viernes, 30 de marzo de 2012

Cree sociedad colapsaría si no modifican códigos Menor y PP

Publicado por el Periódico Hoy
30 Marzo 2012

Cree sociedad colapsaría si no modifican códigos Menor y PP
Entregan RD$2.1 millones a familiares de policías caídos

Santo Domingo. El jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, advirtió ayer que si los códigos Procesal Penal y del Menor se mantienen invariables, la seguridad y la sociedad podrían colapsar.

El jefe policial citó el caso de los Estados Unidos, "que cuando un adolescente comete un acto delincuencial, puede ser considerado que actuó con conocimiento de causa y entonces éste es procesado como su fuera mayor de edad".

Dijo que la sociedad dominicana se dejó imponer un Código Procesal Penal que no era "el que nosotros necesitábamos, nosotros necesitábamos un código con otras orientaciones jurídicas, no era ése".

"Bueno como la sociedad aceptó como bueno y válido ese código, ahí están los resultados", dijo.

Al referirse al Código del Menor, Polanco Gómez dijo que es otro aspecto terrible que se tiene que resolver, "aquí un menor comete un crimen y sólo se le da una condena de cinco años".

Entregan dinero

El Ministerio de Interior y Policía (MIP), a través de su dirección de Gestión Social y el Programa Protección a Víctimas de Violencia, entregó ayer, tres cheques por un total de RD$2.1 millones, a tres familias de policías muertos en el cumplimiento de su deber.

Los cheques fueron entregados por el Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y por el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, quienes entregaron los cheques por un valor de RD$700 mil a cada familia de los agentes del orden.

Esta entrega de recursos se hace como parte de la cobertura que ofrece el programa a los hijos y a las viudas de los agentes policiales, que pierden la vida en el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo establecido mediante la Resolución 08-05, que creó el referido programa social.

Los agentes del orden caídos fueron el sargento mayor Homero Encarnación Encarnación, el segundo teniente Oscar Manuel Sánchez Ogando y el sargento mayor Arismendy López Francisco, en hechos ocurrido el 8 de mayo, 10 de julio y 17 de octubre del 2011.
De Adonis Santiago Díaz

miércoles, 28 de marzo de 2012

+ Consultas en Materia Laboral (Despido Justificado)

Publicado por el Periódico Hoy
27 Marzo 2012, 12:03 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

Tengo una empleada que estuvo embarazada e iba cuando quería y al horario que se sintiera a gusto, pues tiene dos turnos, por ello jugaba con eso. Ya retorno de la licencia de pre y postparto, y esta peor, hay días en que falta dos días de corrido, sin justificarse. Estamos registrados en la TSS y en el MT y estoy procediendo a realizar un archivo de reportes, para cuando decida sacarla, no tener problemas de demanda. Mi pregunta es la siguiente: En el mes de marzo falto dos días. ¿puedo retirarla sin darle un centavo de liquidación, tan solo los derechos adquiridos como vacaciones y regalía?

Si, puede hacerlo, pero tome en cuenta, los plazos y formalidades que siguen:

El plazo de 15 días para despedir. Si por ejemplo la última ausencia injustificada fue el viernes 23 de marzo, usted tiene 15 días para despedirla, que se vencerían el sábado 7 de abril; pero si la última ausencia fue el 13 de marzo, el plazo para despedir sería hasta el 28 de marzo.

Lo otro que tiene que tener en cuenta es el plazo de 6 meses posteriores al parto, que impiden ejercer el despido (sin pagar liquidación) a menos que se tenga una autorización del Ministerio de Trabajo.

Mucha gente confunde ese plazo de 6 meses, que condiciona (no lo prohíbe) despedir sin pago prestaciones dentro de los 6 meses que siguen al parto, con el plazo de 3 meses (posteriores al parto) de prohibición del desahucio.

En ese sentido, si lo que usted quiere es despedirla sin tener que pagarle la liquidación, debe comunicar al MT su intención, y el MT luego de enviar un inspector y verificar que ciertamente la empleada está en falta, el director de Trabajo emitirá una resolución autorizando el despido (o denegándolo), y a partir de ahí, usted podrá ejercer el despido.

Supongamos que la última ausencia injustificada fue el viernes 23, en tal caso usted tiene hasta el 7 de abril para comunicar al MT su intención de despedirla. Si el MT dilata una semana o más en hacer sus investigaciones y emitir su resolución, eso no quiere decir que ya se le venció el plazo de 15 para despedir, pues en ese tiempo se considera que el plazo no continúa corriendo. Ahora bien, desde que le entreguen la resolución, lo prudente es proceder de inmediato con el despido.

Violencia intrafamiliar

Sexualidad al DÍA
27 Marzo 2012, 7:18 PM

Violencia intrafamiliar
Escrito por: Dra. Amalfis Núñez (sexualidadal dia@gmail.com)
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Es la llamada violencia doméstica o violencia familiar, sucede en el seno de una familia y la ejerce por lo menos un miembro de ella contra algún otro familiar o varios de ellos.

Comprende desde la intimidación hasta el empleo de la fuerza física.

Generalmente, la ejerce la persona que tiene la fuerza física, o sea, el hombre.

Es cíclica y progresiva.

Hay que diferenciar la violencia de las conductas agresivas: son cuando se produce un hecho o episodio aislado de violencia sin las otras características: el abuso emocional y psicológico y la frecuencia.

Esta violencia afecta generalmente a mujeres que han incorporado el miedo a su forma de vida habitual.

Miedo a los insultos, descalificaciones, a las reacciones del marido, a expresar algo que desencadene su furia, a decir lo que piensan y hasta temor a pensar en sí mismas y sus necesidades.

Se manifiestan trastornos psicológicos tanto en la mujer maltratada como en el hombre que maltrata y obviamente en los hijos, los cuales pueden sufrir hasta crisis de ansiedad.

Un dato muy importante es que muchas veces los hijos son muy queridos un día y al otro sufren rechazo por parte de la madre, generalmente el día siguiente al que son maltratadas.

Muchos de los varones van a reproducir la conducta violenta del padre y las hembras a buscar como pareja un hombre violento.

Ambos miembros de una pareja que vive en una situación de violencia tienen autoestima baja y son dependientes mutuamente.

La prueba legal en el proceso penal

Publicado en Diario Libre
28 de Marzo 2012

Uno de los fundamentos de un sistema legal garantista es que las decisiones de los jueces se fundamentan en pruebas legales. Hay que tener presente que al momento en que un juez o tribunal decide sobre la culpabilidad de un acusado, lo hace tiempo después de producirse la infracción. Precisamente por eso y porque el juez no estuvo en el lugar de los hechos hay que reproducir ante él de un modo fehaciente posible cómo ocurrieron los mismos. La forma de hacerlo es mediante pruebas. Pero la ley resguarda que esas pruebas hayan sido obtenidas respetando procedimientos y derechos de las partes, y en esa medida estamos ante una prueba legal o no.

El art. 26 del CPP establece que "los elementos de prueba sólo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de este código". Más adelante, en el art. 166, el CPP establece los dos criterios generales que rigen el régimen de la prueba legal en materia penal. Primero: Que los elementos de prueba, para ser valorados (por el juez o tribunal) tienen que haber sido obtenidos por un medio lícito. Esto significa que si el medio de prueba, digamos una supuesta declaración o confesión del acusado, es obtenida, por ejemplo, en base a tortura, dicha prueba no es válida. Segundo: Además, que el medio de prueba se obtenga conforme los procedimientos y formalidades específicas para la obtención del medio de prueba en cuestión. Esto significa, que si por ejemplo, el imputado, para seguir con el ejemplo, declara sobre el hecho que se le imputa, aun espontáneamente, en ausencia de su defensa, la misma tampoco sería válida pues la presencia y asistencia de su abogado es un requisito imprescindible. De estos dos principios resulta que las autoridades, para hacer valer un medio de prueba, tienen una obligación de abstención de utilizar cualquier medio ilícito al momento de obtener un medio de prueba, y tienen una obligación de hacer, en cuanto se le impone observar las reglas propias a cada medio de prueba, establecidas por la ley procesal. La consecuencia del incumplimiento de estas prescripciones es la invalidez o nulidad del supuesto medio de prueba y sus consecuencias. El CPP dispone la "exclusión probatoria" de toda prueba que haya sido recogida con inobservancia de las formas y condiciones que impliquen violación de derechos y garantías del imputado, previstos en la Constitución, los tratados internacionales y el código. De modo expreso el CPP dispone que ni el juez ni el tribunal pueden "fundar una decisión judicial" ni "utilizar como presupuesto de ella" el medio de prueba obtenido sin observar las normas y procedimientos. Hay otros principios y corolarios relativos a los medios de prueba que vienen a complementar el principio de la legalidad de la prueba. Me limito a enumerar los principales: i) Libertad probatoria, esto es, que las partes pueden acreditar las infracciones por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa; ii) el incumplimiento de las reglas sustantivas relativas a la legalidad de la prueba puede ser invocada en todo estado de causa; iii) En lo que respecta a las formalidades no sustantivas, el CPP establece dos disposiciones: En los casos en que no se violen derechos o garantías del imputado, los actos defectuosos pueden ser "inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado"; asimismo dispone que pueden ser convalidados los defectos formales que afecten al ministerio público o a la víctima, cuando no lo hace en las 24 horas después de advertirlos o cuando aceptan expresa o tácitamente los efectos.

Cualquier pregunta o comentario dirigirlo a: gmorenocpp@gmail.com


El CPJ aprueba ascenso de 117 magistrados

Publicado por Diario Libre.
28 de Marzo 2012.

SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial aprobó el ascenso de 117 jueces, mientras que fueron trasladados magistrados de jurisdicción, en lo que se califica como el segundo "remeneón", luego de la pensión de 14 de Cortes de Apelación realizada en febrero pasado.

Se trata de la mayor promoción en la historia de la judicatura dominicana. Los jueces sugeridos para promoción pertenecen a todas las jurisdicciones del país.

En el Distrito Nacional será promovido el magistrado Julio César Canó Alfau, como presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. Los jueces July Tamariz, a la Segunda Sala de la Corte Penal; Eduardo Sánchez Ortiz y Daniel Julio Nolasco, a la Primera Sala.

El magistrado Justiniano Montero está propuesto para la presidencia de la Segunda Sala Civil y Comercial de la Corte del Distrito.

Awilda Reyes Beltré, como presidenta de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia; Daysi Abréu, a la Primera Sala del Juzgado de Trabajo; Judith Contreras y Frinett Padilla pasan a la presidencia de la Primera y Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, ésta última en sustitución de Yadira De Moya, quien fue trasladada a la Corte Civil de la provincia Santo Domingo, donde también está propuesto el magistrado Jorge Reyes Jáquez.

Sergio Antonio Ortega, Diómedes Villalona Guerrero y Mildred Hernández Grullón fueron llevados del Juzgado de Trabajo de SD, la Cámara Civil de Peravia y la Segunda Sala Civil de La Vega, respectivamente a la Primera y Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

El CPJ aprobó ascender a Josefina Grullón Blandino a jueza de la Corte de Niños Niñas y Adolescentes de la provincia Santo Domingo; a Marcia Raquel Polanco, como jueza coordinadora de la Instrucción; a Daysi Indhira Montás, como presidenta del Primer Tribunal Colegiado; a Franklin Concepción Acosta, a presidente de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo. Mientras que Julio César Lara fue llevado del Tribunal Colegiado al de Ejecución de Sanción de NNA; Karen Mejía presidirá la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia y Katia Gómez Germán fue llevada a la Corte de NNA y Bernabel Moricete a la presidencia de la Corte de NNA de La Vega.

Los cambios comprenden la aprobación del magistrado Juan Alfredo Biaggi Lama, como presidente de la Corte Civil de la provincia Santo Domingo.

Otros cambios incluyen la designación de Newton Pérez Nin como presidente de la Corte Civil de Barahona. Como presidenta de la Corte de San Cristóbal fue trasladada desde San Juan de la Maguana, María Garabito. Asimismo, fueron llevados a la Corte de esa jurisdicción Luis Domingo Sención Araujo, juez de la Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes; Luz del Carmen Matos, presidenta del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia y Santa Moreno, presidenta del Tribunal Colegiado de Peravia.

En tanto que Félix Matos Acevedo fue trasladado desde la Corte Penal a la Civil y Comercial; Jocelyn Calvo Peña pasó a la presidencia del Tribunal Colegiado de Primera Instancia y Rosa Mateo fue promovida como jueza de la Instrucción.

La carta

"Mediante la presente se le informa que el Consejo del Poder Judicial en su sesión celebrada el jueves 22 de marzo del corriente, según consta en su acta No. 14/2012, decidió, en virtud de lo establecido por el artículo 156 numeral 1 de la Constitución de la República, los artículos 8, numeral 2 y 28, numeral 2, de la Ley 28-11, presentar su candidatura por ante el Pleno de la SCJ para ser promovido (a)...", exponen las misivas remitidas a los magistrados.

domingo, 25 de marzo de 2012

Pleno SCJ destituye y suspende notarios públicos

Publicado por Diario Libre

25 Marzo 2012, 09:36 AM
Pleno SCJ destituye y suspende notarios públicos


Los notarios destituidos son los doctores Wagner Cabrera Cabrera y Manuel Esteban Fernández García

SANTO DOMINGO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia impuso sanciones disciplinarias de destitución y suspensión contra cinco notarios públicos de los del número del Distrito Nacional y los municipios de Santiago, Baní, Bonao y Sánchez; y rindió decisiones con relación a tres recursos de apelación contra decisiones emitidas por el Colegio Dominicano de Abogados.

Los notarios destituidos, cuyos procesos fueron conocidos separadamente, son los doctores Wagner Cabrera Cabrera y Manuel Esteban Fernández García, de Bonao y Santiago, respectivamente. En tanto que los notarios suspendidos por un año fueron los doctores Felipe Santana Cordero, del Distrito Nacional; Salvador Encarnación Peguero, de Baní, y Julio César José Calcaño, de Sánchez.

Las decisiones disciplinarias contra los cinco notarios tienen su causa en faltas graves en el ejercicio de sus funciones y en violación a las disposiciones de la Ley 301, sobre Notariado Dominicano.

El pleno de la SCJ también declaró no culpable al doctor Víctor De Jesús Correa, notario de los del número del Distrito Nacional, descargándolo de los cargos en su contra, por insuficiencia de prueba.

En otro orden, los jueces del máximo tribunal rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Isabel Vásquez Vásquez, contra la sentencia disciplinaria No. 005-2010, dictada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana en fecha 6 de agosto de 2010, y, en consecuencia, confirmó la inhabilitación por 2 años para el ejercicio de la abogacía de dicha profesional.

El pleno de la SCJ, igualmente y mediante decisiones de fecha 21 de marzo de 2012, confirmó la incompetencia del Colegio de Abogados para conocer de una acción en desistimiento de acción en partición que había sido interpuesta por Dilcia Mercedes Martínez y, en consecuencia, rechazó el recurso de apelación interpuesto por ésta contra la decisión No. 004-2010, de fecha 21 de mayo 2010, de dicho gremio profesional; y se declaró incompetente para conocer, en única instancia, una querella por inconducta notoria en el ejercicio de la profesión contra el abogado Germán Victorino Cabrera Francisco, declinando la misma por ante el tribunal disciplinario de dicho Colegio de Abogados.

En sus decisiones, la SCJ hace constar su voluntad irrenunciable de continuar trabajando en la supervisión de la conducta de los oficiales de la justicia, a fin de preservar la moralidad profesional y el mantenimiento del respeto a las leyes en interés del público.

Es la primera vez que la SCJ conoce y falla un elevado número de expedientes disciplinarios en un corto plazo.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía ha puesto en relieve su empeño en agilizar el conocimiento de todos los casos en curso en materia disciplinaria.
De Diario Libre

martes, 20 de marzo de 2012

+ Consultas en Materia Laboral (Beneficios considerados para el cálculo de prestaciones)

Publicado por el Periódico HOY

19 Marzo 2012, 11:53 PM
CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

En nuestra empresa tenemos vendedores que aparte de sueldo y comisión, les pagamos gastos por combustible, almuerzo y por el uso de su vehículo, y ellos nos hacen un reporte con las facturas de gasolina y comida. ¿Son estos pagos computables como parte de su salario? ¿Cómo debo de realizar estos pagos para protegerme ante cualquier reclamación?

En esta jurisprudencia está su respuesta:

“La [trabajadora] recurrente expresa, […] que […] a los fines del cálculo de las prestaciones laborales, [se] consideran salario todos los beneficios que obtenga el trabajador por su trabajo, como son las sumas recibidas por ella por concepto de dietas; […] Considerando, que en […] la decisión recurrida consta: […] que […] la empresa le otorgaba avances de “dieta”, […] para incurrir en gastos vinculados al desempeño de sus funciones (para el trabajo, no por éste), […] pagados mediante cheques a su favor, previo a la presentación de comprobantes, conjuntamente con el reporte de los gastos, hasta justificar el último centavo gastado a favor de la empresa; que esos valores no entraban en su patrimonio personal para que se considere como parte del salario, sino que eran pagos de gastos para asuntos de la empresa; que también disponía, aparte de los avances para gastos de funciones de la empresa, de una tarjeta de crédito corporativa que la empresa le autorizó obtener a su nombre, o sea, a nombre de la reclamante, la cual le saldaba, cuando ésta le justificaba los gastos mediante recibos y facturas que avalaban las sumas gastadas, entonces la empresa le reembolsaba las sumas gastadas, o sea que dicha tarjeta de crédito era para gastos exclusivos de la empresa, no entraban dentro del patrimonio de la demandante, por lo que no puede considerarse como parte de su salario, y una vez reembolsado el cheque de los gastos incurridos con la tarjeta corporativa, para gastos de la empresa, de acuerdo a la documentación que prueba que los gastos en que incurría se le reembolsaban”; […] Considerando, que las sumas recibidas por los trabajadores para cubrir gastos que genera la prestación de sus servicios o para facilitar la ejecución de los contratos de trabajo, no son beneficios que reciben los trabajadores como contraprestación por la labor realizada, por lo que no forman parte de sus salarios” (3ª SCJ, 14 Oct. 2009, B. J. 1187, Pág. 896. Caso: María Nelly Sandoval Bello vs. American Airlines, Inc.)

martes, 13 de marzo de 2012

Pago por embargos irregulares será de US$25,000 millones Implica a los cinco mayores bancos de Estados Unidos

Publicado por el Periódico Hoy

12 Marzo 2012, 9:05 PM
Pago por embargos irregulares será de US$25,000 millones
Implica a los cinco mayores bancos de Estados Unidos

NUEVA YORK. AFP. El acuerdo récord anunciado en febrero entre cinco de los mayores bancos estadounidenses y las autoridades para poner fin a demandas vinculadas al escándalo de los embargos inmobiliarios irregulares implica el pago de 25,000 millones de dólares por parte de algunas de las mayores instituciones financieras de Estados Unidos.

Los detalles del acuerdo divulgados ayer revelan que Bank of America deberá pagar 11,820 millones de dólares, Wells Fargo 5,350 millones, Citigroup 2,200 millones de dólares y JP Morgan 5,290 millones. Ally Financial, por su lado, deberá abonar 310 millones. El escándalo de los embargos inmobiliarios irregulares estalló en el otoño boreal de 2010 con la revelación de que varios de los más grandes bancos estadounidenses, particularmente JP Morgan y Bank of America, habían embargado bienes inmobiliarios siguiendo procedimientos dudosos.

Específicamente algunos empleados firmaron documentos de embargo sin haberlos leído o sin la presencia obligatoria de agentes homologados para validar esas formalidades.

En otros casos omitieron proponer soluciones alternativas a los embargos o registraron documentos equivocados en los tribunales para proceder a esos embargos.

El acuerdo al que arribaron bancos, por un lado, y autoridades de 49 de los 50 estados de la Unión así como autoridades federales, por otro, marcará, según el presidente Barack Obama, "el fin de una era de excesos, que ha causado enormes daños". El ministerio anunció ayer que el acuerdo acababa de ser transmitido al tribunal encargado del caso en Washington.

Los cuatro quintos de la suma total de US$25,000 millones aportará un alivio directo a los prestatarios: bajo la forma de una reducción del principal de la deuda para los deudores que dejaron de pagar o están a punto de hacerlo, cuando el valor actual de su vivienda sea inferior al del crédito que les queda por pagar; una renegociación del préstamo para los deudores que estén al día pero cuya vivienda se haya desvalorizado a un nivel inferior al del crédito que recibieron, y a través de otras ayudas diversas, tales como un alza en plazos de gracia.

viernes, 9 de marzo de 2012

+ Sobre el Código Procesal (Las Garantías Judiciales de la persona imputada)

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Publicado por DIARIO LIBRE

7 Marzo del 2012.

Por: Guillermo Moreno

Las Garantías Judiciales de la persona imputada

Las garantías judiciales, en el proceso penal, son los medios y procedimientos que dispone la ley a fin de asegurar y dar la protección efectiva de los derechos fundamentales de que es depositario todo justiciable durante el procesamiento, a fin de que el mismo se desarrolle en forma imparcial, independiente, contradictoria, y a las partes se les respete su dignidad como persona y puedan actuar en igualdad de armas.

El Código Procesal Penal dispone de modo expreso en su articulado las garantías judiciales de que es depositaria toda persona imputada.

i) La garantía de un juicio previo. El CPP en su artículo 3 consagra que nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo, el que debe celebrarse, respetándose, entre otros principios, los de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración.

ii) La garantía del Juez natural. El artículo 4 del CPP dispone que nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad, por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este código con anterioridad a los hechos de la causa.

iii) Las garantías de imparcialidad e independencia. El artículo 5 dispone que los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de los particulares. Precisa además que los jueces sólo están vinculados a la ley.

iv) Garantía de legalidad del proceso. Dispone el artículo 7 que nadie puede ser sometido a un proceso penal sin la existencia de ley previa al hecho imputado

v) Garantía del plazo razonable. Consagra el artículo 8 que toda persona tiene derecho: a) a ser juzgada en un plazo razonable, y en todo caso b) que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. A los fines de hacer efectiva esta garantía el CPP dispone que todo imputado o víctima de una infracción tiene derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código, frente a la inacción de la autoridad.

vi) Garantía de única persecución. Dispone el artículo 9 que ninguna persona puede ser perseguida, juzgada ni condenada dos veces por un mismo hecho.

vii) Garantía de igualdad ante la ley. El Artículo 11 dispone que todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas, prohibiendo fundar decisiones en base a la nacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.

viii) Garantía de igualdad entre las partes. El artículo 12 establece que las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad.

Más Garantías Judiciales de la persona imputada
En la columna anterior examinamos varias garantías judiciales en el proceso penal que tienen por finalidad asegurar y dar la protección efectiva de los derechos fundamentales de que es depositario todo justiciable. Nos referimos al Juicio previo, el Juez Natural, las garantías de imparcialidad e independencia, de legalidad del proceso, del plazo razonable, de única persecución, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes del proceso. En esta ocasión completamos con otras garantías judiciales.

a) Garantía del respeto de su dignidad como persona. Esto equivale a que toda persona que participa de un proceso penal tiene derecho a su integridad física, psíquica y moral, y por tanto no puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

b) Garantía de no ser obligado a autoincriminación. Se trata de que ninguna persona pueda ser obligada, es decir, contra su voluntad, a declarar contra si mismo. Esto implica dos corolarios básicos: a) Corresponde al persecutor probar su acusación, y b) todo acusado puede guardar silencio durante el proceso, y éste, en ninguna forma puede ser valorado en su perjuicio.

c) Garantía de la presunción de inocencia. No solo toda persona imputada o acusada debe presumírsele inocente, sino ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable no declare su responsabilidad penal.

d) Garantía de límite razonable de la prisión preventiva. Esta garantía busca que el periodo de privación de libertad se convierta en una pena anticipada.

e) Garantía de la personalidad de la persecución. Se trata de garantizar que las personas solo puedan ser investigados, juzgadas o sancionadas por sus hechos personales, y por tanto, no tengan que responder penalmente, por los hechos de otros aún se trate de sus familiares más cercanos.

f) Garantía del derecho de defensa. Ninguna persona puede ser procesada penalmente sin que se le respete su derecho de defensa. Puede hacerlo personalmente o elegir su defensor, y en caso de carecer de los medios el Estado le proveerá uno. El ejercicio de esta garantía conlleva la previa formulación precisa de las imputaciones o acusaciones en su contra, condición para poder ejercer su derecho de defensa.

g) Garantía de recurrir, esto es, poder apoderar a un juez o tribunal distinto al que emitió la decisión, a fin de que examine nueva vez la decisión que le fue desfavorable.

h) Garantía de la prueba legal. Se trata de que los medios de prueba que puedan servir de fundamento a una decisión penal, no solo deben obtenerse con apego a la ley, sino incorporados al proceso respetando los procedimientos y principios que regulan este asunto. La prueba obtenida o incorporada en violación a la ley es nula, y por tanto carece de todo valor probatorio y debe ser excluida del proceso.

+ Consultas en Materia Laboral (horas extraordinarias)

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Publicado por el Periodico HOY
5 Marzo 2012, 11:54 PM

CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Especialista en derecho laboral
1. ¿Dónde puedo encontrar que las horas extraordinarias no es una obligación trabajarlas? Hago la pregunta porque estoy siendo obligado a trabajarlas o tengo la amenaza de ser despedido si no las trabajo.
Eso usted lo encuentra en la jurisprudencia, que ha establecido lo siguiente:
“El [trabajador] demandante no ha cometido la falta atribuida por el empleador [pues] la orden de trabajo que […] se negó a acatar, le fue impartida después de éste haber cumplido con su jornada normal de trabajo y la misma no implicaba la realización de labores surgidas como consecuencia de una emergencia, por tratarse de una labor rutinaria a cargo del personal que estaba a disposición de la empresa […] no constituyendo […] una obligación del trabajador su realización (3ª SCJ, 22 Dic. 1999, B.J. 1069, Pág. 696. Caso: Cristóbal Colón, C. por A. vs. Marcos Coca Vásquez).
“El testigo Castro expresa […]: la causa del despido fue que se le exigió que trabajara horas extras y no le pagaban y él lo reclamaba […] que de estas declaraciones se infiere que […] que el [trabajador] reclamante no cometió ninguna de las faltas que se le imputan, sino que fue despedido por negarse a laborar horas extras, ya que las mismas no le eran pagadas […] además de que el patrono no lo niega […] en consecuencia procede declarar injusto el despido” (SCJ, 19 Ago. 1981, B.J. 849, Pág. 2102. Caso: Productos Químicos y Farmaceuticos, C. por A. vs. Santiago Alvarez Leger)
La doctrina añade: “Ninguna duda cabe en cuanto a las horas extras que tienen como causa un trabajo urgente; en esta situación, que es de emergencia, el deber de colaboración le impone al operario la prestación de los servicios. La misma solución debe primar en el caso de la prolongación del turno en las empresas de funcionamiento continuo, pues aunque no se trata de un trabajo urgente, el trabajador debe contribuir para asegurar la continuidad de las labores par parte del personal de relevo.” (Rafael Alburquerque, Derecho del Trabajo, Tomo II, Pág. 366. Ediciones Trajano Potentini. Santo Domingo, 2006).

2. Alguien que me pueda aclarar un poco sobre el pago de las vacaciones. Se paga con la quincena del mes, es decir, mis vacaciones me tocan el 20 de este mes, pero me dijeron que pagándome la quincena del 30, ya es el dinero de las vacaciones...

Respuesta 30 enero 2011

¿Podría usted dar una explicación al problema de pagar vacaciones a quienes ganan comisión? La ley dice que hay que pagarle el día anterior a las vacaciones, pero no dice ni que hay que descontarle ni tampoco que hay que repetirle el pago.
El día antes de las vacaciones al empleado hay que pagarle 14 días de salario (-5 años servicios) y 18 días de salario (+5 años servicios).
Por ejemplo, si un empleado percibe fijo RD$10,000.00 mensual más comisiones por RD$113,326.80 en los últimos 12 meses, esos RD$113,326.80 ÷ 12 = RD$9,443.90 + RD$10,000.00 (que es el sueldo fijo mensual) = RD$19,443.90 de salario promedio mensual ÷ 23.83 = RD$815.94 como valor del salario diario. Al irse de vacaciones, el empleado estará recibiendo el valor de 14 días, que en el ejemplo dado serían RD$11,423.16.
Supongamos que el empleado salió de vacaciones el día 30 de enero, y como dice la ley, el día antes recibe RD$11,423.16. Cuando la empresa pague la quincena del día 15 de febrero, esa empresa no tiene que pagar los RD$5,000.00 quincenales correspondientes al sueldo fijo, pues lo pagó anticipadamente.
Respecto a las comisiones, la empresa le habría pagado anticipadamente a ese empleado la suma de RD$6,423.16. Ese dinero no fue de comisiones que efectivamente ese empleado produjo, pues es un monto que no se deriva de ninguna venta específica realizada por el empleado. En consecuencia, se trata de un pago anticipado que la ley obliga a pagar a todo empleador a quien se va de vacaciones.
El Legislador estableció las cosas así en interés de que el trabajador pueda irse a su casa a descansar con la misma remuneración que habitualmente recibe cuando está trabajando. Es por eso que la ley dispone ese pago anticipado, pero en ninguna de sus partes la ley dice que ese pago tiene que ser repetido.
Retomando el ejemplo dado, cuando el empleado retorna de vacaciones, en la nómina del día 15 de febrero él no va a cobrar el sueldo fijo de esa quincena (dado que ya lo recibió anticipadamente), pero además, queda adeudándole al empleador RD$6,423.16 que recibió anticipadamente por concepto de unas “comisiones” por ventas no realizadas, y que por tanto, deberá deducírsele de las comisiones por ventas efectivamente realizadas; sea de ventas que se hayan cobrado mientras estuvo de vacaciones, o sea de ventas que él realice y cobre tras retornar de las vacaciones.

lunes, 5 de marzo de 2012

Julio Anibal, Alburquerque y Subero

Publicado por Acento Digital

EDITORIAL
Julio Anibal, Alburquerque y Subero

El Consejo Nacional de la Magistratura, al no confirmar al doctor Julio Aníbal Suárez, privó al país de un juez modelo, a la vez que le mandó un amargo mensaje a todo el poder judicial dominicano, y en particular a los jueces que, como Julio Aníbal, se comportan apegados a la seriedad, a la ética, al derecho, a la ley y al sentido de justicia.

05 DE MARZO DEL 2012
Doctor Negro Veras, abogado

El tiempo es el mejor aliado de la verdad, así como la desesperación es cómplice de la mentira, de ahí que los hechos son los hechos y no se derriten.

Con el transcurso de los días resplandece la verdad y se pone al lado del doctor Julio Aníbal Suárez, y se aparta por completo de lo decidido en contra suya por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Al momento de proceder a la evaluación del doctor Julio Aníbal Suárez, como juez de la Suprema Corte de Justicia, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, tenían en sus manos los siguientes datos: “[…] que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de la cual formó parte Julio Aníbal, durante 14 años dictó 6,991 sentencias, de las cuales 1,881 fueron de Tierras, Contenciosas y Tributarias, y 5,110 Laborales, o sea, el 73% en lo Laboral y el 27% en las otras materias. De las laborales, 4,170 sentencias, el proyecto fue elaborado por Julio Aníbal, o sea, el 93% del total.”

En el curso de una entrevista por televisión, llevada a cabo el día 28 de febrero del año en curso 2012, el Vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, “calificó como buena la jurisprudencia que establecieron durante 14 años los jueces de la Tercera Cámara Laboral de la Suprema Corte de Justicia, porque emitieron decisiones que favorecieron los trabajadores y otras veces los empresarios”.

Combinando el trabajo llevado a cabo por el doctor Julio Aníbal Suárez, en la Tercera Cámara Laboral, ya citada, con el número de proyectos de sentencias elaborados por él -el 93% del total-, con lo dicho por el Vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, en el sentido de calificar como buena la jurisprudencia que establecieron durante 14 años los jueces de la Tercera Cámara Laboral porque emitieron decisiones que favorecieron tanto los trabajadores como los empresarios; tenemos que llegar a la clara y seria conclusión de que, alrededor de la actual jurisprudencia laboral del país, está la obra de independencia e imparcialidad del doctor Julio Aníbal Suárez, y que son falsos los criterios de parcialidad y dependencia que fueron los débiles argumentos que expuso el Consejo Nacional de la Magistratura, para la no confirmación de Julio Aníbal, como juez de uno de los más altos tribunales del país.

En favor del doctor Julio Aníbal Suárez, por su labor enriquecedora de la materia laboral en la República Dominicana y por su determinante contribución a la jurisprudencia y doctrina en esa área, conviene precisar que el doctor Rafael Alburquerque es uno de los más brillantes profesionales laboralistas del país, a nivel nacional e internacional.

Pero además –y sigue la verdad a favor de Julio Aníbal–, el doctor Jorge Subero Isa, recientemente le declaró a la prensa nacional que: “[…] Julio Aníbal sabe lo que pienso de él, el más completo jurislaboralista del país.”

Ahí está la realidad, resplandeciendo la verdad, desmintiendo totalmente lo decidido por el Consejo Nacional de la Magistratura, de que Julio Aníbal fue un juez que “no siempre procedió con criterios de independencia e imparcialidad.”

El criterio del doctor Rafael Alburquerque, choca con la opinión del Consejo Nacional de la Magistratura, porque habiendo sido Julio Aníbal, y hay que decirlo con franqueza, el gran artífice de la jurisprudencia laboral moderna del país, no fue dependiente ni parcializado con trabajadores ni con empresarios.

No hay lugar a discusión. La verdad es la verdad y de ahí nadie me saca, y comparto la opinión del doctor Alburquerque: califico como buena la jurisprudencia que establecieron durante 14 años los jueces de la Tercera Cámara Laboral de la Suprema Corte de Justicia, porque emitieron decisiones que favorecieron a trabajadores y a empresarios.

También es una verdad de mamacita, del tamaño del monumento a los Héroes de la Restauración, y la comparto con el doctor Subero Isa, que Julio Aníbal Suárez es el más completo jurislaboralista del país.

Y a lo dicho por Subero Isa, de que Julio Aníbal Suárez es el más completo jurislaboralista del país, yo agregaría que en el seno de la Suprema Corte de Justicia, durante 14 años, Julio Aníbal hizo significativos aportes a la materia laboral e intervino activamente en todos los proyectos discutidos en el órgano Salas Reunidas, y dedicando tiempo, además, a la Oficina Nacional de la Defensa Pública.

Qué más le puede pedir lo sano, decente y honesto de nuestro país a un hombre que, como Julio Aníbal Suárez, se entregó por completo, durante 14 años, a su función de juez de la Suprema Corte de Justicia.

Lo dice la verdad, lo que reflejan los hechos es que Julio Aníbal, como juez de la Suprema Corte de Justicia, con su talento y laboriosidad enriqueció la jurisprudencia laboral del país, que como magistrado sus criterios fueron independientes e imparciales, que solamente estuvieron apegados a la balanza de la justicia, de la ley y el derecho.

El Consejo Nacional de la Magistratura, al no confirmar al doctor Julio Aníbal Suárez, privó al país de un juez modelo, a la vez que le mandó un amargo mensaje a todo el poder judicial dominicano, y en particular a los jueces que, como Julio Aníbal, se comportan apegados a la seriedad, a la ética, al derecho, a la ley y al sentido de justicia.

viernes, 2 de marzo de 2012

Creen es urgente revisión de aspectos del Código Laboral

Publicado por el periódico Diario Libre

Noticias
02 Marzo 2012, 12:05 AM
Creen es urgente revisión de aspectos del Código Laboral
Copardom pide mantener la transparencia entre interlocutores

SD. Expertos en materia laboral, lo mismo que la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) favorecieron ayer la propuesta que hizo el ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, para que se modifique el Código Laboral dominicano.

El vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Carlos Hernández Contreras, considera que es urgente modificar ampliamente la parte procesal del Código, para corregir fallas que se dan en los procesos, desde el inicio con la conciliación de los casos, la introducción de la demanda, hasta la ejecución de la sentencia.

"Es la parte más antigua del Código, pues en la reforma del 1992, no se modificó el procedimiento, sino que los redactores de entonces tomaron el procedimiento del 1951, del Código de Trujillo, y lo pusieron al día, porque no estaba vigente, pero ése es un procedimiento muy viejo, que no se adapta a la realidad de este siglo", dice.

Hernández Contreras entiende que con la modificación de los aspectos procesales, se pondría fin a los inconvenientes que se presentan en la actualidad, con abogados que compran casos, los embargos a empresas, entre otros problemas.

De manera puntual, el abogado señala el artículo 539, que impide el recurso de apelación al consignar el duplo de las condenaciones en las sentencias; la ejecución de las sentencias a manos de los alguaciles, lo que a su entender, facilita las "combinaciones" con abogados. También refiere el tema de la conciliación, que cree debe volver al Ministerio de Trabajo, para facilitar la solución de los conflictos laborales.

En cuanto a temas de seguro de desempleo o la cesantía, Hernández Contreras advierte sobre la posibilidad de que su eliminación pueda generar una carga superior a los empleadores, que podrían ser demandados por los empleados por perjuicio. Sugiere, en cambio, el que se le fije un tope de años para el pago de la cesantía.

De su lado, Jaime González, presidente de la Copardom, insistió en la necesidad de que se haga el debate en un ambiente de transparencia de las propuestas. Recordó que los patronos han planteado unos 28 puntos, que se basan sobre todo en procedimientos, para "evitar las cosas que se producen de manera fraudulenta".

"El ministro tocó puntos sobre los cuales el sector empresarial y sindical estamos de acuerdo y creo que es el momento propicio para que se generen próximamente las reuniones y que podamos comenzar a hablar del tema de manera tranquila, a sabiendas de que no hay cartas debajo de la mesa, que todo el mundo quiere transparencia entre los interlocutores", manifestó.

Indicó, además, la pertinencia de que se hagan estudios actuariales para abordar el tema sobre el seguro de desempleo y la cesantía, de manera que sean puestos sobre la mesa de discusión y que pueda generar una propuesta para presentarla como alternativa al sector sindical.
De Tania Molina / Redactora Senior

¡Cuidado con la reforma laboral!

Publicado por el periódico HOY
1 Marzo 2012, 10:56 PM
¡Cuidado con la reforma laboral!
Activar el empleo debe ser el objetivo de las políticas públicas

Escrito por: EDUARDO JORGE PRATS ( e.jorge@jorgeprats.com)

Si algo caracteriza algunas de las reformas legales que se han impulsado en el país en los últimos tiempos es que muchas de ellas son impulsadas con el manifiesto u oculto afán de disminuir las garantías de los derechos que las leyes a reformar conceden a las personas.

Parecería que algunos sectores de la sociedad dominicana, sean mayorías o minorías, se resisten a vivir en una cultura de derechos y quieren, de un modo u otro, regresar a un estadio histórico superado, donde los individuos debían vivir sometidos al libre arbitrio de los poderes públicos y privados. El ejemplo más conocido es el de la popular reforma procesal penal para el endurecimiento de las penas y la disminución de los derechos de los justiciables.

Pero no es el único. El más reciente es el de la reforma del Código del Trabajo tendente a lo que eufemísticamente se denomina la “flexibilización laboral”. Tanto un iuslaboralista de la talla del Dr. Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la República y coautor –junto con Milton Ray Guevara y Lupo Hernández Rueda- del Código de Trabajo vigente, como el editorialista de este diario han advertido, con justa razón, del peligro de reformar nuestras normas laborales.

Hay que recordar que al establecer la Constitución que el sistema económico se fundamenta en el crecimiento económico está partiendo de que la creación de riqueza es norte del sistema, pues, sin ella, no puede hablarse de redistribución de la riqueza como lo hace el artículo 217. Ahora bien, la creación de riqueza se efectúa en base a tres factores: el trabajo, el capital y la tecnología.

El trabajo, como señala el constitucionalista peruano Landa Arroyo, “es la fuente principal de la creación de la riqueza, lo que no significa que sea la única, pero sí es aquella sin la cual no existiría sociedad ni mercado de consumidores”. Esta importancia del trabajo no solo como factor en la creación de riqueza, sino también como elemento esencial del desarrollo humano al cual se orienta el sistema económico (artículo 218), explica el por qué aparece el trabajo como uno de los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho que proclama el artículo 7 de la Constitución y el por qué es reconocido por la Constitución como “un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y la asistencia del Estado” (artículo 62).

El trabajo es lo único que posibilita que exista un mercado nacional con consumidores con capacidad económica para consumir, lo que explica la garantía al “derecho a un salario justo y suficiente” que permita al trabajador “vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales” (artículo 62.9).

El problema de nuestro país no consiste entonces en lograr competitividad en base a la disminución de las garantías de los trabajadores sino en poder crecer mediante actividades productivas generadoras de empleos formales que le den mayor sostenibilidad a nuestro sistema de seguridad social. Activar el empleo y no la precariedad debe ser el objetivo de las políticas públicas, máxime cuando la propia Constitución establece el principio de no retroceso social.

Por eso, resulta contraproducente desmontar los incentivos fiscales de las empresas generadoras de empleos, como es el caso de las zonas francas, como lo es permanecer indiferente frente al uso de mano de obra de extranjeros en situación migratoria de ilegalidad que deprime constantemente el nivel de los salarios. Hay que reinventar el trabajo en el siglo XXI en un mundo en el que algunos predicen el “fin del trabajo” (Rifkin) y otros señalan que todos estamos deviniendo población residual, excedente, prescindible (Bauman). Por eso, hoy más que ayer y más que nunca hace sentido el proyecto de Pedro Francisco Bonó, de optar por las clases trabajadoras, de cifrar la esperanza de desarrollar el ideal republicano a través de la confianza en los trabajadores, en “el respeto al trabajador y al fruto de su trabajo”, creando así “este elemento indispensable a la conservación de las naciones (…) hacer amar la patria por el mayor número que son los pequeños”. Solo una República del trabajo hará nuestra sociedad más justa y democrática.