El Poder Judicial no recibe lo que le toca según la Ley 194-04

Publicado por el periódico El Caribe

El Poder Judicial no recibe lo que le toca según la Ley 194-04

JUEVES 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 . 12:00AM

Por Julia Ramírez

Al aprobarse el Presupuesto General de la Nación sin modificaciones, se vuelve a incumplir la Ley 194-04, que establece los montos a asignarse al Poder Judicial.La partida presupuestaria que se prevé otorgar en 2013 para este poder del Estado es de RD$4,497 millones, aunque es mayor a la del año que concluye (RD$3,806,050,138) aún está por debajo de lo que establece la norma.

Ley sobre asignación

La Ley 194-04, sobre autonomía presupuestaria y administrativa, que entró en vigencia el primero de enero de 2005, dispone en su artículo tres: “El presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), será de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: un 65% del 4.10%, es decir 2.66%, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35% del 4.10% corresponderá al Ministerio Público.

La legislación indica además en su párrafo único del artículo 5 que “cada tres años, a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, los porcentajes que indican los artículos 2, 3 y 4 serán revisados, con el propósito de adecuarlos a las necesidades del Poder Legislativo (Senado de la República y Cámara de Diputados), el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana”. Esta ley modifica la 46-97, del 18 de febrero de 1997 y sustituye y deroga toda norma legal o disposición que en el orden presupuestario le fuere contraria.

Austeridad y reclamos

La austeridad en el Poder Judicial ha llegado a tal grado, que las autoridades prescindieron de colocar su majestuoso árbol navideño.

El año pasado, el tamaño del adorno se redujo considerablemente. Pese a las precariedades, el Consejo del Poder Judicial dispuso a favor de los empleados un aumento salarial de un 20% y reajustó el bono alimentario.