Miriam Germán Brito, sobre el poder judicial y su independencia: «Pasé un tiempo sometida a un brutal acoso”

Servicios de Acento.com.do  26 de agosto de 2019 | 3:00 pm SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para la pensionada magistrada Miriam Germán Brito, ex presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la ausencia de independencia en el poder judicial “devasta el carácter social y democrático que se supone consustancial al Estado de Derecho”. Para la ex jueza la independencia es una herramienta imprescindible para la administración de justicia, en cuyas decisiones no deben estar ausentes el derecho a un trato igualitario. Dijo que El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político bajo la dirección del presidente de la República, y que los miembros que se suponen independientes le deben favores o le temen al jefe de Estado, por lo que no resulta confiable para garantizar la independencia del poder judicial. En un reconocimiento que le hizo la Comisión Dominicano de los Derechos Humanos, que dirige Manuel Mercedes, Miriam Germán declaró que en el Consejo de la M

Las reformas penales: ¿Aumento de las venganzas o de la defensa social?

Publicado por el Periódico Hoy
27 Octubre 2012, 11:23 PM

Las reformas penales: ¿Aumento de las venganzas o de la defensa social?
Cabe distinguir entre dos objetivos diferentes en materia de penas

Escrito por: Tirso Mejía-Ricart (Tmejiaricart@hotmail.com)
En la revisión que se hace al Código Penal y el de Menores en conflicto con la Ley, es preciso ser cuidadosos, no vaya a ser que haya un retroceso que confirme nuestra arritmia histórica de que hablaba Bosch; como sucedió con la nueva Constitución, parodia de “revolución democrática”, y la Ley de Salarios, solo organiza los privilegios de que disfrutan los altos jerarcas del gobierno, sin establecer seguridades y los montos mínimos que deben recibir la gran mayoría de los empleados públicos.

Para esos fines, cabe distinguir entre dos objetivos diferentes en materia de penas: La Venganza, simbolizada por la famosa “Ley de Talión” (ojo por ojo y diente por diente); y La Defensa Social, que predomina desde el siglo XX en la mayor parte de los países civilizados, que a su vez se manifiesta de dos maneras: a) evitar la impunidad y rehabilitar a los criminales.

En ese orden de ideas, lo primero que no tiene razón de ser es el aumento de 30 a 40 años de la prisión máxima por un delito, como se está postulando: como que “treinta años no son nada”, parafraseando el tango de Gardel; cuya única función sería la venganza de los agraviados, generando de paso la impunidad de los convictos para nuevos delitos dentro y fuera de la prisión. Lo que procedería en esos casos es establecer el cúmulo parcial de penas para evitarla.

Lo segundo sería es evitar otros modos de impunidad de los victimarios, por razones políticas, de edad, nivel socio-económico, vínculos familiares o abuso de poder, como es casi la regla en este país.

En los casos de los adolescentes menores de edad, las penas de reclusión deben ser en proporción a sus crímenes, pero estar sujetas a procesos de atención personalizada para su rehabilitación, que permitan su reinserción en la sociedad, y que cooperen en la persecución de sus socios adultos, que se le puedan acreditar para su reducción; o su cambio por libertad vigilada por organismos competentes.

Los feminicidios, tanto los uxoricidios o asesinato de parejas, como los que aprovechan la mayor debilidad física de la mujer para cometerlos, al igual que el infanticidio y el asesinato de ancianos; sus fechorías deben castigarse con penas agravadas, que deben acompañarse del escarnio público de los delincuentes; así como las condenas por los atropellos y abusos no mortales.

En cuanto a la persecución de los abortos, es un verdadero monumento a la hipocresía social, propia de “sepulcros blanqueados”, que se pretenda perseguir a mujeres que han sido víctimas de violaciones o relaciones incestuosas, que generan un parentesco forzoso con sus victimarios y corruptores.

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