarios y sobre todo la construcción de viviendas de bajo costo que paliará en forma efectiva el déficit habitacional.

El autor es Coordinador de Provincias del Consejo Regional de Desarrollo (CRD), Ingeniero, Empresario y Catedrático Universitario

viernes, 26 de abril de 2013

Interrupción de labores del Poder Judicial por motivo del Día del Trabajo

Distinguidos usuarios del Poder Judicial:

Por el presente, les comunicamos que con el motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo el próximo martes 29 de abril de 2013, no habrá labores en el Poder judicial a nivel Nacional, reiniciando las mismas al día siguiente, martes 30 de abril de 2013.

Excepción a esta disposición son las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanentes adscritas a los Juzgados de la Instrucción de los diferentes Distritos Judiciales, las cuales laborarán normalmente.

Atentamente,




Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
Consejo del Poder Judicial, República Dominicana
Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó Centro de los Héroes - Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.
Código Postal: 1485,
Tel. 809.533.3191, exts. 2189 y 2193,
Fax. 809.532.3859
E-Mail: cendijd@suprema.gov.do
Web: www.suprema.gov.do / www.poderjudicial.gov.do

jueves, 25 de abril de 2013

Presidente Medina emite decreto que modifica Ley de Aviación Civil

 

25 Abril 2013, 2:31 PM
Presidente Medina emite decreto que modifica Ley de Aviación Civil
Escrito por: El Día (periodicoeldia.rd@gmail.com)
 

Santo Domingo.-El Poder Ejecutivo emitió este jueves el decreto número 67-13, en el cual se establecen las modificaciones a la Ley 491-06  que norma la  Aviación Civil en República Dominicana.

Como proyecto, las modificaciones se conocieron en sendas lecturas en el Senado y la Cámara de Diputados,  y basado en el informe favorable de ambas comisiones, se produjo su aprobación y remisión al Poder Ejecutivo.

Al pie de la  Ley  67-13 que modifica la  de Aviación Civil,  se estampa la firma del Presidente de la República, Danilo Medina, así como  de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Perez y Abel Martínez, respectivamente, y de los secretarios Amílcar Romero y Dionis Sánchez, del Senado y Ángela Pozo y Juan Julio Campos de la Cámara de Diputados.

Mediante la nueva ley quedaron modificados los artículos 27, 28, 78, 146, 212, 237, 238 y 292 de la Ley de Aviación Civil número 491-06.

La Ley  67-13 se aprobó en el Senado el día 3 de abril en curso, y el día 16 en la cámara baja, promulgándose  por el Ejecutivo con fecha 24 de abril de 2013.

En el primero de los considerando del decreto se  pondera la Administración de la Aviación Civil de República Dominicana  como una de las  de mayores avances institucionales. 

 Asimismo, se destaca que el fortalecimiento y desarrollo de este sector constituye un instrumento básico para la puesta en práctica de uno de los ejes estratégicos del gobierno nacional, el relativo al incremento de la afluencia de turistas a la República Dominicana.

Como fundamento para la reforma a la Ley de Aviación Civil se recibieron las recomendaciones de  auditorías practicadas al país por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), vista la Constitución de la República proclamada el 26 de enero de 2010, la ley modificada, la número 491-06, la Ley Orgánica del Presupuesto del Sector Público, No. 423-06 y la Ley de Función Pública No. 41-08.

Considera el IDAC que con la promulgación de esta ley se tienen expectativas positivas en el sector aeronáutico nacional, en razón de que las modificaciones a la normativa, vigente a este momento,  significan sustanciales mejoras que se traducirán en la fortaleza y consolidación del área.

(Via ElDia.com.do)

Juez de la Suprema Corte pone a circular obra


Francisco Ortega Polanco
25 Abril 2013, 2:54 PM
Juez de la Suprema Corte pone a circular obra
Escrito por: El Día (periodicoeldia.rd@gmail.com)

SANTO DOMINGO.-El juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Antonio Ortega Polanco, puso en circulación la obra: “Procedimiento Penal Apuntado”, la que constituye una nueva herramienta para el estudio y análisis de la normativa procesal penal vigente.

El acto celebrado ayer en el Auditorio del Poder Judicial, fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, quien  calificó la nueva obra didáctica del magistrado Ortega Polanco como “un acontecimiento cultural”.

Lo definió como un autor: “conceptuoso”, “brillante”,  “profundo”, “objetivo”, “reflexivo”, “capaz en el análisis”, “descubridor de similitudes y diferencias”; lo que –afirmó- “solo lo hacen los hombres inteligentes”.

Manifestó que con la entrada en vigencia de Ley núm. 76-02, se inicia “una nueva cultura procesal penal”, introduciendo por demás un nuevo lenguaje, en el cual se escuchan términos que no existían bajo el viejo Código de Procedimiento Criminal.

Citó como ejemplos de esos nuevos términos: “acta de anticipo de pruebas”, “medidas de coerción”, “acta de audiencia preparatoria de juicio”, “acta de producción de pruebas masivas”, “actas de registro de morada”, “criterio de oportunidad”, “provocación de la víctima”, “sana crítica”, entre otras.

Por su parte, el juez Francisco Ortega Polanco, al dirigirse al auditorio, explicó que “Procedimiento Penal Apuntado”, es un trabajo que por su naturaleza está vinculado a la seguridad, que es la garantía de protección efectiva a la persona, a sus bienes y a sus derechos.

“De manera que el propósito de este libro, no es fijar una posición de ataque o de defensa, sino transmitir una experiencia, en procura del manejo idóneo de la normativa procesal penal para el beneficio de la sociedad”.

Explicó que en las notas al margen, el lector podrá encontrar un resumen de una década de trabajo, tanto de la jurisprudencia, como de la doctrina, derecho comparado, y de su propia experiencia.

Esta nueva publicación, cuyo prólogo corresponde a la doctora Olga V. Herrera Carbuccia, jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), aporta importantes elementos de respuesta a todas las consideraciones jurídicas, tanto en el ámbito teórico como práctico. 

Su concepción está destinada a facilitar la tarea del lector, ofreciéndole informaciones sobre la Constitución de la República y las decisiones jurisprudenciales más importantes.

La obra, que tiene unas 800 anotaciones,  facilita la practica procesal para jueces, abogados en ejercicio y estudiosos del Derecho.

A la puesta en circulación de la obra del magistrado Ortega asistieron los jueces de las altas cortes, miembros de la comunidad jurídica nacional y el empresario José Luis Corripio Estrada (editor de la obra).

(Via ElDia.com.do)

Ministerio urge por aprobación Ley Regulación de Salarios

Ministerio urge por aprobación Ley Regulación de Salarios:

Salario. “Es necesario establecer un orden, transparencia y control en las nóminas de empleados públicos del país”
24 Abril 2013, 9:05 PM
Ministerio urge por aprobación Ley  Regulación de Salarios  
Una de las pretensiones de esa legislación es intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores
Escrito por: Altagracia Castillo

Santo Domingo.-El Ministerio de Administración Pública urgió ayer porque en el país se apruebe  la Ley de Regulación Salarial, y dijo que existen dependencias, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde no se sabe cuál es el monto real de salario que reciben algunos empleados.

Fanny Bello Dotel, directora de Análisis del Trabajo y Recomendaciones de esa institución,  dijo que una de las pretensiones de esa ley  es intervenir dicho Ministerio.  “Sabemos lo que hay en nómina, pero lo que hay más allá  no se conoce”, indicó.

Explicó que su interés  es que esa legislación  sea general  y aplicable a todas las instituciones.

Destacó que la intención es  poder establecer   orden, transparencia y control en el salario del país, que   se asigne el sueldo que corresponde de acuerdo a la complejidad del puesto que ocupe el empleado, y al mismo tiempo  crear los incentivos que sean necesarios  para que pueda haber un paquete retributivo.

Entiende que las nóminas no reflejan exactamente la labor que las personas realizan. “De repente hay un profesional ganando RD$10,000 , porque así está en la nómina, pero su capacidad es mayor”, expresó Bello Dotel al ser entrevistada en el  Almuerzo Semanal del Grupo  de Comunicaciones Corripio.  

Salario mínimo

 Por otro lado, reconoció que  en el país el salario mínimo es insuficiente y  que hay muchos empleados públicos que viven por debajo de los niveles de pobreza. Sostuvo  que en la administración pública el salario evoluciona menos que en el sector privado.

Consideró que si sólo se  establece un aumento al  salario mínimo se creará un caos, porque no habrá igualdad.

Dijo que en el país no va haber un salario que satisfaga la canasta familiar.   Informó que oficialmente el salario mínimo en el sector público es de RD$5, 117.50, pero aclaró que hay algunas instituciones en donde es menor a esa cantidad y en otras es mayor, ya que hay personas que consideran que ese monto es muy poco para el empleado.

 “Eso depende de la capacidad presupuestaria de la institución”, manifestó.

Sueldos altos

    La economista   no cree  que los salarios de  los 22 ministros  con que cuenta el país sean exorbitantes, “lo que pasa es que venimos de una cultura de salarios muy comprimidos”.

Dijo que esos son cargos muy  complejos, y ameritan de mucha responsabilidad  y dedicación”.  

(Via ElDia.com.do)

Tribunal Constitucional anula cobro impuesto de 4% en Punta Cana y Verón

Tribunal Constitucional anula cobro impuesto de 4% en Punta Cana y Verón - DiarioLibre.com:

JUSTICIA|25 ABR|POR FEDERICO MÉNDEZ

Tribunal Constitucional anula cobro impuesto de 4% en Punta Cana y Verón

Dice que la fijación de arbitrios debe contar con autorización previa del Concejo Municipal

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula de pleno derecho, por violación de la Constitución de la República, una resolución que establece un arbitrio de 4% del valor de las taquillas, entradas y tickets vendidos a clientes de empresas que realizan actividades turísticas en Verón y Punta Cana.

La alta corte declaró admisibles las acciones directas en inconstitucionalidad incoadas por las empresas turísticas Marinarivn S.A., Dolphing Explorer, Animal Adventure Park, Bávaro Runners y Luna Tours S.A., contra la Resolución No. 19/2011, del 6 de diciembre de 2011, emitida por el Concejo de Vocales del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana.

Mediante sentencia TC/0067/13 consideró que la decisión, que fija un arbitrio municipal del 4% del valor de las taquillas, entradas y tickets vendidos a cada cliente de las empresas que realizan actividades de excursiones, de la índole que sea, incluyendo las actividades acuáticas, cuyo destino final sea realizado dentro de esa demarcación, por un lado ha sido establecido sin existir una contraprestación que se derive de la existencia de un contrato que se haya originado de un proceso de contratación para la explotación o aprovechamiento del dominio público municipal o la provisión de servicios de suministros.

Asimismo, que por el otro lado, sin que los vocales hubieren obtenido la autorización previa del Concejo Municipal del Ayuntamiento de Higüey que les impone el artículo 82 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, para la fijación de los arbitrios dentro de su demarcación, por lo que se verifica la alegada violación al artículo 200 de la Constitución.

Precisa que la decisión es violatoria de la Constitución por cuanto al pretender crear un arbitrio ha originado un impuesto al gravar los ingresos económicos provenientes de las actividades productivas que las accionantes desarrollan dentro de la jurisdicción municipal, sin la aprobación del Congreso Nacional.

Plantea que también se verifica violación al artículo 202 de la Carta Magna, por cuanto las atribuciones y facultades de los representantes locales del municipio de Verón-Punta Cana han sido reservadas a la ley.

Las juntas municipales

El TC consigna que en vista de que las juntas de distritos municipales tienen el carácter de un órgano desconcentrado de los ayuntamientos. También que no obstante tener autonomía normativa, reglamentaria, fiscalizadora, presupuestaria, administrativa y de uso de suelo, es un ente dependiente de los cabildos, cuyas funciones y atribuciones se derivan de una prorrogación de la competencia que estos ejercen para que sus normativas tengan efectividad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Via www.diariolibre.com)

miércoles, 24 de abril de 2013

Diputados modifican Ley de Registro Civil

Diputados modifican Ley de Registro Civil:

24 Abril 2013, 4:40 PM
Diputados modifican Ley de Registro Civil  
Escrito por: El Día (periodicoeldia.rd@gmail.com)
 

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de modificación a la Ley de Registro Civil mediante el cual los legisladores de Ultramar procuran el restablecimiento de las oficinas de la Junta Central Electoral (JCE) en el exterior.

Marcos Cross, representante en la Cámara Baja por Europa, calificó como un paso importante el hecho de que se haya logrado sancionar dicho Proyecto legislativo, que redundará en beneficio de la comunidad dominicana que reside en el exterior.

“En el día de hoy hemos dado un paso agigantado. Hemos logrado aprobar una modificación a la ley 659, del 17 de marzo del 1944, sobre el Registro Civil, donde logramos pasar en primera y segunda lectura, la modificación al artículo 8, de dicha ley”, sostuvo el legislador peledeísta.

Al realizar la modificación  los párrafos agregados  rezarán:

PÁRRAFO I: En los países extranjeros donde los ciudadanos ejerzan el derecho al  voto, se crean Oficialías del Estado Civil, que  funcionarán jurídicamente dentro de las misiones diplomáticas o consulares correspondientes, para ejercer todos los actos del Registro Civil.  Los funcionarios designados por la JCE para estos fines serán acreditados por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el rango de vicecónsul, previa designación mediante decreto por el Poder Ejecutivo.

 

PARRAFO II: La JCE como organismo responsable realizará las transcripciones de actas de  nacimientos, matrimonios y defunciones registrados en el extranjero, en las Embajadas o Consulados, de forma automática, a través del sistema automatizado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

 PARRAFO III: Las operaciones de las oficialías establecidas en el exterior se financiarán con cargo al presupuesto de la Junta Central Electoral.

 

“El diputado, dijo además que, “A partir de ahora, una vez sea aprobado en el Senado, las oficinas de la JCE, en el exterior serán abiertas de manera permanente. Es una lucha que venimos manteniendo con la JCE desde el momento en que se autorizó el cierre de las oficinas, en el mes de diciembre del 2012. Vista lo imposibilidad de reapertura, lo trabajamos como legisladores”, agregó.

 

“En el Senado también hay una comisión de dominicanos en el exterior, y yo estoy seguro que va a trabajar el tema, lo va a agilizar, lo va aprobar, y nosotros  también como comisión de diputados en el exterior, vamos a visitar al presidente del Cámara del Senado, y a los senadores que conforman  la Comisión Permanente de Dominicanos en el Exterior, para que agilicen, de la misma forma que la Cámara de Diputados, la aprobación de esta pieza. 

Finalmente, el Presidente de la República pueda promulgarla, y reabrir con urgencia las oficinas que ya han sido cerradas por la JCE”, puntualizó el legislador.

(Via ElDia.com.do)

+ Sobre el Código Procesal Penal (El régimen procesal de la corrupción)

El régimen procesal de la corrupción - DiarioLibre.com:

CODIGO PROCESAL PENAL|24 ABR|POR DIARIO LIBRE

El régimen procesal de la corrupción

Una de las novedades del CPP fue la elaboración de un régimen procesal especial en materia de corrupción. Son varias las disposiciones contenidas en su normativa que le dan un tratamiento particular a esta materia. 


PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Las reglas generales que rigen la prescripción de la acción penal son las siguientes: 

Primero: 1) Prescribe la acción penal al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres. 2) Al vencimiento del plazo de un año cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto. 

Segundo: para el cómputo de la prescripción de la acción penal se rige por la pena principal prevista en la ley y comienzan a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para las infracciones continuas o de efectos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia. 

Ahora bien, en materia de corrupción, el CPP dispone la suspensión de las reglas de la prescripción de la acción penal conforme el criterio siguiente: "El cómputo de la prescripción se suspende: (...); 2) En las infracciones cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo o en ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función pública y no se les haya iniciado el proceso;" y añade más adelante: " Terminada la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continua su curso". 

QUERELLA. Conforme la definición del CPP, la querella es el acto por el cual las personas autorizadas por este código promueven el proceso penal por acción pública o solicitan intervenir en el proceso ya iniciado por el ministerio público.

La regla general que rige en la materia es que la víctima es la persona que tiene calidad para constituirse en querellante, promover la acción penal y presentar acusación, conforme lo establece el CPP. 

Sin embargo, respecto de la querella, tratándose de corrupción administrativa, el CPP dispone lo siguiente: en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante.

DENUNCIA. El CPP dispone que toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública puede denunciarla ante el Ministerio Público, la policía o cualquier otra agencia ejecutiva que realice actividades auxiliares de investigación. Es decir se trata de un acto voluntario de responsabilidad ciudadana.

Ahora bien, la denuncia se convierte en una obligación respecto de las infracciones de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de éste, lleguen a conocimiento de: 1) Los funcionarios públicos; (...); 3) Los contadores públicos autorizados y los notarios públicos, respecto de infracciones que afecten el patrimonio o ingresos públicos.

Cualquier pregunta o comentario dirigirlo a: gmorenocpp@gmail.com

Guillermo Moreno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Via www.diariolibre.com)

¡Basta ya de publicidad engañosa a la población! No a las ofertas de precios irreales

¡Basta ya de publicidad engañosa a la población! No a las ofertas de precios irreales:

24 Abril 2013, 10:13 AM

¡Basta ya de publicidad engañosa a la población! 
No a las ofertas de precios irreales

Escrito por: Jaime Fernández Lazala (jaimeu_fl@hotmail.com)

El Ministerio de Industria y Comercio, y  los  supermercados, tiendas de ropas y de electrodomésticos, de computadoras y ferreterías  violentan sistemáticamente la Ley de hidrocarburos y la ley General de Protección de los Derechos del Consumidor 358-05, al ofertar publicidad engañosas en perjuicio de los consumidores y usuarios, tanto de los servicios públicos como privados.

El ministro de Industria y Comercio,  José del Castillo, admitió que viola la ley 112-00 y su reglamento 307-01, al explicar que para que el público no se vea afectado por los picos especulativos no aplica el porcentaje establecido por dicha Ley semanalmente.

Admitió que desde el año 2010 a esta parte, el mercado ha estado caracterizado por una volatilidad hacia el alza,  y el reglamento  307-01  que  es un mecanismo que ciertamente es discrecional lo autoriza a intervenir en los precios cuando estos aumentan por encima de un 1% en aras de asumir parte del aumento a modo de subsidio y que el público  consumidor no se vea afectado por estos picos especulativos, lo que pone en evidencia la violación de la Ley.

Reiteró, que obviamente, cuando subimos en una semana, donde puede darse el caso que esté subiendo diez pesos a la gasolina y solamente transferimos cuatro pesos, nos quedan seis pesos de rezagos que la semana entrante están ahí presentes para ver qué pasa con el promedio de los precios y si el promedio de los precios da que debe bajar dos pesos, todavía está subiendo cuatro pesos, porque todavía tengo seis rezagados. Medios de comunicación esconden la verdad sobre estas declaraciones.

Jaime Fernández Lazala, vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), insiste  en llamar a los Partidos políticos opositores y al pueblo en general  a elevar recursos en reconsideración contra las resoluciones irregulares, emitidas semanalmente por la Dirección de Hidrocarburos, para contribuir a  frenar el gran mercado especulativo  de los combustibles.

Recursos de reconsideración es el que se presenta ante el mismo órgano  que dictó  un auto o resolución para regular cualquier aspecto administrativo, para que lo revoque, sustituya o modifique por contrario imperio.

Si en diez días, la Dirección de Hidrocarburos no contesta entonces se eleva un recurso jerárquico ante el Ministerio de Industria y Comercio y si este a su vez no responde en el mismo plazo, procede se eleve un  Recurso Contencioso Administrativo  contra la ilegal y absurda Resolución de la Dirección de Hidrocarburos.

La solicitud de  anulación de un auto o resolución es un principio de derecho básico dentro de la administración pública, como lo es la supremacía  de la ley sobre los actos administrativos y reglamentarios.

Es pertinente aclarar que la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, fue creada para eliminar el manejo discrecional por parte del Estado de los precios de los combustibles, a fin de que los precios de venta al público reflejen continuamente las condiciones cambiantes del mercado internacional;  pero resulta que este objetivo no se ha logrado, ya que  el ministerio  de Industria y Comercio está incluyendo valores que no contempla la ley al precio de compra, como son los fletes, seguros, cargos, recargos y otros costos inflacionarios que determinan la especulación, puesto que el Gobierno no compra unidad, sino grandes volúmenes según facturas de embarque y muchas veces en toneladas métricas, lo que refleja en la práctica un menor precio del que se anuncia semanalmente.

El precio del petróleo  cerró este lunes a un máximo de 93,53 dólares por barril,  para un descenso de 1,66, su cotización en ocho meses. Y sin embargo Los precios de los derivados del petróleo se mantienen en alza durante los tres primeros días de esta semana,

Se hace innegable y ostensible, que el precio del galón de gasolina se mantiene al precio de cuando el barril de petróleo costaba más de cien  dólares.

“Hay una confabulación de la oligarquía económica para desarticular el precio del barril de crudo de Texas”,  así lo reconoció Temístocles Montás cuando afirmó que el déficit cuasi-fiscal, se estaba cubriendo con ese diferencial.  Lo que revela la violación de la ley y permite que esos funcionarios sean interpelados por el Congreso Nacional, a fin de que  expliquen al pueblo esas irregularidades.

El actual Gobierno debe crear un fondo de compensación de precios de los combustibles como se ha realizado en otros países o si el Congreso Nacional no enmienda el artículo 8 de la Ley 112-00, que establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo, mediante la cual se logre la aplicación de un mecanismo que disminuya la frecuencia de los ajustes que se realizan semanalmente para que se hagan trimestral, ya que la magnitud de los incrementos y bajas de los precios de los derivados del petróleo y del aumento de la prima de los dólares, mantienen una constante modificación de precios de los artículos de primera necesidad.

(Via Hoy.com.do)

martes, 23 de abril de 2013

Directores de medios y abogados debatirán legislación sobre libertad de expresión

Directores de medios y abogados debatirán legislación sobre libertad de expresión - DiarioLibre.com:

CONGRESOS Y CHARLAS|22 ABR, 8:08 PM|POR DIARIO LIBRE

Directores de medios y abogados debatirán legislación sobre libertad de expresión

SANTO DOMINGO.-Los principales directores de diarios del país y abogados especialistas en derecho constitucional debatirán el próximo miércoles la problemática de la legislación sobre libertad de expresión y medios de comunicación en la República Dominicana. 


La actividad la organizan las fundaciones Prensa y Derecho e Institucionalidad y Justicia (Finjus), con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).

Al hacer el anuncio, Namphi Rodríguez, presidente de Prensa y Derecho, dijo que el panel "Medios de Comunicación y Libertad de Expresión: la Perspectiva de la Reforma Legal", se desarrollará de 8:30 a 12:30 del mediodía de este miércoles en el hotel Santo Domingo.

Dijo que en la actividad, el director del matutino Listín Diario, Miguel Franjul, abordará el tema de la despenalización de los delitos de presa, mientras Osvaldo Santana y Aurelio Henríquez tratarán la responsabilidad penal de los directores de medios de comunicación en el contexto de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, y de la reciente sentencia dictada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. 

Igualmente, Rafael Molina Morillo, director del diario El Día, ofrecerá una panorámica de la reforma sectorial, mientras que Manuel Quiroz hablará sobre la regulación de contenidos en radio y televisión. 

Los abogados Flavio Diario Espinal, Servicio Tulio Castaños, Demóstenes Martínez y Namphi Rodríguez tendrán a su cargo el enfoque constitucional y legal del tema. 

El panel es un esfuerzo conjunto de Finjus y de Prensa y Derecho por impulsar las leyes que están pendientes de aprobación para hacer compatible el ordenamiento legal con la Constitución de la República. 

Los proyectos de leyes fueron redactados por una comisión de expertos en derecho de la comunicación y están pendientes para su sometimiento al Congreso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Via www.diariolibre.com)

+ Consultas en Materia Laboral (Accidente Laboral sin haber entrado en la TSS)

CONSULTORIO LABORAL:
22 Abril 2013, 10:18 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS (Especialista en derecho laboral)
1. Un empleado tuvo un accidente dos días luego de que entró a trabajar y todavía no tenía entrada en la TSS. Poseía un seguro de salud, por su esposa. La ARL pagó los gastos de riesgos laborales, pero se niega a darle una indemnización. ¿Qué se puede hacer en este caso?
El tercer párrafo del Art. 4 de la Ley 87-01 dispone que “el retraso del empleador en el pago de las cotizaciones del seguro de riesgos laborales no impedirá el nacimiento del derecho del trabajador a las prestaciones que le garantiza la presente ley. En tal caso, el SDSS deberá reconocer y otorgar dichas prestaciones y proceder de inmediato a cobrar a la entidad empleadora el monto de las aportaciones vencidas, más las multas e intereses que correspondan.
” En base a este texto legal le sugiero que se acerque a la ARL Salud Segura y trate de convenir con ellos que otorguen al empleado accidentado las prestaciones e indemnizaciones que por ley correspondan, y a cambio, ustedes comprométanse a pagar las aportaciones y demás cargos que correspondan. Ya hay precedentes en ese sentido, es decir, hay empresas que han obtenido eso, pues a fin de cuentas está amparado en la ley. De modo que no creo que tenga inconvenientes.
Si logra esto, consígase una certificación expedida por la ARL en donde da constancia de las prestaciones e indemnizaciones, y sus montos, concedidos al trabajador accidentado. Normalmente la ARL otorga esa certificación al final del período de tratamiento, que puede prolongarse por varios meses y hasta un año.
Esa certificación le va a servir a usted en caso de que el empleado interponga una demanda en daños-y-perjuicios; cosa que ocurre con mucha frecuencia, a pesar de haber recibido los beneficios de la ARL.
A parte de eso, sería prudente además que usted se muestre lo más diligente posible, colaborando con el empleado accidentado en la compra de medicinas y/o en el pago de consultas médicas derivadas del accidente.
De otra parte, debe usted saber que el contrato de trabajo se mantiene vigente, pero suspendido; de modo que usted no puede ponerle término al contrato. Durante ese tiempo, es recomendable que mantenga vigente la afiliación del empleado en cuestión en la seguridad social.
Y para una próxima ocasión, conviene afiliar al empleado el mismo día que ingresa a trabajar. Eso se hace por internet en el portal de la TSS.
(Via Hoy.com.do)

Tribunal Constitucional: Plazos para reclamar la paternidad no prescriben

Tribunal Constitucional: Plazos para reclamar la paternidad no prescriben - DiarioLibre.com:

JUSTICIA|23 ABR|POR FEDERICO MÉNDEZ

Tribunal Constitucional: Plazos para reclamar la paternidad no prescriben

La alta corte revocó dos sentencias más de la SCJ

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional anuló dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una de cuyas decisiones estableció el criterio de que después de la entrada en vigencia de la Ley 136-03, sobre Protección de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, las acciones en reclamación de filiación son imprescriptibles.

En su sentencia TC/0059/13, anula la No. 258, del 17 de agosto de 2011, dictada por la Sala Civil de la SCJ, ordenando el envío del expediente al tribunal, para que interprete y aplique los artículos 211 y 486 de la Ley 136-03.

La alta corte considera que se han violentado los derechos fundamentales a la dignidad humana y al apellido del padre, derechos que están directamente vinculados al valor central del estado social y democrático de derecho.

Plantea que el derecho a la dignidad humana y al apellido del padre son fundamentales que se encuentran tutelados en la Constitución de la República y los tratados que forman parte del bloque de la constitucionalidad, por lo que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata y la Primera SCJ incurrieron en violación al interpretar erróneamente el artículo 486, de la Ley 136-03 y declarar inadmisible una reclamación de filiación.

Conforme a la documentación presentada en el expediente, Rafael Arias y Rosaida Arias, demandaron, el 23 de agosto de 2007, ante el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, a Rosalinda de los Santos Vda. García, Evelyn Altagracia García de los Santos, Desireé Ramona García de los Santos, Rosa María García de los Santos y Lucía Petronila García de los Santos, cónyuge superviviente e hijas del fenecido Isidro García Mercedes, respectivamente, quien no los reconoció en vida.

El tribunal declaró inadmisible la petición, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelación, el 2 de marzo de 2009, pero las partes interpusieron un recurso de casación.

La Primera Sala de la SCJ rechazó el recurso de casación interpuesto por los recurrentes por haber prescrito el plazo para demandar en reclamación de paternidad, conforme a la ley vigente al momento del nacimiento de los reclamantes, que era la No. 985, del 5 de agosto de 1945, derogada por la Ley No. 14-94, y ésta por la Ley 136-03.

La segunda sentencia

El TC acogió parcialmente la acción de amparo interpuesta por la Asociación Nacional de Pilotos contra el Instituto Dominicano de Aviación Civil.

En consecuencia, ordena al IDAC la entrega inmediata de los nombres de cada uno de sus empleados y funcionarios, indicando el cargo y el salario de cada uno de ellos.

La alta corte emitió la sentencia TC/0052/13, a través de la cual anula la No.130, dictada por la Tercera Sala de la SCJ, el 7 de marzo de 2012.

Es de criterio que el tribunal interpretó incorrectamente el artículo 17 de la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública, al considerar que la nómina de una institución pública constituye información reservada.

Al igual que la SCJ, el TC considera, que las informaciones vinculadas a la entrada y salida de las aeronaves de un aeropuerto cualquiera, así como las grabaciones de radio entre los pilotos y la Torre de Control constituyen datos reservados y sensibles, en la medida en que quien dispone de las mismas puede usarlas de manera inadecuada y poner en riesgo la seguridad interna del país.

Dice que esas informaciones no deben suministrarse a particulares, sino a organismos oficiales cuando las necesitaren.

Libre acceso a la información

El TC sostiene que la SCJ consideró que la institución demandada en amparo no tenía la obligación de dar a conocer la relación de las entradas y salidas de las aeronaves que embarcan y desembarcan en el aeropuerto de Punta Cana. Igualmente, es del criterio que la institución demandada no tenía que suministrar el nombre, cargo y salarios de sus funcionarios y empleados.

En lo que respecta a la nómina de la institución pública, el Tribunal Constitucional recuerda que estableció en la sentencia TC/0042/2012, que los datos que contiene la misma no constituyen informaciones reservadas ni sensibles y que, en consecuencia, deben ponerse a la disposición de todas las personas que los requieran, criterio que se reitera en el presente caso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Via www.diariolibre.com)

lunes, 22 de abril de 2013

Realizarán vistas públicas sobre modificaciones a Ley de Tránsito

Realizarán vistas públicas sobre modificaciones a Ley de Tránsito - DiarioLibre.com:

NOTICIAS|22 ABR, 1:12 PM|2|POR SOCORRO ARIAS
GUARDADO EN:DIPUTADOS, LEY 241, TRÁNSITO

Realizarán vistas públicas sobre modificaciones a Ley de Tránsito

Las modificaciones propuestas incluye que una sola institución regule el tránsito en el país
SANTO DOMINGO-. Las Comisiones de Obras Públicas y Comunicación Vial y la de Justicia de la Cámara de Diputados celebrarán Vistas Públicas para escuchar las opiniones de los distintos sectores sobre el proyecto de ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el país.

Las vistas públicas sobre la propuesta para modificar la Ley 241 sobre tránsito serán este miércoles 24, en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña, a la 6:00 de la tarde.

Hugo Fortuna presidente de la Comisión de Obras Públicas explicó que este proyecto de ley procura crear en el país una sola institución que regule el tránsito en todo el país, por lo que manifestó que este es el primer proyecto sobre el tránsito en la República Dominicana, en la que se establece que todas las rutas son única y exclusivamente del Estado.

El legislador invitó a los diferentes sectores interesados a participar en las vistas públicas a presentar sus propuestas en torno al tema.

La ley tiene por objeto la regulación de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana y cuya ejecución, aplicación e interpretación se harán con apego a los principios, declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución y cuya aplicación se hará en todo el territorio nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Via www.diariolibre.com)

Sentencia del TC sobre: la prohibición de expulsar a los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos por falta de pago.



Tribunal Constitucional le habla a los Colegios Privados. Les recuerda que la educación no es un negocio y que mucho menos esta exenta de control estatal.

"En ese orden de ideas, la educación representa un bien de interés
general y colectivo, que cumple con una función social, a diferencia de los
objetivos que se persiguen con las transacciones comerciales en el mercado.

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de expulsar a los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos por falta de pago de los padres no está impuesta a los profesores, sino a los centros de enseñanza, protegiéndose con ello el derecho a la educación y evitando que los niños sean usados como medio para constreñir a los padres a cumplir con su obligación de pago...".

Para ver la Sentencia pulsa Aquí 

Por la magistrada Katia Miguelina Jimenez

domingo, 21 de abril de 2013

Poder Judicial coordina el traslado y la reducción de presos preventivos

Por Diario Libre
JUSTICIA|20 ABR|POR FEDERICO MÉNDEZ

Poder Judicial coordina el traslado y la reducción de presos preventivos
Germán Mejía dijo los reenvíos se deben a la falta de traslados de presos

SD. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, y el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, sostuvieron una reunión, con la participación de jueces del Distrito Nacional, con el propósito de ejecutar un plan piloto para el traslado de los presos a los tribunales, a los fines de contribuir con la reducción de los preventivos.

En el encuentro participaron, además, el director de Prisiones, Tomás Holguín, jueces de salas penales, tribunales colegiados y de la Instrucción del Distrito.

Domínguez Brito explicó que ha trabajado directamente con la SCJ en un proyecto piloto de solicitud de traslados de reclusos, sobre todo lo atinente a la reducción de internos preventivos. Adelantó que se han tomado una serie de medidas, que calificó como positivas, ya que en los últimos dos meses de evaluación el balance ha llegado casi al 95% de traslados.

Asimismo, los requerimientos de citación se están haciendo casi una semana antes.

Mientras que Germán Mejía aseguró que el encuentro coordinado entre la SCJ, Prisiones y Procuraduría, tenía la finalidad de tratar el problema del traslado de los presos al Palacio de Justicia para que los juzgados puedan celebrar sus audiencias y sus actividades diarias.

"Esa es la idea, de que se disminuyan los presos preventivos, cuando no se traslada a tiempo, o hay dificultades, de alguna manera entonces se reenvían las audiencias, al reenviarse las audiencias hay más presos preventivos".

El magistrado calificó la situación como un problema a nivel nacional y que lo ideal es que el sistema de justicia funcione perfectamente.

Las actitudes: prejuicio y discriminación

19 Abril 2013, 9:20 PM
Las actitudes: prejuicio y discriminación
Los prejuicios se derivan de personalidad autoritaria e intolerante

Escrito por: KEDMAY T. KLINGER BALMASEDA (klinger_psicología@yahoo.es)
Mientras que el prejuicio es una actitud injusta, intolerante o desfavorable hacia un grupo de personas; la discriminación es una acto o una serie de actos inicuos, dirigidos contra un grupo completo de personas o a uno de sus miembros; es decir, discriminar es tratar a una clase completa de personas de una manera indebida.

Por esta razón, se determina que el prejuicio es una actitud y la discriminación una conducta, a pesar de que éstos no siempre ocurren juntos; por lo que es posible estar prejuiciado contra otros sin conducirse abiertamente de manera hostil o discriminatoria.

Es por esto que se entiende que las creencias prejuiciados prácticamente siempre son estereotipos, por lo que la confianza en los estereotipos lleva a ideas erróneas acerca de otras personas, ya que junto con las creencias estereotipadas, las actitudes prejuiciadas en general están señaladas por emociones fuertes, como disgusto, temor, odio o aversión, lo que comprende que sea probable que tales sentimientos lleven al individuo a discriminar al grupo en cuestión.

Los prejuicios son el resultado de la frustración experimentada por el grupo que los tiene, aunque los mismos no están limitados a un grupo racial o étnico particular; y esto se explica porque los prejuicios se derivan de una personalidad autoritaria e intolerante, lo que provoca que las personas con actitudes muy prejuiciosas sean con frecuencia rígidamente convencionales y estén siempre preocupadas por el poder y la rigidez, mostrándose hostiles hacia aquellos que violan sus normas. Esto incentiva que estas personas teman, sospechen y rechacen a todos los grupos distintos a los que pertenecen, en vista de que los prejuicios son una expresión de su enfoque suspicaz y erróneo de la vida.

Los psicólogos mayormente entendemos que los prejuicios y la discriminación están formados y mantenidos por los intentos de las personas por ajustarse socialmente, puesto que si nos unimos a personas que expresan claros prejuicios, es más probable que estemos de acuerdo con sus ideas que ofrecer resistencia. De manera, que las presiones de la aprobación social ayudan a explicar por qué los niños absorben rápidamente los prejuicios de sus padres y de los compañeros del colegio mucho antes de que se hayan formado sus propias creencias y opiniones con base en la experiencia, ya que a menudo la presión de los compañeros suele tornarse mucho más viable y aceptable al expresar ciertos prejuicios, que en lugar de conducirse de manera tolerante hacia miembros de otros grupos sociales.

Ahora, para poder estimular el que las personas abandonen los prejuicios arraigados durante años, hay que tener en cuenta que el punto principal está en cambiar la conducta, no las actitudes, puesto que con frecuencia el cambiar la conducta es el primer paso hacia el cambio de actitudes, además, puede ser difícil hacer ceder a las actitudes porque las mismas con frecuencia, están ocultas.

Los cambios en la Ley 6132 no deben ser selectivos o excluyentes

19 Abril 2013, 9:27 PM
Los cambios en la Ley 6132 no deben ser selectivos o excluyentes
El fallo de la Suprema fue debidamente sustentado

Escrito por: MANUEL QUIROZ
Con su reciente sentencia sobre la Ley 6132, la Suprema Corte de Justicia ha sentado jurisprudencia y despojado a esa vieja legislación de prensa de un odioso y arbitrario artículo, cuya eliminación se reclamaba desde hace años por violar un fundamental precepto constitucional.

Aunque este importante paso deberá ser ahora avalado por el Tribunal Constitucional, que en marzo había sido formalmente apoderado de una instancia para tal supresión, la Suprema facilita e impulsa ese proceso, mientras se aguarda un cambio global que actualice la ley, a fin de contribuir a fortalecer y rodear de mejoras garantías el libre ejercicio periodístico.

La medida ha generado satisfacción principalmente entre ejecutivos de medios, ya que la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento hacía responsable a los directores por cualquier publicación que diera lugar a una demanda por injuria o difamación ante los tribunales.

En este aspecto específico, el fallo de la Suprema fue debidamente sustentado y no admite discusión, ya que tal como establece con claridad la Constitución de la República en su artículo 49, nadie puede ser perseguido ni juzgado por el delito que cometa otra persona.

Sin embargo, es de esperar que por el vital principio de igualdad ante la ley, al Tribunal Constitucional le corresponda la tarea de introducir precisiones para que el cambio introducido por la Suprema no sea selectivo ni excluyente al proteger sólo a los directores. La aspiración, justa, sentida y legítima, es que favorezca también a todos los periodistas que laboran en los medios, a fin de sentar las bases para lograr la despenalización de los llamados delitos de prensa. En la práctica se incurriría en una grave aberración contraria a la injusticia que se busca eliminar, si los reporteros se ven expuestos a sanciones penales como autores o cómplices en los procesos por difamación e injuria, mientras directores y editores están exentos de cualquier reprimenda en los tribunales.

En ese sentido, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) ha advertido oportunamente que “no podemos dejar la responsabilidad únicamente a los periodistas, porque de lo contrario estaríamos condenando a la sociedad a recibir informaciones censuradas por los propios periodistas, por temor a no estar seguros cuando realiza una información de interés público”. La exposición del CDP debe ser objeto de una debida ponderación, pues la fundamenta en una realidad bien conocida por los periodistas que han trabajado en un medio informativo. Con el propósito de ilustrar en este aspecto a juristas y neófitos en la materia, en un lenguaje sencillo y didáctico expresa: “en redacción de un medio de comunicación, el director o el ejecutivo de mando, tiene que ser responsable de las informaciones que salen publicadas en un noticiero o un periódico, porque las noticias de interés público sólo salen publicadas si tienen la aprobación directa o indirecta del director, subdirector o director de prensa”.

Otro aspecto fundamental que al parecer no ha sido debidamente advertido, es que la declaración de inconstitucionalidad no priva a los ciudadanos del derecho de pedir una reparación a su honra si se consideran difamados o injuriados.

En resumen, lo relevante es que medios y periodistas verifiquen y sustenten, con seriedad y rigor profesional, las informaciones que deben servir con la mayor precisión, amplitud y objetividad posibles y sin deformadores juicios de valor que violenten principios éticos y deontológicos. Más que por temor a una eventual crítica o sanción legal, para estar apegados a la verdad, respetar al público y, sobre todo, honrar la credibilidad, sin la cual el periodismo no puede cumplir cabalmente con su esencia orientadora y edificante.

viernes, 19 de abril de 2013

Experto en derecho constitucional afirma sectores políticos y religiosos obstaculizan selección del “Defensor del Pueblo”

Experto en derecho constitucional afirma sectores políticos y religiosos obstaculizan selección del “Defensor del Pueblo”:

8 Abril 2013, 11:59 AM
Experto en derecho constitucional afirma sectores políticos y religiosos obstaculizan selección del “Defensor del Pueblo”

El abogado Ramón Martínez Portorreal dijo hoy que la tardanza de 12 años de todavía no tener en el país la figura jurídica “Defensor del Pueblo”, se debe, exclusivamente, al interés marcado de sectores caóticos que imponen criterios y posiciones con actitudes inquisidoras.

Señaló que desde 1991 se ha trabajado en la creación de este órgano jurídico como manera de hacer la vida política de la sociedad con más calidad y que los ciudadanos tengan más protección en cuanto a sus derechos fundamentales.

El experto en derecho constitucional sostiene que la figura jurídica del Defensor del Pueblo debe estar al margen de las opiniones y de las imposiciones de los partidos políticos y de los sectores de la iglesia católica, “el pueblo merece respeto y no que se le impongan actitudes de gentes con conceptos de heredades”.

Explicó que con estos caprichos se están violando los artículos 190, 191 y 192, de la Constitución de la República.

El exponente ha escrito un libro titulado: “En Busca del Defensor del Pueblo”, en el cual relata la necesidad de que en el país exista un órgano jurídico de esta naturaleza, el cual, servirá, como auditor de los actos de los funcionarios públicos y privados, e instituciones en sentido general.

(Via Hoy.com.do)

Hacer ejecutar lo juzgado

Hacer ejecutar lo juzgado:

18 Abril 2013, 9:06 PM
Hacer ejecutar lo juzgado 

Es al Poder Judicial a quien toca juzgar y hacer ejecutar lo juzgado

Escrito por: Eduardo Jorge Prats (e.jorge@jorgeprats.com)

 Una de las grandes deficiencias de nuestro Estado de Derecho es que cuando el justiciable que ha acudido a los tribunales en búsqueda de tutela de sus derechos logra finalmente, al cabo de largos años de batallar judicial, de infinitos recursos y múltiples incidentes y trámites, obtener una sentencia definitiva e irrevocable que le da ganancia de causa, comienza otro calvario para el justiciable que es tratar de ejecutar la sentencia que le es favorable. Y es que al justiciable no solo se le condena a sufrir un largo y enrevesado proceso para tener razón sino que, una vez se le da la razón, constituye todo un proceso adicional hacer que la razón judicialmente reconocida se cumpla en los hechos.

 Muchas veces la sentencia es ejecutable contra particulares y requiere el auxilio de la fuerza pública. Tradicionalmente esta fuerza pública ha sido otorgada y sigue siendo otorgada por el Ministerio Público, conforme disposiciones legales que se remontan al origen mismo de la República. Obtener esta fuerza pública depende algunas veces, sin embargo, de la voluntad arbitraria de procuradores fiscales que, en numerosas ocasiones, se niegan a otorgarla para la válida ejecución de las sentencias.

Consciente de estas debilidades del Ministerio Público como institución, aparte de las nuevas y verdaderas misiones de esta institución en el marco del sistema penal que le imposibilitan ser juez y parte respecto al cumplimiento y ejecución de sentencias, el constituyente de 2010 estableció clara y expresamente en el artículo 148, párrafo I, de la Constitución que “la función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”. De manera que, desde la óptica constitucional, a quien corresponde otorgar o no la fuerza pública es a los jueces y tribunales de la República y no al Ministerio Público, en la medida en que, conforme al texto constitucional citado, es al Poder Judicial a quien toca juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Esto se cumple parcialmente respecto al sistema penal en donde es al juez de la ejecución de la pena a quien le corresponde, de acuerdo con el Código Procesal Penal, “el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión condicional del procedimiento, de la sustanciación y resolución de todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la condena” (artículo 74). Sin embargo, en el plano civil, comercial, laboral y del Derecho privado en sentido general, no disponemos de un “juez de la ejecución de la sentencia” que vele por el fiel cumplimiento y ejecución de las sentencias dictadas por los jueces en dicha materia.

En cuanto al Tribunal Constitucional, conforme la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, éste resuelve sobre “las incidencias de la ejecución” de sus sentencias (artículo 50), de acuerdo con los poderes del juez de amparo (artículo 89), que también vela por el cumplimiento de sus mandamientos. De todos modos,  más allá de los mecanismos establecidos por la propia LOTCPC y el ordenamiento jurídico para la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, sería aconsejable la instauración en la organización del propio Tribunal Constitucional de una oficina de seguimiento y vigilancia de la efectividad de las sentencias que emita el Tribunal Constitucional, que permita dar el seguimiento a las distintas sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente a aquellas que involucran un determinado tipo de actuación de los poderes públicos o que ordenan determinadas actuaciones de parte de la Administración. Esta oficina daría seguimiento a partir de la emisión de la sentencia y dispondría un registro anual sobre organismos renuentes o funcionarios amonestados por sentencias del Tribunal Constitucional que podrían ser publicados en la página web y también, eventualmente, a través de los medios de difusión nacional como un dispositivo de presión sobre su conducta.

La cuestión de la ejecución y cumplimiento de las sentencias se vuelve más que dramática cuando éstas son contra el Estado. Aquí estamos en presencia de un verdadero suplicio porque el Estado incumple muchas veces los laudos arbitrales, las sentencias internacionales y las decisiones de la jurisdicción contencioso-administrativa en su contra, lo cual se agrava porque, cuando se trata de sanciones o reparaciones económicas, el Estado es inembargable. La Ley 86-11 dispone que las sentencias en contra del Estado “serán satisfechas con cargo a la partida presupuestaria de la entidad pública afectada con la sentencia” (artículo 3) y que, en caso de que no haya fondos presupuestarios suficientes, las autoridades se ocupará de “su inclusión en el ejercicio presupuestario siguiente” (artículo 4). Cuando el funcionario correspondiente no hace esta inclusión, solo queda entonces el camino del juez de amparo de cumplimiento, recomenzando entonces el duro, costoso, tortuoso e interminable ciclo judicial.

(Via Hoy.com.do- Opiniones)

Procurador afirma investiga a los casinos y casas de juegos

Procurador afirma investiga a los casinos y casas de juegos:

18 Abril 2013, 11:20 PM
Procurador afirma investiga a los casinos y casas de juegos

Afirma que esos negocios son muy difíciles de supervisar en cualquier parte del mundo

Escrito por: CARMEN MATOS (c.matos@hoy.com.do)

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reveló ayer que las autoridades están inmersas en un proceso de seguimiento continuo a las operaciones de los casinos, casas de juego, inmobiliarias y joyerías, con el objetivo de que asuman procedimientos preventivos del lavado de activos.

Sostuvo que las llamadas Entidades y Profesiones no Financieras Designadas (EPNFD´S) son muy difíciles de supervisar en el país y en cualquier parte del mundo, por lo que la tarea se constituye en todo un reto para las autoridades locales.

“Para hacer frente a ese problema, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y la Unidad de Análisis Financiero están realizando reuniones con representantes de esos sectores y sus gremios”, declaró Domínguez Brito, quien explicó que las entidades  desarrollarán un programa de entrenamiento en  la prevención del lavado y el financiamiento del terrorismo.

(Via Hoy.com.do)

jueves, 18 de abril de 2013

CDP aboga por modificación la Ley 6132

CDP aboga por modificación la Ley 6132 - DiarioLibre.com:

PRENSA|18 ABR, 4:56 PM|POR DIARIO LIBRE
GUARDADO EN:CDP, PERIODISTA,

CDP aboga por modificación la Ley 6132

"El periodista ético no teme a ser acusado de difamación e injuria"

SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Periodistas reiteró la necesidad de que el Congreso Nacional se aboque a modificar o cambiar la Ley 6132 sobre la Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento para dejar bien claro y establecido los derechos que gozan los ciudadanos en torno a le libertad de expresión y el derecho a la intimidad y al buen nombre.

Aurelio Henríquez valoró de positivo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el artículo 46 de la Ley 6132, para este caso en particular, porque obligaría al Tribunal Constitucional y al Congreso Nacional a decidir de una vez y para siempre sobre la prevalencia de dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, la honra y al buen nombre del ciudadano.

Henríquez reiteró que por principio nuestro deber es defender el ejercicio del periodismo ético y con responsable, donde los periodistas realicen su trabajo a pegado a la verdad de los hechos, sin ningún temor a ser demandado por difamación e injuria, porque quien dice la verdad no temes, porque siempre esta saldrá a relucir por encima de todas las cosas.

Consideró que en la redacción de un medios de comunicación, el director o el ejecutivo de mando, tiene que ser responsable de las informaciones que salen publicadas en el noticiarios o periódicos, porque las informaciones de interés públicos sólo salen publicadas en los medios si tienen la aprobación directa o indirecta del director, sub-director o director de prensa.

"No podemos dejar la responsabilidad únicamente a los periodistas, porque de lo contrario estaríamos condenando a la sociedad a recibir informaciones censuradas por los propios periodistas, por temor a no estar seguros cuando realiza una información de interés públicos", manifestó.

"Recuerden que cuando un periodista publica una información, siempre habrá una persona que dice sentirse afectados o difamados, pero si el periodista antes de publicar la información, la confirma, presenta los documentos que avalen la información, no hay ningún temor", agregó.

Sin embargo, vaticinó que de declarar definitivamente la inconstitucionalidad de la responsabilidad penal o civil a los directores o a los que ellos representan, en los espacios noticiosos e informativos, estaríamos condenando a una sociedad censurada y desinformada.

El CDP hace un llamado a los periodistas a ejercer su profesión con ética y con responsabilidad social, entender que su rol es con la sociedad, no con ningún sector en particular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Via www.diariolibre.com)

Sentencia sobre Incidentes del proceso. Medios de inadmisión



Sentencia de la Suprema Corte de Justicia

Incidentes del proceso. Medios de inadmisión. Alcance. Al no pronunciarse sobre el mismo y conocer el fondo se violo derecho de defensa.

Link aquí 

Atentamente,

Por:
Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
Centro de los Héroes - Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.
Código Postal: 1485
Tel. 809.533.3191, exts. 2189 y 2193
Fax. 809.532.3859
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