jueves, 28 de octubre de 2010

Vergüenza para el Sistema de Justicia y para la SCJ

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26 de Octubre del 2010, 3:54 PM
Juicio a Eduardo de Castro iniciará desde cero; pleito entre juezas lo hace colapsar

Eduardo de Castro (Archivo 7dias)


SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El pleito escenificado por dos juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que terminó con la desintegración del tribunal, ha hecho colapsar el juicio a Eduardo de Castro, involucrado en un fraude de 16 mil millones de pesos en el desaparecido Banco Mercantil.

Por el principio de inmediación, el caso que se le sigue al imputado De Castro tendrá que iniciar desde cero, ya que para resolver el pleito entre las jueces, la Suprema Corte de Justicia decidió designar en ese tribunal al magistrado Teófilo Andújar Sánchez, quien presidía el caso Mercantil en el Primer Tribunal Colegiado, en sustitución de la magistrada Daira Medina.
El juicio de fondo, que concluía en 20 horas de trabajo, tendrá ahora que reiniciar con los testigos José Lois Malkún, ex gobernador del Banco Central, Julio Cros ex superintendente de Bancos y el perito José Manuel Duarte Medrano.

La refriega entre las dos juezas, que en el forcejeo supuestamente rompieron un escritorio, ha afectado la armonía del Primer Tribunal Colegiado y Cuarto Colegiado.
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La jueza July Tamariz, del Segundo Tribunal Colegiado pasó al Primero, en sustitución de Teófilo Andújar y la magistrada Daira Medina, del mismo tribunal, pasó al Cuarto en lugar de Ingrid Fernández, quien pasó al Segundo.
Domingo Beriguete/7dias.com.do

SCJ reglamenta vestimenta en audiencia de jueces, ministerio público,defensores públicos y abogados

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SCJ reglamenta vestimenta en audiencia de jueces, ministerio público,defensores públicos y abogados

La Suprema Corte de Justicia complementando la disposición contenida en el art. 11 de la Ley 821 y sus modificaciones, sobre Organización Judicial, dictó en fecha 30 de septiembre del presente año la Resolución 2715-2010, mediante la cual se exige el uso de camisa blanca, corbata negra, toga y birrete calado para los jueces y juezas, representantes del ministerio público, defensores públicos y abogados.

Ver resolución

Novedades Legislativas

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Novedades Legislativas


Novedades

La Primera Sala de la SCJ dictó el 20 de octubre de 2010 importante sentencia sobre la venta de vehículos y sobre interés legal:


Jueces participan en seminario de arbitraje


SCJ reglamenta vestimenta en audiencia de jueces, ministerio público, defensores públicos y abogados


SCJ no objeta acuerdo internacional en materia de drogas con gobierno de Venezuela


Conozca el Centro de Información y Orientación Ciudadana (CIOC)


Sin Presupuesto Adicional no habrá Consejo del Poder Judicial en el 2011


Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el control preventivo de Acuerdo internacional entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República de Cuba.
Presidente SCJ declara inadmisible querella presentada contra miembros de la Junta Central Electoral


Jueces Corte Suprema Honduras visitan SCJ y firman convenio


SCJ recuerda a los jueces prohibición de comer y beber con las partes envueltas en los procesos.


Decreto 408-10 un decreto de interés jurídico sobre la ley de sociedades y materia fiscal


Tercera Sala SCJ: El recurso de apelación incidental sigue la suerte del recurso de apelación principal declarado inadmisible, salvo cuando es ejercido cumpliendo con los requisitos exigidos para los recursos principales.


Sentencia importante en materia de alquiler de casas: tres aspectos a destacar.

Importante sentencia sobre la venta de vehículos y sobre interés legal

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La Primera Sala de la SCJ dictó el 20 de octubre de 2010 importante sentencia sobre la venta de vehículos y sobre interés legal:

1. Importadora que entrega un vehículo a una agencia.- Presunción de mandato de venta:Considerando…que en ausencia de condiciones, por el contrario, frente al público consumidor, existe una presunción de mandato y que si A. B., C. por A., en el caso, no recibió el producto de la venta celebrada entre la recurrida y la D. M., C. por A., debió ejercer las acciones que le provee la ley, pero no negarse a entregar los documentos justificativos de la propiedad al comprador de buena fe ni perseguir la incautación del vehículo en cuestión en manos del comprador; que salvo que se estipulen condiciones en el contrato de consignación de mercaderías, la jurisprudencia del país de origen de nuestra legislación, a propósito de una práctica muy difundida, la del depósito-venta que se llama también “consignación”, ha establecido que en esta relación el depositario no es un adquiriente como tampoco el depositante es un vendedor, por lo que nada impide analizar la operación como un depósito acompañado de un mandato de venta que obliga al depositario o consignatario a rendir cuenta de lo no vendido como de lo vendido;2. Interés Legal como indemnización complementaria.- Periodo durante el cual podría ser reclamado.Considerando, que el artículo 91 del Código Monetario y Financiero o Ley núm. 183-02, derogó expresamente la Orden Ejecutiva 312 de 1919 en lo concerniente al 1% como interés legal y el artículo 90 del mencionado código, derogó de manera general todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a lo dispuesto en dicha ley, por lo cual no existe en la actualidad, por haber desaparecido, el interés legal preestablecido, dejando el legislador en libertad a los contratantes para concertar el tipo de interés a pagar en virtud de cualquier contrato, cuando establece en el artículo 24 que las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera, serán determinadas libremente entre los agentes del mercado; Considerando, que, a los fines de resolver el punto de derecho aquí planteado, es preciso hacer las puntualizaciones siguientes: que el estudio de la sentencia, y de los documentos a que ella se refiere, revelan que al momento de la interposición de la demanda original ante el Juzgado de Primera Instancia en fecha 16 de septiembre de 1996, la norma legal vigente era efectivamente la Orden Ejecutiva núm. 312, que establecía el interés legal, no así para la época en que se dictó la sentencia recurrida en casación, es decir, 16 de septiembre de 2003, mediante la cual se impusieron dichos intereses; Considerando, que al expresar el artículo 2 del Código Civil que “la ley sólo dispone para el porvenir, no tiene efecto retroactivo”, establece a la vez el principio del efecto inmediato y el de no retroactividad; que de ese texto resulta necesariamente, en un aspecto positivo, una aplicación de la ley nueva para el porvenir y, negativamente, una inaplicación de ella en el pasado; que la ley nueva se aplica inmediatamente sólo a condición de no lesionar derechos adquiridos; que es admitido en doctrina y jurisprudencia que las leyes nuevas se aplican inmediatamente al estatuto legal de los créditos, abstracción hecha de su origen; que sólo la segunda categoría, o sea, aquella en que los efectos que trae consigo tienen lugar ulteriormente, resulta aplicable con posterioridad al nacimiento del crédito; que en aplicación a la presente especie del principio del efecto inmediato de la ley nueva, los únicos intereses exigibles son los generados desde el nacimiento del crédito hasta la promulgación y publicación de la Ley No. 183-02 del 21 de noviembre del año 2002 que derogó la Ley No. 312 de 1919 que fijaba el interés legal al 1% mensual; que, como se ha dicho antes, sólo en caso de lesión a los derechos adquiridos, cuya existencia no se ha demostrado, no es aplicable el principio del efecto inmediato de la ley nueva, por lo que, procede casar, por vía de supresión y sin envío por no quedar nada que juzgar, la parte de la sentencia impugnada que condena al recurrente al pago de los intereses legales generados a partir de la abrogación de la Ley No. 312 de 1919 por carecer los mismos de validez; que en consecuencia, contrario a lo consignado en la sentencia impugnada, la recurrida sólo tiene derecho de percibir los intereses de la suma adeudada hasta el momento en que la mencionada orden ejecutiva fue derogada por la nueva disposición legal;

Ver Sentencia

martes, 5 de octubre de 2010

+ Consultas en Materia Laboral (Varios)

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PUBLICADO POR EL PERIODICO HOY
5 Octubre 2010, 12:38 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. Soy abogado recién graduado, que hace unos meses estoy ejerciendo la profesión en el área laboral y tengo algunas preguntas para usted: (1) Si un cliente se apersona a mi oficina para que le lleve un caso laboral, inmediatamente hacemos el contrato cuota litis, y luego de tener mi contrato registrado, ¿puedo notificar copia de ese contrato al empleador o parte que se va a demandar, para asegurar que el empleador no va a llegar a un acuerdo con el trabajador?; y (2) en caso de que lleguen a un acuerdo sin conocimiento del abogado, ¿es pasible el empleador de ser demandado por daños y perjuicios? y ¿cuál es el tribunal competente?

En cuanto a notificar el cuota litis, no sólo usted puede, sino que debe hacerlo inmediatamente después de haber firmado dicho contrato; y además, no es indispensable que usted lo registre antes de notificarlo. Eso se puede hacer después que ya haya notificado al empleador a fin de que dicho contrato le sea oponible, y no puedan negociar a sus espaldas.
En cuanto a un acuerdo sin consentimiento del abogado apoderado, no obstante el empleador haber recibido la notificación del cuota litis por acto de alguacil, eso efectivamente compromete la responsabilidad civil de dicho empleador, aplicándose ahí la máxima de que “quien paga mal, paga dos veces”.
El tribunal competente para conocer de esa acción contra el empleador, sería a nuestro parecer, el mismo juzgado de trabajo que esté apoderado de la demanda principal u original del trabajador contra ese mismo empleador.


2. Tengo una empleada que está renunciando bajo el Art. 97, Ord. 2 del CT, y tengo entendido que todo el que renuncia pierde sus derechos a cesantía. Favor de aclararme esa situación.


Lo que sucede es que en el caso que usted plantea la empleada no está renunciando, sino que está dimitiendo. La renuncia es cuando el empleado anuncia (verbalmente o por escrito) que se va o retira definitivamente de la empresa; y en tal caso no le corresponde prestaciones laborales. Sin embargo, la dimisión es cuando el empleado informa (verbalmente o por escrito a usted, y por escrito a la SET) que se retira de la empresa acusándolo de haber violado uno de los ordinales del Art. 97 del CT. En tal caso, surgirá un pleito en los tribunales y el empleado reclamará el pago de prestaciones laborales y otros recargos adicionales.

ARTÍCULOS DE LA LEY 87-01 QUE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA FUNDAMENTAR LAS DEMANDAS ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

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ARTÍCULOS DE LA LEY 87-01 QUE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA FUNDAMENTAR LAS DEMANDAS ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Cuando se ha agotado la vía administrativa sin resultados, el trabajador por intermedio de su abogado puede recurrir a los procedimientos coactivos establecidos por las leyes del país, para tales fines, debe tomar en consideración los siguientes textos legales:

Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).


1- Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS):

A- Beneficiarios y Prestaciones:

-Del Régimen Contributivo

Arts. 44 y 45.- Pensión por Vejez.
Arts. 44 y 47.- Pensión por Discapacidad.
Arts. 44 y 50.- Pensión por Cesantía por edad avanzada
Arts. 51 y 52.- Pensión de Sobrevivencia.

-Del Régimen Subsidiado:

Arts. 63 al 65: Pensión solidaria
Art. 66: Pensión de Sobrevivencia.

-Del Régimen Contributivo Subsidiado:

Art. 72: Pensión por Vejez.
Art. 73: Pensión por Discapacidad
Art. 75: Pensión de Sobrevivencia.

B- Capítulo IX: Infracciones y Sanciones:

Art. 112.- Principios y normas generales
Art. 113.- Incumplimiento de las obligaciones.
Art. 115.- Magnitud de las sanciones.
Art. 62 - El Empleador como agente de retención

2- Seguro Familiar de Salud (SFS)

A- Beneficiarios y prestaciones:

-Del Régimen Contributivo

Art. 123- Beneficiarios.
Art. 127- Prestaciones
Art.129 – Plan Básico de Salud
Art.130- Prestaciones farmacéuticas ambulatorias
Art.131- Subsidio por enfermedad
Art.132- Subsidio por maternidad y lactancia
Art.134- Estancias Infantiles

-Del Régimen Subsidiado

Art.125- Beneficiarios
Art.128- Prestaciones

-Del Régimen Contributivo Subsidiado

Art.126- Beneficiarios
Art.128- Prestaciones

B- Capítulo X: Infracciones y Sanciones:

Art. 144.- El Empleador como agente de retención
Art. 145.- Responsabilidad del empleador por daños y perjuicios
Art. 180.- Principios y normas generales
Art. 181.- Infractores del Seguro Familiar de Salud y Riesgos Laborales.

3- Seguro de Riesgos Laborales (SRL)

Beneficiarios y prestaciones del Régimen Contributivo

Art. 187- Beneficiarios
Arts .192 y 193- Prestaciones en especie garantizadas
Art.196- Prestaciones económicas garantizadas
Art. 202.- Obligaciones del empleador.
Art. 203.- Responsabilidad del empleador por daños y perjuicios.
Art. 204.- Infracciones y Sanciones.
Art. 207.- Prescripción y Caducidad.

Reglamentos y Resoluciones:

Todos los reglamentos de las Entidades del Sistema y las resoluciones emanadas de sus órganos competentes, pueden ser revisadas y estudiadas accesando a las siguientes páginas en el Internet:

Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
www.dida.gob.do

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
www.cnss.gov.do

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)
www.sisalril.gov.do

Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
www.sipen.gov.do

Tesorería de la Seguridad Social (TSS)
www.tss.gov.do

Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS)
www.arlss.gov.do

viernes, 1 de octubre de 2010

Cobros por derecho de autor

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Tomado de ALMOMENTO.NET

Cobros por derecho de autor
POR LEILA MEJIA*

La Ley no. 65-00 sobre Derecho de Autor crea una figura denominada sociedad de gestión colectiva, con carácter de organización sin fines de lucro, con la finalidad de gestionar los cobros correspondientes al uso de obras protegidas en beneficio de los autores que se afilien a la sociedad relativa a su rama artística.
En la práctica, muchos dueños de bares, restaurantes y discotecas, así como, entre otros, organizadores de eventos, se han dejado amedrentar y/o intimidar por representantes de algunas de estas sociedades por un natural desconocimiento de ciertos preceptos legales contenidos en la ley de Derecho de Autor.
Por esto, es necesario puntualizar algunas cosas.Primero, las sociedades de gestión colectiva sólo pueden cobrar regalías por obras registradas por el autor en dicha sociedad o registradas en sociedades extranjeras con las que las dominicanas tengan un convenio.
Cualquier intento de cobrar en nombre de quien no les ha dado un mandato para ello es absolutamente ilegal.
La libertad de asociación es un derecho fundamental y nadie puede ser obligado a asociarse a sociedad alguna, por lo que ninguna sociedad puede actuar en nombre del que no ha querido afiliarse a ella.
Es bueno aclarar también que, en virtud de la ley, el listado de obras registradas debe ser transparentado por la sociedad de gestión y puesto a disposición de todo el que lo solicite, so pena de incurrir en serias violaciones.
Segundo, los montos a cobrar no pueden ser establecidos de forma antojadiza por la directiva de la entidad, sino que deben ser homologados por la Unidad de Derecho de Autor de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) para tener validez. Dicha oficina tiene toda la información disponible para el público interesado en conocerla.
Tercero, las sociedades de gestión colectiva no constituyen organismos del sector público y por tanto, aunque a veces se produce una inducida confusión, sus empleados son parte del sector privado y no tienen autoridad o fuerza pública alguna para irrumpir en un establecimiento privado.
Cuarto, la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene la facultad de aplicar sanciones administrativas importantes, incluyendo hasta la petición al Poder Ejecutivo de revocar el decreto que las crea, a cualquier sociedad de gestión colectiva que incumpla la ley, pero, producto del mismo desconocimiento, no se han presentado solicitudes en este sentido ante la Onda de parte de los afectados.
Finalmente, cualquier cobro indebido intentado por organizaciones de este tipo en nombre de autores que no son sus asociados tipifica delitos como la extorsión y la estafa y por ende sus directivos deben saber que ya somos muchos los que estamos pendientes y conscientes de esta situación.

*Reproducido de El Caribe.

Novedades Legislativas

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Novedades

Sin Presupuesto Adicional no habrá Consejo del Poder Judicial en el 2011


Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el control preventivo de Acuerdo internacional entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República de Cuba.


Presidente SCJ declara inadmisible querella presentada contra miembros de la Junta Central Electoral


Corte de Apelación rechaza recusación formulada por Sobeida Felix Morel contra la Magistrada Claribel Nivar Arias


Jueces Corte Suprema Honduras visitan SCJ y firman convenio


Jueces cuestionados por el Ministerio de Interior y Policía justifican sus decisiones


Tribunal Superior Administrativo ordena a la Cámara de Diputados entregar toda información relativa a la “Copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados”.


SCJ informa sobre cantidad de acondicionadores de aire existentes en todo el Poder Judicial


SCJ da a conocer medidas tomadas para la reducción de costos del área de telefonía


Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago justifica sentencia en caso de Aduanas.


SCJ recuerda a los jueces prohibición de comer y beber con las partes envueltas en los procesos.

2da. Sala SCJ rechaza alegato de inconstitucionalidad del art. 29 de la Ley 437-06 sobre Amparo.
Decreto 408-10 un decreto de interés jurídico sobre la ley de sociedades y materia fiscal


Decreto No. 324-10, que modifica el Reglamento sobre aspectos generales de afiliación al seguro familiar de salud del régimen contributivo .


Tercera Sala SCJ: El recurso de apelación incidental sigue la suerte del recurso de apelación principal declarado inadmisible, salvo cuando es ejercido cumpliendo con los requisitos exigidos para los recursos principales.


SCJ reglamenta privación de libertad de jóvenes adultos


Presidente Fernández somete a la SCJ dos nuevos convenios para fines de control preventivo de la Constitución


SCJ dispone la creación de Registradores de Títulos Adscritos


Por primera vez la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el control preventivo de un tratado internacional


Presidente Suprema Corte de Justicia rechaza querella presentada contra el Ministro de Relaciones Exteriores.


Sentencia importante en materia de alquiler de casas: tres aspectos a destacar.


SCJ rechaza recurso de casación, favoreciendo a Pablo Leonel Velázquez Taveras, con el voto disidente del Presidente y otros jueces.


SCJ declara no conforme con la Constitución de la República la Resolución del Ayuntamiento del Municipio de Santiago que autoriza la suscripción de un contrato con la empresa Blue Parking Caribbean para la explotación de un sistema regulado de estacionamiento en dicha ciudad.


República Dominicana: PRIMER OBSERVATORIO NACIONAL DE JUSTICIA Y GÉNERO


Ley No. 73-2010, que modifica los Arts. 515, 521 y 523 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, versión no gacetada.


Ley No. 341-09 del 26 de noviembre de 2009, que introduce modificaciones a la Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios. G. O. No. 10550 del 30 de noviembre de 2009.


La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, estableció que cuando una clínica selecciona a un personal médico que incurre en mala práctica, compromete su responsabilidad civil, pues en este caso se conforma un mandato o relación de dependencia entre ellos.


Informe de Rendición de Cuentas Poder Judicial República Dominicana ,Año 2009


La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que la acción de amparo persigue la tutela efectiva de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución.


Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de julio 2010.


Fijaciones correspondientes a la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional

Fijaciones de Audiencia del Tribunal Superior Administrativo

Fijaciones de Audiencia del mes. Salas de la Suprema Corte de Justicia

Fallos de la Suprema Corte de Justicia correspondientes al año 2010

Bancos cobran interés a tarjetas hasta por lo que ya se ha pagado

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Finanzas. Superintendencia de Bancos justifica a las instituciones financieras argumentando “tecnicismos”

Publicado por el periodico EL DIA

30 Septiembre 2010, 8:32 PM
Bancos cobran interés a tarjetas hasta por lo que ya se ha pagado
Proconsumidor confirma que se resisten a sólo hacer cargo por el “saldo insoluto”
Escrito por: EL DÍA
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Santo Domingo.-Si los usuarios de tarjetas de crédito se creyeron que en verdad los bancos comerciales sólo estaban cobrando intereses por el saldo insoluto (lo dejado de pagar cada mes), pues se esquivan, porque lo cierto es que hasta por un peso que se deje de pagar las instituciones bancarias cobran por la totalidad del monto que reflejó al corte del estado de cuentas.
La situación es admitida por la Superintendencia de Bancos, que sin embargo la justifica con tecnicismos elaborados por los bancos.
Julio César Muñoz, encargado de la Oficina de Protección al Usuario, explica que los bancos aducen que empiezan a cobrar intereses desde el momento mismo en que se produce el consumo y que sólo lo eliminan si a la fecha de pago establecida se salda la totalidad.
De lo contrario cobran todos los intereses.
Un ejemplo real fue el de un consumidor al que le llegó un estado de cuenta con RD$101,491.33 por el mes de septiembre, a lo cual se le debía aplicar un crédito de RD$26,970 por un consumo fraudulento.
Eso implica que la deuda real era de RD$74,521.33. Casi diez días antes de la fecha tope el cliente pagó RD$70,000, en el entendido de que según lo que había anunciado la Superintendencia de Bancos los restantes RD$4,521.33 generarían centavos de intereses pues estaba a la espera de que se definiera el reclamo del consumo fraudulento (que efectivamente el banco terminó acreditando).
Al llegar el estado siguiente, la sorpresa fue que el banco hizo un cargo de intereses por RD$14,254.28.
Fue entonces cuando el mismo banco en cuestión explicó que efectivamente cobraban intereses por la totalidad, aunque lo que se dejara de pagar fuera un peso.
Ayer mismo se hizo un sondeo en otras cuatro instituciones financieras y todas coincidieron en admitir la práctica de la primera.
Quejas de Proconsumidor
La directora del Instituto de Protección al Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, confirmó que las entidades financieras no están cumplimiento con la Resolución No. 7-2001 de la Superintendencia de Bancos que establece que el cobro de los intereses y comisiones por el financiamiento de las tarjetas de crédito debe hacerse sobre la base del saldo insoluto, y no por el total consumido.
Paulino destacó que a diario recibe llamadas y quejas de usuarios a quienes los bancos les cobran intereses sobre el total consumido mediante su tarjeta de crédito y no por el monto financiado.
“Esa es una lucha que tenemos con los bancos, por lo cual exhortamos a todos los clientes que se sientan afectados por sus proveedores bancarios a presentar sus quejas en Proconsumidor para nosotros armar un expediente bien fuerte y luchar contra esa mala practica”, dijo la entidad.

+ Sobre el Código Procesal Penal (las medidas de coerción)

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Publicado por DIARIO LIBRE

29 Septiembre 2010
CPP. - Código Procesal Penal


A propósito del diferendo surgido en el seno del Ministerio Público en Santiago, en el caso del contrabando en Aduanas, se ha dicho en la prensa que los jueces no podían variar las medidas de coerción solicitadas por la Procuradora General de la Corte. ¿Es esto cierto? ¿Entonces para qué es que están los jueces? ¿Es decir que un juez no puede suplir la falta que cometa un fiscal? Dionicio Lugo. Son varias las interrogantes que usted plantea. Conforme reseñó la prensa, por pedimento de la Procuradora Fiscal de Santiago, el tribunal impuso a los imputados prisión preventiva de 8 meses. Al apelar la decisión la Corte queda apoderada y allí la Procuradora General de la Corte solicitó a los jueces la variación de la citada medida de coerción por otra consistente en una garantía económica. Los jueces hicieron la variación y los imputados recobraron su libertad. Su primera inquietud es si los jueces estaban obligados a acatar la solicitud, en este caso de la Procuradora de la corte. La respuesta es que los jueces frente a la solicitud de la procuradora de la corte podían rechazar la aplicación de cualquier medida, aplicar otra más leve o aplicar la solicitada por el ministerio público. Lo que no podían era ir más allá de la medida solicitada por el ministerio público. Si un juez dispusiera una medida más severa, el juez tendría un interés persecutorio independiente del interés del acusador, convirtiéndose el juez en otro acusador. El art. 22 dispone el principio de separación de funciones. Establece que las funciones de investigación y de persecución están separadas de la función jurisdiccional. Y añade: "el juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal". Su segunda inquietud es cuál es la función del juez. Acorde a lo expuesto, el juez no está para suplir las debilidades de la acusación del Ministerio Público. El juez no es una especie de "superior" del fiscal. El juez y el ministerio público, aun los dos pertenezcan al Estado "no pelean en un mismo bando". El Ministerio Público es una parte en el proceso como lo es el imputado, el actor civil, el querellante. "Ser parte" significa que actúan en el proceso en defensa de un interés específico. En ese sentido el juez no es "una parte" en el proceso. El juez es un actor imparcial de los intereses enfrentados en el proceso. Las partes someten a su apreciación sus medios de prueba y exponen sus argumentos para que el juez decida, precisamente por su condición de ente imparcial. Por tanto la imparcialidad del juez es una condición imprescindible para la existencia de un proceso garantista y democrático. Un proceso donde el juez es parcial, es una contradicción en los términos. El art. 5 del CPP consagra el principio de imparcialidad e independencia del juez. Expresa que los jueces "solo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial". No olvidemos que un proceso (y más propiamente el juicio) es la confrontación de dos o más partes que se acusan y se defienden entre sí. Una obligación del juez, como actor imparcial, es asegurar la igualdad de condiciones a las partes al momento de confrontar sus intereses y pretensiones. El art. 12 al consagrar el principio de la igualdad entre las partes dispone que: "los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio". Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

+ Consultas en Materia Laboral (pruebas)

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Publicado por EL PERIODICO HOY

21 Septiembre 2010, 12:10 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. Mi caso es que yo estaba trabajando, aparte de mi trabajo de ventas en mostrador, en otro puesto que me habían colocado con la condición de que era momentáneo, pero ya van 7 meses y con el mismo salario, y quería saber si me podían despedir si no quisiera seguir con el puesto adicional.
Si usted quiere conservar su empleo, le sugiero conversar con su superior para ver si le otorgan un aumento en vista de la función adicional que le han asignado, y no pretenda cobrar retroactivo por los 7 meses que lleva laborando en el puesto adicional. Considere eso perdido y a cambio conserve su empleo. Ahora bien, si no le importa perder el trabajo, le sugiero entonces denunciar el asunto a la SET y conseguir un inspector que levante acta de la situación. A partir de eso, usted podría ejercer una dimisión, y echar el pleito en los tribunales, en donde eventualmente le reconocerán prestaciones laborales más otras indemnizaciones y recargos.


2. Quiero saber si una conversación telefónica entre el empleador y el empleado puede ser solicitada a la compañía telefónica para usarla como prueba en una demanda laboral y cuáles son los pasos para que esta conversación pueda ser oída por los jueces de la Corte donde se está ventilando el caso.


En materia laboral hay lo que se llama “libertad de pruebas”, así como también la “íntima convicción del juez”, de modo que en base a eso usted podría presentar esa grabación como prueba. Sin embargo, dicha grabación es apenas un “indicio” o “principio de prueba”; no una prueba completa. Eso quiere decir que obligatoriamente usted tendrá que complementarla con otro medio de prueba. Por ejemplo, un testigo que confirme haber escuchado la conversación; una comparecencia personal de la contraparte, para ver si de alguna manera, aunque sea indirectamente, reconoce el contenido de la grabación. Usted podría también solicitar a la compañía telefónica una relación de las llamadas del número telefónico en donde se grabó la conversación. Eso debe hacerse a través de Fiscalía; pero el inconveniente es que por lo general, ante esa solicitud, lo que la compañía telefónica otorga es una relación de las llamadas entrantes que indica la fecha y la duración de la llamada; no más. En resumen, le sugiero depositar la grabación, pero procure reforzarla y/o complementarla con otros medios de pruebas para que la misma sea creíble.

+ Consultas en Materia Laboral (Falta de Pago)

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Publicado en el PERIODICO HOY

6 Septiembre 2010, 11:49 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

Tengo 30 días que no he podido pagar la nómina de los empleados de mi compañía. El asunto es que tengo un empleado que tiene dos días que no se presenta al área de trabajo, el cual argumenta que no tiene dinero del pasaje para ir al trabajo. ¿Qué debo hacer en este caso?, pues los otros empleados siguen viniendo a trabajar, menos esa persona.


Le voy a dar la respuesta teórica y luego la respuesta práctica a su caso.
En principio, y en teoría, usted está en falta mientras que él no. Usted está violando el Ord. 2° del Art. 97 del CT, que podría dar lugar a tener que pagarle prestaciones laborales a ese empleado, salvo que usted demuestre un estado de fuerza mayor, cosa bastante difícil. En cambio, el empleado está ejerciendo lo que se denomina una “excepción por inejecución del contrato”, que es permitida en cualquier contrato con obligaciones recíprocas, según la cual si una parte no cumple con su obligación, la otra queda facultada a no cumplir con la suya, y en tal caso el contrato continúa vigente hasta que una de las dos partes decida rescindirlo directamente (en este caso, podría ser una dimisión del trabajador) o decida acudir a los tribunales para que declaren la terminación formal del contrato. En cualquiera de los dos supuestos, usted podría ser condenado a pagar prestaciones laborales por violación al artículo que mencioné antes.
Eso es la teoría legal, pero en términos prácticos a usted tal vez le convenga despedir a ese empleado por abandonar su puesto de trabajo, violación al Ord. 11 del Art. 88 del CT, lo cual es un hecho cierto y demostrable, antes de que a él se le ocurra dimitir. Eso sería también una medida disciplinaria (o cuestión de precedente) en el personal, pues todos los demás están acudiendo al trabajo menos ese empleado, lo cual denota, primero, que la falta de pago del salario de un solo mes no es un hecho que haga imposible continuar asistiendo al trabajo, y segundo, que el impago de un solo mes, no es, en su caso una falta grave, sino que se trata de una falta leve; y sólo las faltas graves justifican una dimisión, y en todo caso, sólo una falta grave justifica la “excepción de inejecución” (dejar de ir a trabajar) que le mencioné antes.

+ Consultas en Materia Laboral (Varios)

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Publicado por el Periodico HOY

28 Septiembre 2010, 12:33 AM

CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. Tengo dos casos que consultarle: En un caso, dos empleados son compartidos con otras oficinas o empresas, por ser pequeña y de poco movimiento. Hay una empleada para la limpieza que solo viene dos días a la semana por aproximadamente tres horas y se le paga $2,400.00 mensuales, en una sola de las empresas, a parte de lo que les pagan las demás; y hay otro empleado para la mensajería que solo viene tres días a la semana, en la mañana (solo si se necesita) y se le paga $3,300.00 mensuales, en una sola de las empresas, a parte de lo que les pagan las demás. Deseo saber si esos salarios son los correctos y si se van a liquidar ¿cómo se hace el cálculo en ambos casos? El otro caso es el de una empleada doméstica que solo va a la casa a limpiar 2 veces a la semana y se le pagan $400.00 cada vez que asiste, más $350.00 por labor y $150.00 por transporte. Si se va a liquidar ¿cómo se calcula?


En los casos del conserje y mensajero que prestan servicios a las oficinas, si usted desea ponerle término a sus contratos, la liquidación debe calcularse y pagarse en base a 2,400.00 y 3,300.00, respectivamente. Ahora bien, si en conjunto, los propietarios de todas las oficinas desean ponerle término a esos contratos, habría que añadirle a la base de cálculo, los montos que pagan esas demás oficinas. Para los detalles de cómo calcularlo, usted puede acceder a la calculadora de prestaciones del Ministerio de Trabajo, en su portal www.set.gov.do.
En cuanto a la doméstica, a ella sólo le corresponden las proporciones de salario de Navidad y de vacaciones, y para el pago de esos derechos deberá hacerlo en base 750.00 pesos, que es la sumatoria de los 400.00 y los 350.00 “por labor” que usted ha mencionado. En cuanto a los 150.00 “por transporte” no tienen que incluirse pues se trata de un evidente gasto en pasajes.

2. Me dicen que una compañía con menos de 500 mil pesos y un solo empleado no está obligada asegurar a su único empleado. ¿Qué ley o resolución lo dice?


Esa información que le dieron es equivocada. Desde el momento en que usted contrata a cualquier persona en calidad de empleado, usted contrae la ineludible obligación de afiliarlo a la seguridad social (Art. 36 de la Ley 87-01.