SANTO DOMINGO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) suspendió por cinco años del ejercicio de la carrera al abogado Juan Carlos Acosta Pérez, quien fue sometido disciplinariamente por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que lo acusó de alegadamente estafar a una mujer con US$75 mil, utilizando el nombre de su presidente Rolando Rosado Mateo, y el de un fiscal adjunto del Distrito Nacional, con la promesa de que le serían devueltos 27 vehículos retenidos.
El tribunal adoptó la decisión tras leer en audiencia pública la sentencia condenatoria en materia disciplinaria.
Declaró al letrado culpable de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, que ameritan la imposición de la sanción.
La SCJ revocó una sentencia de descargo, emitida por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República, emitida en enero.
El sometimiento en contra de Acosta Pérez fue hecho por el Rosado Mateo, acción que coincide con otra interpuesta ante la misma instancia del CARD por alegadamente pedirle el dinero a Mayra Ivelisse Cordero Peguero, a nombre del alto oficial.
Alega que Cordero Peguero, junto a Francisca Pérez Gómez, contrató los servicios de Acosta Pérez y le entregó la alta suma para iniciar las supuestas diligencias para recuperar los 27 vehículos bajo custodia del Ministerio Público.
El abogado habría utilizado para cometer su estafa el nombre del fiscal adjunto Isidro Vásquez Peña, de acuerdo con el documento depositado por la DNCD en el CARD.
Acosta Pérez fue detenido a finales de diciembre de 2009, por mandato de la Fiscalía del Distrito por supuestamente haberse apoderado de un lujoso apartamento, propiedad del narcotraficante José David Figueroa Agosto, pero luego fue liberado bajo fianza, pero finalmente no se le instrumentó ningún cargo.
El inmueble está ubicado en la avenida Bolívar, en La Esperilla, donde precisamente estaba el profesional del derecho al momento de su arresto.
Con respecto a la acción disciplinaria de la DNCD, Acosta Pérez reaccionó calificándola como una persecución, porque ha encaminado procesos judiciales a los fines de que el organismo antinarcóticos devuelva bienes incautados a clientes.
(Via Portada Diario Libre)
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