martes, 31 de julio de 2012

+ Consultas en Materia Laboral (Constructora 1/2)


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Publicado por el Periodico
Hoy 30 Julio 2012, 10:03 AM

CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS Especialista en derecho laboral

1. Quisiera explique de la mejor manera cuál es la situación legal de una constructora que contrata maestros, quienes a su vez contratan por su cuenta a los trabajadores que laborarán en obras de la constructora. ¿Tienen esos trabajadores calidad para reclamarle a la constructora? Otra situación es cuando la constructora utiliza a un contratista para sus proyectos y este lleva sus obreros a la obra equis. ¿Existe vínculo contractual entre la constructora y esos obreros? ¿Deben estar asegurados estos trabajadores, aun sean para trabajos por tiempo limitado? (1 de 2) 

En principio, la respuesta es la siguiente: En relación al personal contratado por los maestros, la Constructora es junto con el maestro, responsable laboralmente, uno porque se beneficia directamente del servicio prestado y el otro por contratarlo y ejercer dirección en la ejecución de las labores (Arts. 7 al 11del CT). Y en cuanto al personal del contratista, la Constructora no tiene en principio ninguna responsabilidad laboral (Art. 12 del CT). Esa es la respuesta en términos generales, y según la práctica más común en la contratación tanto de maestros como de ajusteros y sub-contratistas. Sin embargo, no todos los casos y situaciones son iguales; pero además, no siempre la frontera entre un intermediario (que viene siendo el maestro) y el empleador propio (que viene siendo el sub-contratista) está bien definida. Eso a veces es confuso, a un punto en que ocurre que el personal de un sub-contratista (electricista, ebanista, etc.) se repite tanto en una y otra obra de la misma Constructora, que al final el obrero se considera ligado por un contrato de trabajo con la Constructora; y si la Constructora no tiene sus papeles al día (su verdadero personal afiliado a la TSS, planilla de personal fijo y planilla de personal móvil, contratos escritos, etc.) entonces no tendrá cómo defenderse frente a una demanda laboral. Ocurre además que el sub-contratista buscado por la Constructora tampoco tiene al día sus papeles, y la demanda le llega y perjudica a ambos. Normalmente, sub-contratistas y Constructora eluden esas obligaciones pues eso encarece sus costos, olvidando que todo ese papeleo les resguarda frente a demandas. A esto se añade que el ámbito de la construcción es tan-tan informal que a los que intervienen en ese sector se les hace cuesta arriba estar registrando formularios, firmado contratos y accediendo a Internet para asentar numerosos cambios y acuerdos que se hacen día por día verbalmente.

sábado, 28 de julio de 2012

“El derecho a la vida”, ¿a quién le pertenece?

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Publicado por el Periódico Hoy
27 Julio 2012, 9:40 PM
“El derecho a la vida”, ¿a quién le pertenece?
Defender la vida no es solo defender que la gente nazca
Escrito por: TAHIRA VARGAS GARCÍA (tahiravargas@yahoo.es)
En nuestro país las mujeres, jóvenes y adolescentes viven en una gran inseguridad e incertidumbre. Su vida se mantiene en peligro y no cuentan con un sistema de salud que le ofrezca protección ni seguridad.
Son continuos los casos de adolescentes y mujeres adultas que sufren situaciones de riesgo en el parto y  muchas veces mueren. En las comunidades se guarda silencio ante la desprotección de mujeres y adolescentes en el proceso de parto, no tienen conciencia de sus derechos y tienen miedo a enfrentarse al personal de salud y/o al sistema de justicia.
El caso que ocupó recientemente la opinión pública, la adolescente embarazada con leucemia que necesitó de un tratamiento de quimioterapia visibiliza uno de los tantos problemas que ocurren en hospitales y clínicas y que se mantienen en silencio. 
El artículo 37 de la Constitución es el causante de estos problemas. Su aprobación al igual que la carta magna en enero 2010,  se impuso a pesar de todo un movimiento social en contra y un 80% de la población encuestada por Gallup en 2009 que aceptaba la interrupción del embarazo en caso de riesgo de la vida de la madre. 
No se tomó en cuenta la opinión de la población ni se le dio importancia a los efectos de la aplicación de este artículo en la vida de las adolescentes, jóvenes y mujeres.
¿Plantear que no importa que la madre muera en el parto porque es más importante que nazca la criatura, realmente esa es una decisión de vida o es una sentencia de muerte?
Quienes abogan por todo tipo de prohibición del aborto por “defensa de la vida”, defienden la muerte de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que son violadas por padrastros, padres u otro familiar, a sabiendas de que las violaciones de  niñas son bastante frecuentes, así como la posibilidad  de que queden embarazadas fruto de una violación.
¿Cuántas vidas más van a ser arriesgadas? ¿A quién le pertenece el derecho a la vida?
Nacer no garantiza la vida, para que una criatura tenga vida, tienen que producirse una serie de condiciones de: salud, higiene, alimentación, vivienda, educación y fuente de ingresos. Defender la vida no es solo defender que la gente nazca, es defender que los niños y las niñas tengan condiciones para una vida digna sino están expuestos a morir o a “mal vivir”.  La pobreza extrema y la miseria suponen  un riesgo permanente de muerte.
La ciudadanía debe exigir la revisión de una Constitución que excluye e incrementa la inequidad y la vulnerabilidad para las mujeres y gran parte de la población que no tiene voz.

viernes, 27 de julio de 2012

El derecho a la vida de la mujer

Publicado por el Periódico Hoy

26 Julio 2012, 10:17 PM
El derecho a la vida de la mujer

La Constitución no prohíbe expresamente el aborto

Escrito por: EDUARDO JORGE PRATS (e.jorge@jorgeprats.com)

Nuestra izquierda y nuestra derecha consideran que el artículo 37 de la Constitución prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo. Así quedó claramente manifiesto en el caso de Esperancita, la joven leucémica embarazada a quien se retrasó la aplicación de un tratamiento de quimioterapia.

Los “conservadores” entienden que, a la luz del referido texto, no procede dicho tratamiento porque pone en peligro la vida del feto, mientras que los “progresistas” afirman que dicho tratamiento debe ser aplicado no obstante esa disposición supuestamente “medieval”.

Lo que demuestra el caso de Esperancita, sin embargo, es que, de acuerdo con dicho artículo constitucional, el concebido goza de dignidad humana y es, consecuentemente, titular del derecho a la vida. Ahora bien, el derecho a la vida, como todo derecho, puede colisionar con otros derechos. En el caso del concebido, su derecho a la vida puede chocar con los derechos a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y al libre desarrollo de la personalidad de la madre. ¿Cómo resolver estos eventuales conflictos?

Respondamos esta cuestión partiendo de que la Constitución no prohíbe expresamente el aborto como sí lo hace con relación a la pena de muerte. Ello no significa que el aborto sea lícito, pero tampoco que tenga que ser penalizado en todos los casos. Si se asume la licitud del aborto, entonces se despojaría totalmente al concebido de su derecho a la vida; por el contrario, si se penaliza el aborto en todos los casos, se priva absolutamente de tutela a los derechos de la madre y se haría pesar sobre ella el deber de traer al mundo a su hijo.

Una solución a este dilema, que evite el infradimensionamiento de los derechos del concebido o de la madre, obliga al Estado, como ordena el artículo 74.4 de la Constitución, a procurar “armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución”. Que haya que garantizar el derecho a la vida del concebido no significa, sin embargo, que la legislación no pueda permitir el aborto en ciertos supuestos excepcionales, como lo es en caso de grave peligro para la vida de la embarazada o para su salud.

La Constitución no penaliza el aborto, como admite la doctrina constitucional más reciente (verbigracia el enjundioso ensayo de Cristóbal Rodríguez intitulado “La interrupción del embarazo”, Santo Domingo: Profamilia, 2012). Es más, la penalización absoluta del aborto choca con valores constitucionales muy caros como la dignidad de la mujer.

En este sentido, el Tribunal Constitucional alemán, ha afirmado que “el embarazo pertenece a la esfera íntima de una mujer cuya dignidad y libre desarrollo de la personalidad debe ser tenida en cuenta”, que “las condiciones sociales de la embarazada y de su propia familia pueden causar conflictos de tal intensidad que el derecho penal no puede sacrificar a la embarazada en favor del no nacido”, y que es constitucional un sistema de asesoramiento y apoyo a la mujer embarazada, quien decide libremente sobre la interrupción del embarazo, sistema que, por demás es conveniente visto que “la sanción penal no es muy efectiva, y puede parecer más adecuado ayudar a la mujer a resolver su conflicto”.

La Constitución no admite seres humanos sin dignidad y, en consecuencia, la penalización del aborto en todos los casos resulta inconstitucional. Y es que la dignidad humana queda sacrificada cuando la persona es convertida en un simple objeto y no cabe duda que la penalización absoluta del aborto cosifica a la mujer, quien ya no puede decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro.

En este sentido, el aborto es “la decisión más íntima y personal que una persona puede tomar en su vida”, como bien señaló la Suprema Corte de los Estados Unidos en su célebre sentencia Roe v. Wade, decisión que, sobre todo, solo puede y solo debe ser tomada por una mujer, a la que, en lugar de abandonarla y castigarla, como pretenden algunos, lo que hay que apoyarla desde el Estado, orientándola sobre sus diversas opciones, sin imponerle a ésta, bajo amenaza penal, la obligación de tener un hijo, pasando por alto sus derechos fundamentales a la autodeterminación y a ser tratada de modo digno.

martes, 24 de julio de 2012

+ Consultas en Materia Laboral (Constructora 2/2)

Publicado por el periódico Hoy
23 Julio 2012, 10:50 PM

CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

Quisiera explique de la mejor manera la situación legal de una Constructora que contrata maestros, quienes a su vez contratan trabajadores para la obra de la constructora. ¿Tienen esos trabajadores calidad para reclamarle a la constructora? Cuando la constructora utiliza a un contratista para sus proyectos y este lleva sus obreros a la obra ¿existe vínculo contractual entre la constructora y esos obreros? (2 de 2)

Para estar resguardada legalmente, la Constructora debe (1) registrar a su personal “de la casa” (secretaria, chofer, contador, etc.) en la TSS y en el MT a través de la Planilla de Personal Fijo o Formulario DGT-3; (2) cuando contrate personal para obras, sea directamente o a través de un intermediario (maestro o ajustero), debe optar por una de dos cosas: Primera opción: Registrar ese personal ante el MT mediante la Planilla de Personal Móvil u Ocasional o Formulario DGT-5, que implicará además reportar a principios de cada mes los cambios (entradas, salidas y pagos de ajustes o sueldos) efectuados en el mes anterior, e implicará igualmente afiliarlos a la TSS en una casilla o pestaña habilitada para ese tipo de contrataciones en el portal de Internet de la TSS. Eso también habría que hacerlo cada mes.

Segunda opción: Si la Constructora no desea asumir todas esas formalidades ante el MT y la TSS, tendría entonces que exigirle al maestro o ajustero que lo haga él con todo el personal que contrate al servicio de la obra de la Constructora.

Esa segunda opción, nos parece inviable si se toma en consideración que normalmente un maestro de construcción o ajustero carece de las condiciones apropiadas para asumir esas formalidades, que encima de todo tendría que repetirlas mes por mes.

En cuanto a los contratistas o subcontratistas, quienes se supone que son pequeños y medianos negocios, ya con estos la Constructora debe: (1) firmar un “contrato civil de subcontratación de obra por ajuste o precio alzado”, regido por el artículo 1779 del Código Civil; y (2) en ese contrato, hay poner a cargo del subcontratista, y sujeto a penalidades, la obligación de registrar a todo su personal tanto en el MT como en la TSS, en las condiciones antedichas.

Hay una formalidad adicional: Que cada obrero firme un contrato de trabajo para obra o servicio determinado. Sin embargo, la jurisprudencia, y el hecho mismo de los registros ante el MT y la TSS, han hecho innecesario esa obligación legal.

lunes, 23 de julio de 2012

Rusia y RD firman acuerdo de cooperación jurídica

Publicado por periódico El Caribe
INTERCAMBIO


Rusia y RD firman acuerdo de cooperación jurídica

LUNES 23 DE JULIO DEL 2012 . 07:09PM

Por Redacción



Procurador de RD Radhamés Jiménez Peña, y de Rusia, Yuriy Chaika
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Moscú, Rusia.- Los procuradores generales de República Dominicana, Radhamés Jiménez Peña, y de Rusia, Yuriy Chaika, firmaron este lunes en Moscú un acuerdo de cooperación jurídica internacional, que incluye el combate del crimen organizado, casos de extradición y asistencia judicial recíproca en materia penal.
El acuerdo abarca, también, el ámbito de la protección de los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y el intercambio de información sobre el ordenamiento jurídico y las legislaciones de ambos Estados.

Expresa que las partes realizarán, de común acuerdo, investigaciones académicas de interés recíproco, conferencias, seminarios y reuniones de mesas redondas y que mantendrán la cooperación en materia de formación y capacitación profesional de especialistas de ambas procuradurías.

Jiménez Peña viajó a Rusia para agotar una agenda de trabajo conjunta con las autoridades de esa nación. Le acompaña una delegación integrada por el embajador dominicano Jorge Luis Pérez Alvarado, y Pedro Mateo Ibert, procurador general de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, según explica un comunicado de la Procuraduría.

Yuriy Chaika, resaltó los avances experimentados por el Ministerio Público de la República Dominicana y los logros alcanzados en materia de profesionalización, capacitación y eficacia de los miembros de la institución.

Caso ético: ¿Salvar el feto o la madre?

Publicado por Diario Libre
SALUD 23 JUL|O POR TANIA MOLINA

Caso ético: ¿Salvar el feto o la madre?
Ordena quimioterapia y asegura que no viola la Constitución


SD. El ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, consideró ayer que, por encima de todo, se debe preservar la vida de la joven embarazada que requiere tratamiento de quimioterapia para tratarse la leucemia que padece.

Con su decisión de autorizar el tratamiento, pone fin al debate que se generó entre médicos sobre si se aplicaba o no la quimio a la joven, que lleva nueve semanas de gestación, ya que los mismos podrían provocar un aborto, procedimiento que prohíbe la Constitución dominicana.

El debate surgió luego de que un grupo de mujeres que participaron en el recién realizado foro "Ciudadanía plena de las Mujeres para la Democracia" demandaron de las autoridades autorizar el tratamiento, ante la decisión de los médicos del centro médico SEMMA, donde se encuentra recluida la paciente, y de la Asociación Científica de Hematólogos, que preferían esperar para ello hasta las 12 semanas.

Para las mujeres que realizaron el llamado, esas tres semanas podrían significar la muerte de la embarazada, de 16 años de edad. "Lo que decimos es que hay que preservar la vida de esa joven por sobre todas las cosas, que no se viola la Constitución sometiéndola a la quimioterapia, pues de lo contrario, se corre riesgo con ambas vidas", declaró el ministro de Salud.

Rojas Gómez entiende que en el caso no se trata de un aborto voluntario, sino como una consecuencia de un medicamento, que si bien puede provocarlo, también puede no ocurrir. "No hay que hacer ninguna junta, ya yo decidí, y ésa es una decisión que si los familiares aceptan el uso del medicamento, los médicos estamos en el deber de hacerlo", enfatizó. La madre de la menor está de acuerdo, según dijo.

domingo, 22 de julio de 2012

Trabajo descarta la modificación Código

Publicado por el periódico El Nacional
21 Julio 2012, 9:03 PM
Trabajo descarta la modificación Código

Trabajadores dicen que se pretende ampliar la jornada de trabajo y eliminar la cesantía

Escrito por: TOMÁS VIDAL RODRÍGUEZ

El ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, negó ayer exista un proyecto destinado a modificar el Código de Trabajo con la finalidad de despojar los trabajadores de sus derechos, como denunciaron dirigentes de los gremios de representan a los trabajadores.

Sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Pepe Abréu, denunció que los empleadores están demandando que se modifique el código para ampliar la jornada de trabajo de ocho a 12 horas diarias y la eliminación de la remuneración de la cesantía, que es los mismo que el pago de los años trabajados al empleado en una empresa o institución cuando terminar el contrato de trabajo.

El licenciado Domínguez Brito dijo que en pleno siglo XXl no existen posibilidades de despojar los trabajadores de sus derechos adquiridos y consideró que en Gobierno del presidente Leonel Fernández, un proyecto de esa categoría no tiene posibilidades de convertirse en ley.

Pero, Pepe Abréu calificó como un golpe bajo y una agresión a la clase trabajadora dominicana la disposición de los empresario de aprobar un proyecto dónde los jóvenes ante de ser contratado por una empresa, están obligados a realizar una pasantía gratis con el argumento de que deben trabajar para adquirir experiencia y sólo tendrían cubierto el área de riesgos laborales que estaría a cargo de la ARS Salud Segura, no de los patronos, según dijo durante un taller que se lleva a cabo en un hotel de Boca Chica.

sábado, 21 de julio de 2012

Situación joven genera debate constitucional

Publicado por el periódico El Nacional

21 Julio 2012, 12:26 PM
Situación joven genera debate constitucional

Una adolescente de 16 años embarazada necesita quimioterapia para enfrentar efectos de leucemia, pero no se la quieren dar porque abortaría

Escrito por: SILVIO CABRERA (s.cabrera@elnacional.com.do)
El caso de una adolescente embarazada que se encuentra al borde de la muerte, ha generado un debate constitucional, en razón de que necesita someterse con urgencia a quimioterapia que podría generarle un aborto, prohibido en la Carta Magna.

La menor se encuentra interna en la habitación 302 del Centro Médico SEMMA, con medidas de seguridad.

Su caso ha puesto a prueba a las autoridades de Salud Pública, en razón de que el artículo 37 de la Constitución de la República prohíbe la práctica de abortos.

La joven de 16 años padece de leucemia y necesita con urgencia ser sometida a un proceso de quimioterapia que podría salvarle la vida pero causarle la muerte a la criatura en su vientre.

Según los médicos, la menor tiene nueve semanas de embarazo, que podría ser interrumpido con el proceso de quimioterapia.

El caso, según se informó, es debatido por las autoridades de Salud Pública y no se ha determinado qué hacer, debido a que el proceso de quimioterapia podría causar deformación en la criatura o el aborto.

El artículo 37 de la Constitución establece que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.

Según expertos, la administración de drogas a la madre en las dos primeras semanas de embarazo probablemente resulte en la muerte fetal.

Precisan que en la segunda semana del embarazo se inicia la organogénesis, que se completa al final del primer trimestre, y la teratogénesis que ocurre cuando las drogas son administradas en este período.

Se informó que la jovencita comunicó a los médicos que quiere vivir, por lo que desea que le apliquen el tratamiento de quimioterapia, sin embargo no sabe que su criatura podría morir o nacer con graves deformaciones corporales.

jueves, 19 de julio de 2012

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domingo, 15 de julio de 2012

Médicos preocupados por muchas demandas

Publicado por el Periódico Hoy
15 Julio 2012, 12:00 AM
Médicos preocupados por muchas demandas
Escrito por: ALTAGRACIA ORTIZ G. ( a.ortiz@hoy.com.do)
Médicos dominicanos se refugian prontamente en el pago de seguros de “responsabilidad”civil para hacer frente a lo que se considera un aumento desmedido de demandas ante tribunales por supuestas malas prácticas.

Los más expuestos a reclamos por la vía judicial son los cirujanos generales, los plásticos y los gineco-osbstetras.

Sobre el tema hablaron el director de la Escuela de Cirugía Plástica del hospital Salvador Gautier, Severo Mercedes, y Julio Amado Castaños, de la Plaza de la Salud.

El aumento desmedido de las demandas médicas por supuesta mala práctica ha llevado a los médicos a pagar un seguro de responsabilidad civil.

Los médicos más perjudicados son los cirujanos plásticos, los cirujanos y los gineco-obstetras, comentó Severo Mercedes, director de la Escuela de Cirugía Plástica y Reconstructiva del hospital Salvador B. Gautier, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

Al tema se refirió, además, el presidente del Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), doctor Julio Amado Castaños Guzmán.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) se vio precisado a crear un seguro de responsabilidad civil para proteger a los médicos, pero aún así, ellos se sienten asediados, dijo recientemente la doctora Amarilis Herrera, presidenta del gremio.

“En la última década se viene presentando un incremento de las demandas médicas legales por causa de mala práctica en el país. La situación ha afectado sobremanera a los cirujanos plásticos y reconstructivos. De cada 10 casos, al menos 8 involucraban a un cirujano plástico, los cuales vienen siendo demandados por pacientes y o familiares atendidos de manera individual por estos profesionales de la salud”, dijo Castaños Guzmán.

Seguros. Tanto temor tienen los centros de salud a estas demandas, que algunas clínicas han logrado negociar un seguro para sus médicos. La partida les es descontada de su salario a cada profesional.

Rehúsan el monto. Al comentar la situación para esta historia, los médicos rehusaron hablar de la cobertura de su seguro, pues temen que cuando los que “cazan” estas demandas se enteren que hay dinero se dupliquen querellas.

Más demandas. Otros especialistas que han visto incrementar las demandas son los cirujanos generales, los ortopedistas y los cirujanos-ginecólogos.

En el caso de estos especialistas, en los tribunales nacionales se encuentran decenas de casos, en su mayoría en casación en la Suprema Corte de Justicia, comentó Castaños Guzmán, hablando del tema.

Por qué demandan. Los médicos creen que las demandas por supuesta mala práctica están guiadas por familiares, afectados al recibir un resultado no esperado o deseado de una prestación de un servicio de salud y al surgimiento de una nueva ventanilla aupada por profesionales del derecho en búsqueda de aumentar sus posibilidades de ejercicio clientelar.

Estados Unidos. Una situación similar ocurrió en las dos últimas décadas en los Estados Unidos. Esto ha complicado el ejercicio médico en ese país, ya que algunas especialidades, por el alto número de demandas, ameritan primas de seguros de responsabilidad civil para cubrir al médico en su ejercicio, comentó Castaños Guzmán.

Esto tiene que ver con la inoperancia de un sistema efectivo en relación con la habilitación y acreditación de los centros de salud.

Zoom

Colegio Médico

Hace sólo unas semanas que las directivas de las sociedades especializadas denunciaron que han recibido decenas de demandas médicas. Los médicos afectados han advertido que contrademandarán.

Los abogados

Numerosos médicos se han hecho abogados y ellos también se han dedicado a buscar casos de “mala práctica” para demandar.

Ascensos de jueces se realizaban por "amiguismo"

Publicado por el periódico El día
15 Julio 2012, 2:12 PM
Daniel Nolasco dice ascensos de jueces se realizaban por "amiguismo"
Escrito por: Guillermina Santos
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Santo Domingo.-El secretario general de la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), Daniel Nolasco criticó que en el pasado reciente los ascensos se realizaban por “amiguismo, cabildeos y tráficos de influencias”.
Nolasco entiende que en la actualidad las promociones y ascensos en la judicatura se realizan por el mérito acumulado, apegados a la ley 327 sobre carrera judicial y respetando el escalafón judicial.
El ascendido juez a la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, indicó que fruto de los problemas con aplicar el escalafón judicial, muchos jueces pasaron a formar parte de asociaciones.
“Entre otras cosas perniciosas que se suscitaron en el pasado reciente, los administradores de justicia sintieron la necesidad de adherirse al discurso del asociacionismo judicial, en busca de contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad del Poder Judicial dominicano”, indica el juez Nolasco.
El juez quien fue juramentado el pasado lunes, agradeció al Consejo del Poder Judicial tomar en cuenta sus 20 años en la judicatura

viernes, 13 de julio de 2012

El Tribunal Constitucional y las vías judiciales efectivas Jurisprudencia de la CIDH puede servir de guía a jueces de amparo

Publicado por el Periódico Hoy
12 Julio 2012, 9:51 PM

El Tribunal Constitucional
y las vías judiciales efectivas
Jurisprudencia de la CIDH puede servir de guía a jueces de amparo

Escrito por: EDUARDO JORGE PRATS (e.jorge@jorgeprats.com)
Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia, la TC/21/2012, que viene a aclarar un punto que estaba causando una gran desprotección de las personas que acudían a los jueces buscando tutela de sus derechos fundamentales por la vía del amparo.

Dado que el artículo 70.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales dispone que el amparo es inadmisible “cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado”, muchos jueces, para escurrir el bulto y evitar tener que enfrentar el poder público y privado atropellador de los derechos del amparista, se despachaban con sentencias en donde se declaraba inadmisible el amparo bajo el peregrino argumento de que existían otras vías judiciales efectivas, sin señalar cuáles eran estas vías y sin analizar si realmente éstas eran efectivas.

El TC reacciona contra esta realidad y señala en la referida sentencia que “el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuentra condicionada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador. En el caso de la especie, el juez de amparo no indicó cuál era la vía más efectiva prevista, por lo que la sentencia recurrida adolece de motivación en el aspecto examinado”.

Como se puede observar, aquí el TC establece varios principios procesales fundamentales. En primer lugar, para que un juez de amparo pueda declarar inadmisible un amparo no basta con que exista una vía judicial alterna o paralela, dicha vía, además, debe ser idónea, es decir, efectiva. En segundo lugar, la efectividad de la vía judicial se concreta allí donde encontramos una vía tan o más efectiva que el amparo, de manera que el amparista siempre puede accionar en amparo allí donde no hay un recurso o acción judicial que le brinde la misma o más efectividad que el amparo.

En tercer lugar, los jueces de amparo no pueden declarar inadmisibles los amparos que se le someten a su jurisdicción con la famosa frase genérica de que el amparo es inadmisible porque existen vías judiciales efectivas, sino que tienen que indicar cuáles son las vías judiciales efectivas, de manera que el amparista sepa qué ruta procesal tomar para lograr la protección de su derecho fundamental. Y, en cuarto lugar, el TC establece que no basta con indicar cuáles son las vías judiciales efectivas disponibles para el amparista sino que tiene que evaluar la efectividad de dichas vías, es decir, dar las razones de porqué considera que dichas vías son efectivas, pues, de lo contrario, la sentencia de inadmisibilidad adolecería de falta de motivación.

¿Cómo medir esta efectividad? El TC no lo ha dicho todavía pero, mientras tanto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede servir de guía a los jueces de amparo. Según la Corte, “no basta que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos, para que éstos puedan ser considerados efectivos” (Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001.

Para la Corte, “los recursos deben ser idóneos para proteger la situación jurídica infringida y capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos” (Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988. Recursos inefectivos son aquellos “que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto” Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988). Por eso, “no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.

Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial”.

jueves, 12 de julio de 2012

Lectura Recomendada: La doble ficha de los burós de información crediticia

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Publicado por el Periódico 7Días
12 de Julio del 2012, 4:49 PM
La doble ficha de los burós de información crediticia
Frank Reynaldo Fermín (7dias.com.do)
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- De inexplicable podría calificarse el hecho de que los organismos especializados de seguridad del Estado y de la Policía que, hasta donde sabemos, no tienen nada que ver con asuntos crediticios y financieros de los ciudadanos, entreguen información sobre personas que han sido fichadas por delitos comunes e infracciones simples a los burós de crédito, inhabilitando a estos ciudadanos y estampando una segunda ficha como una marca indeleble sobre su estatus socioeconómico.

La situación va más allá de lo pensado, por cuanto estas instituciones oficiales ofrecen datos confidenciales de los afectados, que les impiden tener una vida normal en la sociedad, lo que a todas luces es discriminación que la propia Constitución prohíbe de manera expresa en su Artículo 73 sobre la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional.

Esto quiere decir que toda acción que lleve a cabo una autoridad, ya sea de los cuerpos castrenses, policiales o de la administración pública, no pueden ser sujeto de publicidad porque son datos que atentan contra la confidencialidad, expresada en el Artículo 44 de la Constitución.

A juicio de Frank Reynaldo Fermín, experto en Derecho Comercial, la situación es ilegal por cuanto “los burós de crédito no tienen derecho a traficar con los datos de las personas si no hay una condena; y si la hay, por ser una cuestión pública, es posible que los obtengan, pero por una simple querella, estas entidades no tienen derecho a condenar y estigmatizar a los ciudadanos”.

El abogado reitera que los organismos de inteligencia y seguridad estatales incurren en “ilegalidad y abuso” al ofrecer la información, aunque dice que esto es consecuencia de un decreto, también ilegal, emitido por el presidente Leonel Fernández hace unos años y que tiene que ver con el acceso permanente a los archivos y datos de los ciudadanos y ciudadanas.

Esto provoca la vulnerabilidad de la población y, como grafica el jurista, “si interponen una querella por cualquier asunto, por leve que sea, incluyendo el robo de una luz roja, eso va directamente al CIE, que es el Centro de Información de Estadísticas de la Procuraduría General de la República”.

Agrega que “en este proceso de investigación, que es privado, nadie puede hacer uso de estos datos, pero por obra y gracia de la ilegalidad y la complicidad, la persona aparece no como alguien que está siendo investigando, sino como un delincuente. O sea, una doble ficha permanente, situación que prohíbe de manera expresa la Constitución”.

Con mucha impotencia, el abogado continúa diciendo: “Imagínese que alguien le pone una querella hasta por fastidiar, simplemente, ya está fichado. Eso significa que ya no puede ir a un banco a abrir una cuenta porque se esgrime que tiene problemas legales, aun cuando se trate de un simple accidente de tránsito, porque está incluido en la base de datos judiciales de los burós de crédito”.

En este sentido, expresa que pese a que los bancos, ya sean públicos o privados, son entidades de servicio público, los ciudadanos están impedidos de realizar cualquier tipo de transacción como no sea en dinero efectivo.

Dice además, y es la mayor queja contra los burós de crédito, que aun cuando la persona haya saldado sus deudas, continúa penalizada por los burós durante siete años. En opinión del profesional, es esta una “cuestión irracional, puesto que los bancos cobran mora, atrasos y todo lo que quieran inventarse y aun así, la persona sigue penalizada por siete años por las entidades de información privilegiada, que la convierten de ciudadano común y corriente en paria económico”.

Manejo de información privilegiada

El experto responde de manera categórica a la pregunta sobre cómo obtienen los burós de crédito esas informaciones judiciales. “Ilegalmente”, dice “porque los organismos de seguridad del Estado se lo permiten”.

El Estado tiene todo el derecho de manejar esa información, más no así esas empresas privadas y esta situación. Una situación similar produjo un gran escándalo en México, hace unos años, cuando el IFE, entidad similar a la JCE, intentaba vender a una compañía crediticia en Estados Unidos todos los datos de los ciudadanos de esa nación a una institución privada.

Con este ejemplo, el jurista grafica lo que ocurre en República Dominicana con los burós de crédito, que amparados en la ilegalidad de una resolución de la Junta Central Electoral, tienen convenios con las embajadas norteamericana, española y de todas las naciones con gran flujo de inmigrantes dominicanos.

Este servicio se lleva a cabo con el cruce de informaciones penales que en muchos casos son imprecisas, y advierte que el ciudadano común no tiene acceso a estas, lo que violenta el Artículo 44 de la Constitución, que establece el derecho a rectificar, corregir y anular los datos erróneos, pero “ese derecho no lo tienen los ciudadanos”.

La embajada de Estados Unidos tiene un convenio con el Buró de Información Crediticia Datacrédito, que le proporciona toda la información que ésta le solicita para otorgar visado o residencia a los solicitantes: un banco de datos completo, con cédula, infracciones, delitos, sanciones, situaciones de alto riesgo, solicitudes de préstamos, negaciones de éstos y mucho más, son los datos ofrecidos por esta empresa a la embajada que, a cambio, ofrece información privilegiada sobre los dominicanos y estadounidenses que han delinquido.

Fermín establece responsabilidades cuando culpa a las autoridades dominicanas y lamenta que los ciudadanos estén desprotegidos, contrario a lo que sucede en Europa, por ejemplo, en donde surge la iniciativa de los burós de crédito, cuya información se trata de manera muy delicada y confidencial.

¿Ejecutivos de los burós de crédito no quieren hablar?

Bajo qué premisa se realiza esta actividad que subvierte las leyes y la Constitución, entre otras interrogantes, fue para lo que intentamos encontrar respuesta en los ejecutivos de Datacrédito y Trans Union, sin que hasta el momento reaccionaran. Fue toda una periplo telefónico que inició, en el caso de Datacrédito, con la secretaria Julissa López, quien nos remitió a Héctor Rubirosa, quien a su vez nos transfirió a Flavia Nieto, todos prometiendo una respuesta que nunca se produjo y mucho menos, la posibilidad de poder entrevistar a Porfirio López Nieto, presidente de la entidad.

Lo propio ocurrió con la empresa Trans Union, antigua CICLA, cuando conversamos con Nayeli Acevedo, quien nos comunicó en el departamento “Tú crédito” con Wellington Medina, luego a Sheila Martínez, gerente del departamento de Servicio al Consumidor, quien prometió en más de una ocasión devolver la llamada. El recorrido anterior se hizo por varios días sin resultados. Las respuestas continúan en el vacío.

Ivonne Ferreras/7dias.com.do

Lectura Recomendada: La doble ficha de los burós de información crediticia

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Publicado por el Periódico 7Días
12 de Julio del 2012, 4:49 PM
La doble ficha de los burós de información crediticia
Frank Reynaldo Fermín (7dias.com.do)
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- De inexplicable podría calificarse el hecho de que los organismos especializados de seguridad del Estado y de la Policía que, hasta donde sabemos, no tienen nada que ver con asuntos crediticios y financieros de los ciudadanos, entreguen información sobre personas que han sido fichadas por delitos comunes e infracciones simples a los burós de crédito, inhabilitando a estos ciudadanos y estampando una segunda ficha como una marca indeleble sobre su estatus socioeconómico.

La situación va más allá de lo pensado, por cuanto estas instituciones oficiales ofrecen datos confidenciales de los afectados, que les impiden tener una vida normal en la sociedad, lo que a todas luces es discriminación que la propia Constitución prohíbe de manera expresa en su Artículo 73 sobre la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional.

Esto quiere decir que toda acción que lleve a cabo una autoridad, ya sea de los cuerpos castrenses, policiales o de la administración pública, no pueden ser sujeto de publicidad porque son datos que atentan contra la confidencialidad, expresada en el Artículo 44 de la Constitución.

A juicio de Frank Reynaldo Fermín, experto en Derecho Comercial, la situación es ilegal por cuanto “los burós de crédito no tienen derecho a traficar con los datos de las personas si no hay una condena; y si la hay, por ser una cuestión pública, es posible que los obtengan, pero por una simple querella, estas entidades no tienen derecho a condenar y estigmatizar a los ciudadanos”.

El abogado reitera que los organismos de inteligencia y seguridad estatales incurren en “ilegalidad y abuso” al ofrecer la información, aunque dice que esto es consecuencia de un decreto, también ilegal, emitido por el presidente Leonel Fernández hace unos años y que tiene que ver con el acceso permanente a los archivos y datos de los ciudadanos y ciudadanas.

Esto provoca la vulnerabilidad de la población y, como grafica el jurista, “si interponen una querella por cualquier asunto, por leve que sea, incluyendo el robo de una luz roja, eso va directamente al CIE, que es el Centro de Información de Estadísticas de la Procuraduría General de la República”.

Agrega que “en este proceso de investigación, que es privado, nadie puede hacer uso de estos datos, pero por obra y gracia de la ilegalidad y la complicidad, la persona aparece no como alguien que está siendo investigando, sino como un delincuente. O sea, una doble ficha permanente, situación que prohíbe de manera expresa la Constitución”.

Con mucha impotencia, el abogado continúa diciendo: “Imagínese que alguien le pone una querella hasta por fastidiar, simplemente, ya está fichado. Eso significa que ya no puede ir a un banco a abrir una cuenta porque se esgrime que tiene problemas legales, aun cuando se trate de un simple accidente de tránsito, porque está incluido en la base de datos judiciales de los burós de crédito”.

En este sentido, expresa que pese a que los bancos, ya sean públicos o privados, son entidades de servicio público, los ciudadanos están impedidos de realizar cualquier tipo de transacción como no sea en dinero efectivo.

Dice además, y es la mayor queja contra los burós de crédito, que aun cuando la persona haya saldado sus deudas, continúa penalizada por los burós durante siete años. En opinión del profesional, es esta una “cuestión irracional, puesto que los bancos cobran mora, atrasos y todo lo que quieran inventarse y aun así, la persona sigue penalizada por siete años por las entidades de información privilegiada, que la convierten de ciudadano común y corriente en paria económico”.

Manejo de información privilegiada

El experto responde de manera categórica a la pregunta sobre cómo obtienen los burós de crédito esas informaciones judiciales. “Ilegalmente”, dice “porque los organismos de seguridad del Estado se lo permiten”.

El Estado tiene todo el derecho de manejar esa información, más no así esas empresas privadas y esta situación. Una situación similar produjo un gran escándalo en México, hace unos años, cuando el IFE, entidad similar a la JCE, intentaba vender a una compañía crediticia en Estados Unidos todos los datos de los ciudadanos de esa nación a una institución privada.

Con este ejemplo, el jurista grafica lo que ocurre en República Dominicana con los burós de crédito, que amparados en la ilegalidad de una resolución de la Junta Central Electoral, tienen convenios con las embajadas norteamericana, española y de todas las naciones con gran flujo de inmigrantes dominicanos.

Este servicio se lleva a cabo con el cruce de informaciones penales que en muchos casos son imprecisas, y advierte que el ciudadano común no tiene acceso a estas, lo que violenta el Artículo 44 de la Constitución, que establece el derecho a rectificar, corregir y anular los datos erróneos, pero “ese derecho no lo tienen los ciudadanos”.

La embajada de Estados Unidos tiene un convenio con el Buró de Información Crediticia Datacrédito, que le proporciona toda la información que ésta le solicita para otorgar visado o residencia a los solicitantes: un banco de datos completo, con cédula, infracciones, delitos, sanciones, situaciones de alto riesgo, solicitudes de préstamos, negaciones de éstos y mucho más, son los datos ofrecidos por esta empresa a la embajada que, a cambio, ofrece información privilegiada sobre los dominicanos y estadounidenses que han delinquido.

Fermín establece responsabilidades cuando culpa a las autoridades dominicanas y lamenta que los ciudadanos estén desprotegidos, contrario a lo que sucede en Europa, por ejemplo, en donde surge la iniciativa de los burós de crédito, cuya información se trata de manera muy delicada y confidencial.

¿Ejecutivos de los burós de crédito no quieren hablar?

Bajo qué premisa se realiza esta actividad que subvierte las leyes y la Constitución, entre otras interrogantes, fue para lo que intentamos encontrar respuesta en los ejecutivos de Datacrédito y Trans Union, sin que hasta el momento reaccionaran. Fue toda una periplo telefónico que inició, en el caso de Datacrédito, con la secretaria Julissa López, quien nos remitió a Héctor Rubirosa, quien a su vez nos transfirió a Flavia Nieto, todos prometiendo una respuesta que nunca se produjo y mucho menos, la posibilidad de poder entrevistar a Porfirio López Nieto, presidente de la entidad.

Lo propio ocurrió con la empresa Trans Union, antigua CICLA, cuando conversamos con Nayeli Acevedo, quien nos comunicó en el departamento “Tú crédito” con Wellington Medina, luego a Sheila Martínez, gerente del departamento de Servicio al Consumidor, quien prometió en más de una ocasión devolver la llamada. El recorrido anterior se hizo por varios días sin resultados. Las respuestas continúan en el vacío.

Ivonne Ferreras/7dias.com.do

miércoles, 11 de julio de 2012

Urgen al Senado ratificar convenio favorece a domésticas

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Publicado por Z101Digital
11 de Julio del 2012
 
Francisco Domínguez Brito, ministro de Trabajo
Urgen al Senado ratificar convenio favorece a domésticas
El convenio constituye la primera norma laboral internacional destinada a mejorar las condiciones laborales de decenas de millones de trabajadoras y trabajadores domésticos
El Ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, se reunió este miércoles con el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Social del Senado para solicitar la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las trabajadoras domésticas.
El convenio constituye la primera norma laboral internacional destinada a mejorar las condiciones laborales de decenas de millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo.
El Convenio 189 establece que los y las trabajadoras domésticas podrán contar con los derechos básicos con los que cuenta otros trabajadores, incluyendo jornadas de trabajo determinadas, límite a los pagos en especie, información clara sobre las condiciones de empleo, libertad sindical y posibilidad de negociar colectivamente, entre otros.
Domínguez Brito se reunió con los senadores José María Sosa, Charles Mariotti, Manuel Paula, Heinz Vieluf, y Amarilis Santana, de la Comisión Bicameral de Seguridad Social, así como el senador Adriano Sánchez Roa, a quienes explicó que el Convenio 189 de la OIT refuerza la adopción gradual de medidas adecuadas para que las trabajadoras domésticas cuenten con la debida protección de la Seguridad Social y en general de sus derechos laborales.
"Consideramos de fundamental importancia adecuar la legislación vigente para promover el trabajo decente a todas y todos los trabajadores domésticos dominicanos. El Ministerio de Trabajo asumirá un rol activo en el proceso de modificación del capítulo sobre los trabajadores domésticos en el Código de Trabajo", indicó Domínguez Brito.
Además del Ministerio de Trabajo, al encuentro acudieron el viceministro Radhamés Vásquez, la coordinadora del Despacho del Ministro, Luz Mery Ruíz y María Graciela Cuervo, directora de Asuntos Internacionales.
También participaron representantes de las centrales sindicales Eulogia Familia, de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (Cnus); Gertrudis Santana, de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y Francisca Jiménez, de la Confederación Áutónoma Sindical Clasista (CASC).
En días pasados, el ministro de Trabajo también se reunió con la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Barrow, quién reconoció su compromiso con la ratificación del Convenio 189.
En esta reunión se discutió, además, la necesidad de fortalecer el trabajo decente y el diálogo social a través de la negociación colectiva, con organizaciones de trabajadores y empleadores igualmente fortalecidas.
Por: Redacción

martes, 10 de julio de 2012

+ Consultas en Materia Laboral (Preaviso)

Publicado por el periódico Hoy
10 Julio 2012, 12:17 AM
Consultorio laboral
Escrito por: Dr. Carlos Hernández ContrerasEspecialista en derecho laboral

1. Tengo varias preguntas sobre el preaviso: ¿Como empleador podemos obligar a un trabajador a preavisarnos? ¿Qué se hace si el empleado no quiere dar los días de preaviso y el monto de sus derechos adquiridos es suficiente para pagarnos el preaviso? ¿El monto de preaviso que el empleado debe pagarnos se contempla en el mismo documento de descargo por salida? ¿Se debe enviar una comunicación especial al Ministerio de Trabajo cuando el empleador preavisa a una persona? ¿Y cuando el trabajador preavisa a la empresa?

El trabajador que ejerce el desahucio (renuncia) está obligado legalmente a trabajar el preaviso, y si no desea trabajarlo, entonces la ley le da la opción de pagar los salarios equivalentes al período del preaviso no pagado.

De modo que, no se le puede obligar a trabajar el preaviso, pero si él se niega a trabajar esos días, se le pude exigir que pague los salarios que corresponden al preaviso.

Si los derechos adquiridos (vacaciones, bonificación o regalía pascual) sobrepasan lo adeudado por preaviso, la empresa no pude descontar esa deuda, que jurídicamente se llama “compensación de deudas”, pues el preaviso está protegido legalmente de todo tipo de compensación de deudas. La jurisprudencia ha admitido la compensación de deudas sobre las prestaciones laborales (preaviso y cesantía) sólo en ocasión de préstamos tomados por el trabajador, y a con condición de que dicho empleado haya consentido esa compensación, previamente y por escrito.

En consecuencia, los caminos serían (1) conversar con el empleado, al momento del pago de los derechos adquiridos, a fin de él consienta la compensación de deuda o descuento, y (2) si él no está dispuesto a aceptar, entonces, habría que demandarlo en cobro del preaviso ante el tribunal laboral (cosa que es muy inusual, pero perfectamente posible y además legal).

En cuanto a la comunicación al MT del desahucio con preaviso, eso es una obligación que corre a cargo de la parte que ha preavisado. No obstante, nada impide que la empresa lo comunique en los casos en que el trabajador es quien ejerció el desahucio.

2. ¿Deben las cooperativas pagar bonificaciones anuales a sus empleados?

No, las asociaciones cooperativas no están obligadas a pagar participación en las utilidades de la empresa.

jueves, 5 de julio de 2012

Apresan a dos inspectores laborales acusados de extorsión

Publicado por el Periódico el Día
5 Julio 2012, 6:38 PM

Apresan a dos inspectores laborales acusados de extorsión

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Trabajo informó el apresamiento de dos inspectores laborales, quienes fueron detenidos en fragante delito de extorsión, en las provincias de Santiago y Mao Valverde.
Los apresados son el inspector laboral de La Vega, Máximo Rosario, de 55 años, y Martín Augusto Taveras Taveras, de 49, de Mao Valverde.
El apresamiento se produjo luego de que el ministro de Trabajo, Francisco Dominguez Brito solicitó al Ministerio Público una investigación sobre varias denuncias de corrupción que señalaban a inspectores de trabajo como extorsionistas y chantajistas.
Domínguez Brito afirmó que resulta bochornoso e inadmisible, que los llamados a defender los derechos de los trabajadores, vayan en detrimento de los mismos, extorsionando empresas, en franca violación a la moral y las leyes.
“Nosotros bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir éste tipo de acciones en el Ministerio. Que nuestros funcionarios sepan, que como servidores públicos, nuestro deber es cumplir y hacer cumplir las leyes, no convertirnos en bandas y asociación de malhechores, empañando la imagen de una gran cantidad de hombres y mujeres, que cada día desde nuestra institución, están al servicio de todo el sector laboral”, advirtió el ministro.
El funcionario explicó que los afectados con los actos de corrupción, presentaron formal denuncia por ante la Inspectoría General del Ministerio Público, quienes de inmediato procedieron a iniciar las investigaciones de lugar y posteriormente pusieron en marcha el operativo simultaneo en ambas provincias.
Dijo que en el caso de Martín Taveras Taveras, detenido en la Fiscalía de Mao, Valverde, actuó la fiscal titular de dicha provincia, Sonia Espejo. Mientras que la fiscal titular de Santiago, Luisa Liranzo, lleva el concerniente a Máximo Rosario, detenido en la Fiscalía de Santiago.
Agregó que en ambos casos, se están profundizando las investigaciones, para determinar el grado de complicidad que pudieran tener otros funcionarios del Ministerio de Trabajo en las respectivas representaciones locales y se espera que a los sometidos se les conozcan medidas de coerción en sus respectivas provincias, en las próximas horas.

miércoles, 4 de julio de 2012

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martes, 3 de julio de 2012

+ Consultas en Materia Laboral (Varias)

Publicado por el Periódico Hoy

2 Julio 2012, 11:40 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Especialista en derecho laboral

1. Tengo un apartamento en zona de playa, con una joven que desde 2006 va la mañana de cada viernes a limpiarlo y le pago salario por día que limpia. Hice una consulta al MT, sobre si le corresponden vacaciones y de ser así, cuántos días por año. Para mi sorpresa, el inspector me puso por escrito que le tocan “14 días de vacaciones al año”. De esto ser así, literalmente, ella tendría que pasar alrededor de 3 meses, pagados, sin ir a limpiar el apartamento. No veo otro modo de yo cumplir con la ley pues esto es, a todas luces, ilógico. Agradeceré sus comentarios al respecto.

Los “14 días laborables” que establece el Art. 177 del CT (modificado por la Ley 97-97) se han previsto para trabajadores de las empresas. En cambio, para los domésticos las vacaciones están regidas por el Art. 263 del CT, modificado por la Ley 103-99, que dispone: “los trabajadores domésticos tienen derecho a dos semanas de vacaciones remuneradas cada vez que cumplan un año de servicio”.

En ese sentido, pienso que su obligación con esa empleada doméstica es otorgarle dos semanas de descanso con la remuneración habitual. Dicho en otras palabras: Ella no tendría que ir a limpiar durante dos viernes consecutivos, y usted tendría que pagárselos como si ella los hubiese trabajado. Y siendo obvio que esos dos viernes comprenden dos semanas de descanso, se habría entonces cumplido con el propósito de la ley.

Interpretarlo de otra manera sería caer en un absurdo, pues sería pagare 14 viernes consecutivos sin trabajar, o sea que la empleada estaría una cuarta parte del año, “de vacaciones”, y eso no parece lógico. Voy más lejos: Serían 28 viernes consecutivos (¡más de medio año!), pues la joven apenas labora medio día.

2. Tengo una empleada que va a realizarse una cirugía bariátrica por obesidad. Necesito me informe si como empleador debo pagarle esta licencia médica o si ella debe tomar sus vacaciones para esto considerando que es una operación estética.

Si ella está afiliada a la TSS, no hay que pagarle esa licencia médica. Al llenar el formulario de subsidio de enfermedad, le corresponderá a la SISALRIL determinar si le corresponde o no el subsidio. Eso no le conviene a usted determinarlo. En cuanto a las vacaciones, no se le puede obligar a tomarla para esos fines.

lunes, 2 de julio de 2012

Destituyen dos alguaciles por hacer embargos ilegales

JUSTICIA 02 JUL, 6:03 PM
POR DIARIO LIBRE

Destituyen dos alguaciles por hacer embargos ilegales

El CPJ tomó la medida en su sesión celebrada el 18 de junio de este año
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SANTO DOMINGO.- El Consejo del Poder Judicial desvinculó del Poder Judicial a dos alguaciles ordinarios por haber efectuado embargos ilegales en virtud de actas de audiencias que no constituían títulos ejecutorios y sin realizar los trámites para el uso de la fuerza pública.

Los ministeriales destituidos son Daniel Estrada, alguacil ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y Pablo Nelson Camilo, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte del Departamento Judicial Santo Domingo.

El CPJ tomó la medida en su sesión celebrada el 18 de junio de este año, según hace constar en su acta número 28-2012.

El Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial define el Principio de Credibilidad como "cualidad percibida por los demás, compuesta por dos elementos claves: la fiabilidad y la profesionalidad, en la que se exprese e irradie a través de sus actuaciones los valores y principios éticos en cumplimiento de la normativa para generar confianza del usuario y del ciudadano".